El 11 de noviembre de 2022, el congresista por Loreto, Jorge Morante Figari, de Fuerza Popular, presentó una iniciativa legislativa para modificar la ley que protege a los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y de contacto inicial (Piaci), vigente desde 2006.

La propuesta plantea que los gobiernos regionales tengan la facultad de decidir sobre el reconocimiento de estos pueblos y sobre la creación de reservas intangibles para ellos. Este proceso se haría a través de una ordenanza regional, y ya no mediante un decreto supremo, como lo establece la ley cigente.

Si el proyecto de ley se aprueba, también se debilitaría el rol del Ministerio de Cultura, pues actualmente este sector conduce las solicitudes de creación de las reservas indígenas.

“Se reconoce a un grupo humano la categoría de Pueblo Indígena en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial mediante Ordenanza Regional del gobierno regional correspondiente, el mismo que para su validez requiere de un estudio previo realizado por una Comisión Multisectorial”, señala el proyecto de Morante Figari.

Para la categorización de las reservas indígenas, el proyecto también sostiene que estos territorios adquirirán tal categoría por una ordenanzas del gobierno regional correspondiente, sustentado en un estudio adicional realizado por la misma comisión multisectorial.

El proyecto de ley plantea que sean los gobiernos regionales los que decidan la creación de reservas indígenas.

Actualmente, esta comisión, encargada de los estudios que validan la existencia de los Piaci y sustentan la creación de reservas, la componen 15 miembros y es presidida por un representante del Ministerio de Cultura.

El proyecto de ley propone reducir la cantidad de miembros a nueve. De prosperar la iniciativa, quedarían excluidos de este grupo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la Defensoría del Pueblo. Lo mismo ocurriría con los ministerios de Agricultura, Ambiente, Educación, Energía y Minas, y del Interior.

La iniciativa tiene como coautores a los congresistas fujimoristas Mery Infantes, Alejandro Aguinaga, Artura Alegría, Rosangella Barbarán y Luis Cordero.

Organizaciones indígenas, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), señalan que el proyecto tiene el apoyo de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL). Se trata de un colectivo que tiene como presidente a Christian Zeus Pinasco Montenegro, que está en contra de medidas para proteger los derechos indígenas como el Acuerdo de Escazú y niega la existencia de pueblos en aislamiento.

La CDL también tiene entre sus voceros a Miguel Vela Meléndez, excandidato al Congreso por Unión por el Perú en 2021; Carol Tafur Guevara, militante de Acción Popular; así como Samuel Torres Cabral, exdirigente de un gremio de construcción civil en Iquitos.

PRESIÓN. De camisa celeste, Christian Zeus Pinasco Montenegro (el cuarto desde la izquierda) junto al alcalde de la provincia de Maynas, Vladimir Chong (al centro), y varios miembros más de la CDL.

Foto: Facebook de la CDL

Pero el proyecto impulsado por los congresistas de Fuerza Popular plantea también una revisión de las reservas indígenas existentes en la Amazonía peruana. Para ello plantea —en una disposición final— que los gobiernos regionales tengan la facultad de crear una “comisión revisora” que se encargue de examinar las declaraciones de reconocimiento de los Piaci y de otorgar la categoría de reservas.

María Amelia Trigoso Barentzen, directora de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura, sostiene que el proyecto “manifiesta un evidente desconocimiento de las normas vigentes nacionales e internacionales para la protección de los derechos de los Piaci”.

A pesar de la importancia del tema, no se ha previsto su debate en la comisión de pueblos indígenas.

En comunicación con OjoPúblico, la funcionaria explicó que el proyecto solo busca transferir funciones para la creación o extinción de las reservas, “pero no para la protección de estos territorios”. Y recalca que los mismos gobiernos regionales otorgan derechos a terceros sobre territorios indígenas de forma ilegal, como en el caso del propio Gobierno Regional de Loreto.

A pesar de la importancia del tema, no se ha previsto su debate en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso y, a pedido de Morante Figari, solo recogerá comentarios en las comisiones de Descentralización y de Cultura.

En ese contexto, este proyecto representa un riesgo para las siete reservas indígenas y territoriales existentes, y para las cinco que están en fase de solicitud. En el primer grupo se encuentran las reservas territoriales Kugapakori, Nahua, Nanti y otros;  Madre de Dios; Mashco Piro; Isconahua; Murunahua; Kakataibo Norte y Sur, y Yavarí-Tapiche. Mientras que las reservas en etapa de solicitud son Napo, Tigre y afluentes; Pupuña; Atacuari; Yavarí Mirim, y Kapanawa.

Según información del Ministerio de Cultura, existen alrededor de 4.900 personas en situación de aislamiento y 2.100 en situación de contacto inicial en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios.

PIACI. Mapa elaborado por la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) con información del Ministerio de Cultura.

El entorno cercano al despacho de Morante Figari

El 11 de noviembre, el mismo día que se presentó la iniciativa que pretende modificar la Ley Piaci, el asesor principal del congresista Morante Figari, José Augusto Cabanillas Chávez, se reunió con Salvith Ojanama López. Ella es miembro de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) y afiliada a Fuerza Popular desde el 2010.

En el breve encuentro con el asesor Cabanillas también participó el exjuez Ricardo Javier Custodio More, destituido de su cargo en noviembre de 2021 por irregularidades en el trámite de procesos de amparo que no eran de su competencia territorial.

Ambas personas, como informó OjoPúblico en una reciente publicación, también registran visitas en oficinas de asesores —entre ellos Cabanillas Chávez— y legisladores que integran la Comisión Agraria del Congreso.

Esta comisión estuvo a cargo del debate de un proyecto que plantea cambiar la Ley Forestal para quitar competencias al sector Ambiente sobre los usos del suelo.

De asesor a congresista

Jorge Morante Figari tiene 52 años, es abogado y congresista de Fuerza Popular por la región Loreto. Entre 2016 y 2019 trabajó como asesor del exlegislador fujimorista Juan Carlos del Águila.

El congresista también ha sido asesor del exgobernador de Loreto, Robinson Rivadeneyra (2003-2006), condenado a seis años de prisión por colusión.

Según el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el año 2021 Morante Figari reunió S/23.000 en aportes para su campaña; S/ 8.000 eran suyos y el resto de otras cuatro personas. OjoPúblico ha identificado que una vez que fue elegido, estas personas fueron contratadas por el congresista como trabajadores (asesores y otros cargos) en su despacho.

El congresista Morante y la CDL han impulsado campañas para señalar que los pueblos en aislamiento no existen.

El asesor principal, José Augusto Cabanillas Chávez, aportó S/ 5.000 a la campaña de Morante Figari. El contador Manuel Andrés Noriega Tello, asesor II del congresista, aportó la misma cantidad. Este último es activo en la red social Facebook, donde señala al Ministerio de Cultura, organizaciones indígenas y oenegés como culpables de que, según él, el desarrollo no llegue a Loreto.

Este medio se comunicó por teléfono con el asesor para una entrevista, pero hasta el cierre de este informe no respondió.

El impacto de las concesiones forestales

Según información a la que accedió la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) a través de un pedido de acceso a la información, en la reserva en fase de solicitud Yavarí Mirim existen 66 concesiones forestales superpuestas que representan 472.965,96 hectáreas. En el caso de la reserva Kapanawa, existen dos concesiones que representan 11.153,22 hectáreas; y lo mismo en el Atacuari donde las concesiones forestales superpuestas representan 108.326,96 hectáreas.

La presencia de estas actividades motivó acciones legales de parte de la organización indígena Orpio. En noviembre del año pasado, el Segundo Juzgado Civil de la Corte de Loreto declaró fundada una demanda de amparo que dicha organización presentó contra la deforestación de los bosques amazónicos, especialmente de los territorios de los pueblos en aislamiento.

El otorgamiento de concesiones forestales dentro de reservas indígenas creadas o en proceso de creación está prohibido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que entró en vigencia el 2015 con la publicación de su reglamento.

Según la antropóloga experta en pueblos en aislamiento, Beatriz Huertas, la presencia de madereros dentro de las reservas indígenas está impactándolos drásticamente. De acuerdo al estudio en la que ella participó Corredor Territorial de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial y de Bosques Continuos Yavarí-Tapiche, se han observado viviendas o malocas ubicadas en las partes más altas de áreas del curso de los ríos, que se encuentran dentro de concesiones forestales.

El mismo informe advierte que este tipo de ubicación “es una estrategia utilizada por diversos pueblos en aislamiento para tratar de no ser encontrados. Sin embargo, el nivel de penetración de los madereros en esta parte del corredor ha sido tal, que durante sus desplazamientos por el bosque para ubicar especies maderables, extraerlas o cazar, han encontrado varias de estas viviendas”.    

DAÑOS. Deforestación en la reserva en proceso de creación Yavarí Mirim, en Loreto.

Foto: ORPIO

Desinformación sobre los Piaci

En sus presentaciones públicas sobre el proyecto que busca modificar la Ley 28736, Morante Figari —al igual que la CDL— sostiene que no hay evidencia suficiente sobre la existencia de los Piaci. Sin embargo, especialistas entrevistados por OjoPúblico señalan lo contrario.

La antropóloga Beatriz Huertas sostiene que “nunca antes había visto una ley tan peligrosa para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial”.

Sobre la supuesta falta de “rigor científico” en los estudios presentados para sustentar la creación de las reservas —un punto argumentado en el proyecto del congresista—, Huertas sostiene que los estudios para identificar a los Piaci se aplican desde hace 40 años con buenos resultados.

En estos, detalló, participan diversos especialistas, como antropólogos, etnobiólogos, guías indígenas, entre otros. “Se tratan de investigaciones que recurren a una metodología indirecta ya que por ley y por precaución no está permitido el contacto con los Piaci”, explicó a este medio.

Cuando habla de una metodología indirecta, la antropóloga se refiere a un procedimiento que incluye, principalmente, entrevistas con personas que hayan tenido alguna experiencia con indígenas aislados, registro de huellas o rastros dejados por estos grupos y el sobrevuelo a los territorios donde se aprecian sitios de refugio de los Piaci. Estos estudios son de carácter reservado, pero los gobiernos regionales sí tienen acceso a ellos.

COPIAR Y PEGAR. Entre las cientos de opiniones ciudadanas contra el proyecto de ley del congresista fujimorista, se pueden leer decenas de mensajes a favor repetidos.

Fuente: Portal del Congreso

“El Gobierno Regional de Loreto ha participado en la toma de decisiones en relación a los estudios de creación de las reservas. Por eso, me sorprende que hayan cambiado de posición”, dice Majed Velásquez, experto en Piaci y exfuncionario del Ministerio de Cultura.

“Existe un interés legítimo de desarrollo [en Loreto]. Pero este no se puede dar pasando por encima de los derechos y la vida de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad”, señala Carlos Quispe, de DAR.

El congresista Morante Figari y la CDL han impulsado campañas en redes sociales, espacios en medios locales, participación en eventos públicos y contactos con congresistas para señalar que los pueblos en aislamiento no existen. Son comunes los ataques difamatorios contra las organizaciones indígenas y las organizaciones sociales.

En declaraciones a medios locales, Zeus Pinasco Montenegro, presidente de la CDL, acusa a las reservas para Piaci de ser las responsables del "subdesarrollo de la región Loreto".

En diciembre, la organización indígena Orpio pidió a la ciudadanía que emita una opinión sobre el proyecto de ley de Morante Figari, haciendo uso del espacio de participación ciudadana en el portal web del Congreso.

Hasta el momento, se han registrado más de 1.000 comentarios, la gran mayoría son en contra del proyecto de ley. Los comentarios a favor son pocos y tienen una redacción que se repite.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización indígena amazónica más grande del país, emitió esta semana un pronunciamiento en el que advierte sobre el nivel de desinformación en torno a los Piaci, y señala como responsables a “grupos con fuertes intereses económicos en explotar los recursos naturales de los territorios indígenas”.

Orpio, por su parte, pide al Ministerio de Cultura, y en especial a la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, que asuma un rol más activo y que desde Lima establezcan una mejor comunicación.

OjoPúblico se intentó comunicar con el congresista Jorge Morante y con sus asesores, José Augusto Cabanillas Chávez y Manuel Andrés Noriega Tello, pero solo se pudo obtener respuesta del asesor Cabanillas Chávez, quien dijo no tener vínculo con la CDL.