Katia Manihuari Ocumbe revive una pesadilla al recordar cómo su esposo, Wilian López Ijuma (29), perdió la vida hace casi tres años. El 8 de agosto de 2020, un proyectil de arma de fuego le perforó el estómago y el pulmón izquierdo, mientras él y otros indígenas kukamas participaban en una protesta para exigir la paralización de las actividades del Lote 95 y una compensación por su explotación, frente a las instalaciones de la empresa PetroTal, en Loreto.

En esa misma protesta —desarrollada en Bretaña, la capital del distrito de Puinahua, en la provincia de Requena— otros dos kukamas fallecieron en el contexto de la represión policial y 10 manifestantes resultaron heridos. 

Elix Ruiz Ortiz tenía 35 años en el momento en que recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en el abdomen. Su viuda, Jhoysi Dosantos Ochavano, cuenta que, tras su muerte, solo podía llorar mientras miraba a sus cuatro hijos y se preguntaba por el futuro de su familia. 

Chemilton Flores Crispin, quien se dedicaba a la pesca a las orillas del río Puinahua, fue la tercera víctima mortal de esa trágica jornada. El certificado de necropsia indica que el hombre, de 37 años, recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego, que le perforó la vejiga, la ampolla rectal, y le provocó una hemorragia.

Aunque un video de más de cuatro horas —registrado por las cámaras de seguridad de la petrolera— captó a efectivos policiales realizando disparos directos a los indígenas e, incluso, cómo un grupo de personas ingresó a, por lo menos, dos cuerpos a las instalaciones del campamento petrolero, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena requirió más de dos años para formalizar una investigación preparatoria que incluya a los efectivos policiales involucrados en la represión y a los heridos de esa jornada.

ESPERA. Katia Manihuari y Jhoysi Dosantos exigen que investigación por la muerte de sus esposos avance.

Foto: Diego Cáceres

 Demora en la investigación

En más de dos años, este caso —a cargo del fiscal Rafael Zubiaur Meléndez— apenas concluyó su etapa preliminar, excediendo por mucho el plazo establecido de 20 días. En este primer estadio de la investigación se deben realizar actos urgentes e inaplazables que sirven para determinar si se cometió un delito e individualizar responsabilidades. Tras ello, se da inicio a la etapa preparatoria, donde se recolectan más pruebas con el objetivo de acusar a los implicados en un presunto delito.

"Después de que se han vencido todos los plazos recién se abrió la investigación preparatoria. Entonces, los 37 efectivos policiales que estuvieron el día de la represión, ahora son objeto de investigación penal por el delito de homicidio calificado y lesiones graves", indicó a OjoPúblico Jorge Tacuri Aragón, abogado de los deudos, de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap). Ambas organizaciones son parte del proceso como denunciantes.

El pasado 24 de enero, el fiscal Rafael Zubiaur notificó sobre la disposición para formalizar la investigación preparatoria por los hechos ocurridos el 8 de agosto de 2020. En el documento se detalla que lo que existía era una investigación a nivel preliminar orientada a recabar información sobre la comisión de los presuntos delitos de disturbios, violación de medidas sanitarias y homicidio culposo.

Tras la formalización, se ordenó la recolección de los testimonios de las viudas y heridos, además de la declaración de 37 efectivos que participaron del conflicto y dos empleados de PetroTal. También se dispuso la identificación de la línea de mando de las fuerzas del orden. 

Entre los investigados se encuentra el mayor en retiro Juan Flores Yanqui, quien era el agente de mayor rango en la patrulla que estaba protegiendo la fachada del campamento petrolero, de acuerdo a la denuncia de Orpio y Aidecobap.

Los delitos investigados son el homicidio calificado de Wilian López, Elix Ruiz y Chemilton Flores. Además de lesiones graves en contra de 10 personas y los presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento real. 

Entre los investigados se encuentra el mayor en retiro Juan Flores Yanqui".

El apu James Pérez Pacaya, presidente de Aidecobap, indicó a OjoPúblico que, el 8 de agosto de 2020, cerca de 70 kukamas acudieron a la empresa PetroTal para protestar. Ellos llevaban sus lanzas tradicionales. 

Frente al lugar se encontraba un cordón de policías y empleados de seguridad de la empresa. Mientras conversaban con los representantes de la petrolera, inició una discusión que derivó en un enfrentamiento y, en ese momento, la Policía hizo uso de sus armas de fuego.

Wilian López y Chemilton Flores resultaron muertos en el acto, mientras que Elix Ruiz se encontraba herido de gravedad, según James Pérez. "Empezó el forcejeo y los policías dispararon a quemarropa. Han disparado armas de guerra y de frente, ni siquiera usaron perdigones de goma", narró el apu.

Imágenes de la cámara de seguridad de la empresa, publicadas por OjoPúblico en abril de 2021, y que se encuentran en posesión del Ministerio Público, muestran el ingreso de cuerpos a las instalaciones de la petrolera. 

Empezó el forcejeo y los policías dispararon a quemarropa", narró el apu James Pérez.

"Estuvieron dentro de la empresa, aproximadamente, cinco horas y, en la mañana, aprovechando que aclaró, salió un bote llevando a los fallecidos [al centro de salud de Requena] y a un herido que, luego, falleció", señala el abogado Jorge Tacuri.

Por esta acción también se investigará a los efectivos presentes en el conflicto. Sin embargo, Tacuri Aragón indica que se pidió al Ministerio Público que la empresa PetroTal sea comprendida en la investigación como tercero civil responsable por el delito de encubrimiento real, ya que se usaron sus instalaciones para custodiar los cuerpos, en lugar de esperar el levantamiento de los cadáveres, a cargo del Ministerio Público.

Además, se solicita investigar la posibilidad de que personal de seguridad haya participado de los delitos denunciados. Pese a este último pedido, en la reciente formalización de la investigación, solo se consideró como investigados a 37 agentes de la Policía que estaban en actividad al momento del enfrentamiento. Dos empleados de la empresa fueron comprendidos como testigos.

Al ser consultada sobre el tema, PetroTal indicó a OjoPúblico, mediante una comunicación electrónica, que "no hubo ninguna persona fallecida dentro de la empresa”, aunque el video registrado por sus cámaras de seguridad muestra el ingreso de, al menos, dos cuerpos al campamento minero. Añadieron que, por tratarse de una investigación de carácter reservado, no podían hacer mayores comentarios.

En repetidas oportunidades OjoPúblico solicitó la versión del fiscal Zubiaur Meléndez o algún representante del Ministerio Público en Loreto. Sin embargo, la institución negó la posibilidad de una entrevista.

Brechas en los servicios básicos

El Lote 95 es operado por PetroTal Perú S.R.L, que pertenece a la canadience PetroTal Corp. El reporte financiero del 2022, indica que la empresa matriz generó un ingreso operativo neto anual récord, de USD 274 millones, por todas sus actividades. En ese periodo, la compañía aumentó su promedio anual de producción a 12.200 barriles de petróleo por día, lo que representa una tasa de crecimiento del 36% con respecto a 2021.

En cuanto al Lote 95, ubicado en la provincia de Requena, PetroTal informó que, en junio de 2022, se logró una producción récord, de más de 26.000 barriles de petróleo por día. Además, la compañía detalló que, el año pasado, se registró un incremento del 24% en las reservas probadas del lote petrolero, llegando a un total de 97 millones de barriles.  

Contradictoriamente, la situación del distrito de Puinahua, donde PetroTal extrae crudo, no ha cambiado mucho desde la fecha de la protesta en la que fallecieron Wilian López Ijuma, Elix Ruiz Ortiz y Chemilton Flores Crispin. 

"Antes no había luz eléctrica más de tres horas al día. Solamente por el sacrificio de las tres personas, tenemos un servicio regular. Pero, en el resto de los 18 pueblos del Puinahua, faltan servicios. Solo hay luz", dijo a OjoPúblico Jhoysi Dosantos. 

Ella y Katia Manihuari fueron electas como regidoras de la municipalidad distrital, en 2022. El alcalde es Rejis Mendoza Flores, hijo de Rejes Mendoza Chota, apu de la comunidad de Bretaña, que es parte de los 10 kukamas heridos por el impacto de armas de fuego en 2020. 

La autoridad señala que la población del distrito se encuentra insatisfecha porque no cuenta con servicios básicos y buena comunicación. Asimismo, la infraestructura escolar y sanitaria es muy deficiente."Hay pocas oportunidades de trabajo y la covid-19 agudizó más la situación. Por eso, es que la población ha canalizado sus reclamos al Estado a través de la empresa", dijo.

OPERACIÓN. Lote 95, ubicado en el distrito de Puinahua, provincia de Requena.

Foto: PetroTal.

El boletín sobre la cobertura de agua potable de la región Loreto, elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2021, muestra que Puinahua tiene apenas 115 viviendas conectadas a una red de agua potable y unas 967 no cuentan con este servicio, lo que equivale al 87,7% del total. 

En las comunidades de Puinahua donde no hay este servicio, la población recolecta agua del río en baldes y espera que los sedimentos se asienten para beberla.

La población aproximada de este distrito asciende a 4.372 personas, y el 42,37% de ellas se encuentra en situación de pobreza. El presupuesto de la municipalidad distrital para este año es de S/4'690.564, de los cuales solo S/143.855 son recursos obtenidos por el concepto de canon y sobrecanon petrolero.

Para reducir las brechas en el distrito, Aidecobap plantea, desde 2019, la entrega de un fondo social destinado a inversiones en las localidades del distrito. Este fue uno de los pedidos realizados durante la protesta de 2020 y la del año previo.

En marzo pasado, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 95, con lo cual se introdujo una cláusula anticorrupción y se creó el fondo de desarrollo social que recaudará el 2,5% de la valorización de los hidrocarburos fiscalizados de la operación para realizar obras en el distrito.

PetroTal indicó a OjoPúblico que estiman depositar más de S/28 millones al fondo durante este año. Ya cuentan con un fondo previo de S/22 millones en una cuenta bancaria creada para guardar el dinero, según detallaron.

Sin embargo, todavía no se ha podido desembolsar el dinero. La norma establece la creación de un reglamento y la conformación de una Junta de Administración antes del desembolso, y estos procedimientos aún no se llevan a cabo.

La empresa petrolera señaló a este medio que, luego de que se conforme la Junta de Administración del fondo, espera que los proyectos de desarrollo en los que se va invertir el dinero sean aprobados por la población. Sin embargo la norma no establece cómo se debe elaborar el plan de inversiones y quiénes son los actores. 

Será una tarea difícil si se tiene en cuenta que, a decir de los dirigentes indígenas, la relación entre las comunidades y la empresa es tensa a causa de las denuncias en su contra y el hecho de que aún no se consigue justicia para los tres kukamas que fallecieron en las jornadas de protesta para conseguir la creación de este fondo.