EN PELIGRO. La cuenca del Nanay está asediada por las dragas de la minería ilegal, y ahora también en peligro por una concesión minera aprobada por el Ingemmet.
Hace seis meses, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó a la empresa Raíces Gaddaffy una concesión minera de mil hectáreas, en el distrito Alto Nanay, que se superpone a un sector del río Nanay, aunque se trata de un área protegida. La misma concesión se sobrepone a una comunidad indígena y dos comunidades campesinas, según información del Ministerio de Cultura.
Desde que OjoPúblico reveló el caso, en setiembre pasado, se han presentado denuncias administrativas y penales contra el Ingemmet y el que, por entonces, era su presidente, el ingeniero Henry Luna Córdoba, hoy viceministro de Minas, que firmó la concesión.
Entre estos recursos sobresale uno de impugnación, presentado por la Municipalidad Provincial de Maynas ante el Ingemmet. El mismo fue elevado hasta el Consejo de Minería, la máxima instancia jurisdiccional en asuntos mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El 27 de febrero pasado, el Consejo de Minería analizó el caso en una audiencia pública. Allí, uno de sus miembros, el abogado Luis Panizo Uriarte, afirmó, en varias oportunidades, que una concesión “es solo un papel que no autoriza la exploración o explotación” del área.
Aunque esa precisión aparece en la resolución que otorga el título de concesión minera, el mismo instituto reconoció, en comunicación con OjoPúblico, que una “concesión permite al inversionista contar con un derecho que respalde una futura inversión que pretenda ejecutar”.
Para la Municipalidad Provincial de Maynas, la concesión otorgada por el Ingemmet es ilegal porque va en contra de derechos consagrados en la Constitución, como el de un ambiente equilibrado, y en la jurisprudencia internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.
En 2003, el Gobierno Regional de Loreto declaró la cuenca del río Nanay como “zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal”. Asimismo, el decreto legislativo 1100 prohíbe el uso de dragas en ríos y cuerpos de agua.
La cuestionada concesión de minería metálica es la única otorgada en la cuenca del Nanay. Desde hace varios años, el área es asediada por decenas de dragas de la minería aurífera ilegal, que remueven el lecho del río y contaminan sus aguas con mercurio. Esta actividad ilegal ha generado, en simultáneo, un incremento de la violencia en la zona.
La emisión del fallo, por parte del Consejo de Minería, está prevista para este mes de marzo.
CONCESIÓN. Se aprecian las mil hectáreas aprobadas por el Ingemmet a Raíces Gaddaffi sobre el río Nanay. Afecta a comunidades y áreas naturales protegidas.
Imagen: Ingemmet
“Es solo un papel”
En los últimos años, el río Nanay y sus tributarios registran la presencia de numerosas dragas, utilizadas para la minería ilegal. Según información de la fiscalía ambiental, en febrero de este año, también se identificaron dragas en el Chambira.
Para el profesor y representante del Comité del Agua de Iquitos, José Manuyama Ahuite, la cuenca del Nanay se está pareciendo cada vez más a zonas tomadas por la minería ilegal en Madre de Dios.
“Casi todo lo que sucede en Madre de Dios o en La Libertad (Pataz) sucede en la cuenca del Nanay. Se sabe de amenazas y criminalidad asociada a la minería ilegal, quizás todavía no con la brutalidad de esas zonas arrasadas, pero está presente, lo estamos viviendo”, alertó el también activista ambiental.
Frente a esta situación, el próximo 21 de marzo se realizará una nueva marcha en la ciudad de Iquitos para pedir la anulación de la concesión minera otorgada por el Ingemmet a favor de Raíces Gaddaffy.
En la audiencia del Consejo de Minería del pasado 27 de febrero, el abogado y miembro del consejo Luis Panizo Uriarte recalcó que una concesión minera “no otorga ni autoriza exploración ni explotación, si no hay, previamente, la aprobación del instrumento ambiental”. Por ese motivo, sugirió a los presentes en la audiencia “no oponerse al título”.
Estas afirmaciones, en opinión de Juan Manuel del Águila Cárdenas, abogado a cargo de exponer los alegatos de la Municipalidad Provincial de Maynas para que se anule la concesión, constituyen un adelanto de opinión.
“Una concesión es una norma de rango menor que no otorga derechos, eso es lo que dice la ley. Nosotros lo sabemos. Sin embargo, en la vida cotidiana, eso no es cierto: una vez que tienen la concesión, estos señores [los titulares de la concesión] entran sin esperar todo el proceso que continúa”, explicó a OjoPúblico.
Casi todo lo que sucede en Madre de Dios o en La Libertad (Pataz) sucede en la cuenca del Nanay"
La abogada Marilú Falcón Rojas, también miembro del Consejo de Minería, se expresó en la audiencia en el mismo sentido que su colega al asegurar que una concesión no otorga ningún derecho.
Luis Panizo Uriarte añadió, asimismo, que “para hacer exploración o explotación hay que tener la autorización del dueño del terreno superficial”. Teniendo en cuenta eso, argumentó que las comunidades o los dueños del terreno “pueden hacer valer sus derechos e indicar que no dan la autorización”.
Finalmente, Panizo Uriarte insistió en que los que se oponen a la concesión —la Municipalidad de Maynas, organizaciones y comuneros que rechazan la minería ilegal— “están luchando contra un título que no ha autorizado directamente que se haga exploración o explotación”.
Para Martín Arana Cardó, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS - Perú), la posición de los miembros del Consejo de Minería es netamente “legalista y se ciñe solamente a lo procedimental”.
“No tiene ningún sentido que se otorgue un derecho minero sobre un sitio donde está prohibido o donde no se puede hacer la actividad. Eso, de alguna manera, genera expectativa, por decir lo menos, de que vas a explorar en algún momento”, aseguró Arana Cardó, quien tuvo a cargo una investigación sobre el avance de la minería ilegal en la Amazonía, publicada en 2023 por la FCDS.
Al ser consultado por OjoPúblico, el Ingemmet recalcó lo afirmado por los miembros del Consejo de Minería: “[la concesión] no es un proyecto minero y en ningún caso otorga derechos al terreno, ni a los recursos hídricos y no autoriza el inicio de ninguna actividad minera”.
Viceministro de Minas denunciado
Sobre Henry Luna Córdova, actual viceministro de Minas y expresidente del Ingemmet, pesa una denuncia penal formulada el año pasado por el exfiscal ambiental Alberto Caraza Atoche y miembros del Comité del Agua de Iquitos. Esta denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Centro, por el “otorgamiento ilegal de derechos”, tipificado en el artículo 314 del Código Penal.
Luna Córdova firmó la resolución a favor de Raíces Gaddaffy, cuyo titular es el ciudadano Ricardo Moreno Valderrama. Pese a este antecedente penal, Luna Córdoba fue designado, el pasado 12 de enero, como viceministro de Minas.
En paralelo, el exfiscal Caraza Atoche y el mismo colectivo ambiental de Iquitos presentaron, en octubre de 2023, una denuncia ante la Contraloría General de la República contra el Ingemmet y el actual viceministro. La misma fue admitida a trámite por el organismo de control, el 22 de febrero último.
Juan Manuel del Águila, de la Municipalidad de Maynas, explicó que la concesión de mil hectáreas se superpone a territorios de dos comunidades indígenas. Según su alegato, estas comunidades son San Juan de Ungurahual y Salvador.
Henry Luna Córdova firmó la concesión como presidente de Ingemmet. Ahora es el viceministro de Minas"
La concesión, sostuvo el abogado, también amenaza a áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, que se ubica aguas abajo, en dirección a Iquitos. Además, señaló, la población de Iquitos consume agua proveniente del río Nanay.
La concesión minera de Raíces Gaddaffy, ubicada en el distrito de Alto Nanay, se superpone, en casi 25 hectáreas, a la comunidad nativa San Juan de Ungurahual, que pertenece al pueblo indígena Ikitu, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Cultura a OjoPúblico.
Adicionalmente, se sobrepone a dos comunidades campesinas, Puca Urco y Salvador, en 12 y 52 hectáreas respectivamente. Este medio consultó al Ingemmet si tenía conocimiento de que el título que otorgó se sobrepone a estas comunidades. Sin embargo, no ofreció una respuesta clara sobre el tema.
“La concesión minera que se otorga en cuadrículas mineras respeta todas las áreas o recursos que presentan restricciones, condicionamientos, prohibiciones, etc., incluso los no descubiertos (...) Una concesión (...) no es un proyecto minero y, en ningún caso, otorga derechos al terreno, ni a los recursos hídricos y no autoriza el inicio de ninguna actividad minera. Estos permisos, además, no están a cargo de Ingemmet, sino de otras muchas instituciones públicas”, afirmaron, sin hacer ninguna referencia a la superposición de territorios.
Las amenazas no se detienen
El Consejo de Minería del Minem tiene 15 días para declarar fundado o no el pedido de la Municipalidad Provincial de Maynas. En caso sea declarado improcedente, explicó Del Águila, el municipio podrá recurrir al Poder Judicial.
Mientras esto ocurre, en la cuenca del Nanay, los líderes indígenas y comuneros que se oponen a las actividades ilegales están sufriendo amenazas por parte de las mafias que operan en la zona.
En los últimos años, miembros de la comunidad campesina Seis Hermanos, en la cuenca del Pintuyacu, un río tributario del Nanay, han recibido amenazas directas e indirectas. Si siguen denunciando la actividad ilegal, “los van a manquear [matar]”, le dijeron a uno de ellos.
“En la comunidad no tenemos Internet. Tuvimos un problema con la empresa local, que ya no nos da el servicio. Por eso, no podemos reportar lo que está pasando (...) Sin Internet, en cualquier momento, puede pasar un accidente con alguno de nosotros o conmigo, por defender el territorio, el río, el pescado”, dijo uno de los defensores amenazados en conversación con OjoPúblico.
A raíz de las crecientes amenazas contra comuneros y comuneras de la cuenca del Nanay, este medio solicitó información al Ministerio de Justicia sobre las acciones desplegadas a su favor. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.