“Te vas viejito, vuela alto papito Shanty”. Con este mensaje y una foto de la urna, publicados en una red social, se despedía uno de los hijos de Santiago Camilo Contoricón Antúnez (58), destacado líder asháninka que la noche del 8 de abril fue asesinado en su casa en la comunidad indígena de Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín). Shanty era su sobrenombre de cariño. 

“Desde hoy el cielo brilla más”, se lee en uno de los tantos carteles que acompañaron los homenajes, que fueron varios, por su muerte. Hasta el momento no hay ningún detenido.

Su asesinato ha motivado una cascada de pronunciamientos condenatorios dentro y fuera del país. Todos piden celeridad en las investigaciones. El Ministerio Público informó, cuatro días después del crimen —el mismo día del entierro de Santiago—, que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín dispuso abrir diligencias preliminares para esclarecer las causas de su muerte.

A Santiago le dispararon en la cabeza. De acuerdo a las primeras indagaciones, se sospecha que el crimen fue cometido por operadores del narcotráfico, que dominan esta parte del país, señalan diversos especialistas. Según el informe policial, al día siguiente de su muerte, se encontró en en el distrito vecino de Mazamari, una moto lineal abandonada, dos armas de fuego y municiones, “que tendrían estrecha relación con el homicidio”.

Río Tambo es uno de los 24 distritos que integran el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En 2021 concentraba el 40% de la superficie cultivada de hoja de coca de todo el país, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Río Tambo, pasó de tener 1.295 hectáreas en 2020 a tener 2.583 hectáreas al año siguiente.

Contoricón Antúnez se oponía a la expansión del narcotráfico en territorio indígena, lo que le valió a él y a otros líderes y comuneros varias amenazas. El líder asháninka colaboraba con la Policía y las Fuerzas Armadas y, como presidente del comité de autodefensa de su comunidad, participaba en las incautaciones de droga.

Según informó un miembro del comité a OjoPúblico, el mismo 8 de abril, Santiago Contoricón participó de la incautación, junto a la Dirandro, de un cargamento de droga. 

“Mañana puedo ser yo el siguiente [asesinado]”, dice Fabían Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). La organización advierte que en los últimos años los territorios de las comunidades indígenas están siendo invadidos por la coca ilegal. “Nuestros ríos y suelos están siendo contaminados con miles de toneladas de insumos químicos que utiliza el narcotráfico”, advierte la CART en un comunicado.

De acuerdo a una fuente militar, en la zona operan mafias de la tala ilegal y el narcotráfico que quieren expandir sus dominios y amenazan a las comunidades y sus líderes. “Si estos no quieren vender o ceder su territorio, los matan. Todo aquel que se opone a sus intereses es visto como enemigo”, explica.

La fuente también sostiene, tal como lo señala la CART, que los insumos químicos que usa el narcotráfico que son desechados y arrojados a las quebradas y corrientes de agua representan una amenaza para la fauna y la vida humana.

Puerto Ocopa, la comunidad en la que fue asesinado Contoricón Antúnez, es una zona de tránsito de embarcaciones que trasladan droga por el río Tambo con destino a Atalaya, en la región Ucayali. De este punto, el producto sale en avionetas hacia Brasil y Bolivia.

INCAUTACIÓN. Droga hallada en una embarcación por miembros de un comité de autodefensa del distrito de Río Tambo, el año 2021.

Foto: CART / PNP

Los comités de autodefensa, como el que lideró Santiago Contoricón, cumplen un papel fundamental en la defensa de sus comunidades. En ocasiones llegan a suplir a las autoridades policiales. Esto ha llevado a que las comunidades y sus líderes se vean más expuestos a las represalias de grupos delictivos.

Con Contoricón Antúnez ya suman 20 los líderes indígenas y defensores de la Amazonía asesinados desde el 2020 por criminales vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras, según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Como otras muertes, la de Santiago se pudo evitar, señalan sus compañeros y organizaciones de la sociedad civil. “La comunidad ya había alertado sobre la situación de riesgo que se enfrentaba en la zona. Es lamentable que, para intervenir, se haya esperado que las amenazas se concreten con el asesinato”, dijo a OjoPúblico la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El 24 de marzo último, representantes de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y la Central Asháninka de Río Tambo (CART) se reunieron en Lima con el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, y le informaron de las amenazas que venían recibiendo.

Fabían Antúnez Camacho, presidente de la CART, señala que el ministro habló de conformar una “mesa técnica de trabajo” sin dar una fecha y no se tomaron más medidas. “Todos recibimos amenazas y nadie nos apoya”, se quejó el dirigente en conversación con OjoPúblico. 

Las comunidades del río Ene, en la selva central, también viven amenazadas por las actividades ilegales. Irupé Cañari Aragón, asesora legal de CARE, sostiene que la acción del narcotráfico se ha agudizado en la última década en lo que llaman la parte alta del Ene, en Pichari, Cusco. Asegura que el narcotráfico “ha quebrado el tejido social de las comunidades” y compra dirigentes o se impone a la fuerza.

A ello se suma la débil y tardía actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas. Hace algunos años, en la comunidad de Quimaropitari, se dio aviso a la Policía sobre el hallazgo de una pista de aterrizaje. Sin embargo, tuvieron que pasar alrededor de seis meses para que la Policía ingrese a desactivarla, recuerda Cañari Aragón.

DESPEDIDA. El Lugar de la Memoria recuerda el importante papel que cumplió el líder asháninka como parte de los comités de autodefensa.

Fuente: LUM

Santiago, la persona

A lo largo de su vida, Santiago Camilo Contoricón Antúnez ocupó varios cargos al servicio de su comunidad. Fue alcalde de Río Tambo (2003-2006), regidor de la Municipalidad Provincial de Satipo (2007-2010) y consejero regional de Junín (2015-2018). Pero, antes de todo ello, fue maestro.

Abelina Ampinti Shiñungari conoció a Santiago por el año 2003, cuando ya era alcalde. Recuerda muy bien su carisma y el impulso que le daba a los jóvenes para seguir el camino de los estudios. Contoricón Antúnez también es reconocido por su actuación en los años de la violencia política. “Mucha gente lo recuerda porque rescató a muchas personas”, destaca Abelina, quien es psicóloga.

En los años del conflicto armado interno, como parte del comité de autodefensa de Puerto Ocopa, el líder indígena participaba de las acciones de rescate de sus hermanos asháninkas que estaban en cautiverio por Sendero Luminoso.

Hubo un tiempo en que Puerto Ocopa también llegó a ser tomada por el grupo terrorista. Contoricón Antúnez logró escapar y volver acompañado de las fuerzas del orden para recuperarla, cuenta Leslie Villapolo Herrera, quién trabajó en la zona como parte del equipo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), una institución de la Iglesia Católica.

“Algo que le preocupaba especialmente era la salud mental de los niños que eran rescatados. Había niños de la comunidad de los que no se sabía si sus padres estaban vivos o muertos”, dice Villapolo.

Mario Domínguez, amigo de infancia y vecino de Santiago Contoricón, lo recuerda como una persona alegre que, de pequeño, no se cansaba de jugar. Él fue una de las primeras personas en llegar a la casa del líder luego de escuchar el disparo que acabó con su vida. “Ese día no había ronderos y tampoco había policías cerca”, recuerda.

Debido a la desprotección que enfrentan a diario y a que ninguna autoridad de primer nivel de Lima ha llegado a la zona después del asesinato, la central asháninka CART ha bloqueado el tránsito fluvial y por carretera en Puerto Ocopa. A esta medida de fuerza se han sumado otras organizaciones indígenas que demandan seguridad y mejoras en la zona.

“Queremos que el señor [Luis Alberto] Otárola [presidente del Consejo de Ministros] venga aquí y nos explique cuáles son los planes estratégicos de seguridad para las comunidades que estamos en el Vraem”, reclama Fabián Antúnez.

BLOQUEO. Delegaciones de varias puntos de Río Tambo se concentran en Puerto Ocopa para exigir la presencia de altas autoridades de Lima.

Foto: CART

Un mecanismo insuficiente

El 12 de abril, en una conferencias de prensa del Gobierno para presentar el balance de su gestión, media docena de ministros de Estado empezaron sus discursos condenando el asesinato del líder asháninka. El ministro del Interior Vicente Romero Fernández no estuvo en ese grupo.

Desde 2021, el Perú cuenta con un Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, conformado por ocho ministerios y Devida. Su finalidad es coordinar y realizar acciones de prevención, procedimientos y acceso a la justicia ante situaciones de riesgo.

La coordinación del mecanismo está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Sin embargo, aún es poco efectivo, sobre todo en la Amazonía, señalan organizaciones de la sociedad civil.

La Policía Nacional del Perú tiene pendiente, desde 2021, la aprobación de lineamientos de actuación para resguardar la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo. Para Álvaro Másquez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), es preocupante que el Ministerio del Interior “hasta ahora no haya sido capaz de gestionar esta herramienta administrativa”.

Dicho instrumento debería contener —explica Álvaro Másquez— plazos, presupuestos y qué unidades policiales serían las encargadas de brindar servicios de protección a los defensores y defensoras. De acuerdo al Minjusdh, las actividades ilegales que más afectan a las personas defensoras de derechos humanos son el narcotráfico (26%), la tala ilegal (25%), minería ilegal (9%) y tráfico de tierras (6%).

Según información de la cartera, el mecanismo intersectorial inició, este año, con un presupuesto de S/150.000, el cual cubre gastos de los primeros meses y, luego, se tienen que hacer varias ampliaciones presupuestarias.

Este dinero es destinado a los viajes que realiza el personal del ministerio para coordinar la atención de las situaciones de riesgo, el pago de sueldos y los gastos que implica impulsar la creación de mesas regionales. Estas deberían promover un trabajo cercano y articulado con autoridades regionales, líderes indígenas y miembros de la sociedad civil para hacer frente a los riesgos que aquejan a las personas defensoras.

A la fecha existen mesas del mecanismo intersectorial en San Martín, Ucayali y Madre de Dios. El Minjusdh tiene previsto constituir otras en Piura, Loreto, Amazonas y Huánuco. En el caso de Junín, no se cuenta con planes para una mesa. Irupé Cañari, asesora de la CARE, sostiene que el Minjusdh debe realizar un trabajo de difusión para que las organizaciones indígenas de la región conozcan del mecanismo.

Ángel Gonzales Ramírez, funcionario del ministerio que coordina la implementación del mecanismo a nivel nacional, reconoce que “existe un subregistro” en zonas como la selva central. Santiago Contoricón Antúnez formaba parte de ese subregistro.

Además del presupuesto, existen razones de fondo que explican la desprotección de los líderes indígenas y defensores de la Amazonía. “Ningún mecanismo de defensa va a funcionar si es que no se atacan primero las circunstancias que ponen en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos”, sostiene Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

INVESTIGACIÓN. Arma encontrada cerca a la carretera en el distrito vecino de Mazamari, se cree que ésta se pudo usar para matar a Santiago Contoricón.

Fuente: PNP

“La pérdida de vidas humanas, las lesiones, las amenazas vienen de las actividades ilegales, vienen de temas relacionados al narcotráfico, de la minería ilegal y de la tala ilegal. Estas circunstancias son las que ponen en peligro la vida de los defensores y defensoras. Entonces, si no se atacan, si no ponemos fin a estas actividades ilegales, sus vidas siempre van a estar en riesgo”, asevera Percy Castillo.

Mar Pérez, de la CNDDHH, afirma que han podido documentar que el 50% de los asesinatos de líderes indígenas ocurridos desde el 2020 están vinculados al narcotráfico. A la par, hay un incremento de los cultivos de hoja de coca en tierras de las comunidades indígenas.

Según sostiene Mar Pérez, esto demuestra que la política antidrogas está fallando y requiere un cambio. La falta de seguridad jurídica sobre los territorios de los pueblos indígenas es otro cambio estructural que se requiere, señala.

Para ello, es importante que el Ministerio de Desarrollo Agrario se involucre y brinde apoyo a los gobiernos regionales para atender las demandas de titulación, explica Álvaro Másquez del IDL, quien recuerda el caso de Arbildo Meléndez, líder kakataibo asesinado el 10 de abril de 2020.

Meléndez llevaba años exigiendo la titulación de su comunidad, Unipacuyacu, en Huánuco, una región que no forma parte del Vraem pero que igualmente recibe el impacto del narcotráfico.

Del mismo pueblo kakataibo es Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenakoka), quien, debido a las continuas amenazas en su contra provenientes de operadores del narcotráfico y la tala ilegal, tuvo que dejar su comunidad en Ucayali. A mediados de marzo, nuevamente, fue amenazado.

En comunicación con OjoPúblico Herlin Odicio sostuvo que, luego de las interdicciones que hubo el año 2021, “la actividad ilegal nuevamente ha vuelto con toda la fuerza, porque ya no hay interdicción. Habíamos solicitado que se hagan las erradicaciones periódicamente, pero lamentablemente ya no se llegó a concretar”, contó el presidente de la Fenacoka.

En la selva central y en otras zonas de la Amazonía, donde la presencia del Estado es mínima, la amenaza contra la vida de los líderes indígenas es una realidad latente. Así como Santiago Contoricón Antúnez, muchos otros son invisibles para los registros oficiales.

Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Ministerio del Interior para conocer si se tomarán medidas en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos, como la aprobación de sus lineamientos de actuación, pero no obtuvimos respuesta.