El pasado 1 de enero, los nuevos gobernadores regionales iniciaron sus funciones. Como parte de sus primeras decisiones, las autoridades nombraron a distintos profesionales en cargos de confianza para encabezar sectores de interés como el educativo, salud o ambiental. 

En el caso de la Amazonía, donde una de las principales actividades ilegales es el tráfico de madera, los gobiernos de Loreto y Ucayali —regiones que concentran el 40,6% de la pérdida de bosque del país— nombraron en la gerencia que lucha contra la deforestación a personas investigadas por delitos ambientales.  

OjoPúblico identificó que los gobernadores de Loreto y Ucayali, José René Chávez Silvano y Manuel Gambini Rupay, respectivamente, designaron en la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre a personas con antecedentes e investigaciones en curso en las fiscalías ambientales de las regiones, donde hoy se desempeñan. 
 

Militante político e investigado en Loreto
 

El 2 de enero pasado, a través de una resolución ejecutiva, el gobernador electo de Loreto, Jorge René Chávez Silvano, designó a Erik Manuel Ramírez Rodríguez como nuevo gerente regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre. El nombrado funcionario, al igual que el gobernador Chávez Silvano, se encuentra afiliado al partido Somos Perú. 

Además del vínculo político entre Chávez Silvano y Ramírez Rodríguez, OjoPúblico conoció que la fiscalía ambiental de Loreto mantiene tres investigaciones en curso contra el funcionario, por los presuntos delitos de tráfico ilegal de madera y responsabilidad por información falsa contenida en informes. Dos de los expedientes se abrieron en 2021, mientras que el otro en 2016. 

Las carpetas fiscales tienen su origen en la actividad que, entre 2015 y 2017, desarrollaba como técnico Ramírez Rodríguez, en distintas sedes provinciales de la autoridad forestal de Loreto. En este sector, el hoy gerente forestal estaba a cargo de aprobar los planes de manejo forestal, presentados por terceros para la extracción de madera. 

De acuerdo a información del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), sistematizada en la plataforma Madera Legal de Proética, Ramírez Rodríguez aprobó —entre 2015 y 2018— 14 planes de manejo forestal que contenían información falsa o inexistente, en concesiones otorgadas en las provincias de Requena, Alto Amazonas y Maynas; todas ellas en Loreto.

Los datos oficiales también indican que Ramírez Rodríguez, con la aprobación irregular de los documentos, consideró —por lo menos— 1.105 árboles inexistentes, detectados en supervisiones posteriores del Osinfor. Incluso, en dos planes de manejo forestal, el hoy designado funcionario reportó más del 95% de especies ficticias, respecto a lo supervisado. 

Por su parte, la Contraloría General de la República recordó, en un informe del 2020, las presuntas irregularidades en la aprobación de 68 planes de manejo forestal que permitió la “extracción y movilización injustificada” de más de 440.000 metros cúbicos de madera, detectado por Osinfor y que incluía el papel de Ramírez Rodríguez junto a otros exfuncionarios del gobierno regional de Loreto.

OjoPúblico se contactó con el Osinfor y la institución sostuvo que trabajaban de forma articulada con los gobiernos regionales "indistintamente de los funcionarios de confianza que nombren los gobernadores". Al ser consultados sobre una eventual medida que adopten frente a este nombramiento, solo señalaron que continuarán "desarrollando sus actividades en el marco de la ley".

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) evitó responder sobre el tema y señaló que solo podían atender consultas técnicas del sector. Mientras que el Gobierno Regional de Loreto no respondió a las comunicaciones realizadas por este medio.
 

Gerencia sin cabeza en Ucayali

El 13 de febrero pasado, apenas ocho días después de su designación aprobada por el gobernador Manuel Gambini Rupay, Robert Nolorbe Tenazoa dejó el cargo interino de gerente Forestal y de Fauna Silvestre en Ucayali. En la resolución ejecutiva, que dispuso la finalización de sus funciones, se indicó sin brindar detalles del sustento que, de acuerdo a ley, se encontraba “impedido para ejercer la función pública” .

Nolorbe Tenazoa ocupó el máximo cargo pese a tener cuatro investigaciones fiscales —dos iniciadas en 2019, una en 2021 y otra en 2022— por los presuntos delitos de responsabilidad por información falsa contenida en informes, así como otorgamiento ilegal de derechos. 

Asimismo, el exfuncionario, según información de Osinfor organizada en la plataforma Madera Legal de Proética, aprobó —entre 2012 y 2015— 15 planes de manejo forestal que contenían información falsa o inexistente en concesiones otorgadas en la provincia de Atalaya. Estas irregularidades también las registró Ladislao Panduro Guzmán, el antecesor de Nolorbe Tenazoa.

El 5 de enero último, a través de una resolución ejecutiva, el gobernador Gambini Rupay encargó la gerencia forestal a Panduro Guzmán pero un mes después concluyó sus funciones debido a que el exfuncionario no acreditó “la experiencia específica requerida para ocupar el cargo”. No hubo mención a sus antecedentes ni irregularidades detectadas en el pasado. 
 

En 2019, la ONG Kené informó sobre la intervención policial en Huánuco a un cargamento de madera —con destino a Lima— que no tenía sustento, respecto al origen legal del producto. El documento que permitió la movilización de la madera fue emitido por Ladislao Panduro Guzmán, entonces ingeniero en la dirección forestal de Ucayali.

El área de prensa del Gobierno Regional de Ucayali señaló a OjoPúblico que se encontraban “evaluando perfiles” para el nombramiento del nuevo gerente forestal, el tercero que habrá en apenas dos meses de gestión de Manuel Gambini.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sostuvo que las autoridades regionales deberían actuar con “mucha cautela” y evitar contrataciones “sin hacer las investigaciones” sobre el perfil de los posibles funcionarios en un sector como el forestal peruano, donde “la ilegalidad es la norma”.

La especialista también consideró que, al “perpetuar a personajes con antecedentes de ilegalidad”, habían tres “daños” que pueden generar al sector: “se va a promover el lavado de madera, se reduce el incentivo para que alguien trate de hacer las cosas bien y se reproduce la situación de impunidad, de que se puede hacer lo que sea y no va a pasar nada”.