Segundo Arirama Bancho, de 53 años, explica la rápida expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, a partir de lo que observa a diario en su comunidad Diamante Azul. No solo es la cantidad de piezas (tuberías, motores, mangueras) que intentan transportar a la zona alta para armar dragas y extraer oro del fondo del río, sino también el incremento de combustible para alimentar esas máquinas. “Hemos incautado más de 20 bidones de petróleo y no solo eso: arriba [en la parte alta de la cuenca] hay muchos extranjeros sacando oro”, detalla el también exagente municipal de esta localidad de 800 habitantes, que se ubica a seis horas por río desde la ciudad de Iquitos, en Loreto. 

Desde hace cuatro años, dice el exagente municipal, el número de dragas se viene incrementando con rapidez. El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, Carlos Castro Quintanilla, sostiene que en la actualidad a lo largo del río Nanay existen más de 40 dragas, artefactos prohibidos según el decreto legislativo 1100 porque remueven los lechos de los ríos y afectan ecosistemas.

La cuenca del río Nanay es la principal fuente de agua para Iquitos, la capital de Loreto que cuenta con casi medio millón de habitantes. Allí también se localizan dos áreas naturales protegidas: la Reserva Allpahuayo Mishana y el área de conservación regional Alto Nanay- Pintuyacu- Chambira, que ahora están cercadas por esta actividad ilegal. Desde el 2003 esta cuenca fue declarada como zona de exclusión minera.

La cuenca del río Nanay es la principal fuente de agua para Iquitos, la capital de Loreto". 

Sin embargo, ninguna norma ha impedido que esta actividad ilegal se expanda en la zona. En la actualidad, según las autoridades entrevistadas por OjoPúblico, las dragas se ubican cerca de los centros poblados San Juan de Ungurahual y Alvarenga (donde viven indígenas ikitu) y Puca Urco. Estas tres localidades se ubican en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas. 

Según César Ipenza Peralta, abogado especialista en temas ambientales, han sido dos los factores que contribuyeron al aumento del número de dragas: la crisis económica causada por la pandemia y el incremento internacional del precio del oro. “Mucha gente salió a “ganarse la vida” trabajando en la minería ilegal. Pero no solo hay peruanos, sino también ciudadanos extranjeros”, sostiene.  

En julio de este año el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP por sus siglas en inglés) detectó con imágenes satelitales varias dragas juntas ubicadas en los ríos Nanay (cerca de la localidad de Puca Urco) y Pintuyacu, dos zonas de donde se extrae oro ilegal, usando mercurio y otros químicos que contaminan el ambiente. 

Luchar contra la lejanía y mafias organizadas

Desde octubre del año pasado hasta la actualidad, la fiscalía del Medio Ambiente de Maynas en coordinación con la Marina han destruido 48 dragas, motores y otros artefactos que servían a la minería ilegal. “Pero nuestra principal dificultad sigue siendo el poco personal, las enormes distancias y la corrupción en algunas instituciones”, señala el fiscal Castro Quintanilla. 

Cuando realizan operativos contra la minería ilegal salen desde Iquitos y viajan durante 10 horas hasta la parte alta del río Nanay. En ese trayecto atraviesan varias comunidades, como Diamante Azul o la comunidad indígena de Santa María de Nanay, donde viven indígenas ikitu. “Lamentablemente, los mineros tienen informantes en los pueblos, que los alertan cuando hay interdicciones. Entonces abandonan las dragas, se esconden en la selva y por eso no los podemos detener”, explica. 

Aunque las autoridades queman las dragas, los mineros vuelven a la actividad ilegal de inmediato. ¿Cómo se explica eso? El defensor ambiental José Manuyama, miembro del Comité de Defensa del Agua de Loreto, indica que se trata de una actividad que mueve muchísimo dinero. “En el río Nanay, a diferencia de otros, hay oro de 24 kilates, es de alta pureza, eso es mucho dinero”, precisa. 

Así también lo explica el defensor del Pueblo de Loreto, Abel Chiroque. El funcionario le explicó a OjoPúblico que algunas comunidades pactan con los mineros ilegales a cambio de dinero. “Son zonas pobres, sin alcantarillado, sin electricidad”, dice. Un gramo de oro cuesta S/ 230, y en Nanay se produce entre 80 y 120 gramos al día. Eso explica el aumento de dragas en esta zona de la amazonía peruana.  

LUCHA. Las autoridades intentan acabar con la minería ilegal en Loreto, pero no solo se enfrentan a grandes mafias, sino también a la corrupción en los órganos de justicia. 

Foto: Fiscalía del Medio Ambiente de Maynas 

El otro enemigo: la corrupción

Este año la población de Diamante Azul se organizó para luchar contra la minería ilegal. Una de sus primeras acciones fue incautar combustible sospechoso que es trasladado bajo la modalidad de hormiga. Es decir, varias personas transportan el combustible en bidones. Ya en la parte alta del río Nanay lo reúnen y se lo entregan a los mineros ilegales. La medida fue acordada por los habitantes debido a que “había policías coludidos con los mineros”, dice el exagente municipal.  

Esa denuncia no es aislada. En setiembre de este año, la Defensoría del Pueblo de Loreto alertó que la policía de la comisaría de Santa María de Nanay “habría permitido el desplazamiento de una embarcación [que tenía orden de inmovilización por parte de la fiscalía]”. Esta nave -que fue intervenida por la población de Diamante Azul- transportaba 300 galones de gasolina y 180 galones de diésel, hacia la zona de minería ilegal. 

No ha sido el único caso. El fiscal Castro Quintanilla ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y el departamento de Inspectoría de la Policía de Loreto, contra efectivos policiales del puesto de vigilancia de Yarana, ubicado en Alto Nanay. Este centro de control se implementó el año pasado para evitar el pase de combustible, insumos y otros artefactos usados en dicha actividad ilegal. 

La documentación presentada por el fiscal Castro, y a la que accedió OjoPúblico, señala que el año pasado agentes del puesto de Yarana incautaron más de 1.000 galones de combustible. No obstante, dicha intervención nunca fue informada a ninguna fiscalía y “hay versiones contradictorias en torno al destino final de ese combustible”, indica Castro Quintanilla.  

Por ese motivo en diciembre del año pasado el fiscal Castro intervino el Departamento de Medio Ambiente de la Policía, en busca del combustible incautado. En dicha diligencia el suboficial Jhony Carbajal Mori, de dicha dependencia policial, señaló que “no existe registro alguno sobre sobre aquello [combustible incautado]”.

“Se debe cambiar a los efectivos del puesto de control de Yarana y a los de la comisaría de Santa María de Nanay, porque hay serias sospechas. Si no se hace continuaremos con infidencias al momento de los operativos. No es posible que los mineros sepan cuando vamos a golpear en una zona”, solicitó el fiscal Castro. 

En enero de este año, Castro Quintanilla recibió al ciudadano Nike Puertas Ayate, quien contó que había recibido una llamada del suboficial de la policía Juan Carlos Matos Clausi, del puesto de control Yarana. El agente le pedía reunirse para devolverle el combustible retenido desde julio del año pasado o su valor en dinero. “¿Dónde está ese combustible incautado por la policía? Nunca se nos informó a nosotros”, dijo Castro. 

Atacar el combustible y los insumos químicos

Como ya conoce el poder económico de la minería ilegal, el fiscal Castro Quintanilla considera que para golpear la minería ilegal en Loreto es necesario que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establezca una ruta fiscal, enmarcado en el decreto legislativo 1103. Dicha norma regula el transporte de combustible y otros insumos y evita que estos vayan hacia zonas donde existe minería ilegal.  

“Con una ruta fiscal será más difícil que pasen combustible, gas u otros insumos, como lo hacen ahora, sin permisos, por las noches, sin documentos, y en embarcaciones informales”, dice el fiscal Castro. A esa propuesta el abogado Ipenza Peralta agrega que se necesita implementar también operaciones de contrainteligencia para acabar con la corrupción en las entidades de justicia.

La idea, recalca Ipenza, es evitar que la cuenca del Nanay se convierta en una nueva zona minera como Madre de Dios. “Debe realizarse un trabajo articulado, que involucre a varias instituciones, pero además es urgente cambiar a los malos elementos de la policía. Deben establecerse sanciones ejemplares y evitar que estos agentes sean reubicados en otras zonas mineras, como Madre de Dios”, recomienda. 

Otra de las alternativas es usar satélites para monitorear en tiempo real las dragas, dice el defensor Chiroque. “Se puede usar esta herramienta como apoyo de la Marina y de la Fiscalía, para las interdicciones. También es importante recibir mayor presupuesto para hacer operativos, porque trasladarse hasta allá es muy caro”, señala. 

Pero la preocupación de los ciudadanos de las comunidades de la cuenca del Nanay y de Iquitos es que la minería ilegal se viene extendiendo hacia otras zonas como el río Napo, el Datem del Marañón y el Putumayo. “Es una amenaza completa para todos los ríos amazónicos, para los peces que consumen agua contaminada con mercurio; y para nosotros que comemos esos peces. Es un envenenamiento colectivo”, denuncia el defensor ambiental José Manuyama.