En medio de la crisis política y social en Perú desde el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el Congreso busca aprobar normas que ponen en riesgo la protección de los bosques amazónicos. 

En la agenda del pleno del Congreso de hoy, miércoles 21 de diciembre, se incluyó el debate de un proyecto que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta iniciativa incluye una disposición complementaria final que establece que quienes tengan predios con título o constancia de posesión no necesitarán presentar el requisito de zonificación forestal para hacer el cambio de uso de suelo.

Esto abrirá las puertas a que cualquier persona pueda modificar los suelos de aptitud forestal por otros con fines agrícolas, y con ello fomentar la pérdida de bosques. El mismo procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán Mendoza, considera que esa disposición complementaria convalida los actos de deforestación. 

En conversación con OjoPúblico sostuvo, además, que le preocupa que en adelante cualquiera que tenga un certificado de posesión donde exista bosque lo derribe y, luego, se justifique en que la ley lo permite.

Diversas organizaciones indígenas y ambientales han cuestionado este proyecto de ley.

La Defensoría del Pueblo ha pedido al Congreso que el proyecto se archive, y remarcó que los bosques amazónicos son “fuente de identidad y vida para cerca de 370.000 pobladores indígenas, asentados en más de 2700 comunidades nativas”. 

La agenda del Pleno de hoy incluye, además, otra propuesta que pretende derogar la Ley 31622, que permite enfrentar el tráfico de especies marinas como parte de los delitos de criminalidad organizada. 

La ley fue aprobada en noviembre de este año y establece mecanismos más estrictos para enfrentar el tráfico ilegal de vida silvestre, así como la extracción ilegal de especies marinas, al enmarcarlo en el ámbito del crimen organizado. 

El mismo mes, el presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, Esdras Medina Minaya, planteó su derogatoria, argumentando que la norma “criminaliza” y pone en riesgo a las actividades de pescadores artesanales.

Decenas de organizaciones de la sociedad civil han pedido que no se derogue la ley. Remarcan que esta permite levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, usar agentes encubiertos, interceptar las comunicaciones y aumentar las penas. 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advierte que una posible derogatoria permitiría que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fauna silvestre sigan operando y se deje sin herramientas legales a los operadores de justicia para frenar este delito.

La organización cuestionó, además, que el proyecto de ley pase directamente al Pleno sin haber sido debatido previamente en las comisiones correspondientes, saltándose los procesos regulares.

En simultáneo, aunque no se encuentra en la agenda del Pleno de hoy, también genera preocupación el proyecto de Ley 3518, del congresista fujimorista Jorge Morante, que busca modificar la Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI).

La Defensoría del Pueblo ha señalado que el cuestionado proyecto representa un “grave retroceso en la protección de los PIACI” debido a que transfiere las facultades del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales, sin reconocer la rectoría y especialización del primero. 

Además, la propuesta pretende suspender indefinidamente los estudios previos de reconocimiento de PIACI que estén en curso y la creación de reservas indígenas a su favor. 

Ante este riesgo, el pasado martes 20 de diciembre, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) interpuso —con la asesoría del Instituto de Defensa Legal (IDL)— una demanda de amparo en contra de la propuesta por constituir “una amenaza de violación al derecho a la vida y subsistencia de los pueblos en aislamiento.”