Luego de que las fiscales Zoila Rodulfo Castillo y Nelly Colque Valdivia Mamani fueran detenidas por sus vínculos con la presunta organización criminal “Los hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico de madera en Madre de Dios, hace unos días fueron liberadas. El juez Paul Esteban Campos Díaz, de la Sala Penal de Apelaciones de Tambopata, varió la situación legal de las funcionarias y ordenó que siguieran el proceso con comparecencia restringida.

La investigación de la Fiscalía Superior Penal de Madre de Dios señala que los tramitadores (personas que obtienen documentos para el transporte de madera ilegal), sobornaron a ambas funcionarias a cambio de la devolución del cargamento incautado. Ambas son acusadas de los delitos de cohecho pasivo, tráfico ilegal de productos forestales y organización criminal; pues en más de una ocasión, según la investigación fiscal, ordenaron la liberación de madera decomisada por su procedencia ilegal, archivaron procesos penales y omitieron realizar investigaciones por tráfico de madera.   

Las fiscales Colque Valdivia Mamani y Rodulfo Castillo son investigadas por casos vinculados a minería ilegal.

Pero esta investigación no es la primera contra ambas fiscales. OjoPúblico accedió a información oficial e identificó que, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el Ministerio Público inició otras cuatro investigaciones contra las funcionarias por haber falsificado actas de intervención a mineros ilegales, con el objetivo de obtener penas más benignas para los procesados.

De las cuatro investigaciones, dos están por concluir la etapa preliminar. “[En ] las otras dos se han elevado los informes a la Fiscalía de la Nación, para que autorice el inicio de la acción penal”, explicó el fiscal superior Octavio Ramos Pacompía, de la Fiscalía Superior Penal de Madre de Dios. Este medio intentó comunicarse con la Fiscalía de la Nación para conocer el estado de las investigaciones, sin embargo al cierre de este artículo no obtuvo respuesta. 

La conexión con la minería ilegal

La primera investigación contra las fiscales comenzó en diciembre de 2018 y señala que durante un operativo contra la minería ilegal, realizado en julio de ese año en La Pampa -zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata-, Rodulfo Castillo y Colque Valdivia Mamani detuvieron a dos personas en flagrancia del delito, cuando realizaban actividades de minería ilegal. Sin embargo, fueron sentenciadas por tentativa de delito. 

En aquella época, ambas funcionarias trabajaban en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios: Rodulfo Castillo como fiscal provincial y Colque Valdivia Mamani como fiscal adjunta. La carpeta fiscal, a la que accedió OjoPúblico, indica que Colque Valdivia Mamani elaboró dos actas, con diferencia de media hora. En la segunda, alteró los hechos y consignó que los detenidos realizaban preparativos para la extracción ilegal de oro. Es decir, cambió la figura de flagrancia por tentativa, lo que significaba una reducción de la pena.  

Dos días después de dicha diligencia -con el acta cambiada-, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos Ambientales de Tambopata sentenció a cuatro años de pena suspendida a los detenidos Edu Ccallo Mamani y David Mozo Cebrián. Si la fiscal no hubiera cambiado la figura, ambas personas hubieran recibido penas efectivas de entre ocho y diez años, tal como establece el código penal peruano por el delito de minería ilegal. 

IMPUTADA.  La fiscal Nelly Colque Valdivia Mamani es investigada por duplicar actas de intervención para favorecer a mineros ilegales en Madre de Dios.

Foto: Captura de la carpeta fiscal

IMPLICADA. La fiscal Zoila Rodulfo Castillo también es investigada por favorecer a mineros ilegales en Madre de Dios.

Foto: Captura de carpeta fiscal

Las alteraciones en las actas de intervención también se observaron en otros tres operativos contra la minería ilegal realizados entre julio y setiembre de 2018 en La Pampa y en los distritos de Tambopata e Inambari, que motivaron tres nuevos procesos de la Fiscalía Superior de Madre de Dios contra las fiscales Colque Valdivia Mamani y Rodulfo Castillo. 

Uno de esos operativos se realizó a fines de agosto de 2018 en el sector de Puerto Arturo, ubicado a la margen derecha del río Madre de Dios, en el distrito de Tambopata. Las fiscales a cargo de la diligencia fueron Rodulfo Castillo y Colque Valdivia Mamani, quienes intervinieron a cuatro adultos y a un menor, de 17 años, cuando realizaban trabajos de minería ilegal en la zona. En el acta de intervención precisaron que las cinco personas se encontraban en flagrancia cuando fueron detenidas. 

No obstante, la fiscal Colque Valdivia Mamani redactó una segunda acta, donde solo figuran dos detenidos y, además, cambió el delito de flagrancia a tentativa. Tres días después del operativo, Roger Emerson Villasante y Frankling Daniel Peña (entonces detenidos) fueron sentenciados a cuatro años y dos años y seis meses, respectivamente, de pena suspendida. Por este caso, se le abrió una investigación a ambas fiscales, en enero del año pasado. 

SOSPECHOSA.  La fiscal Nelly Colque Valdivia Mamani es acusada de elaborar dos actas para favorecer a mineros ilegales.

Foto: Fiscalía

A inicios de agosto de 2018 se realizó otro operativo contra la minería ilegal en el distrito de Inambari. En dicha diligencia las fiscales Colque Valdivia Mamani y Rodulfo Castillo redactaron dos actas. La primera a las 5:28 am, y la segunda a las 6:48 am. Ambas “difieren en los hechos de la intervención, el número de intervenidos, el delito y los que suscriben los documentos”, se lee en la carpeta fiscal a la que accedió OjoPúblico.

Tres días después de dicha diligencia, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Minería Ilegal de Madre de Dios sentenció a Teófilo Sallo Choqque (el único procesado por ese caso) por minería ilegal, pero en el grado de tentativa. La carpeta fiscal también señala que las dos actas del caso llevan la firma del suboficial de la policía Edgar Barrientos Sánchez. Este agente no participó en la diligencia, pero firmó los documentos en representación del coronel PNP Luis Reátegui Lazarte. Barrientos también es investigado por colaborar con la organización criminal ‘’Los hostiles de la Amazonía’’, junto a las fiscales Rodulfo Castillo y Colque Valdivia Mamani.

César Ipenza, abogado especialista en delitos ambientales, explicó a OjoPúblico que el cambio de la modalidad de flagrancia a tentativa del delito es la línea divisoria entre una prisión efectiva y la libertad; pues, en el segundo caso, el acusado puede acogerse a la figura penal de incoación de proceso inmediato y terminación anticipada, para no llegar a juicio y obtener una pena menor. Eso es lo que ocurrió, precisamente, en los casos expuestos. 

Añadió que esta práctica genera impunidad en los delitos ambientales y, al ser magistradas, “ellas tienen una responsabilidad administrativa que deberán enfrentar (...) Este caso no es usual en la fiscalía. Por eso, amerita una sanción ejemplar para que no vuelva a ocurrir ’’, dijo.  

Investigación en peligro

Luego de la liberación de Colque Valdivia Mamani y Rodulfo Castillo, el fiscal a cargo del caso, Ramos Pacompía, presentó un recurso de apelación, pues considera que “el juez no ha valorado algunos elementos, como el peligro latente de que las fiscales obstaculicen la investigación”. 

En la audiencia de prisión preventiva, el domingo 20 de setiembre, el fiscal Ramos Pacompía detalló que hacía 18 días la fiscal adjunta Nohelia Anaya Holgado, de la FEMA de Madre de Dios, denunció la pérdida de la carpeta fiscal 278-2018. En esta se investigaba a Olga Añamuro de Tito, una de las principales comercializadoras de madera ilegal, que -según las indagaciones- habría comprado los muebles para la fiscal Zoila Rodulfo Castillo a cambio de que la funcionaria libere madera incautada de su propiedad. Ahora, el Ministerio Público está reconstruyendo esa carpeta. 

El fiscal Ramos Pacompia alertó que, con la liberación de ambas fiscales, la investigación que él dirige corre peligro, pues ambas pueden desaparecer evidencias y obstaculizar el proceso. Y reveló, además, que también ha desaparecido documentación de los puestos de control de la Policía Nacional del Perú. 

El fiscal Ramos alertó que, con la liberación de ambas fiscales, la investigación que él dirige corre peligro.

"Cuando fuimos a los puestos de control de Planchón, distrito Las Piedras, así como a las oficinas de la Divincri y de la Policía Ambiental para recabar información relacionada con el tráfico de madera; y también a la Gerencia Forestal, nos dimos cuenta que los documentos de liberaciones o devoluciones de madera ya no estaban (...) Solo hallamos algunos documentos, que no tienen vinculación con la organización criminal. Aquellos donde se probaba la vinculación ya no están", denunció.

Según la investigación de "Los hostiles de la Amazonía", ambas fiscales facilitaban la comisión de actos ilícitos y comunicación con los tramitadores, liberaban vehículos y madera incautada y archivaban los casos; además de brindar información sobre el estado de las investigaciones a los miembros de la presunta organización criminal. 

COMUNICACIONES. Las diligencias de"Los hostiles de la Amazonía" señalan que la fiscal Zoila Rodulfo Castillo hizo varias llamadas a presuntos miembros de dicha red. 

Foto: Captura de carpeta fiscal

Las pesquisas señalan que la fiscal Zoila Rodulfo Castillo tuvo 40 comunicaciones telefónicas con Edith Huaricancha Arenas, una de las principales tramitadoras conocida como ‘’Yayita’’, liberada el pasado 7 de setiembre. Asimismo, habló veinte veces con el jefe del Departamento Policial de Medio Ambiente, Hugo Florian Pretel; y tres veces con Robert Nishida, exgerente forestal y otro de los investigados en libertad. 

Fiscales cesadas de sus  cargos

El pasado 10 de setiembre, la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de Colque Valdivia Mamani, como fiscal adjunta provincial provisional. Su colega Zoila Rodulfo Castillo también fue separada de su cargo en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y citada para brindar declaraciones en la Oficina de Control Interno.

El congresista Alberto De Belaunde, presidente de la Comisión de Cambio Climático del Congreso de la República, señaló que las amenazas contra los defensores ambientales están vinculadas directamente con la minería ilegal y el tráfico de madera. “Son  economías ilegales que han permeado la política, han entrado en el sistema de justicia como podemos ver en este caso; y que están en diferentes espacios del Estado peruano’’, dijo.  

Añadió que el Estado tiene la urgente necesidad de desarticular estas mafias en todos los niveles. “Espero que la Junta Nacional de Justicia revise este tipo de situaciones y ayude a desarticular estas mafias”, explicó a OjoPúblico. 

En 2016, Demetrio Pachecho, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y padre de Roberto Carlos, líder ambiental asesinado el 11 de setiembre pasado, presentó -junto a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)- una denuncia por tala y quema de árboles en su concesión. El área, ubicada en el kilómetro 70 de la carretera Interoceánica Sur, funciona como zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. No obstante, su denuncia llegó al despacho de la fiscal Zoila Rodulfo Castillo, actualmente investigada por colaborar con “Los hostiles de la Amazonía”. 

La Corte de Justicia de Madre de Dios aún no ha definido la fecha para la audiencia de apelación presentada por el fiscal Octavio Ramos Pacompia, donde se evaluará el retorno a prisión de las fiscales Rodulfo Castillo y Colque Valdivia Mamani. La defensa de este pedido estará en manos del fiscal supremo Washington Luza Chullo, presidente de la junta de fiscales de Madre de Dios.