La empresaria Elizabeth Lazares de La Cruz (46) es acusada por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental de ser la presunta cabecilla de Los Duros del Amazonas, una organización criminal implicada en el tráfico ilegal de madera desde el 2008 y que, según el Ministerio Público, está integrada por 45 integrantes, entre funcionarios públicos y empresarios. El jueves 3 de marzo se detuvo de manera preliminar por 15 días a 24 de sus miembros en una operación policial realizada en forma simultánea en Loreto, Ucayali y Lima. Hay 21 prófugos, entre ellos dos dirigentes indígenas.

Lazares De La Cruz empezó en la actividad forestal en el año 2000. Ocho años después se convirtió en gerente de la empresa Lisbeth & Diego Forestales E.I.R.L, con domicilio fiscal en la ciudad de Iquitos, en Loreto, según registra la Sunat. Sin embargo, según la hipótesis planteada en el expediente fiscal del caso al que OjoPúblico tuvo acceso, esta empresa se creó con la finalidad de facilitar la actividad delictiva de la organización criminal.

Luego, el 2016, creó Beth Forest S.A.C, con sede en Lima, para la venta directa de sus productos en la capital. Según el mismo expediente del caso, se trataría de otra empresa fachada de la organización criminal. Ambas empresas están dedicadas a la silvicultura y a la extracción de madera.

La actividad de Lisbeth & Diego Forestales E.I.R.L no ha estado exenta de multas. En marzo del 2019, la  Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Huánuco multó a la empresa con el 0,58 de la unidad impositiva tributaria (UIT) –poco más de 2.100 soles– por infringir la legislación forestal y de fauna silvestre al “adquirir y poseer 93 paquetes de la especie cedrelinga cateniformis “tornillo” extraídas sin autorización”. En setiembre del 2020 volvió a ser multada con el 0.4324 de la UIT por la ATFFS Sierra Central por “poseer y comercializar productos forestales extraídos sin autorización”.

Durante la pandemia, esta empresa recibió de Reactiva S/ 300.000 en el 2021 para impulsar su negocio.  

La Policía busca a 21 prófugos involucrados con la organización criminal Los duros del Amazonas.

La Fiscalía también señaló la participación de otros cuatro empresarios en esta red, entre ellos Jorge Mario Guiulfo Gastelu (66), gerente general de Industrial Maderera Zapote S.A, quien, de acuerdo al expediente fiscal del caso, habría permitido en setiembre del 2021 que ingresara a su aserradero producto forestal de origen ilícito.

En el 2018, la empresa de Jorge Guiulfo –que inició su actividad en 1990, según Sunat– fue señalada por la Fiscalía como uno de los proveedores de la empresa Maderas Finas Sud American Lumber, de Eduardo Guiulfo, quien estuvo involucrado en el caso Yacu Kallpa, la incautación de madera de origen ilegal más grande realizada en el Perú.

Otro empresario según el Ministerio Público, es Husan Luis Chávez Gálvez, gerente de Industrial Bellavista E.I.R.L. y que registra actividad desde el 2008, también tendría nexos con Los duros del Amazonas por permitir en los meses de diciembre del 2020 y enero, febrero y marzo del 2021 el ingreso de madera ilícita a su aserradero, que luego fue trasladada a Yurimaguas y Pucallpa (Ucayali). Chávez Gálvez se encuentra prófugo.

Asimismo, la investigación fiscal identificó como compradores de la madera ilícita que extraía Elizabeth Lazares a los empresarios Paul Cárdenas Orihuela (34), gerente general en Ingenieros en calidad ambiental y alimentaria e Inversiones y Servicios Industriales G & L S.A.C., así como a Joel Arredondo Chuzón (32), gerente general en Inversiones Atl S.A.C. Esta última empresa está en actividad comercial desde el 2018. El año pasado recibió un préstamo de Reactiva de S/ 167.410. 

OjoPúblico llamó a los números telefónicos de las empresas señaladas por la fiscalía de delitos ambientales, pero en sus sedes nadie contestó.

TRANSPORTE. La madera ilícita extraída de zonas inhóspitas que no cuentan con concesión eran trasladadas a aserraderos en el distrito de Mazán.

Foto: Ojo Público

Entre los detenidos también está Mauro Díaz Góngora (46), afiliado al Movimiento Esperanza Región Amazónica desde setiembre del 2021. A través de sus redes sociales se promocionaba como precandidato al distrito de Mazán, provincia de Maynas, en la región Loreto, con este movimiento. 

Diaz Góngora participó sin éxito como candidato al mismo distrito en las elecciones regionales y municipales del 2018 con el partido Fuerza Popular. Si bien en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones indicó ser comerciante, la Fiscalía lo sindica como uno de los habilitadores de la organización criminal. Su función era coordinar y supervisar la extracción de la madera de zonas no concesionadas en Mazán.   

El ingeniero forestal Percy Cubas Pérez (50) y trabajador de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (Gerfor) también fue detenido preliminarmente por 15 días. La Fiscalía lo acusa de direccionar y orientar a Elizabeth Lazares De La Cruz en la formulación del informe técnico solicitado por la FEMA de Maynas para evitar su responsabilidad penal y/o administrativa y para que pudiera solicitar el levantamiento de la medida de inmovilización del producto forestal maderable de origen ilícito hallado en el aserradero Industrias Forestales El Tucán S.A.C., Mazan, Loreto en enero del 2021. 

Cubas Pérez también era otro miembro de la presunta organización criminal Los Duros del Amazonas que se promocionaba a través de sus redes sociales como precandidato al distrito de Punchana –jurisdicción conocida por sus negocios en madera– con el movimiento regional Fuerza Loretana.

El Ministerio Público también señaló a dos líderes indígenas que habrían permitido la extracción de árboles maderables de sus territorios a cambio de dinero. Se trata de Clever Coquinche Vásquez, presidente de la comunidad indígena Buena Vista, ubicada en el distrito de Juan Bautista, en la provincia de Maynas, y de Pedro Moisés García Cachay, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Curaray y Arabela en Loreto, que no pertenece a las Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Ambos se encuentran prófugos.

Los 45 miembros de la presunta organización criminal son acusados de los delitos de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos, tráfico ilegal de productos forestales y organización criminal. Todos los 24 detenidos se encuentran en Lima a la espera del pedido de prisión preventiva que presentará el fiscal Walter Gutiérrez Méndez, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental.

Modus operandi 

La investigación fiscal revela que esta presunta organización criminal comenzó a operar desde el 2008 y que, desde entonces, ha perfeccionado su modus operandi que puede describirse en cuatro etapas. La primera etapa era realizada por 20 personas que talaban la madera de bosques que no cuentan con concesión o permiso forestal otorgado por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto. La tala se realizaba principalmente en las márgenes de los ríos Curaray, Arabella y Mazán en Loreto.

La madera de origen ilícito extraído era transportado a los aserraderos ubicados en el distrito de Mazán, en la provincia de Maynas, donde otros integrantes de la organización cumplían la función de "coordinadores de aserraderos" y se encargaban de recibir, acopiar y custodiar la transformación del producto forestal maderable. El documento fiscal asevera que los dueños de los aserraderos eran informados por los coordinadores del origen ilícito de la madera.  

Los coordinadores también se encargaban del transporte fluvial de la madera a la ciudad de Iquitos con conocimiento de los trabajadores del Puesto de Control de Mazán de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre de Loreto, responsables de fiscalizar el origen y trazabilidad del producto forestal maderable, de acuerdo al expediente fiscal. A cambio de coimas, este personal omitió cumplir sus obligaciones. Asimismo, los funcionarios proporcionaban documentación administrativa (guías de transporte forestal y resoluciones) con información falsa respecto a que el producto procedía de lugares concesionados.

Cuando el producto forestal llegaba a los puertos de Yurimaguas o Pucallpa, los coordinadores de puerto o despachadores lo recibían y aceleraban su inspección con complicidad de algunos funcionarios de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali. Estos últimos proporcionaban la documentación administrativa exigida para que se autorice el despacho del producto forestal maderable a otros territorios.

Luego, las empresas de fachada simulaban la compra del producto forestal maderable para que sean comercializados y los transportistas con los que trabajaba la organización criminal se encargaban de su traslado por vía terrestre a la ciudad de Lima.

Todas las acciones ilícitas eran ordenadas, financiadas y de conocimiento de la cabecilla de la organización criminal Elizabeth Lazares De La Cruz, alias ‘La Dura’, y de Luisa Mercedes Cuadros Alcántara, segunda en el mando del grupo criminal, señala la Fiscalía. 

COSTO. La Fiscalía estima que cada embarcación con madera ilegal estaba valorizado en S/2 millones.

Foto: EIA / Archivo

Sin competencia del Serfor

Gran parte de la madera extraída por la organización criminal Los Duros del Amazonas es proveniente del distrito de Mazán, que tiene una superficie de 9.884,28 km2 y 14.900 habitantes. Según la Fiscalía, cada embarcación fluvial de producto forestal maderable  transformado de origen ilícito estaría valorizada en un aproximado de S/ 2 millones.

“Mazán es una de las principales cuencas del negocio forestal en Loreto, de donde se extrae legalmente 144.000 metros cúbicos de madera al año”, indicó a OjoPúblico el gerente regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (Gerfor) Loreto, Óscar Llapapasca Samaniego. 

El funcionario se mostró en contra de la detención preliminar de tres de los trabajadores de la Gerfor Loreto: Loreto Víctor Aldo Rodríguez Flores (33), Roy Rosales Fatama (42) y Cynthia Roxana Machoa Conde (37), acusados por la Fiscalía de emitir documentos de gestión forestal (guías de transporte forestal, resoluciones y otros) con información falsa para justificar el origen ilícito de la madera de la empresa de Elizabeth Lanzares y por no cumplir con sus labores de fiscalización como funcionarios públicos.

El distrito de Mazán, en la provincia de Maynas, es una de las principales cuencas del negocio forestal en Loreto.

“Criminalizan el trabajo del [ingeniero] forestal en vez de perseguir a los ilegales del narcotráfico y de la minería ilegal que deforestan sin control”, dijo Llapapasca Samaniego. Sin embargo, de acuerdo a la fiscalía de delitos ambientales hay evidencias concretas que sí los incriminan.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre transfirió –como parte de la descentralización– sus competencias a los gobiernos regionales de Tumbes, La Libertad, Huánuco, Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

Al respecto, Luis Gonzales-Zúñiga –jefe del Serfor que fue retirado irregularmente por el gobierno anterior y que el Poder judicial ha ordenado su reposición–  explicó que transferir estas competencias a los gobiernos regionales ha generado un debilitamiento institucional y disminuido los controles para evitar la corrupción de funcionarios.

“Es más fácil corromper a un funcionario local que a funcionarios nacionales. El tráfico de madera en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios tiene la participación de funcionarios locales y esto obedece a la falta de mejoras en la política forestal”, anotó.