La hoja de coca se está expandiendo durante los últimos años en territorios de la Amazonía, causando deforestación y violencia. Este es el caso de la comunidad Flor de Ucayali, parte de la cuenca cocalera de Callería, en la región Ucayali, en donde se registraron 1.047 hectáreas de hoja de coca en el 2018. Dos años después, solo esta comunidad perdió 240 hectáreas de sus bosques por actividades ilegales, según la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Además, la policía ha identificado que en toda la región existen 46 pistas clandestinas de aterrizaje que usa el narcotráfico, de las cuales 13 se encuentran en territorios indígenas. 

Frente al avance de los cultivos ilegales de hoja de coca y el narcotráfico, Saul Martínez Guimaraes, coordinador de los monitores ambientales de Flor de Ucayali, confiesa que tiene miedo de caminar con libertad en el territorio de su comunidad. Desde junio del año pasado, junto a otros líderes recibe amenazas por denunciar ante el Ministerio Público a los invasores que han deforestado los bosques.

“Los ataques y amenazas son constantes, que hasta nuestros niños lloran cuando salimos de casa, piensan que no regresaremos, que nos matarán como ha sucedido en otras comunidades”, contó Martínez Guimaraes a OjoPúblico. Su comunidad alberga a 120 familias del pueblo shipibo-konibo y cuenta con título de propiedad desde 1987. Sin embargo, el difícil acceso a este territorio y la falta de la presencia policial ha facilitado la expansión de cultivos de hoja de coca ilegal que abastecen al narcotráfico. 

Desde hace años, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —que representa a 1.809 comunidades indígenas— denuncia el avance de los cultivos de hoja de coca sobre sus territorios porque aumenta la criminalidad contra los defensores de la Amazonía.

En los últimos cuatro años, en las cuencas cocaleras del Valle río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Pichis-Palcazu-Pachitea, Putumayo, Bajo Amazonas e Inambari-Tambopata las hectáreas de hoja de coca ilícita se han ampliado y han incrementado la violencia en los territorios indígenas. El 2020 seis defensores ambientales fueron asesinados en Perú, de los cuales cuatro eran indígenas que habían recibido amenazas de presuntos narcotraficantes. 

Al otro lado, en los Andes y la ceja de Selva, las cuencas cocaleras agrupadas en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú se alistan para renovar sus cuadros dirigenciales y preparan una propuesta de proyecto de ley para realizar un censo nacional de productores e industrializar la hoja de coca.

Dentro de las organizaciones en las cuencas, la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (Fepcacyl) ha sido históricamente la más proclive al diálogo con las autoridades y sus principales demandas se centran en la reestructuración de la Empresa Nacional de Coca (Enaco), pidiendo el cambio de los directivos para mejorar el trato a los campesinos e implementar políticas de ampliación de cultivos bajo el control de esta entidad. 

"Nosotros defendemos la hoja de coca en su estado natural, no con estupefacientes, eso es ir contra nuestra tradición”, indicó a OjoPúblico Sergio Sota Villena, secretario general de la Fepcacyl. Esta organización agrupa a 13.000 agricultores que en promedio siembran una hectárea de hoja de coca por familia y más del 95% de su producción es destinada a Enaco, según Sota Villena.

Aidesep denunció el avance de los cultivos de hoja y la criminalidad contra los defensores de la Amazonía".

Respecto a la demanda de la Fepcacyl, Rubén Vargas, presidente del directorio de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), informó que están trabajando en un proceso de reforma para convertir a la empresa estatal en una institución supervisora que acompañe el control del producto de la hoja de coca. “Buscamos que el productor legal esté identificado con un carnet biométrico para conocer cuánta coca cosecha por temporada y evitar que llegue al comercio informal”, explicó. 

La Fepcacyl también pide una nueva tarifa de precios para la hoja de coca que compra la compañía a fin de transformarla en productos que van al  mercado legal, señaló el exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nicolás Zevallos Trigoso.

El precio actual de la arroba de coca (11 kilos) que paga Enaco es de S/100 la primera (mejor calidad), S/80 de segunda y S/70, la tercera. Los productores de Cusco venden entre 15 a 20 arrobas por familia en las mejores temporadas y entre dos a cinco arrobas en temporadas bajas, refirió Lucha Paucar Ríos, exdirigenta de Fepcacyl. Por tanto, sus ingresos, solo tomando en cuenta el precio de la coca de mejor calidad, oscilarían entre los S/500 a S/2.000, dependiendo de la temporada. La hoja de coca tiene tres temporadas de producción al año.

A diferencia de lo ocurre en algunos sectores del Cusco representados en la Fepcacyl, en Huánuco, Puno y en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem) se siembran más de 10 hectáreas por productor. Esta hoja de coca no pasa por el control de Enaco y, en su mayoría, va al narcotráfico que paga entre S/12 a S/28 por kilos dependiendo del territorio. 

El estudio Demanda de la hoja de coca para uso tradicionales e industriales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que en el Perú 5'947.034 de personas adquirieron hoja de coca para el consumo tradicional en el 2019 consumiendo un total de 10.691 toneladas. Por su parte, Enaco compró 274 toneladas de hoja de coca en el mismo año y que, en su mayoría, se destinaron para transformarlas en medicamentos, licor, caramelos e infusiones. 

El consumo tradicional representa solo el 11% de las 88.000 hectáreas de hoja de coca que el 2020 se cultivaron en el Perú, según el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de las Drogas de la Casa Blanca. 

CONTRASTES. El uso tradicional de la hoja de coca es arraigado en los Andes; en cambio, en la Amazonia se le ve como un peligro por la expansión del narcotráfico.

Foto: Andina

La hoja de coca está vinculada a la cultura andina desde la época incaica a través de rituales y su uso se universaliza en la colonia con el picchado (masticado) de coca para soportar las largas horas de trabajo en las minas, explica Rommel Plasencia Soto, antropólogo y docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, este poderoso vínculo no se dio en la Amazonía, donde la población tiene otras plantas sagradas y desarrolla conexiones con cada una de ellas porque creen que tienen espíritus protectores.

A partir de la década de los años 60, la hoja de coca es reconocida como un elemento de la cultura cotidiana de los agricultores. El problema viene en los años 70 cuando surge la cocaína, señala Plasencia Soto. Durante los últimos tres años, el crecimiento de este cultivo no se ha detenido. Según estima el especialista en narcotráfico, Jaime Antezana, la producción llegaría a la 100.000 hectáreas en este 2021, cifras similares en la década de los años 90, cuando el Perú era uno de los principales productores de este cultivo en el mundo. 

“La suspensión de las actividades de erradicación del cultivo ilegal por la pandemia y la falta de una política adecuada de este y del anterior gobierno son factores fundamentales para el incremento de los cultivos”, refiere Antezana. 
 

Antiguas dirigencias cocaleras

La meta anual de erradicación de la hoja de coca a nivel nacional es de 25 mil hectáreas, pero el año pasado estas labores se interrumpieron debido a la pandemia por la Covid-19, por lo que, según informó el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior en una nota de prensa del 16 de diciembre del 2020, se erradicaron 6 272.80 hectáreas de hoja de coca ilegal, en Huánuco, San Martín y Ucayali en tres meses. Estas tareas se ejecutaron en dos períodos: del 17 de febrero al 15 de marzo y luego se retomaron del 2 de octubre al 12 de diciembre. Todo lo erradicado el año pasado representa la cifra más baja ejecutada por el Corah desde su creación en 1983.

El Corah no ha informado oficialmente sobre nuevas erradicaciones en lo que va del presente año, aunque, según fuentes consultadas, en los primeros meses se habrían erradicado 730 hectáreas. Se esperaba la vacunación del personal para retomar estas acciones, lo que se habría completado en agosto de este año, por lo que no habrían motivos para no reiniciar la erradicación en zonas no autorizadas.

Según Pedro Yaranga, experto en narcotráfico y terrorismo, el gobierno a la fecha no tiene un funcionario en la Dirección de Control y Drogas y Cultivos del Ministerio del Interior tras la renuncia del general (r) PNP Sergio Luis Antonio Monar Moyoli el lunes 27 de setiembre, quien desistió de asumir el cargo a seis días de su designación. “La justificación que dan es que el Corah ya no coordinará con el responsable de drogas, sino directamente con la alta dirección del Ministerio del Interior, pero es raro que designen a un funcionario y luego renuncie sin haber asumido el cargo”, comentó. Ello evidencia que hay problemas para armar equipos de gestión en la estructura del Mininter que tiene competencia en la erradicación. 

OjoPúblico solicitó información al Ministerio del Interior sobre el avance de la erradicación de los cultivos de hoja de coca este año y la política de lucha contra el narcotráfico, pero no respondieron a nuestras preguntas hasta el cierre de este informe. Además, se solicitó entrevista a la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), pero esta fue denegada. 

Mientras las labores de erradicación siguen paralizadas, el movimiento cocalero se prepara para la elección de la nueva junta directiva de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) a realizarse el 2 y 3 de octubre en un congreso nacional en el distrito cusqueño de Pichari, que forma parte del Vraem. Con estos nuevos liderazgos, el Gobierno deberá sentarse a dialogar sobre sus demandas que incluyen nuevo padrón de productores de coca y legalización del cultivo, principalmente.

Entre los rostros más conocidos de la organización cocalera están los excongresistas Nancy Obregón Peralta, Walter Acha Romaní y la exrepresentante del Parlamento Andino Elsa Malpartida Jara, quienes participan en las reuniones con congresistas que se han manifestado a favor de impulsar un proyecto de ley para legalizar la hoja de coca.

Malpartida Jara es presidenta de la comisión electoral de la nueva junta directiva de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú. Fue representante del Parlamento Andino en el 2006 con el partido Unión Por el Perú y estuvo afiliada al Partido Nacionalista Peruano del 2009 al 2016.

Obregón Peralta fue congresista por el Partido Nacionalista Peruano (2006-2011) en representación de la región San Martín, territorio de la cuenca cocalera del Huallaga. En el 2002 fue subsecretaria de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Estuvo encarcelada del 2013 al 2016 por presuntamente mantener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Fue liberada por exceso de carcelería.

El año pasado, durante el primer año de pandemia, solo se alcanzó a erradicar 6.272 hectáreas de cultivos de hoja de coca".

Walter Acha Romaní fue parlamentario del 2011 al 2016 por Unión por el Perú en representación de la región Ayacucho. Ocupó el cargo de secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) en el 2011 y fue dirigente de la Federación de Productores Agropecuarios del Vraem en el 2013. En los últimos meses, se ha reunido con el congresista Guillermo Bermejo (de Perú Libre), quien impulsa el proyecto de ley para legalizar la hoja de coca. Además, el pasado 10 de agosto se reunió con la congresista Margot Palacios Huamán, presidenta de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para discutir la agenda de la hoja de coca y desarrollo del Vraem.

La propuesta de proyecto de ley sobre la hoja de coca está siendo formulada por los técnicos de la Conpaccp con el fin de conseguir un censo nacional de cocaleros e industrializar el producto. Dicha propuesta será presentada por el congresista Bermejo, señaló Acha Romaní a OjoPúblico, quien anotó, además, que el parlamentario es “un amigo de la organización”. Refirió tener el apoyo de otros congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, aunque prefirió no dar nombres. “Nuestra propuesta es que la hoja de coca se industrialice a caramelos, infusiones, panetones y solo se siembre una hectárea por agricultor”, anotó.

Por su parte, Elsa Malpartida indicó que esperan el respaldo del presidente Pedro Castillo a sus demandas. “La lucha contra el narcotráfico ya la perdimos. La erradicación indiscriminada no está bien, debe haber un control de cultivos y un censo de agricultores. Esperamos el respaldo del presidente [Pedro Castillo] a los pequeños productores, sino saldremos a marchar”, aseveró. Además, agregó que buscan el retiro del arbusto de hoja de coca de la Lista I de estupefacientes de la Convención de Viena de 1961 para volverla legal.

Nancy Obregón confirmó también a este medio que participa activamente en la Conpaccp y es integrante del comité de organización para la elección de la nueva junta directiva. Se abstuvo de hacer más declaraciones.

Estos tres dirigentes y políticos suelen figurar como ponentes en las reuniones de las organizaciones cocaleras. Por ejemplo, asistieron al XII Congreso Nacional Agrococalero, realizado en Puno, y al XVI Festival Internacional de la Hoja de Coca en Junín, y son invitados a medios locales para exponer la problemática de la hoja de coca. Además, son voceados como candidatos en las futuras elecciones regionales y municipales. Recientemente, Walter Acha intentó sin éxito volver al Congreso en las últimas elecciones con el partido Unión por el Perú en representación de la región Ucayali.

“No se puede descartar que intentarán volver a cargos públicos debido a que han sido exparlamentarios, pero su labor, por el momento, se concentra en impulsar el congreso de la Conpaccp y la elaboración de la propuesta de la ley de la coca, que busca despenalizar el producto”, sostuvo Jaime Antezana. 

Liderazgos en el Vraem

Con 26.234 hectáreas de hoja de coca cultivadas durante el 2019, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) tiene el 48 % del total de las hectáreas cultivadas en el país, por lo que es el mayor productor de hoja de coca del Perú, según Devida. En este ámbito geográfico, la organización más representativa del movimiento cocalero peruano es la Federación de Productores Agrarios del Valle del Río Apurímac (Fepavrae), la cual es integrada por 23.000 campesinos de las regiones Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

La Fepravrae surgió en el 2001 con una postura confrontacional a la fuerte campaña de erradicación de hoja de coca que se dio ese año, escribió entonces la socióloga Anahí Durand Guevara, actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gobierno de Pedro Castillo, en su libro La irrupción cocalera. Esta organización cuestionó los programas de desarrollo alternativo a través de otros productos, como café, cacao y cítricos, y rechazó la represión en las cuencas cocaleras. Además, se aliaron con otros valles cocaleros, principalmente el Huallaga, para hacer frente a la erradicación con protestas.

Julián Pérez Mallqui, actual presidente de la Fepavrae, respaldó la candidatura del mandatario Pedro Castillo por el partido Perú Libre. “Exhortamos a todos los agricultores cocaleros y no cocaleros sumar esfuerzos a fin de lograr el objetivo político”, señala un pronunciamiento que lleva la firma de Pérez Mallqui. Hoy en día expresa su apoyo al congresista Guillermo Bermejo. OjoPúblico se comunicó con Pérez Mallqui, pero indicó que no daría entrevistas a menos que sea presencial. 

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) es otra organización importante del movimiento cocalero. Su actual presidente es Brittner Corichahua Garay, quien es agricultor del Vraem. Durante la campaña de la segunda vuelta por las elecciones presidenciales también manifestó su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo en representación del gremio que representa. Tuvo, además, una activa participación en las reuniones partidarias de Perú Libre, como evidencian sus redes sociales. Este medio intentó comunicarse con Corichahua Garay a través de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta a nuestra solicitud.  

Otro líder cocalero importante es Serafín Andrés Lujan (55), integrante de la Conpaccp y promotor de la reorganización de los cocaleros de la ciudad de Tingo María, Huánuco. Si bien los productores de coca de la zona del Alto Huallaga no han estado activos durante los últimos cuatro años por la intensa campaña erradicación de los cultivos de hoja de coca en la zona, en las últimas semanas han vuelto a agruparse. OjoPúblico intentó comunicarse con el dirigente, pero no respondió nuestras llamadas. 

Andrés Luján es testigo del congresista Guillermo Bermejo en una investigación por apología del terrorismo, donde la fiscalía ha solicitado 20 años por el presunto delito de afiliación al grupo terrorista Sendero Luminoso en el Vraem. Durante una de las audiencias por el caso, Andrés Luján dijo tener una investigación abierta por terrorismo desde febrero del 2020. 

OjoPúblico quiso conocer mayores detalles del proyecto de ley que alista el congresista Guillermo Bermejo y solicitó una entrevista a través de su equipo de prensa que respondió que el parlamentario no declarará a este medio.

SUSPENSIÓN.Las labores de erradicación no se han reanudado desde el 2020 pese a que ya existen condiciones para realizar trabajo en campo.

Foto: Andina

Los nombres más relevante de las organizaciones cocaleras en el sur son Efraín Zaravia Cárdenas (37) y Yube Ángel Quilla Chahuara (30), representantes de la Federación de Productores Agropecuarios de la Cuenca Cocalera Carabaya. Ambos dirigentes organizaron el Encuentro de las Cuencas Cocaleras en Puno, donde se planteó la reorganización de las organizaciones cocaleras en todas las cuencas del Perú. Además, se propuso socializar el proyecto de ley de la hoja de coca, donde se busca extender la cantidad de usuarios de Enaco e industrializar el cultivo. Estos aspectos son parte de la agenda a tratar los días 2 y 3 de octubre en el Congreso Nacional de la Conpaccp en el distrito cusqueño de Pichari.

Zaravia Cárdenas indicó a OjoPúblico que temen el ingreso del Corah en sus comunidades porque erradicarán la hoja de coca sin consultar a los campesinos a qué mercado va el producto. “Nosotros vendemos a Enaco y llevamos la coca a los mercados de la ciudad para la venta tradicional del masticado”, aseguró. El dirigente confirmó que él y Quilla Chahuara participarán del congreso de la Conpaccp este fin de semana.

En tanto las dirigencias cocaleras se renuevan de cara a dialogar con el gobierno y este aún no da muestras claras sobre su postura en torno a la lucha contra los cultivos ilícitos que se destinan al narcotráfico, la hoja de coca sigue generando problemas en el territorio indígena. Una prueba de ello es que el viernes 24 de setiembre se reportó que Merino Odicio Huayta, monitor ambiental de la comunidad Mariscal Cáceres, ubicado en la provincia de Padre de Abad, Ucayali, fue atacado por tres hombres que le cortaron la oreja izquierda con una tijera y le robaron su celular. Unos días antes, el indígena kakataibo de 48 años recibió capacitación en el uso de drones para monitorear el territorio de su comunidad y detectar así la invasión de cocaleros, traficantes de tierras y madereros. 

Pese a la oposición de los indígenas, personas ajenas a las comunidades amazónicas continúan sembrando hoja de coca, denunció Herlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo. “Mi tío Odicio Huayta se encuentra estable, pero su recuperación será lenta por la profundidad de sus heridas. Pedimos al Gobierno que trabaje en la erradicación del cultivo y proteja a los defensores sino seguirán muriendo más hermanos”, sostuvo.