Cada día, a las seis de la mañana, en los alrededores de la plaza central de San Antonio del Estrecho, capital de la provincia del Putumayo, se empieza a escuchar la voz de un hombre con tono grave. El sonido se emite a través de un parlante instalado en lo alto de una vivienda. El personaje culmina sus anuncios con la transmisión de música cristiana y el himno nacional peruano, previo a haber leído publicidades de negocios de la zona y —en esta coyuntura electoral— algunas propagandas políticas de candidatos a la alcaldía. 

El saludo madrugador, de unos 10 minutos, también recuerda que regresó el suministro eléctrico, luego de la pausa diaria desde la medianoche y, de nuevo, entre las tres y las seis de la tarde. En ese lapso, los ventiladores se apagan mientras el calor del ambiente supera los 30 grados. En esta zona de frontera entre Perú y Colombia, la mayoría de las actividades empieza a la par de los anuncios de ese parlante. “Aquí empezamos tempranito y, a las ocho, ya no queda nada por ofrecer”, cuenta una vendedora de desayunos, con una carta en la que predomina el pescado frito acompañado de yuca o plátano.

Frente a la plaza se ubica un puesto policial con una dotación de personal que no supera los 20 efectivos. En el otro extremo, desde 2017, se encuentra un local migratorio que destaca por una antena ovalada y blanca, de más de tres metros, instalada cerca a la puerta de ingreso que permite solo la cobertura telefónica en la zona. Las instituciones públicas que completan la manzana son el Banco de la Nación, el municipio del Putumayo y una diminuta sede del Ministerio Público, que a mediados de agosto tenía a sus trabajadores en huelga. 

Para llegar a este punto de la Amazonía peruana, es necesario hacer un viaje en avioneta de alrededor de 40 minutos desde Iquitos, capital de la región Loreto. Sin embargo, la hora de llegada al Estrecho dependerá del clima —ya sea por lluvias o acumulación de nubes en el cielo iquiteño— más que de la programación diaria. En el aeropuerto tampoco hay un control riguroso del equipaje de los pasajeros: apenas se considera el peso de la carga, sin tomar en cuenta qué se transporta en el trayecto de ida o vuelta.

FRONTERA. El río Putumayo, ubicado en la zona limítrofe de Perú y Colombia, recorre las comunidades aledañas al Estrecho. 

Ilustración: Claudia Calderón. 

En la pequeña pista de aterrizaje local, rodeada de vegetación y a menos de 200 metros del río Putumayo, los mototaxis esperan el desembarco de los pasajeros y sus bultos, para trasladarlos a sus viviendas o algunos de los modestos hoteles que existen en El Estrecho. 

La distancia del recorrido entre el aeropuerto y la zona céntrica de El Estrecho es de apenas cinco minutos sobre un camino asfaltado por tramos, con huecos que se evidencian por las maniobras bruscas de los conductores o la sensación de un ligero hundimiento al pasarlos por encima. Además del servicio de transporte, que solo realizan los mototaxis, se ven camionetas particulares con lunas polarizadas que recorren las principales vías de la localidad.

En el camino, las viviendas de madera o cemento, de uno o dos pisos, se intercalan con algunas tiendas de abarrotes donde, además de alimentos, se ofrece el servicio de internet inalámbrico por horas. El precio varía entre los tres y cinco soles por 60 minutos de conexión, y el acceso es otorgado luego del pago. 

OjoPúblico llegó a la capital del Putumayo para conocer la situación de los pueblos ribereños de la frontera entre Perú y Colombia.

 
En la oferta de productos de abarrotes hay marcas peruanas y, a precios más económicos, algunas bebidas y alimentos de origen colombiano y brasileño, a pesar de la distancia. Para llegar a la zona limítrofe de este último país, la localidad de Tabatinga, uno debe transportarse de cinco a siete días sobre el río Putumayo, también testigo de embarcaciones de lujo, tipo yate, de acuerdo al relato de los vecinos.

“A veces he visto lanchas y deslizadores que se pasean por el río. No son de aquí, pero tienen negocios y dinero”, afirma un comerciante del puerto, que pidió mantener su identidad en reserva. No lo comenta, pero el río Putumayo también es una ruta para el narcotráfico, resguardada por miembros remanentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

OjoPúblico llegó a la capital del Putumayo —provincia creada en 2014 que cuenta con 78 comunidades indígenas en toda la jurisdicción y 29 en el distrito con el mismo nombre— para conocer la situación de los pueblos ribereños de la frontera entre Perú y Colombia. Este medio acompañó, además, al Instituto del Bien Común (IBC) en actividades desarrolladas, como parte de un proyecto que tiene esta institución para la implementación de radios comunitarias y la capacitación de jóvenes comunicadores indígenas.
 

Comunidades fronterizas
 

Suspendido sobre una laguna, un puente peatonal de madera —con un tramo a punto de desprenderse— separa al Estrecho de la comunidad indígena murui-muinanɨ de Mairidicai. Ante falta de información del Ministerio de Cultura, las autoridades locales señalaron a este medio que su población no supera las 30 familias, es decir, no más de 100 personas que, por lo general, cuentan con una vivienda en el Estrecho y otra en su comunidad, reconocida y titulada por el Estado en 1991. 

En este territorio, que recibe a sus visitantes con un inmenso letrero informativo sobre el inicio de un proyecto de cultivo de cacao financiado por el gobierno, destaca la presencia de malocas: viviendas con un techo en forma de cono, confeccionadas con material vegetal, principalmente de una palmera llamada irapay. Estas casas, para uso familiar y comunal, son resistentes a la humedad, la lluvia y el intenso calor. En su construcción, que toma de dos a cuatro semanas dependiendo del tamaño, participan hombres y mujeres de la comunidad de Mairidicai, que recibe su nombre de la lengua murui-muinanɨ para referirse a un “casa sólida”, que no se derrumba. 

VIVIENDAS. Las malocas son edificaciones, familiares y comunales, construidas de forma artesanal con productos vegetales como la palmera irapay.

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro. 

La información oficial indica que la comunidad cuenta con más de 4.600 hectáreas de tierra en los bosques de Loreto, un área casi 100 veces más grande que el aeropuerto principal de Iquitos. En un recorrido de más de cuatro horas, en medio de una inusual lluvia para agosto y un camino abierto con el filo del machete de cuatro comuneros, OjoPúblico llegó a un área donde los líderes alertan que se construirá un camino sobre el que no han recibido consulta o información alguna. 

El proyecto al que se refieren con incertidumbre es la carretera Bellavista - Mazán - El Estrecho, una obra en la cual el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció avances en 2019. Con la implementación de esta ruta, la ciudad de Iquitos se conectará con la frontera de Colombia. Sin embargo, la obra —todavía en su primer tramo de ejecución— ha recibido críticas de especialistas por su eventual impacto y la falta de un diálogo previo con las comunidades para su implementación. 

Un informe técnico, elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) luego de un trabajo de campo en la zona, alertó que las primeras etapas de la carretera habían generado el “desbosque y tala de árboles” en la región Loreto. En su análisis, la SPDA señaló que la ejecución del proyecto vial también “ocasionaría la disminución de la cobertura forestal y el cambio de uso de suelo” y “podría atravesar” los territorios de las comunidades de San Pablo de Totola y Mairidicai.

“Por aquí va a pasar. Esta carretera va a afectar nuestras tierras y bosques, pero nadie nos toma atención”, dice Gabriel Torres Flores, miembro fundador de la comunidad, antes de acompañar a este medio en el retorno al Estrecho.

DISPOSTIVO. Desde junio, la comunidad de Puerto Elvira cuenta con una radio para comunicarse con otros puntos sin red telefónica en las riberas del río Putumayo. 

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro. 
 

A través del río Putumayo se puede acceder a otras comunidades de la zona, como Puerto Elvira, ubicada a poco más de una hora de navegación en una embarcación con motor. En esta comunidad, titulada en 1991 y con más de 5.700 hectáreas de bosques, viven 31 personas del pueblo murui-muinanɨ, que se dedican, principalmente, a la pesca de doncella y paiche; y al cultivo de yuca, plátano y otras frutas. 

Durante la pandemia, un deslizamiento de tierra en el área donde se ubicaban las viviendas de la comunidad obligó a los habitantes a reubicarse unos 10 minutos río arriba. En su nueva locación, los miembros de Puerto Elvira deben subir una pequeña, pero resbalosa pendiente para llegar a las malocas. 

En el lugar, además de la intensa presencia de mosquitos y otros insectos, hay una escuela de madera —para los cuatro estudiantes de primaria de la comunidad— que cuenta con conexión a internet satelital, como parte del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Esta red reemplaza la señal de las operadoras telefónicas, que no tienen cobertura para llamadas ni mensajes de texto. 

TRABAJO. Entre las actividades que realizan los miembros de las comunidades del Estrecho se encuentra la agricultura y la pesca. 

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro. 

Además, en junio de este año, se ha instalado —a través de un proyecto a cargo del IBC— una cabina radial para que, frente a alguna emergencia, la comunidad pueda comunicarse con otros puntos del Putumayo donde también cuentan con este equipo. Para ello, se designó a un grupo que, luego de recibir una capacitación, se encarga del manejo de la radio, organizado en dos turnos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. 

El avance de la pandemia también trajo una noticia que la comunidad todavía no termina de asimilar: a inicios de 2021, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) multó a Puerto Elvira con más de S/30.000 por extraer sin permiso madera del bosque. Los líderes sostienen que fueron engañados por un empresario que les compraba el producto forestal y les indicó que todo estaba en orden con Osinfor. El año pasado, agregan los dirigentes, esta misma persona les prometió de palabra pagar la infracción, pero a la fecha solo tienen un recibo de S/800. 

“Nos han perjudicado. Creímos que vendiéndole madera a ese empresario podríamos tener más ingresos, pero ahora estamos endeudados con Osinfor. ¿De dónde vamos a sacar para pagar?”, se pregunta Ronny Sumba Romayna, vicecacique de la comunidad antes de subir a su bote (peque peque) rumbo a su chacra. 

De regreso al Estrecho por el río Putumayo, a media hora de Puerto Elvira, se encuentra la comunidad kichwa de Puerto Aurora. En sus más de 4.600 hectáreas, también tituladas en 1991, sus integrantes crían gallos y gallinas para el consumo propio. Además, siembran yuca y frutas, como el limón cidra y el coco. Sin embargo, la agricultura enfrenta obstáculos como la presencia de personas armadas que, en los últimos años, han aumentado en este lugar de la frontera entre Perú y Colombia. 

“Hace poco, solo pude entrar a mi chacra por dos horas. Me dejaron porque soy una persona mayor, pero ya no es como antes, que podíamos estar más tiempo sin que nos amenacen”, cuenta una de las líderes, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias. 
 

Aspirantes en campaña
 

En el Estrecho, a pesar de que la luz se corta por primera vez entre las tres y las seis de la tarde, los candidatos a la alcaldía de la provincia del Putumayo no detienen la música que reproducen por sus altoparlantes. Para eso, utilizan generadores eléctricos alimentados de combustible, cuyo precio oscila entre los S/15 y S/20 por galón. 

En esta coyuntura electoral, muchas de las viviendas aledañas a la plaza tienen propaganda política, principalmente, de Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Movimiento Esperanza Región Amazónica. Esta última agrupación lleva como aspirante al exalcalde del Putumayo, Segundo Julca Ramos, cuyo nombre todavía permanece en algunas obras inauguradas en su gestión (entre 2015 y 2018), como losas deportivas y pistas asfaltadas.

Sin embargo, la mayor cantidad de carteles y banderines de las calles corresponden a Alianza para el Progreso, que presenta a Arlen Ribeira Calderón como postulante a alcalde del Putumayo. Entre 2012 y 2018, este administrador de empresas ocupó el cargo de director de finanzas de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). Pero fue inhabilitado por irregularidades en el manejo del presupuesto de dicha organización.  

ELECCIONES. APP es el partido con mayor publicidad impresa en el Estrecho. Tiene a Arlen Ribeira (al centro) como candidato a la alcaldía provincial del Putumayo. 

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro.

El partido de este candidato no ha escatimado dinero para llevar caravanas de motos al Estrecho, contratar botes e, incluso, una avioneta para la campaña. A nivel regional, el candidato de la agrupación es el excongresista y exgobernador Fernando Meléndez Celis, quien está involucrado en más de 50 investigaciones fiscales, como informó OjoPúblico hace unas semanas.

Somos Perú, por último, presenta a César Campos Asenjo, natural de Lambayeque y con centro de labores en la provincia de Maynas, aunque su vivienda declarada —sin importar el vuelo de 40 minutos que hay entre uno y otro punto— se encuentra en la capital del Putumayo. 

En el Estrecho hay alrededor de 2.000 votos en juego de los más de 7.000 electores hábiles que tiene la provincia del Putumayo. Sin embargo, más allá de propuestas generales y música durante casi todo el día, la campaña no incluye los potenciales riesgos que enfrenta esta población de la frontera.