El último 1 de octubre, el cuerpo de Dilber Gonzales Yumbato, de 18 años, fue hallado en el río Nanay, aguas arriba de la comunidad campesina de Puca Urco, distrito de Alto Nanay, en Loreto. Presentaba “ocho lesiones al parecer por Proyectil de Arma de Fuego (PAF)”, señala al acta de ocurrencia policial.

El hallazgo ha ocurrido en uno de los nuevos focos de la minería ilegal en la Amazonía peruana. Se trata de la comunidad de Puca Urco, que junto con Alvarenga y San Juan de Ungurahual son las zonas más críticas de extracción ilícita de oro en la cuenca del río Nanay, como identificó un equipo de OjoPúblico en un reciente recorrido. En diversos operativos se han incautado armas, piezas de dragas e insumos que usan quienes promueven este negocio ilegal.

El caso de Dilber Gonzales ha generado preocupación en las comunidades del distrito de Alto Nanay y su capital Santa María de Nanay, a cinco horas por río de la ciudad de Iquitos. Fuentes fiscales señalaron que se ha abierto investigación preliminar a fin de que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos realice las pesquisas para identificar a los presuntos autores. 

Sin embargo, a la fecha, no hay detenidos, ni sospechosos. El cuerpo —con más de dos semanas sin vida, según el personal de salud— fue hallado en un lugar desolado.

Existen diversas versiones sobre este caso. Nancy Yumbato Vásquez, tía del joven fallecido, señaló a este medio que, en agosto pasado, su sobrino le indicó que había sido contactado para trasladar a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana hacia Puca Urco para extraer oro. 

“Solo me dijo que lo contrataron porque sabía manejar botes a motor [...]. La última vez que me comuniqué me dijo que estaba esperando combustible para viajar hacia Iquitos [...]. Nadie merece esa muerte. Las autoridades deberían tomar cartas en el asunto”, afirmó.

ILEGALIDAD. Las dragas remueven el lecho del río Nanay para extraer oro, lo cual está prohibido en la normativa nacional. 

Foto: Unidos por los Bosques / FCDS Perú

 

Una versión similar comparten las autoridades en Santa María de Nanay, capital del distrito, y en la comunidad Samito, donde residía el joven. Sin embargo, las fuentes fiscales y policiales precisan que el móvil del crimen aún está en investigación y el vínculo con la minería ilegal, por ahora, solo es una posibilidad.

OjoPúblico ha recogido testimonios de autoridades municipales y comunales, así como de fiscales, policías y militares que corroboran la presencia de actos violentos en la cuenca del Nanay, asociados a la expansión de la minería ilegal. En esta actividad se ha detectado la participación no solo de mineros peruanos, sino también procedentes de Colombia y Brasil.

Documentos policiales y fiscales a los que accedió este medio acreditan el hallazgo de una pistola calibre 9 mm en las aguas de la comunidad de Puca Urco en mayo pasado, así como el ataque a una delegación durante un operativo de interdicción en junio último en la misma comunidad. 

A ello se suman intervenciones policiales, donde se ha detectado el traslado de frascos de mercurio —sustancia tóxica usada en la extracción del oro aluvial— y de otros materiales utilizados en la minería ilegal.

Tras la violenta muerte de un joven en la cuenca del Nanay, sus habitantes piden la intervención del gobierno regional y central.

Desde el 2020, más de 110 embarcaciones de este tipo han sido destruidas en la cuenca del Nanay, de las cuales 33 corresponden hasta agosto de este año, según los reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Loreto y la Marina de Guerra. La mayoría de interdicciones, justamente, ocurrieron entre las comunidades de Puca Urco y Alvarenga.

No obstante, como ha informado OjoPúblico, estas embarcaciones se reponen rápidamente frente a la capacidad económica de los mineros: cada día, una draga puede sacar entre 80 y 120 gramos de oro de 24 quilates. Eso quiere decir que cada operador, cotizando el gramo del metal a S/200 en la ciudad de Iquitos, puede obtener al menos S/16.000 diarios y casi medio millón al mes.

Este boyante negocio avanza mientras que la vigilancia del río Nanay —fuente de agua potable de Iquitos— está a cargo solo de la Unidad de Control Fluvial de la Marina y de la Comisaría Rural de Santa María de Nanay. Esta última tiene menos de 10 efectivos en actividad, según refirió su personal en un recorrido de este medio.

 

Puca Urco, zona crítica

El cuerpo de Dilber Gonzales Yumbato fue retirado del río, a dos horas aguas arriba de la comunidad de Puca Urco, alrededor de la 1:20 de la tarde del 1 de octubre de 2023. 

Las ocho lesiones “al parecer por PAF”, según el acta de ocurrencia policial, estaban ubicadas en el abdomen, pecho, piernas, espalda y brazo. Algunas de ellas se encontraban en zonas que pueden ser fatales, como la región femoral derecha y la región braquial.

Pese a ello, el cuerpo —abandonado por días, sin documentos e identificado por un tatuaje y una pulsera de jebe— no fue traslado a la Unidad Médico Legal II Loreto para que sea sometido a una necropsia. 

El mismo documento policial refiere que el padre del fallecido manifestó que no contaba con los recursos para trasladar el cuerpo a la ciudad de Iquitos, a 10 horas de viaje fluvial, y solicitó que se lo entreguen para que sea velado y sepultado en la comunidad de Samito. La comisaría rural también señaló que no contaba con los recursos logísticos para el traslado del cadáver, se lee en el acta.

TERRITORIO. Santa María de Nanay es la capital del distrito de Alto Nanay. Allí, a la izquierda, en la orilla del río, se ubica la única unidad de la Marina de la zona.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

En el levantamiento del cadáver, del 1 de octubre, participaron tres agentes de la Comisaría Rural de Santa María de Nanay, una médica, dos autoridades de la comunidad de Puca Urco y el padre del fallecido, cuyos restos fueron enterrados en Samito a inicios de esta semana. Este caso está a cargo del fiscal Miguel Peña Leiva, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas. 

El brigadier Roberto Pipa Aquino, comisario de Santa María de Nanay, ubicada a casi cuatro horas aguas abajo de Puca Urco, refiere que esta última localidad es considerada zona roja en su jurisdicción y se han detectado conflictos por la minería. 

“Los fines de semana [los moradores] se embriagan, no respetan a nadie, hay peleas. Eso me han comentado las autoridades cuando he hecho visitas allá [...]. Más allá, arriba, es como un caserío, tierra de nadie porque tiene otro ingreso que está hacia el otro río: el Tigre”, sostiene el agente incorporado recién este año a ese territorio.

Precisamente, el río Tigre también está involucrado en la minería ilegal. Los insumos para la actividad ilícita en el Nanay pueden ingresar por dos vías, según autoridades y fuentes locales. Una es desde la ciudad de Iquitos surcando el río y otra por una trocha que une al Tigre con el Nanay.

COMUNIDADES. Esta es la jurisdicción a cargo de la Comisaría Rural Santa María de Nanay, ubicada en la capital del distrito. Esta es la única a lo largo del río Nanay.

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

Bratzon Saboya, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Material Ambiental (Fema) de Loreto, también considera a Puca Urco como un área crítica, donde se han reportado incidentes en los que, incluso, militares no han podido ejecutar sus operativos. Hasta el 2021 —calcula— los habitantes colaboraban con las autoridades.

“Siempre han sido comprometidos, pero de un tiempo atrás se ha incrementado la actividad y obviamente se han visto doblegados ante el poder económico de los ilegales (...). Los propios moradores no son los mineros. Habrá uno, tres, cuatro máximo que son mineros ilegales. Los demás viven producto de las actividades conexas como comercio y transporte. Han venido migrantes extranjeros o de otras partes del país y se posesionan ahí”, refiere.

De las 33 dragas destruidas hasta agosto de este año, 26 estaban ubicadas entre Puca Urco y Alvarenga. Otras cuatro, aguas abajo de Puca Urco y tres, aguas arriba de Alvarenga, según reportes de la Marina.

 

Otros casos

Una serie de hechos ocurridos este año exponen la presencia de violencia y de minería ilegal en las zonas más críticas de la cuenca del Nanay. El 15 de junio de 2023, alrededor de las 7:20 de la mañana, un equipo de la Fiscalía, la Marina y la Policía estaba a punto de destruir una balsa draga a 400 metros de la comunidad de Puca Urco, cuando fue acordonado por cerca de 20 personas, provistas de objetos contundentes, quienes los amenazaron e impidieron intervenir la embarcación, según consta en un documento fiscal.

En dos videos que registran este hecho aparecen hombres y mujeres sobre la embarcación —algunos con los rostros cubiertos o con capuchas— que exigen a gritos el retiro de las autoridades y parecen reclamarles que se movilicen aguas arriba.

A raíz de este incidente, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas dispuso, el último 23 de agosto, realizar diligencias preliminares por 60 días contra los ciudadanos identificados como Máximo Saavedra López, Abraham Panduro Saavedra, Esperanza Saavedra, Nezly Damaris Lombana Machoa, Máximo Saavedra Panduro, por el presunto delito de violencia contra funcionarios públicos en forma agravada. Para ello, se han programado diligencias los próximos 17 y 18 de octubre.

FRENTE A FRENTE. La Tercera Fiscalía Provincial abrió diligencias preliminares por el presunto delito de violencia contra funcionarios durante una interdicción en junio.

Foto: OjoPúblico

 

Un mes atrás, el 15 de mayo de 2023, se reportó el hallazgo de una pistola marca Zoraki modelo 941-B, calibre 9 mm, a orillas del río Nanay, en Puca Urco. El informe pericial de balística forense practicado por la Policía Nacional para detectar la presencia de restos de disparo arrojó un “resultado positivo para el ánima de tubo de cañón y su recámara” (partes del arma). “Presenta características de haber sido empleada para disparar”, refiere el oficio al que accedió este medio.

En otro momento, la noche del 27 de mayo de 2023, en la comunidad de Anguilla, en el río Nanay, se intervino al ciudadano colombiano Jhon Umbreyder Calderón Cabrera (42), abordo de un peque peque, donde trasladaba materiales como un tecle, cabezal de pistón, soplete, manguera, bolsas de tuercas, lo que para la Policía configura el presunto delito contra el medio ambiente - tráfico ilícito de insumos químicos y materiales destinados a la minería ilegal.

En su declaración, Calderón Cabrera —natal de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo— señaló que a las 10 de la mañana de ese día se embarcó en un bote con destino a la localidad de Puca Urco para visitar a unos amigos. Una vez en el bote, dijo, una persona le solicitó el favor de entregar un saco forrado. “Confié en su palabra [...]. La Marina [...] al revisar encontró dichas piezas que, al parecer, serían accesorios para la minería ilegal”, sostuvo. 

En otro hecho más reciente, ocurrido el último 15 de setiembre, la Policía intervino una embarcación denominada “El Aguajito”, que tenía como destino la comunidad de Puca Urco, y detuvo a dos personas que trasladaban cuatro frascos de mercurio en sus mochilas. Uno era Kike Tuesta Morales (40), natural de Iquitos, y el otro, Segundo Pasión Leiva (60), domiciliado en Mazán. 

ARMAS. En mayo pasado, una pistola calibre 9 mm fue hallada en el río Nanay, comunidad de Puca Urco. Ha sido empleada para disparar, según la pericia.

Imagen: OjoPúblico

 

Edgar Isuiza, presidente comunal de Santa María, cuestiona el patrullaje de la Policía y la Marina, y refiere que en los más de 40 años que vive en la cuenca del Nanay, no se habían registrado casos de muertes violentas como la ocurrida con Dilber Gonzales. Sin embargo, al igual que fuentes fiscales, señala que en los últimos meses han existido otros ataques que los ciudadanos han optado por no denunciar en este contexto de ilegalidad y amedrentamiento. 

“He sido juez de paz y he visto a personas ahogadas o que se caían al agua, pero por homicidios nunca se ha visto. La gente se dedicaba a la extracción de madera, al aserrío, pero nunca se ha salido de ese tipo de cosas. Desde que entró la minería ya hoy está tremendo”, refiere el dirigente.

El especialista en derecho ambiental, César Ipenza, sostiene que la violencia —muchas veces invisible— en torno a la minería ilegal no solo se evidencia con muertes, sino con las mismas amenazas a los habitantes del territorio donde avanza esta actividad. 

“Se conoce cómo empieza usualmente la actividad: tratar de presionar, amedrentar, asustar a toda la gente que reside, pero mientras más poder cobran estas actividades y los que la ejercen, actúan con más violencia, incluyendo asesinatos más allá de las amenazas [...]. También lleva a comprar conciencias y algunos malos dirigentes facilitan su ejercicio”, dice.

 

Desconfianza y miedo de la ciudadanía 

El último reporte de Global Organized Crime Index señala, en el caso de Perú, que los actores criminales en la minería ilegal cobran a los mineros por el transporte de maquinaria, productos químicos y oro a cambio de “paz y seguridad” en sus dominios. 

Añade que en la mayoría de estos grupos criminales involucrados en dicha actividad son redes familiares donde la corrupción es rampante. “Las regiones donde prevalece la minería ilegal también tienen una alta incidencia de trata de personas, particularmente para la explotación laboral sexual”, sostiene.

De acuerdo a los testimonios de autoridades comunales y municipales, personal de salud, así como policías y militares, en la cuenca del Nanay se registran enfrentamientos con armas blancas o de fuego, casos de embarazo en menores, alcoholismo y drogadicción en jóvenes, prostitución, asaltos a embarcaciones o como lo ocurrido en mayo último, cuando el puesto de control y vigilancia Yarana, de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana sufrió el robo de equipos como motores y radios.

“[Con la minería ilegal aparecen] delitos asociados como la contaminación por cuerpos de agua, deforestación, pero también actividades como el sicariato, la trata de personas, porque al incrementarse la presencia de hombres, se mueve el negocio de la prostitución, entonces someten a mujeres a la trata, esclavitud; emplean a menores para el desarrollo de esta actividad [minería] por pagarle menos. Todos los males se desarrollan en torno a esta actividad que para mí es la de mayor impacto en los delitos ambientales”, agrega el abogado César Ipenza.

EN INVESTIGACIÓN. En mayo pasado, el puesto de Yarana, de la Reserva Allpahuayo Mishana, fue escenario del robo de motores y radios.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

En diálogo con los habitantes de Nanay, OjoPúblico también pudo comprobar la situación de inseguridad y temor que atraviesan, dado que, en la mayoría de casos, solicitaron la reserva de su identidad. 

“Por temor, nadie se mete, tienen miedo. Lo que quisiéramos es que nos apoye la gente de Loreto, porque la Policía y los militares en Alto Nanay no hacen nada [...]. Somos autoridades del pueblo. Nos estamos cuidando. Tengo hijos que educar”, señaló un dirigente.

A lo largo del Nanay, solo se cuenta con la vigilancia de la Comisaría Rural de Santa María y de la Unidad de Control Fluvial de la Marina, una al lado de otra en la capital del distrito. Todas las embarcaciones que recorren el Nanay hacia las zonas más críticas tienen que reportarse en ambos puntos. Previo a ello no pasan por ningún otro control. 

Jahaira Tello, regidora de la Municipalidad distrital de Alto Nanay, también solicita la intervención del Gobierno Regional de Loreto, así como la alcaldía provincial de Maynas.

“Estamos sufriendo muchísimo por el tema de la minería. Se han hecho denuncias y nunca hacen caso. Ahora que tomen en cuenta que Alto Nanay viene sufriendo tantos atropellos de las mismas autoridades. La ciudad de Iquitos [recibe] el agua del Nanay para que puedan consumir”, sostiene.

La última declaratoria de estado de emergencia en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, se dio el 19 de mayo de 2022 por 60 días calendario para que “la Policía mantenga el control interno con apoyo de las Fuerzas Armadas”. El decreto supremo 056-2022-PCM expone la necesidad de ejecutar acciones que permitan combatir y neutralizar las actividades de minería ilegal, a fin de cautelar el orden interno. Esta medida, luego, fue prorrogada por 60 días más.

POLICÍA. A lo largo del río Nanay, la vigilancia y seguridad está a cargo de la comisaría de Santa María y la unidad fluvial de la Marina. 

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Sin embargo, a la fecha, el río Nanay aún es uno de los más afectados por la presencia de dragas en Loreto. Entre 2021 y julio de 2023, se ha detectado un acumulado de 122 embarcaciones de este tipo, un número superior al de otros 10 ríos analizados en dicha región por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap), de Amazon Conservation y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

El especialista en derecho ambiental César Ipenza considera urgente emprender mecanismos de control para evitar situaciones de corrupción a todo nivel, incluido la Marina y la Policía. 

“Si todo entra por el río, es muy fácil controlar insumos y no solo hablamos de una draga hecha, sino mangueras, alfombras, todo eso requiere un mecanismo de control en la zona. A fin de evitar que se incremente la actividad, podrían poner control, pero con todas las condiciones”, señala.

 

Reacciones por concesión

En ese contexto, como reveló OjoPúblico, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), otorgó el 31 de agosto de 2023 una concesión minera por sustancias metálicas en el distrito de Alto Nanay —denominada Raíces Gaddaffy— al ciudadano Ricardo Moreno Valderrama. 

Esta concesión minera —la única en el distrito— aparece sobre un sector del río Nanay. Su titular, Ricardo Moreno, señaló a este medio que tenía previsto realizar extracción de oro dentro del área de 1.000 hectáreas, ubicada en la comunidad de Puca Urco, pero fuera del río. “A dos kilómetros de distancia”, argumentó.

No obstante, de acuerdo al sistema Geotcamin de Ingemmet la concesión se ubica aguas abajo de Puca Urco, abarcando zonas de San Juan de Ungurahual (territorio del pueblo indígena ikitu) y Diamante Azul. Dicho título no autoriza por sí mismo las actividades mineras de exploración, ni explotación.

La decisión de Ingemmet ha sido rechazada por el Gobierno Regional de Loreto, la municipalidad distrital de Maynas, así como por organizaciones indígenas, civiles y científicas, que piden la nulidad de dicho permiso.

UBICACIÓN. La concesión minera otorgada por Ingemmet abarca un sector del río Nanay. Diversas organizaciones piden la nulidad de oficio.

Imagen: Geotcamin

 

A través de un pronunciamiento, del 30 de setiembre de 2023, el Comité de Defensa del Agua, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), el Colegio de Biólogos y otras 13 organizaciones calificaron esa concesión como una “grave amenaza” hacia la vida, la salud humana, así como el medio ambiente. También pidieron que se instale una mesa de desarrollo integral para el Nanay. Asimismo, han convocado a una movilización ciudadana para el 19 de octubre.

“La minería ilegal viene ocasionando graves problemas en la cuenca [del Nanay] que se incrementarían exponencialmente con el otorgamiento de esta concesión. Entre ellos se encuentra la contaminación del agua que se consume en la ciudad de Iquitos y en toda la cuenca, que incluye a más de medio millón de loretanos”, afirmó el Colegio de Biólogos en Loreto.

El Gobierno Regional de Loreto precisó que, para tomar esta decisión, Ingemmet no ha considerado la ordenanza regional emitida el 2003 que declara la cuenca del río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera. “Rechazamos el accionar de Ingemmet que pretende formalizar actividades prohibidas en la cuenca del Nanay”, dijo en un comunicado.

Organizaciones indígenas, civiles y académicas piden a Ingemmet que anule de oficio la concesión que abarca un sector del río Nanay.

A estas reacciones se sumó una apelación presentada en la ciudad de Iquitos por Julio Gerardo Gonzales Alva ante la referida institución, adscrita al Ministerio de Energía y Minas. En el documento, con fecha 2 de octubre de 2023, el ciudadano pidió declarar la nulidad de la resolución de presidencia que aprueba la concesión.

En tanto, el 29 de setiembre de 2023, el alcalde de Maynas, Vladimir Chong, envió un oficio al presidente de Ingemmet, Henry Luna Córdova, solicitando información detallada sobre el proceso de evaluación, base legal y opiniones técnicas de las entidades que solicitaron para otorgar dicho título. 

Por su parte, el obispo del Vicariato de Iquitos, monseñor Miguel Ángel Cadenas, también emitió un pronunciamiento, donde subraya que la concesión minera vulnera la vida de los moradores del Nanay y de Iquitos.

Además, enfatiza que este río es territorio de los pueblos indígenas ikitu y kukama y que el Estado debe garantizar que no se vulnere el derecho de las comunidades. "Aumentar el PBI con concesiones mineras no implica salir de la pobreza", agrega.

En una comunicación con este medio, del martes 26 de setiembre, Ingemmet señaló, por correo electrónico, que la concesión minera no otorga ningún derecho a los recursos hídricos (cuenca de Nanay). 

Añadió que el concesionario se encuentra impedido de desarrollar actividades mineras, pues para ello debe obtener previamente los permisos estatales exigidos para la minería formal, entre otros la certificación ambiental por parte de la Autoridad Ambiental.

“Es de advertirse que distintos medios de comunicación dan cuenta de la existencia de minería ilegal e informal en dicha zona [Alto Nanay], una minería que se ha incrementado de forma sostenida durante varios años, desplazando a la minería formal”, dijo la entidad luego de reconocer que esta concesión minera es la única en dicho distrito.