La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de Madre de Dios detuvo esta madrugada a las fiscales Zoila Rodulfo Castillo, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental; y a Nelly Colque Valdivia, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata. Ambas son investigadas por colaborar con la presunta organización criminal "Los hostiles de la Amazonía", dedicada al tráfico y lavado de madera en esta región. En la operación también se allanaron dos inmuebles, un despacho fiscal y se incautó documentación contable. 

Según la investigación policial y fiscal, a la que accedió OjoPúblico, ambas funcionarias recibieron sobornos durante el 2018 y 2019 por parte de algunos integrantes de dicha organización. Hace tres semanas las autoridades detuvieron a 19 personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de madera.

La carpeta fiscal señala que esta presunta organización criminal cuenta con la colaboración de personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y “llegó a infiltrar a algunos integrantes de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) del Ministerio Público de Madre de Dios”. 

DETENIDA. Según la carpeta fiscal, Zoila Rodulfo recibió dinero y regalos para beneficiar a algunos integrantes de la presunta organización criminal. 

Foto: Diviac

La investigación fiscal incluye transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas legalmente a los detenidos. Algunas de esas comunicaciones involucran a dos fiscales: Zoila Rodulfo Castillo, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA); y a Nelly Colque Valdivia, quien se desempeñó como fiscal ambiental entre febrero de 2015 y setiembre de 2019 y, actualmente, ocupa el cargo de fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata. 

El fiscal Octavio Ramos Pacompía, de la Fiscalía Superior Penal de Madre de Dios, confirmó a OjoPúblico que ambas fiscales son investigadas por su despacho, pero que dicha indagación tiene carácter reservado. “Se está  haciendo la corroboración, el seguimiento de todos los hechos que el fiscal Dionisio (Quicaño Quispe) ha estado investigando”, dijo. 

Quicaño Quispe, encargado de la investigación contra “Los hostiles de la Amazonía”, fue quien derivó la información sobre ambas fiscales a la Fiscalía Superior Penal de Madre de Dios. “La fiscalía provincial no tiene competencia para investigar a los administrados (a sus propios fiscales). Ese es el camino procesal”, informó el fiscal. 

Los indicios de la investigación

El registro de llamadas indica que ambas fiscales habrían recibido sobornos para beneficiar a algunos integrantes de ‘Los hostiles de la Amazonía’. Una de las interceptaciones fue realizada al tramitador Frank Armando Natividad Quispe, quien -según la investigación- se encargaba de conseguir guías de transporte forestal con información falsa y movilizar madera. A él la fiscal Rodulfo Castillo le había pedido, el 26 de junio de 2018, un juego de muebles para devolverle un vehículo con un cargamento que había sido incautado seis días antes por infringir la Ley Forestal. 

La carga era propiedad de la comerciante Olga Valeria Añamuro de Tito -actualmente prófuga y con orden de captura-; quien habría comprado y entregado los muebles a la fiscal por intermedio de Natividad. El vehículo en cuestión -propiedad de Transportes Darwin SAC, cuyo gerente es Adolfo Ticona Flores- fue liberado dos días después: el 28 de junio de 2018. 

Al respecto, la investigación señala que existe una boleta “girada como comprobante en la venta del juego de muebles de sala valorizado en tres mil ciento cincuenta soles (S/3.150), y que habría sido adquirido por (a) ‘Olguita’ ante el requerimiento de (a) ‘Zoila’”.

La entrega del efectivo a la fiscal Rodulfo fue confirmada por la colaboradora mediante una llamada telefónica.

Por otro lado, Edith Huaricancha Arenas, una tramitadora conocida como “Yayita”, sostuvo una conversación con una mujer de nombre “Anita”, el pasado 14 de febrero de 2020. En esa llamada, Huaricancha Arenas le pidió que llevara dinero a las oficinas de las fiscales Rodulfo y Colque. 

La entrega del efectivo a la fiscal Rodulfo fue confirmada por la colaboradora veinte minutos después, mediante una llamada telefónica. En el caso de la fiscal Colque precisó, además, que dejó el dinero en el escritorio de su oficina. 

Los registros también destacan una comunicación del 3 de enero de este año. En ella “Yayita” y una persona llamada “Francis’’ conversaron sobre el cumpleaños de la fiscal Nelly Colque. Según la investigación, dicha fiscal les había pedido que colaboraran con botellas de whisky y ‘Francis’ fue el encargado de entregar el licor. 

TALA ILEGAL. “Concesión para conservación Río Los Amigos” fue una de las afectadas por esta red de tráfico de madera.

Foto: ACCA

OjoPúblico intentó comunicarse con las investigadas para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, Nelly Colque Valdivia no atendió las consultas; y Zoila Rodulfo, quien se desempeña en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales desde agosto de 2015, se negó a dar declaraciones sobre el caso. 

Denuncias desatendidas

A través de la carpeta fiscal del caso, OjoPúblico comprobó que la “Concesión para conservación Río Los Amigos”, administrada por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) desde 2001, fue una de las afectadas por “Los hostiles de la Amazonía”.

Dicha institución informó a este medio que llevaba ocho años denunciado la presencia de taladores ilegales en su territorio ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de la región, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) y la Defensoría del Pueblo. 

“Concesión para conservación Río Los Amigos” se encuentra entre las provincias del Manu y Tambopata. Esta concesión privada tiene una extensión de 146 mil hectáreas de bosque amazónico, donde abundan los árboles de tornillo, una especie de madera -conocida también como aguano- muy cotizada entre los traficantes.  

La directora ejecutiva de ACCA, explicó que, hace diez años, identificaron tala ilegal en los bosques que administran.

María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de ACCA, explicó que, hace diez años, identificaron tala ilegal en los bosques que administran. La primera denuncia que presentaron ante la FEMA data de 2012, época en que era algo esporádico. Sin embargo, cuatro años después notaron un incremento importante de esta actividad ilícita. Y, por eso, sus denuncias se hicieron más frecuentes. 

El aumento de la tala ilegal en esta concesión privada coincide con el inicio de actividades de “Los Hostiles de la Amazonía”, según la investigación. Gutiérrez detalló que, tras las denuncias, la fiscalía realizó algunas inspecciones de campo; sin mayores logros. 

“Hubo casos donde sabemos que se hicieron verificaciones en campo,  operativos donde participó la policía y la fiscalía (…) Nosotros entendemos que todo esto sigue bajo investigación. No es que nos mantengan informados sobre lo que ellos hacen’’, contó la directora ejecutiva de la asociación.

El aumento de la tala ilegal en esta concesión coincide con el inicio de actividades de “Los Hostiles de la Amazonía”.

En agosto de 2018, ACCA envió un documento a Benjamín Valencia Castillo, exjefe de la Oficina Desconcentrada de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) de Madre de Dios, en el que le informaba sobre el incremento de la deforestación por tala ilegal en los bosques de su concesión. 

“Pese a haber presentado denuncias en su oportunidad (carpeta fiscal signada con el Nº caso 453-2014), ninguna de las autoridades con competencia ambiental ha realizado acciones concretas para detener el incremento de los daños ambientales, ni la detención de los ilegales”, señalan en el oficio. Allí solicitan, asimismo, una urgente intervención de las autoridades.  

La directora ejecutiva de ACCA añadió que, debido a la tala ilegal selectiva, se han afectado aproximadamente 43.800 hectáreas de bosque. Es decir, alrededor del 30% de su concesión. La carpeta fiscal señala, además, que la policía detectó vehículos en el centro poblado Boca Unión -cerca de la
“Concesión para conservación Río Los Amigos”-, que transportaban la madera hacia Cusco y otras regiones del país. 

El papel de dos exgerentes forestales

La investigación empezó hace dos años y, durante el proceso, se identificó a 29 personas: dos exgerentes forestales, once trabajadores de la Gerencia Forestal, un funcionario de la Sunat, siete policías, seis tramitadores y dos comerciantes. 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata autorizó la detención de los 29 involucrados y el allanamiento de 22 viviendas. Sin embargo, el 25 de agosto solo se detuvo a 17 personas. Días después, se capturó a otro implicado y un comandante de la policía se entregó a las autoridades. En estas intervenciones se incautó S/ 3.970 en efectivo, ocho laptops, nueve agendas, nueve USB y teléfonos celulares. 

Actualmente 10 personas continúan prófugas. Entre ellas se encuentran los comerciantes de madera Olga Añamuro y Santiago Edelyn Sierra Tito; cinco tramitadores -uno de ellos es hermano de Edith Huaricancha-, el encargado del puesto forestal “Las Palmeras”, y dos policías. El fiscal Quicaño explicó que todos ellos tienen requisitoria y se les tramitará órdenes de captura internacional. 

‘‘Veremos la vinculación entre ellos y estableceremos los roles que cumplen en la organización criminal. Cinco peritos extraen la información de los equipos electrónicos’’, dijo a OjoPúblico el coronel Jorge Gonzales, responsable de la operación policial.

Uno de los detenidos fue Robert Nishida Añez, exgerente de la Dirección Forestal de Madre de Dios entre diciembre de 2019 y junio de este año. Según la carpeta fiscal, él mismo coordinaba con los tramitadores para que consiguieran guías de transporte forestal, documento necesario para el traslado de la madera, con información falsa. 

Dos semanas antes de dejar el cargo, Nishida Añez firmó  -junto a los directores forestales de Ucayali y Loreto- una carta de respaldo a la salida del director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzales-Zuñiga. Días después, el funcionario le dijo a OjoPúblico que firmó la misiva porque consideraba que el apoyo del Serfor para frenar la tala no había sido suficiente.  

Uno de los detenidos fue Robert Nishida Añez, exgerente de la Dirección Forestal de Madre de Dios.

El abogado César Ipenza, especialista en delitos ambientales, explicó a OjoPúblico que los gobernadores regionales tienen la responsabilidad de elegir a los gerentes forestales. Añadió, además, que deberían ser más cuidadosos con esas designaciones. Nishida Añez, por ejemplo, aprovechaba su cargo -de acuerdo a la investigación- para designar servidores que facilitaran los actos ilícitos en los puestos de control forestal. Es decir, el transporte y la comercialización de la madera, a cambio de donativos y dinero. 

Ipenza añade que las organizaciones dedicadas a la tala ilegal buscan contactos en otras instituciones para realizar sus actividades. “Los extractores [de madera] o los que facilitan y transportan [tramitadores] tienen contactos con la misma autoridad que promueve el desarrollo de la actividad o un director forestal, en la policía, en la fiscalía, en la policía de carreteras e incluso en otras regiones”, señaló. 

La detención de Nishida Añez dejó en evidencia una red de este tipo: junto al funcionario también se detuvo a la exgerente forestal Milagros del Carmen Ruiz Pizango, nueve encargados de los puestos de control forestal, el jefe de los puestos de control e, incluso, a la encargada de estadística forestal. 

La investigación fiscal señala que las rutas del tráfico de la madera en Madre de Dios incluían la concesión de ACCA, desde donde se transportaba el producto hacia Cusco; y desde el Centro Poblado Boca Colorado, provincia del Manu, para luego transitar por la carretera Interoceánica Sur, hacia la ciudad imperial. 

El último viernes, la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios ordenó la liberación de cinco detenidos, tras declarar nula la resolución judicial que autorizaba las detenciones. Entre las personas liberadas se encuentran los tramitadores Edith Huaricancha (“Yayita”), Jesús Aranzabal, Victor Izquierdo; así como Carlos Noriega Astucuri, jefe del Departamento Policial de Carreteras de Madre de Dios; y  Hugo Florián Pretel, comandante y jefe del Departamento Policial de Medio Ambiente de la misma región.