Actualización: 19 de julio del 2022 a las 08:00 p.m.

El último domingo 17 de julio se reportó un nuevo y violento hecho en la comunidad Mamayaque, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, que evidencia la fragmentación de los pueblos awajún a raíz de la minería ilegal en este departamento ubicado en la frontera con Ecuador. Ese día, en la tarde, un grupo de indígenas que se dedican a la extracción de oro ingresaron al local de la Organización de Desarrollo de Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), donde sus líderes se reunían para acordar precisamente acciones contra la minería ilegal. 

Hortez Baitug, presidente de Odecofroc, organización que agrupa a 63 comunidades awajún, fue retenido durante algunas horas, según ha denunciado en la comisaría de Nieva, a cuatro horas de viaje por río, desde la comunidad Mamayaque donde ocurrieron los hechos. OjoPúblico no logró contactarse con el líder, pero Zebelio Kayap, otro dirigente de Odecofroc, informó que la mañana del lunes 18 de julio estaba a salvo en Nieva. 

Este hecho no es aislado. Durante los últimos años la violencia en esta parte del país ha ido en aumento y se ha agudizado durante la pandemia. Y aunque todas las organizaciones locales denuncian la presencia de dragas ilegales en su territorio, hasta el momento las autoridades no las han intervenido, ni las cifras de producción de este oro de origen ilegal son contempladas en los boletines estadísticos del Ministerio de Energía y Minas.

Aunque las organizaciones locales denuncian la presencia de dragas ilegales, hasta el momento las autoridades no las han intervenido.

Siu Lang Carrillo, responsable del programa de pueblos indígenas de la ONG CooperAcción, informó que el líder fue agredido físicamente al igual que los empleados de la institución que trabajan en la organización indígena. “No sabemos qué pasó exactamente porque los mineros ilegales cortaron la señal de Internet. La poca información que recibimos nos alerta de daños en el local de Odecofroc y golpes a los trabajadores”, comentó.

El 19 de julio, la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui dispuso el inicio de la investigación preliminar por el presunto delito de secuestro en agravio de diversas personas que, además de Hortez Baitug, se encontraban en el local de Odecofroc. Según denuncia formulada por la Federación de Comunidades Awajún de Santiago y de la Defensoría del Pueblo, el 17 de julio también fueron retenidos la waisam (vicegobernadora) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, Matut Micaela Impi Ismiño; así como el alcalde distrital, el subprefecto y el director de la UGEL de El Cenepa.

Para Fernando Cueva Cortez, comisionado de la sede de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, la minería ilegal ha fragmentado a las comunidades awajún en la provincia de Condorcanqui, por lo que se vienen dando enfrentamientos entre los que están a favor de esta actividad y quienes, como Hortez Baitug, la rechazan porque afectan territorios ancestrales. 

ATENTADO.El domingo 17 de julio, decenas de personas ingresaron a la oficina de Odecofroc para atacar a sus líderes y causar destrozos en sus instalaciones. 

Foto: Captura de video

Pero no todas las comunidades respaldan el liderazgo de Hortez Baitug. Uno de los integrantes de la comunidad Mamayaque, Pedro Sejekam, señaló a OjoPúblico que “están en desacuerdo con la gestión de Hortez porque toma las decisiones sin consultar a las comunidades”. En la provincia de Condorcanqui hay 206 comunidades del pueblo awajún, la segunda etnia más numerosa de la Amazonía peruana.

“Muchos indígenas afirman estar a favor de la minería ilegal porque consideran que no hay otra forma de tener ingresos económicos; mientras otros están en contra porque afecta sus territorios”, indicó Cueva Cortez.

La pandemia y la actual crisis económica está afectando a muchas familias indígenas que no pueden acceder a alimentos básicos y trabajan junto a los mineros ilegales en la extracción del oro usando mercurio.

Ante el incremento de los conflictos en el pueblo awajún y a insistencia de Odecofroc, en mayo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó la Mesa técnica para el desarrollo de Condorcanqui, que debe analizar y articular propuestas de solución a la problemática económica, agraria, ambiental y social en esta provincia, que tiene una población de 55.989 habitantes. Este equipo está conformado por representantes de 13 ministerios, el Gobierno Regional de Amazonas, alcaldes distritales y organizaciones indígenas. 

El grupo de trabajo debe proponer proyectos de desarrollo alternativo ante la alta incidencia de la minería y la tala ilegal. “Mientras no se consiga generar mayores ingresos a un territorio tan devastado por la pobreza, los indígenas van a continuar en estos problemas”, anotó Fernando Cueva. 

Además, de parte de la sociedad civil se ha solicitado la repotenciación eléctrica de la provincia, el acceso a agua potable y saneamiento a toda la población, conectividad digital y telefonía móvil, declarar en emergencia el sector salud, asignación de más plazas docentes, compra de productos locales para el programa Qali Warma, fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos de frontera, entre otras demandas. 

La PCM declaró la provincia de Condorcanqui en estado de emergencia debido a las actividades ilícitas de minería".

Como parte de la creación de la mencionada mesa técnica, el 23 de junio pasado, la PCM declaró la provincia de Condorcanqui en estado de emergencia debido a las actividades ilícitas de minería y tala de madera que han incrementado la violencia en la zona. Sin embargo, pese a que el Decreto Supremo 072-2022 dispone la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los conflictos en el territorio awajún se están agudizando.

Desde el 2019, Odecofroc está solicitando a las Fuerzas Armadas realizar la destrucción de las dragas instaladas en el río Cenepa. La organización reportó al Ministerio Público que identificaron 39 dragas, pero ante la inacción de las autoridades los líderes realizaron la interdicción ellos mismo a mediados de junio. “Este hecho generó más conflictos en el territorio y las amenazas contra los líderes se incrementaron”, refirió Lang Carrillo.

La actividad de la minería se inició hace más de una década en Condorcanqui con el ingreso de la compañía minera Afrodita SAC, que realizaba explotación de oro y cobre en las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina. Con el paso de los años, los ilegales fueron llegando a territorios indígenas y actualmente la minería ilegal es practicada por los mismos indígenas. “Si bien los indígenas trabajan extrayendo oro, ellos no podrían pagar el costo de las dragas y los materiales que se usan para la extracción, estos equipos son financiados por ilegales”, explicó Lang Carrillo. 

La organización civil CooperAcción informó que ha identificado que en las comunidades Mamayaque, Kayamás, Nueva Vida, Tutino, Omar Siete, San Antonio, Aintam, Huampami, Canga y Kusu Pagata se practica la minería ilegal con el permiso de sus líderes.

DISTANCIA. La única vía de ingreso a la comunidad Manayaque es la fluvial, lo que impide a los indígenas desplazarse con facilidad ante un ataque de ilegales.

Foto: OjoPúblico / David Díaz

Defensores desprotegidos

El líder awajún Hortez Baitug Wajai es reconocido como defensor ambiental por el Ministerio de Justicia y tiene garantías personales por su labor de lucha contra la minería ilegal en Amazonas. Luego del ataque del domingo 17 de julio, el apu se refugió en la ciudad de Nieva, donde se ubica la comisaría más cercana a la que pudo acceder. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha solicitado la intervención urgente del Ministerio Público y la Policía para proteger la vida del líder. No es la primera vez que el dirigente awajún recibe amenazas que lo obligan a abandonar su comunidad, ya en dos oportunidades ha tenido que dejar su casa y trasladarse con su esposa e hijos a otra comunidad.

Al igual que Hortez Baitug, Zebelio Kayap y Augostina Mayan, también líderes indígenas de Odecofroc, están amenazados y desprotegidos. Aunque cuentan con medidas de protección, en sus comunidades no hay presencia policial ni señal de internet y la única forma de salir del territorio ante una emergencia es a través de la navegación fluvial. 

Aidesep ha solicitado la intervención urgente del Ministerio Público y la Policía para proteger la vida de los líderes de Odecofroc".

Hace tres meses, Zebelio Kayap se salvó de un atentado de muerte porque su chalupa logró ir más rápido que la embarcación de los mineros ilegales que lo perseguían. El ataque se produjo luego de que el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian - p), Salomon Awananch Wajush, denunciara a los ilegales ante el Ministerio Público.

“Los líderes están en peligro y, pese a ser reconocidos por el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, sus vidas no están garantizadas porque no existe una protección real”, subrayó Lang Carrillo.