Actualización: 20/04/21 a las 09:35 am


Una queja contra la compañía petrolera Pluspetrol, presentada por representantes de cuatro federaciones indígenas de los ríos Corrientes, Marañón, Tigre y Pastaza, de Loreto, fue aceptada por el punto nacional de contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los Países Bajos. Este despacho del gobierno holandés vela y recomienda el cumplimiento de los lineamientos de la OCDE para empresas multinacionales. También resuelve acusaciones presentadas sobre compañías específicas, como el caso de Pluspetrol. 

La denuncia, ingresada el 11 de marzo de 2020, pide que la empresa se haga responsable por los daños ambientales en los territorios ancestrales y presuntas afectaciones a la salud generadas por sus actividades en el Lote 192, entre el 2000 y 2015. En la queja también se menciona que la empresa tiene un esquema offshore en Países Bajos, empleada “para eludir el pago de impuestos”.

La aceptación de la denuncia se realiza cerca de cuatro meses después de que la empresa, con sede en los Países Bajos, anunció un proceso de liquidación y posterior abandono en la remediación de sitios contaminados en tierras indígenas de la Amazonía peruana, situación alertada por la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo en febrero pasado. 

PLUSPETROL. El Edificio Baxter está ubicado a pocos minutos del centro de Ámsterdam, donde está la matriz holandesa de la petrolera que operó el Lote 192.

Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral
 

A la fecha, el Ministerio de Energía y Minas también tiene en curso la revisión de la última versión del Plan de Abandono presentado por Pluspetrol a fines de 2019, y cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas de acuerdo al área de prensa del sector.

Entre junio y julio de 2020, la compañía petrolera respondió a la oficina del gobierno holandés a cargo del caso y expresó su interés por cooperar en el procedimiento iniciado en territorio europeo. 

Sin embargo, de acuerdo con la aceptación de la queja a la que accedió OjoPúblico, la firma indicó que “las cuestiones planteadas por los reclamantes han sido -y son actualmente- objeto de procedimientos (legales) en Perú” en referencia a los expedientes judicializados del sector ambiental. En otro punto de la comunicación respondida a Holanda, Pluspetrol también señaló que las directrices de la OCDE “no sustituyen a la legislación nacional peruana, ni se debe considerar que anulan la legislación nacional”. 

Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), señaló a OjoPúblico que la respuesta de Pluspetrol refleja el desinterés por el tema. “Nos preocupa que la empresa no quiera dialogar. No le interesa sentarse con los representantes de los pueblos originarios. Tampoco ha tenido ninguna comunicación con nosotros”, dijo. 

La denuncia fue presentada por la Federación Indígena Quechua del Pastaza, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes, la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos Perú Ecuador, y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca. Además, contó con el apoyo técnico de Perú Equidad, Oxfam Perú y el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), esta última con sede en los Países Bajos.

El punto de contacto holandés ahora iniciará una investigación interna sobre el caso, para emitir una declaración final en un plazo estimado de tres a cuatro meses, según indicaron los abogados que siguen el proceso en Holanda y Perú. 

“De acuerdo con el procedimiento, se examinará las cuestiones planteadas y se podrá proporcionar recomendaciones sobre el cumplimiento de las directrices [de la OCDE]. Y se completará el procedimiento emitiendo una declaración final, que publicará en el sitio web”, finaliza el documento.
 

Comportamiento empresarial
 

Pluspetrol, según la queja entregada al gobierno holandés el año pasado, no realizó “una debida diligencia ambiental”, que ha generado y contribuido de manera significativa a los impactos ecológicos negativos, que además no han sido remediados por la compañía. La empresa con sede en Ámsterdam tampoco realizó este mismo procedimiento para prevenir un impacto en los derechos humanos de las poblaciones indígenas que viven en las inmediaciones del actual Lote 192, en la región Loreto. 

Respecto al presunto impacto ambiental por las operaciones petroleras, la compañía señaló que, cuando se hizo cargo de las actividades, en el año 2000, el Lote 1AB se encontraba “muy contaminado” y que el gobierno peruano tenía el “control total y autoridad de supervisión”. Pero que, al finalizar las actividades de la empresa antecesora de Pluspetrol -con operaciones entre 1971 y 2000-, se “le permitió salir del país sin haber restablecido la situación ambiental, a pesar de que provocó un severo impacto”. 

Sin embargo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) detectó, en un proceso sancionador iniciado en 2016, que la compañía no incorporó un total de 1.199 sitios contaminados en una segunda versión de su Plan de Abandono. El OEFA también ha iniciado 115 procesos administrativos contra Pluspetrol, por sus actividades en la concesión del Lote 192, y en sus otras dos inversiones en el país: el lote 8, en Loreto, y el 56, correspondiente al Consorcio Camisea, en Cusco. 

OXIDADAS. En los alrededores de la carretera comunal las tuberías desgastadas e inoperativas recuerdan la remediación pendiente de Pluspetrol.

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro
 

La denuncia presentada por las federaciones indígenas de Loreto indica, asimismo, que la empresa utiliza “una estructura corporativa artificial”, que es encabezada por una matriz en la capital de los Países Bajos (Ámsterdam) y sociedades offshore en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Luxemburgo. Según el documento, estas estructuras que incluyen “empresas de buzón” -denominadas de este modo porque no registran empleados- suelen ser utilizadas “para eludir el pago de impuestos”.

La compañía, en su respuesta enviada a Holanda a mediados del año pasado, indicó que no publicar información sobre su política fiscal no significaba que no la tuviera, y que cooperan con las autoridades del sector en todos los territorios donde operan. “El grupo no divulga cierta información confidencial al público por razones de competitividad, pero cumple con todas las leyes sobre documentación y divulgación frente a todas las autoridades gubernamentales”, señaló. 

OjoPúblico se contactó con la compañía petrolera para consultarle más detalles sobre la queja y las medidas que tomará sobre este caso en los próximos meses, Pero el área de prensa de Pluspetrol indicó vía correo electrónico que "la empresa no se pronunciará al respecto".