Ucayali. Luego de más de cinco años de investigación fiscal por el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, recién este 5 de marzo comenzará -si es que no se reprograma por tercera vez- la audiencia de control de acusación contra los cinco involucrados en la masacre de los dirigentes de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en la frontera de Perú y Brasil.

Luego de analizar el expediente de la denuncia de tráfico de madera que provocó el asesinato de los líderes ashéninkas en setiembre del 2014, OjoPúblico revisó la investigación que se inició por el homicidio de los cuatro dirigentes y halló una serie de irregularidades. Hubo lentitud, cambios de fiscales y durante cuatro años la declaración de un testigo protegido clave para identificar a los asesinos no fue tomada en cuenta por el Ministerio Público.

Desde que comenzaron las investigaciones por el asesinato el 2014 a la fecha, el caso transitó por varios fiscales: Yelca Ayala Alfaro, Eder Farfán Romero, Wilber Huamanyauri Cornelio, Julio Reátegui Urresti y Otoniel Jara Córdova. 

PENA MÁXIMA. El fiscal Otoniel Jara ha pedido 35 años de prisión contra Eurico Mapes, José Carlos Estrada, Hugo Soria y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix por homicidio calificado.

Captura: Fiscalía de crimen organizado de Ucayali

Omitieron a testigo protegido

Cinco años después del asesinato de los dirigentes, el pasado octubre del 2019, el fiscal Otoniel Jara acusó formalmente y pidió 35 años de prisión para Eurico Mapes Gómez, José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. Sin embargo, durante cuatro años el Ministerio Público no avanzó con diligencia la investigación e incluso, no tomó en cuenta la declaración del testigo protegido identificado con el código Fecor-U-001, ni profundizó en las evidencias que relató.

De acuerdo a su declaración dada en diciembre del 2015, él escuchó y vio cómo un grupo de personas planificó el asesinato de los líderes indígenas. Días previos a la masacre, José Estrada Huayta (representante de la concesión forestal Ecofusac), los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, así como Eurico Mapes Gómez se reunieron en un bar de Putaya, distrito de la provincia Masisea, en Ucayali. En la misma declaración, el testigo detalla los seudónimos y nombres de los que -según él- se dirigieron a asesinar a los dirigentes: Sequiño', 'Cleyson', José Quispe Palomino, 'Shihuango', 'Nego', 'Pachito', 'Turico', 'Zuleyi', 'Gringasho', Segundo Atachi, Josimar Atachi, Olais Mapes, José Estrada Huayta.

A pesar de la existencia de estos nombres y de que la policía los había identificado el 2017, el entonces fiscal Julio Reátegui Urresti no profundizó en las indagaciones, y en su momento excluyó a cuatro investigados. El testimonio solo fue tomado en cuenta recién en octubre del 2019, cuando Otoniel Jara acusó a cinco presuntos asesinos.

SOSPECHOSOS.
De acuerdo a la versión del testigo protegido, 13 personas participaron en los asesinatos de los dirigentes de Saweto.

Captura: Fiscalía de crimen organizado de Ucayali.

El testigo también relató que ese día José Estrada les dijo a sus trabajadores que había llegado para resolver un "problema" porque Edwin Chota "tenía pensado denunciar la tala ilegal ante autoridades brasileñas".  

Ese mismo día Chota estuvo en el mismo lugar donde se encontraba Estrada. Se cruzaron y este lo amenazó: “¿Quieres que te vuele los sesos?”, terminó por decir José Estrada al líder ashéninka, según el relato del testigo, quien aseguró haber estado en una mesa al lado de donde ocurrieron los hechos descritos.

Polémicas decisiones

El fiscal Julio Reátegui no tomó en cuenta la declaración del testigó y luego en abril del 2018 excluyó del proceso a cuatro de los cinco investigados. Solo presentó cargos contra Eurico Mapes. Entre los argumentos planteados por Reátegui para retirar de la acusación a José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, están que contra el empresario maderero José Carlos Estrada Huayta (acusado por el testio) no habían elementos “incriminatorios” porque -según él- solo era dueño de Eco Forestal Ucayali SAC. 

POLÉMICA. El fiscal Julio Reátegui consideró en la etapa intermedia que no existían elementos incriminatorios contra cuatro de los cinco investigados. 

Captura: Fiscalía de crimen organizado de Ucayali.

La decisión del fiscal Reátegui también favoreció a Hugo Soria Flores. No lo incluyó entre los acusados a pesar de que en un acta fiscal del 2013, Edwin Chota lo acusó directamente de haberlo amenazado. Le dijo: “un sawetino va a morir”. El mismo fiscal indicó que durante la investigación no se había podido demostrar que Soria estuviera en Saweto cuando ocurrieron los asesinatos, ni que hubiera tenido contacto con Eurico Mapes Gómez. 

Para el caso de los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, Reátegui señaló que tampoco tenían indicios o elementos para formular la acusación. De acuerdo a la defensa de los familiares de las víctimas, el abogado Óscar Romero, la fiscalía no presentó argumentos sólidos para excluir del proceso a los hermanos Atachi Félix, denunciados por Chota. 

Consultado sobre por qué no tomó en cuenta la declaración del testigo protegido, el ahora exfiscal Julio Reátegui dijo a OjoPúblico que los testimonios de un testigo protegido "no tienen validez de acuerdo al código procesal penal", que en su acusación tomó "líneas generales" de la declaración y que no se pudo identificar a todas las personas señaladas. 

La decisión de Reátegui para solo acusar a Eurico Mapes fue cuestionada duramente por los familiares. El abogado de las víctimas, Óscar Romero, presentó en ese momento una queja y en noviembre del 2018 les dieron la razón. El titular de la segunda fiscalía penal de Ucayali, Luis Jara Ramírez ordenó que otro fiscal realice una nueva acusación contra los investigados y nombró a Otoniel Jara Córdova. 

Reátegui Urresti dejó de ser fiscal en noviembre del 2019. En la resolución publicada en el diario "El Peruano" se indica que dejó sus funciones “sin perjuicio de las acciones legales pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite”. En la entrevista con OjoPúblico, sostuvo que el caso Saweto “no se puede ganar”, porque no cuenta con "pruebas científicas que determinen quién ha matado a esas personas" y dijo que los hoy acusados van a ser absueltos.

Sobre las demoras en el proceso comentó que las autoridades judiciales "patean el expediente" porque tienen la idea de que “si (el caso) se va a archivar, que lo archive otro”.

Búsqueda pendiente

A la lentitud del proceso penal para hallar a los responsables de la masacre de Saweto, se suma la inacción del Estado para hallar e identificar a dos de los dirigentes que no fueron encontrados.

Los cuatro líderes indígenas fueron masacrados el 1 de setiembre del 2014, en la frontera con Brasil, y 20 días después de búsquedas por aire y tierra, fueron halladas las prendas y pequeños restos oseos de Edwin Chota y Leoncio Quintísima. A Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, nunca los encontraron porque el gobierno suspendió la búsqueda.

El actual fiscal del caso Otoniel Jara Córdova ha recomendado la búsqueda e identificación de los restos que faltan. Menciona que existen partes óseas incompletas, que fueron recuperadas en las primeras intervenciones y que podrían pertenecer a Jorge Ríos. La solicitud responde a los reiterados pedidos de Diana Ríos Rengifo, hija de Jorge Ríos. “Hay un cuerpo que no ha sido identificado. No sabemos dónde lo dejaron, ni en qué quedó”, dijo a OjoPúblico. Y es que cinco años después de la recuperación de estos, el Ministerio Público aún no realiza las pruebas de ADN que Diana Ríos tanto reclama para poder sepultar a su padre.  

PENDIENTE. En la acusación de octubre del 2019 se incluyó como recomendación que continúe la búsqueda de los restos óseos de Francisco Pinedo y Jorge Ríos.

Captura: Fiscalía de crimen organizado de Ucayali.

OjoPúblico preguntó al Ministerio del Interior por qué ordenaron la suspensión de la búsqueda de los cuerpos de Jorge Ríos y Francisco Pinedo, pero nunca atendieron el pedido.

Los acusados

Antes de ser asesinados, los dirigentes de Saweto denunciaron -como informó OjoPúblico en una reciente publicación- la tala ilegal en áreas que reclamaban como suyas. Dentro del expediente de la fiscalía ambiental de Ucayali, los nombres de Eurico Mapes Gómez así como de los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix se repiten de manera constante. 

También se incluyó a los madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, este último socio fundador de Eco Forestal Ucayali SAC. Hoy todos ellos afrontan además un pedido de 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado contra los dirigentes de Saweto.

En la acusación presentada por el fiscal Jara Córdova en octubre del 2019, Flores Soria ha sido considerado como autor intelectual del crimen de los dirigentes ashéninkas. 

Otro de los acusados de ser el autor intelectual es José Carlos Estrada Huayta, fundador de Eco Forestal Ucayali SAC. De acuerdo a la hipótesis fiscal, Estrada Huayta ordenó el asesinato de Chota porque “ponía en riesgo sus actividades para seguir talando árboles más allá de los límites de su concesión”, se lee en el requerimiento de acusación fiscal al que accedió OjoPúblico. 

El 19 de junio del 2014, como parte de las investigaciones en la segunda fiscalía ambiental, el empresario maderero brindó su declaración ante Patricia Lucano Gómez, entonces a cargo de las pesquisas. En su testimonio, confirmó que conocía a Eurico Mapes Gómez. Sobre Segundo Atachi Feliz indicó que lo unía un “grado de amistad” y a su hermano, Josimar Atachi Félix, lo conocía “vista”. 

REVELACIÓN. En la declaración del testigo protegido se mencionó la participación de los hermanos Atachi Félix y José Estrada en los asesinatos de los dirigentes de Saweto. 

Captura: Fiscalía de crimen organizado de Ucayali. 

Los otros tres investigados Eurico Mapes Gómez y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, son acusados de haber perseguido a los dirigentes ashéninkas para torturarlos y asesinarlos con cuchillos y escopetas en la zona denominada Varadero de Cañaña.

Mapes Gómez también participó en diligencias como investigado por el delito de tráfico de madera en la fiscalía ambiental de Ucayali. En una primera citación, realizada el 15 de mayo del 2013, dijo que vivía a hora y media de Saweto, pero al ser consultado sobre documentos que acrediten la posesión del lugar donde residía indicó que recién iba a iniciar sus “trámites”. 

En una segunda declaración del 3 de octubre del 2014, ya investigado por los asesinatos, Mapes Gómez respondió con un "no voy a declarar" a las 21 preguntas de la fiscalía ambiental. A la cita lo acompañó su abogado Luper García Sandoval.

Ojo-Publico.com revisó los registros migratorio y encontró que José Carlos Estrada Huayta quien tuvo como último destino Colombia, entre el 1 y 15 de julio del 2016.

Para Óscar Romero, abogado de las víctimas, una sentencia contra los acusados puede representar un precedente para casos en los que está en riesgo la vida de defensores ambientales. “No solo sería hacerle justicia a las comunidades, sería emblemático para la administración de justicia de Perú y otros países”, señaló a OjoPúblico.