“Morimos lentamente en las comunidades, el agua que consumimos está contaminada con petróleo”, dice Aurelio Chino Dahua, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), a OjoPúblico. El líder de Loreto es una de las voces de la Amazonía que reclama la remediación de los sitios afectados por Pluspetrol Norte. El año pasado viajó desde su comunidad, en Loreto, hasta los Países Bajos, para quejarse formalmente por los abusos de esta empresa petrolera ante el Punto de Contacto Nacional con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del gobierno holandés, pues la matriz de la empresa se encuentra en Ámsterdam, a través de Pluspetrol Resources Corporation B. V. 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 24 de julio de este año se produjeron 45 derrames de petróleo en Loreto. De estos, 22 ocurrieron en el Lote 8, administrado por Pluspetrol Norte, empresa que busca liquidar sus activos en Perú sin reconocer los daños ambientales y remediarlos, pero que no lo ha logrado hasta ahora debido a una medida cautelar interpuesta por el Estado peruano.

Pluspetrol Norte S. A. empezó a operar el Lote 8 en 1996 y su contrato tiene vigencia hasta 2024. Pero, en diciembre del año pasado anunció su liquidación. ¿El motivo? La empresa alegó un supuesto atropello a sus derechos por la desaprobación de su tercera propuesta del Plan de Abandono del Lote 192 —que operó hasta el 2015— y la imposición de sanciones por parte de las autoridades ambientales peruanas, que la compañía califica como abusivas. Sin embargo, dicha liquidación no se ha concretado hasta ahora porque PeruPetro S. A. (entidad estatal que negocia, suscribe y supervisa los contratos de hidrocarburos en Perú) interpuso una medida cautelar para evitar el abandono de Pluspetrol. 

El recurso legal interpuesto por PeruPetro fue aceptado el 26 de abril de este año por el 11° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima. La medida cautelar ordena “abstenerse de realizar cualquier acto relacionado a la entrega de los activos del Lote 8, el retiro del contratista o cualquier acto que ponga en riesgo la continuidad del contrato de licencia”. Asimismo, exhorta a suspender el procedimiento de liquidación de Pluspetrol Norte, mientras no se resuelva el arbitraje internacional iniciado por la petrolera.  

PeruPetro informó a OjoPúblico que desde el 19 de abril de 2020 no hay producción de petróleo en el Lote 8, debido a una situación de fuerza mayor comunicada por Pluspetrol Norte y que la misma se originó por la emergencia sanitaria. “A la fecha, los pozos siguen cerrados”, precisaron. Sin embargo, la entidad indicó que Pluspetrol Norte S. A. y otras tres empresas que conforman al contratista “son responsables del cuidado, conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos en el Lote 8, así como de cumplir las demás obligaciones previstas en el contrato vigente”. 

En Loreto vive la mayor cantidad de indígenas peruanos: 1.638 comunidades pertenecientes a 32 pueblos. La región registra un índice de pobreza de 33,1 % y solo el 14,9 % de las familias cuentan con agua potable en sus viviendas. 

Si bien la compañía dejó de explotar dicho lote en abril de 2020 por la pandemia, el OEFA la señala como responsable de los derrames de petróleo crudo y fluido de producción (agua y petróleo) reportados por la entidad de fiscalización ambiental.  “Ellos [Pluspetrol Norte] son responsables del mantenimiento de sus equipos para evitar daños ambientales, mientras el contrato siga vigente”, señaló la institución a OjoPúblico.

Al ser consultados sobre el tema, el área de comunicaciones de PlusPetrol Norte argumentó que “el 84 % de los derrames producidos en la pandemia se dieron por actos vandálicos”. Aún así, aseguraron, la empresa adoptó acciones de respuesta, como el aseguramiento y contención del área afectada, la recuperación superficial de los fluidos y la gestión de los residuos generados, entre otras.  

En comunicación con OjoPúblico, el representante de la empresa se refirió, además, a la medida cautelar interpuesta por el Estado peruano. De acuerdo con la compañía este es un procedimiento “ilegal”, pues el contrato de licencia establece que, ante su disolución y liquidación, cualquiera de los demás socios del Lote 8, o un tercero, podía asumir el rol de “operador” en el área. Y, de acuerdo con su versión, en el caso de que ninguno asumiera, se entregaría el Lote 8 a PeruPetro para que opere o licite nuevamente. 

OEFA inició 45 procesos administrativos sancionadores contra las cinco compañías petroleras que operan en Loreto".

Otros 15 derrames registrados durante la pandemia ocurrieron en el Lote 192, que fue operado por la empresa Frontera Energy del Perú S. A. desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020, y previamente por Pluspetrol Norte. Además, cuatro de estos incidentes corresponden al Lote 95, operado por Petrotal Perú S. R. L. Allí el año pasado tres indígenas kukamas fallecieron por la represión policial durante una protesta contra esta empresa. 

El OEFA inició 45 procesos administrativos sancionadores contra las cinco compañías petroleras que operan en la región. El organismo estatal busca determinar si las empresas incumplieron su responsabilidad ambiental y si realizaron un mantenimiento correcto a sus equipos e instalaciones. 

La socióloga Aymara León Cépeda, del equipo de asesores de las Federaciones de las Cuatro Cuencas de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), explicó que, aunque existe normativa que permite sancionar a las empresas por daños ambientales desde el 2007, los procedimientos son muy lentos. “Pueden pasar años para que una empresa reciba una sanción, lo cual genera una sensación de abandono y desprotección. Mientras se sigue el procedimiento administrativo, la población sufre los impactos ambientales”, explicó a OjoPúblico. 

La tarea de remediar los pasivos ambientales

Cuando las empresas de hidrocarburos terminan sus actividades de explotación en un lote dejan instrumentos e instalaciones abandonadas, que son considerados como pasivos ambientales, según la Ley 29134, publicada en 2007. Esta norma precisa que los pasivos ambientales son aquellos pozos e instalaciones mal cerrados, suelos contaminados, líquidos industriales, y residuos ubicados en cualquier lugar —producidos como consecuencia de las operaciones en hidrocarburos—, por empresas que han cesado sus actividades en los lotes petroleros. 

El encargado de identificar a los responsables de los pasivos ambientales en el sector hidrocarburos es el Ministerio de Energía y Minas (Minem), previo informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La ley 29134 señala que las empresas deben asumir los pasivos ambientales que hayan generado o los que hayan asumido en sus contratos de transferencia o cesión. En caso no sea posible identificar a los responsables, el Estado asumirá progresivamente su remediación, haciendo uso del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, que está constituido fundamentalmente por donaciones internacionales. 

En Perú existen 3.389 pasivos ambientales por hidrocarburos".

Para remediar los pasivos ambientales, las empresas deben presentar un plan de abandono del área, que debe contemplar acciones concretas. Según la relación priorizada de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos del Minem hasta febrero de este año, en el país existen 3.389 pasivos ubicados en Piura, Tumbes, Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. De todos ellos se hará cargo el Estado peruano porque en ninguno de los casos se identificó a los responsables. 

En ese sentido, a la fecha, el Minem tiene 30 planes para rehabilitar 32 sitios afectados por esta actividad, que se localizan en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en la región Loreto. En febrero pasado, por ejemplo, se aprobó el Plan de Rehabilitación en la cuenca del río Corrientes. Allí se realizarán trabajos para remediar los suelos contaminados y reforestar el área, luego de una evaluación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. 

Si bien se han priorizado 30 planes, aún faltan otros sitios por remediar en las cuencas del Pastaza, Marañón y Tigre. “Años de explotación petrolera y solo hemos visto perjuicio. No nos vamos a callar hasta que cumplan con remediar el daño”, señaló el apu Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.

Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, explicó que, aunque la norma regula la responsabilidad por los daños ambientales, las empresas administradoras de los lotes petroleros aplican diversos mecanismos legales para no  asumir su responsabilidad. “Los daños son permanentes porque las cuencas no han sido limpiadas adecuadamente por las empresas y los indígenas siguen expuestos a los metales pesados”, dijo. 

DESEPERACIÓN: Los pueblos indígenas de Loreto reclaman atención en salud y reparación ambiental ante constantes derrames de petróleo.

Foto: ORPIO Loreto

Al respecto, el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, Henry Carhuatocto, explicó a OjoPúblico que la gran cantidad de pasivos ambientales que existen en el país se debe a que “por muchos años [antes del 2007] no existió un marco jurídico que permitiera sancionar a las empresas responsables de daños ambientales por hidrocarburos. Esto generó mucha contaminación y no había a quién culpar porque no existían leyes”. 

Recién en 2007 se publicó la ley que permite sancionar a las empresas que contaminan, cuando la explotación petrolera en la Amazonía empezó en los años 70. En la norma se precisa que la empresa administradora de los lotes petroleros debe asumir la responsabilidad del daño que causa, es decir, de sus pasivos ambientales. Y cuando no sea posible identificar a los responsables se encargará de esa tarea el Estado.  

Si bien existe la ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, para Carhuatocto no es suficiente, pues “se necesita una norma que amplíe las responsabilidades ambientales de las administradoras”. El especialista propone crear un seguro ambiental con los aportes anuales de las empresas petroleras. De esa manera se usaría ese fondo para implementar medidas correctivas inmediatamente. 

Pero la actividad petrolera no solo causa daños al medio ambiente, también puede ser perjudicial para la salud. Las instalaciones de las cinco empresas petroleras que operan en Loreto atraviesan el territorio de las comunidades indígenas kichwa, achuar, urarina, wampies y kukama kukamiria. En los últimos 50 años de explotación se han producido derrames que afectaron la calidad del agua, el suelo y la salud de la población, según un  informe del Ministerio de Salud de 2016. 

En los últimos 50 años de explotación se han producido derrames que afectaron el agua, el suelo y la salud de la población".

El estudio, realizado con 1.168 habitantes, reveló que el 57 % de las comunidades indígenas ubicadas en las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región Loreto, estuvieron expuestas a altos niveles de metales tóxicos, que pueden afectar la salud. 

La investigación señala, además, que el 20,1 % de niños menores de 12 años presentaba niveles de plomo en la sangre por encima del valor referencial (5 miligramos por decilitro). El 47,8 % de esta población también reportó niveles de arsénico en orina mayores al máximo permitido (20 ug/g creatinina), mientras el 24,8 % de niños menores de 12 años tenía valores de mercurio en orina superiores al máximo permitido (5 ug/g creatinina).

“Si estos hechos [derrames de petróleo] ocurrieran en una zona conocida de Lima no se esperaría tanto para solucionarlo. Sin embargo, los pueblos indígenas llevan más de 50 años reclamando ser atendidos. En la actualidad, son vistos como obstructores al extractivismo por proteger sus territorios”, explicó el antropólogo Alberto Chirif a OjoPúblico. 

Para evitar la impunidad de las empresas petroleras, Vásquez propone que se reconozcan a las organizaciones de vigilancia ambiental indígena como parte del sistema de monitoreo. De esa manera, ellos podrán advertir sobre los daños ambientales en tiempo real. También indicó que la norma debe considerar que las empresas con reiteradas sanciones administrativas y multas por daños ambientales sean impedidas de concursar para la administración de nuevos lotes petroleros. 

Los daños de Pluspetrol Norte

El OEFA identificó 1.953 sitios impactados por la operación de Pluspetrol Norte S. A. en el Lote 8, desde que inició sus operaciones, en 1996, hasta julio de este año. En ese marco, la autoridad ambiental solicitó a la compañía la remediación ambiental de los lugares afectados. 

En ese mismo período, la empresa cometió 55 infracciones ambientales, cuyas multas no han sido canceladas hasta el momento. La petrolera adeuda al Estado 6 '933.158 UIT, es decir más de S/30 mil millones al cambio actual; y mantiene 141 procesos administrativos pendientes de resolver. Uno de los casos más relevantes es el derrame de petróleo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, de 2012. Aquella vez, Pluspetrol recibió una multa de más de S/30,9 millones por no remediar los suelos según su Plan Ambiental Complementario (PAC).

Pluspetrol Norte S. A. también registra antecedentes negativos de su periodo a cargo del Lote 192 (antes 1 -AB). El OEFA indicó a OjoPúblico que la empresa es responsable de 1.297 sitios afectados entre el 2000 y el 2015, año en el que la empresa concluyó su administración en el lote ubicado en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. 

“El Plan de Abandono de Pluspetrol fue desaprobado en tres ocasiones. En consecuencia, será el Profonampe (fondo ambiental) el encargado de elaborar y ejecutar la remediación de esos 1.297 sitios impactados, con cargo a la garantía [USD 5,5 millones] otorgada por la empresa”, precisó el organismo ambiental a este medio.

ABANDONO: La empresa Pluspetrol Norte no ha remediado el daño medioambiental que ocasionó durante la explotación de los lotes petroleros 8 y 192.

Foto: Andina

Sin embargo, para la socióloga Aymara León Cépeda, del equipo de asesores de Puinamudt, el fondo de USD 5’598.113,86, que consideró Pluspetrol Norte en una carta de fianza de 2019, no será suficiente para reparar el daño causado.

“No hay un cálculo preciso de cuánto costará remediar los daños causados por Pluspetrol Norte, pero la deuda es millonaria, ya que son más de mil sitios a remediar”, dice León Cépeda. Adicionalmente, en el Lote 192, la empresa registra 32 sanciones administrativas ambientales, con una deuda actual de 583.446 UIT, es decir más de S/2 mil millones al cambio actual. También mantiene pendientes de resolver 63 procesos administrativos por daños ambientales.

Según OEFA, Pluspetrol Norte dejó 3.250 sitios impactados durante su actividad de explotación de hidrocarburos en los Lotes 192 y 8. Asimismo, mantiene una deuda total con el Estado de 7 '516.624 UIT, es decir más de S/33 mil millones al valor actual, por 87 infracciones ambientales sancionadas por sus operaciones en ambos lotes. La multa inicial era de 12' 847.376 UIT, pero la empresa canceló el 41 % de estas sanciones. Las instalaciones de la petrolera atraviesan y afectan los territorios de los pueblos quechua del Pastaza, kichwa del Tigre, achuar del Pastaza y del Corrientes, urarina de Andoas y Corrientes.

En comunicación con OjoPúblico el representante de la petrolera sostuvo que las mencionadas deudas se originaron en “ilegítimas medidas coactivas” y que ya han cancelado USD 40 millones en multas. Ahora han dejado de pagar, indicó, porque cuentan con “limitados recursos económicos”. “Estos se destinan a obligaciones y pagos prioritarios, como el mantenimiento, seguridad, y conservación de los activos del Lote 8 por un plazo indeterminado hasta su devolución”, dijo.

Otras empresas y sus impactos

“Pamuk, ¡urgente!, hay petróleo en el agua. ¡Auxilio!”, fue la llamada que recibió Wrays Pérez, a fines de enero de 2016. Unas semanas antes había asumido la presidencia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís. Ese día, el líder recorrió 13 kilómetros por río hasta llegar a la comunidad Mayuriaga, en el distrito de Morona (Datem del Marañón, Loreto) para constatar el derrame de petróleo y brindar apoyo a los indígenas.

Inmediatamente, el pamuk —como es denominado el presidente— declaró en emergencia el territorio ancestral wampís por el derrame de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano, administrado por Petroperú S. A. “Fue un desastre incontrolable, el petróleo estaba en las quebradas, el olor era insoportable. Mis hermanos estaban desesperados porque los peces y los animales silvestres se estaban contaminando”, cuenta el líder a OjoPúblico.

En el Oleoducto Nor Peruano, que recorre 854 km entre San José de Saramuro (Loreto) y el Puerto Bayovar (Piura), se registraron 94 derrames, desde el año 2000 hasta el 2019. Además, durante la pandemia, se reportaron otros dos derrames. Después de los Lotes 192 y 8, este oleoducto es la tercera instalación petrolera en la que ocurrieron más emergencias por derrames.

El oleoducto Nor Peruano es la tercera instalación petrolera en la que ocurrieron más emergencias por derrames".

Katherine Paucar, asesora de la Nación Wampís, explicó a OjoPúblico que Petroperú no ha asumido la reparación ambiental por el derrame ocurrido en 2016 en el distrito de Morona, a pesar de los daños registrados en la comunidad Mayuriaga. La empresa estatal eligió ir a un arbitraje para evitar el pago de una multa de más de S/83 millones impuestas por el OEFA. “Esta empresa aplica los mismos mecanismos que Pluspetrol Norte [lleva a arbitraje las multas] para no asumir su responsabilidad”, dijo. 

Ante las constantes emergencias ambientales causadas por las operaciones petroleras, el líder wampís Wrays Pérez, dijo que el gobierno debe apostar por inversiones amigables con la naturaleza, ya que la explotación de petróleo ha sido perjudicial para la Amazonía. “Las empresas deben invertir en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas cuando usen nuestros territorios”, pidió el líder indígena.

Entre el 2000 y el 2019 se produjeron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana, según el informe “La sombra del petróleo” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam. Estos afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas del Perú. El 65 % de ellos ocurrió por corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28 % fue causado por terceros y solo un 7 % por causas naturales.