En julio del 2020, durante la primera ola de la pandemia, la Defensoría del Pueblo registró un conflicto social en el distrito de Puinahua, en Loreto. En este municipio, un grupo de comunidades kukama kukamiria reclamaban la titulación de sus tierras y el cumplimiento de un incentivo económico de la compañía PetroTal. Sin embargo, menos de un mes después de los reiterados pedidos, tres indígenas murieron por proyectiles de armas de fuego durante la represión de la policía que custodiaba el lote petrolero. 

A la fecha no hay responsables por las muertes, y, cerca de tres años después de las manifestaciones en el lugar, tampoco se ha aprobado la titulación de ninguna de las 12 comunidades que pertenecen al municipio de Puinahua. Lo único constante han sido los reportes oficiales donde mes a mes se indica que las exigencias en este territorio continúan sin avances ni salidas para su resolución. 

En el caso de las cinco regiones que componen la Amazonía, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado 62 conflictos sociales —el 23,5% del total del país y la mitad ubicados en Loreto— desarrollados en tres etapas: activos, latentes y en observación. Del total identificado en territorio amazónico, cerca del 60% corresponden a temas socioambientales, vinculados a operaciones petroleras, la minería ilegal o el tráfico de madera. 

Estas y otras actividades ilícitas han impactado en la pérdida de bosques amazónicos. De acuerdo a las cifras del Ministerio del Ambiente, —solo en 2021— Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali agruparon el 70% de toda la deforestación del país. 

OjoPúblico también conoció que el recuento de la Defensoría del Pueblo responde a situaciones donde la disputa se encuentra en curso y, en la mayoría de los casos, no forma parte de un proceso judicial. 

Por este motivo, en las publicaciones más recientes no se incluyen casos emblemáticos donde existió una disputa entre comunidades y el sector privado como la denuncia de la comunidad Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, contra empresas que iniciaron el cultivo y extracción de palma aceitera; o algunos miembros de la localidad de Tamshiyacu, en Loreto, quienes denunciaron el despojo de sus tierras para dar paso a la cosecha de cacao. 

Hidrocarburos y contaminación en Loreto

Sobre sus casi 370.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que la convierte en la región más extensa del Perú, Loreto no solo registra gran cantidad de bosques sino también el mayor número de conflictos sociales en territorio amazónico. El último boletín de la Defensoría del Pueblo indica que tiene 31 disputas y el 70% de ellas corresponden a hechos vinculados al sector petrolero, una industria que tiene más de cincuenta años de operaciones. 

Entre los conflictos relacionados al campo de hidrocarburos, el 90,9% corresponde a hechos donde se encuentran involucrados Pluspetrol y PetroPerú. La última, de propiedad del Estado peruano y con más de medio siglo de operaciones, está incluida en la situación más antigua registrada como activa en esta región. En 2015, distintas organizaciones indígenas demandaron un proceso de consulta previa frente a un nuevo contrato para la exploración y explotación del Lote 192, el yacimiento petrolero más grande del país. 

La Defensoría ha contabilizado 62 conflictos sociales en la Amazonía, el 23,5% del total del país y la mitad ubicados en Loreto. 

Ocho años más tarde, en febrero pasado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que Perupetro estará a cargo de explotar el Lote 192, por un período de 30 años. Sin embargo, posterior a este anuncio y según el reporte de la Defensoría, diferentes organizaciones indígenas se mostraron en contra de la reactivación de las operaciones debido a que estaba pendiente la remediación ambiental en algunos puntos, además de otros compromisos asumidos por el Estado peruano en el proceso de consulta previa, culminado en 2021. 

A la fecha, y desde 2016, Petroperú también está implicado en otros siete conflictos por la falta de atención a derrames en territorios cercanos a comunidades indígenas. Los involucrados solicitan a la empresa estatal compensaciones e indemnizaciones, a raíz de los daños ocasionados en el vertimiento de crudo en ríos y lagunas. Más allá de lo reportado en el último informe, no hay avance en las exigencias demandadas. 

Para el caso de Pluspetrol, con actividades en Perú desde 1996, las disputas declaradas hacen referencia a la falta de atención requerida por el presunto impacto ambiental de las operaciones petroleras en el lugar. La más antigua data de 2016, cuando federaciones indígenas protestaron por derrames en el oleoducto norperuano y el impacto ambiental de la actividad petrolera en los lotes 8 y 192, entonces a cargo de Pluspetrol. 
 

ALERTAS. En la región Loreto, la actividad petrolera ha generado denuncias de las comunidades por la presunta contaminación de sus fuentes de agua. 

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro. 

En otros de los conflictos declarados, las organizaciones denunciantes solicitan la presencia del Estado para la instalación de una mesa de diálogo intercultural para analizar y tomar medidas respecto a un derrame de hidrocarburos del oleoducto Corrientes – Saramuro, ocurrido en junio último. Los pedidos a Pluspetrol tienen una antigüedad más allá de los recientes desastres alertados. 

En 2020, con el inicio de la pandemia y como reportó OjoPúblico, representantes indígenas presentaron una queja ante el Punto de Contacto Nacional con la OECD del gobierno de Países Bajos para que la empresa se haga responsable de los daños ambientales generadas cuando la compañía estaba a cargo del Lote 192, entre el 2000 y 2015. Poco más de un año después, se admitió la queja presentada y se encuentra pendiente de resolución. 

Además de las disputas vinculadas al sector hidrocarburos, en esta región también se registraron conflictos relacionados a la falta de atención del gobierno regional en el sector educativo, infraestructura y fallas en el servicio de electricidad, proporcionado por la compañía Electro Oriente SAC. 

Mientras que —todavía como una alerta en observación— se reportó las actividades de mineros ilegales en zonas limítrofes de Perú y Colombia. Este sector extractivo, a diferencia de Loreto, ha tenido mayores disputas en otros territorios amazónicos que carecen de una presencia constante del Estado. 

Javier Caravedo Chocano, director de la asociación ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, indicó a OjoPúblico que los conflictos en la Amazonía deben ser analizados desde dos miradas: una "estructural" para el papel que tienen las autoridades del Estado y otra vinculada "a la dinámica" y contexto que hay en estas zonas del país. 

El especialista también dijo que los conflictos siempre van a estar presentes debido a que surgen como parte del "movimiento y cambio" en las sociedades, pero suelen ser vistos como situaciones de "crisis donde hay violencia". Por ello, según Caravedo, empiezan a escalar en su gravedad. "Los conflictos surgen como tensiones al interior de las sociedades, pero a partir de estas tensiones se puede procesar las contradicciones y hacer transformaciones institucionales o culturales", agregó. 
 

Minería ilegal en Amazonas y Madre de Dios
 

“Estamos arrinconados y tratando de sobrevivir porque hay bastante inseguridad. Los mineros se ríen en nuestra cara y con el Estado no se cuenta. No somos su prioridad”, relató una lideresa indígena que prefiere mantener su identidad en reserva ante las constantes amenazas que recibe.

En la región Amazonas, la minería ilegal no se detiene a pesar de las constantes alarmas que han realizado organizaciones indígenas y la nación Wampis. Los últimos se han enfrentado a la actividad extractiva e incluso destruido las embarcaciones usadas por terceros para sacar oro de la zona. Estas acciones han ocurrido mientras esperan una respuesta de las autoridades regionales y nacionales. 

Entre los 14 conflictos que tiene Amazonas, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay uno que permanece en estado activo a pesar de que ingresó como un nuevo caso en 2008. A fines de ese año, la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y comunidades indígenas awajún se opusieron a la minería ilegal, por el riesgo de contaminación en el lugar. 

Aunque han transcurrido 15 años de esta alerta, la situación ambiental no ha presentado mejoras en este territorio. El distrito de El Cenepa, donde operan los mineros ilegales, registró un aumento de 226% de pérdida de bosques, entre 2008 y 2021. En este período pasó de 103,23 a 336,51 hectáreas deforestadas. 

Otra de las disputas reportadas en esta región tuvo su inicio en 2017. En el distrito de Condorcanqui, donde se ubica El Cenepa, las comunidades del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wamis —conformado por comunidades de las cuencas Santiago y Morona— exigieron entonces que los mineros ilegales detengan sus actividades y se retiren de sus territorios. 

Seis años después, como registra la Defensoría, los pedidos para que la Fiscalía y el Ministerio del Interior aumenten sus acciones de intervención en la zona no tienen mayor avance y este conflicto tampoco registra diálogo alguno que permita su resolución. 

AMENAZAS. Desde 2008, comunidades de la nación Wampis han denunciado la presencia y hostigamiento de mineros ilegales que han llegado a sus territorios. 

Foto: Odecofroc

Siu Lang Carrillo Yap, responsable del programa amazónico de la ONG CooperAcción que trabaja en la provincia de Condorcanqui, indicó que la presencia de dragas —herramienta para extraer el oro ilegal— se han triplicado en esta zona y que esta actividad también ha generado una "situación tensa" al interior de las propias comunidades. 

Al ser consultada sobre la intervención de las autoridades en esta región, Carrillo Yap aseguró que no han tenido una respuesta favorable sumado a la alta rotación de ministros y la falta de presupuesto para financiar operativos en la zona. "Es una situación de abandono. La gente vive y se defiende como puede. Por eso los mismos dirigentes han quemado algunas de las dragas y generado más violencia", explicó.

Entre los 14 conflictos que tiene Amazonas, hay uno que permanece en estado activo a pesar de que ingresó como un nuevo caso en 2008.

Con el avance de la pandemia, como informó OjoPúblico, Amazonas incrementó los puntos donde se extrae oro de manera ilegal. Esto ocurrió a la par de que la actividad tuvo una ligera caída en Madre de Dios, el principal punto del país de actividad minera ilegal.

En esta última región, a la fecha, solo se registró un conflicto social en estado activo pero —a diferencia de las organizaciones de El Cenepa— la disputa se centra en una oposición de un grupo de la población a los operativos contra la actividad ilegal en La Pampa y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. 

A pesar de la aparente tranquilidad social en los conflictos vinculados a la minería ilegal en Madre de Dios, también han aparecido otras alertas, todavía en situación latente o en observación. Entre ellas se encuentra la disputa por ocupación de colonos sobre territorios indígenas o la reactivación de la actividad maderera —también reportado por este medio— en áreas que la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) señaló a la Defensoría que corresponden a zonas de población en aislamiento y contacto inicial. 
 

Alertas en San Martín y Ucayali
 

En las regiones vecinas de San Martín y Ucayali las disputas sociales registran problemas variados, pero en el primer caso hay una recurrencia en temas relacionados a territorios indígenas. En cinco de los diez casos, en estado activo y en observación, el centro del conflicto involucra a comunidades donde el diálogo se encuentra pendiente.

Uno de los hechos más recientes tuvo su origen en 2022 cuando la comunidad awajún de Huascayacu denunció la invasión de sus tierras y rechazó que se establezca una base de rondas campesinas, por parte de arrendatarios en el sector Sugkash. En su defensa, los denunciados señalaron que la medida permitiría dar seguridad en la zona. Hasta febrero pasado, no hubo ningún avance para resolver la disputa. 

El caso con más antigüedad en San Martín se remonta al 2019, cuando la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu declaró discrepancias internas respecto a su proceso de titulación. Un grupo pidió que se otorguen predios individuales, mientras que otro defendió que sea de tipo comunal. 

Estos desacuerdos, según la Defensoría, expone a que se desarrollen actividades ilícitas y se afecte a la población. Incluso en diciembre del 2021, como alertó el Instituto de Defensa Legal, dirigentes de la comunidad fueron amenazados de muerte por madereros ilegales que operan en el lugar. Pese a estos antecedentes y peligros, a la fecha no hay registros oficiales sobre la titulación de este pueblo kichwa.

A las disputas comunales se suman otros asuntos exigidos al gobierno regional y locales como el mejoramiento de un proyecto de agua y alcantarillado en la provincia de Tocache, la suspensión de actividades mineras en los municipios de Tabalosos y Sacanche o la reducción de precios en productos de primera necesidad. 

Por su parte, la región Ucayali consignó dos conflictos en su territorio. El más antiguo, en estado activo, inició en 2018 cuando organizaciones indígenas de la provincia de Atalaya pidieron al Poder Ejecutivo atender —entre otros puntos— los retrasos en la titulación de tierras de las comunidades, la seguridad en el lugar y la supervisión de concesiones forestales que operan en este territorio amazónico. 

PENDIENTE. Comunidades de la provincia de Atalaya, en Ucayali, exigen que el Estado priorice la titulación de sus territorios frente al avance de actividades ilegales. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 

De acuerdo a cifras del Ministerio de Cultura, en Atalaya se han titulado 126 de las 259 comunidades que se ubican en esta localidad, y desde 2018 ninguna ha completado este proceso. Además, como reveló OjoPúblico, en esta provincia tampoco hay progreso respecto al cumplimiento de objetivos de un fondo climático, suscrito en 2015 por el gobierno peruano con sus pares de Noruega y Alemania. 

Al problema de los retrasos en la titulación se suma otro conflicto en observación por la presencia de madereros ilegales en la comunidad asháninka de Sawawo Hito 40, cuyos dirigentes denuncian no haber otorgado permiso para que ingresen a su territorio, ubicado en una zona fronteriza entre Perú y Brasil. La situación ha sido reportada en reiterados pronunciamientos de las organizaciones regionales, pero sin tener la atención de las autoridades.

Aunque no se detalla en el reporte de la Defensoría, el territorio de la comunidad Sawawo Hito 40 también se ha convertido en un lugar de refugio para el crimen organizado. En agosto pasado, OjoPúblico describió la presencia de al menos cuatro líderes brasileños del Comando Vermelho —Comando Rojo, en español— en este territorio amazónico peruano. 

Una tercera disputa, compartida con la región Loreto, está relacionada al pedido de un proceso de consulta previa para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica, diseñado para facilitar el transporte y comercio entre los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. 

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca Arpasi, planteó como una posible solución para resolver conflictos dos medidas iniciales: que exista una "decisión política permanente" del gobierno para atender las distintas plataformas de diálogo y tener un "reconocimiento de actoría de los pueblos indígenas" involucrados. 

"En la Amazonía la principal organización está en los pueblos indígenas. Por lo tanto, el gobierno y el Estado lo que tienen que hacer es reconocer a los pueblos, que son los que plantean demandas y los que más afectados se ven por las actividades", finalizó.