En Brasil, Colombia y Perú —países que comparten territorios limítrofes y que en los últimos años han registrado el avance de diferentes delitos ambientales— existen 9.060 zonas de explotación minera en más de 32.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía.

En esta zona de frontera compartida por los tres países, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha identificado el avance de la actividad aurífera ilegal sobre comunidades indígenas, a través de ocho rutas fluviales y áreas protegidas donde se han instalado balsas y maquinaria conocida como dragas para la extracción de oro.

También se han identificaado pistas de aterrizaje para la llegada y salida de aviones que transportan el metal ilícito. 

El análisis de esta institución, que basa sus cifras en fuentes de los tres gobiernos y los reportes periódicos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), también considera el porcentaje de minería ilegal existente frente al total de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y territorios indígenas de la Amazonía de los tres países analizados. 

Las cifras más elevadas recaen sobre Perú que tiene un 26% de la actividad ilícita en áreas protegidas y el 14% en territorios indígenas. En el caso de Colombia, la cifra se reparte en 27% en las ANP y 7% en territorios indígenas, mientras que en Brasil los porcentajes de minería ilegal alcanzan el 13% en zonas protegidas y 7% sobre las tierras de comunidades de la Amazonía. 

RUTAS. Un análisis de la FCDS muestra las vías empleadas para el tránsito de oro ilegal en la Amazonía de Brasil, Colombia y Perú.

Mapa: FCDS

El análisis también encontró que en la Amazonía brasileña el 49,4% de más de 25.000 zonas mineras están involucradas en la extracción de oro. En Perú, el 84,6% de más de 19.000 zonas mineras en la Amazonía cuentan con una extracción metálica, mientras que en Colombia el 13% de 105 zonas se dedican a la producción de oro.

En Perú, esta actividad ilícita ha generado enfrentamientos entre mineros ilegales y líderes indígenas en diferentes regiones de la Amazonía. El pasado 27 de octubre, dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) denunciaron el saqueo de sus oficinas como represalia por su oposición a la minería ilegal en la zona, donde se ha duplicado la instalación de dragas para extraer oro ilegal.

La Amazonía de Perú registra un 26% de minería ilegal en áreas protegidas y el 14% en territorios indígenas.

Asimismo, durante la pandemia y a falta de actividades de control por parte del Estado, la minería ilegal se ha trasladado a otras zonas y a lugares cercanos de comunidades indígenas. Estos desplazamientos continúan ocasionando la pérdida de bosques e invasiones de territorios comunales. 

La deforestación en Perú, durante el 2020, alcanzó cifras históricas y Madre de Dios fue una de las regiones de la Amazonía más afectadas. Si bien este año las cifras declaradas por el Ministerio del Ambiente indican que la pérdida de bosques continúa, la tasa ha presentado una ligera reducción. Las regiones Madre de Dios, Ucayali y Loreto figuran como los territorios con mayor deforestación. 

A pesar de las alertas ambientales sobre esta actividad ilegal, la rentabilidad alrededor de esta economía ilícita se ha mantenido. En un informe de abril de Scotiabank se advirtió que la producción informal del oro y sus exportaciones indicaban que seguía en aumento. En el primer bimestre del 2022, según este reporte, los envíos crecieron 17,6% respecto al bimestre anterior. Mientras que en 2021, un año después del inicio de la pandemia, las ventas de este sector aumentaron en más del 98% respecto al 2020.

La Contraloría de Colombia señala que el 85% del oro que se exporta de ese país proviene de la minería ilegal.

La minería ilegal en el Perú, en una evaluación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del 2021, recibió la calificación de amenaza “muy alto” respecto a delitos precedentes de lavado de activos. Además, es el segundo delito vinculado a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) —reportadas entre 2012 y 2020— solo superado por los delitos contra la administración pública. 

ANÁLISIS. Para detectar diferentes características en la minería ilegal, la FCDS estudió un polígono que comprende territorios amazónicos de Brasil, Colombia y Perú.

Mapa: FCDS.

El incremento de los ROS alrededor de la minería ilegal, según el reporte de la SBS, guarda una relación con el aumento en el precio de la onza de oro, un metal que tiene como principal insumo al mercurio para su extracción ilícita en la Amazonía y otras regiones del país.

Las operaciones bancarias vinculadas a esta presunta actividad ilícita en Perú involucran a países como India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza. En el periodo analizado, la SBS detectó a 3.907 personas en los 1.950 ROS con posible delito proveniente de la minería ilegal. De este grupo, el 64% corresponde a personas naturales y el 36% restante a jurídicas. 

En Colombia, la situación también es alarmante. A fines de julio de este año, la Contraloría General de la República de ese país señaló que el 85% del oro colombiano que se exporta proviene de la minería ilegal. Además, según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undocs), el año pasado se calculó que el 65% de la producción de oro correspondía a “explotación ilícita”.

La FCDS elaboró un polígono para estudiar la presencia de la minería ilegal en más de 12’000.000 de hectáreas de territorio amazónico de Brasil, Colombia y Perú. El análisis encontró más de 32.000 zonas de solicitud minera amazónica, la mayor parte correspondiente a territorio brasileño (94,5%), seguido del peruano (4,2%) y colombiano (1,3%). 

El foco en esta parte de la Amazonía también halló 3.801 “zonas potenciales” para actividades mineras de los tres países analizados, es decir, territorios donde hay interés de hacer minería pero a la fecha no se ha formalizado.

Esta área revisada, con el apoyo de mapas satelitales, considera en conjunto 50.270 kilómetros cuadrados, donde Brasil cuenta con el 88,7%, y Perú el 11,3% del área total. Colombia no presentó áreas potenciales.

Las cifras y alertas mostradas sobre la actividad minera ilegal son un reflejo de las consecuencias generadas por la falta de prioridad en los bosques amazónicos de la región.