Loreto. Kattia Manihuari Ocume, que vive en la comunidad Huacrachiro, supo que su esposo estaba desaparecido el domingo 9 de agosto a las tres de la mañana, cuando la despertó una llamada telefónica. Le dijeron que desconocían su paradero, pero que lo estaban buscando. La mujer levantó a su hijo de la cama e inició el viaje a Bretaña -distrito de Puinahua, provincia de Requena- el lugar donde su pareja estuvo el día anterior -provisto de una lanza- para apoyar la protesta de los indígenas kukamas contra PetroTal; la empresa que opera el lote 95 de Loreto. 

Cuando llegó a Bretaña, Manihuari Ocume se enteró de lo sucedido: el enfrentamiento entre la policía y los indígenas kukamas, las balas, las bombas lacrimógenas. Allí supo, además, que a los heridos los habían llevado a Requena y guardó la esperanza de que su esposo, Wilian López Ijuma, estuviera allí. Con las horas, sin embargo, esa idea se fue diluyendo y, luego, llegó la confirmación: López Ijuma era uno de los tres fallecidos. 

“Al inicio no me dijeron que estaba muerto. Pero, luego, me enteré que de acá (Bretaña) ya se lo llevaron sin vida”, relató la mujer con su hijo de seis años en brazos. Esa mañana se reunieron en Villa Gran Tierra, una comunidad ubicada a 500 metros del campamento petrolero donde murió López Ijuma y otros dos indígenas kukamas, para pedir justicia. “He venido a luchar por mi marido. (Él) podrá estar muerto, pero aún me queda mi hijo”, dijo Kattia Manihuari Ocume . 

“He venido a luchar por mi marido. (Él) podrá estar muerto, pero me queda mi hijo”, dijó Kattia Manihuari. 

Durante el enfrentamiento y violenta represión de ese domingo 9 de agosto, murieron tres personas, otras 11 y seis policías resultaron heridos. Los reclamos de las comunidades kukamas no eran recientes: ya habían protestado en 2019 por las mismas razones. “Lo que queremos ahora es justicia, porque han muerto seres humanos, no animales”, reclama Manihuari Ocume. 

OjoPúblico viajó durante ocho horas por río, desde Nauta hasta la comunidad de Bretaña, y conversó con los familiares de los tres indígenas asesinados durante la protesta contra la petrolera. En la zona, los recuerdos se mantienen frescos y las brechas sociales que impulsaron la protesta son visibles: no hay servicios básicos ni energía eléctrica. 

Las necropsias 

De acuerdo con los certificados de necropsia a los que accedió OjoPúblico, Wilian López Ijuma, de 29 años, y Chemilton Flores Crispín, de 37, murieron por impactos de proyectiles de armas de fuego. El primero recibió disparos en el abdomen y el tórax, que le perforaron el estómago y el pulmón izquierdo; mientras que a Flores los balazos le alcanzaron la pelvis y el muslo derecho. 

La abogada Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), dijo que en nuestro país existe una clara tendencia en la Policía de usar la fuerza en exceso. “La Policía utiliza la fuerza letal, incluso con mucha mayor frecuencia, cuando se encuentra frente a ciudadanos indígenas”, alertó.

Al respecto, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, advirtió en 2018 que existe una gran preocupación “por las alegaciones de uso excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas que se oponen a proyectos extractivos”. 

PRUEBA. El certificado de necropsia de Wilian López indica que falleció por impactos de proyectiles de armas de fuego que le perforaron el estómago y el pulmón. 

Crédito: Jorge Carrillo/ OjoPúblico

CAUSA DE MUERTE.El certificado de necropsia de Chemilton Flores señala que el indígena kukama murió por impactos de proyectiles de bala. 

Foto: Jorge Carrillo/ OjoPúblico 

En ese sentido, la institución exhortó a que la policía actúe de manera independiente e imparcial, y que “se investigue todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en contra de miembros de pueblos indígenas y, en su caso, que los autores sean enjuiciados y castigados, teniendo en cuenta la gravedad de tales actos”. 

Pérez añadió que existen protocolos para la actuación de la Policía en una manifestación, y el uso de armas letales está prohibido, salvo excepciones. “Si se observaban actos de violencia, entonces se debió neutralizar a los que atacaban, pero con el mínimo uso de la fuerza. No se debió disparar contra todos, como se ve en los videos. Hubo un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía”, explicó la abogada.

Mar Pérez dijo que el uso de armas letales está prohibido, salvo excepciones.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena, a cargo de  Gissela Pinedo Valdez, investiga este caso, pero hasta el momento solo ha citado a representantes de la petrolera y a doce indígenas, el dirigente James Pérez y once heridos. Sin embargo, ninguno de los policías que participaron durante el enfrentamiento está incluido en las pesquisas. “Nosotros tenemos un registro de casos de fallecidos por el uso de la fuerza desde el gobierno de Alejandro Toledo. Son 113 y no hay antecedentes de ninguna sentencia condenatoria. Lamentablemente hay una tendencia a la impunidad”, aseguró Mar Pérez.

En busca de justicia

Lucelia Shupingahua es la viuda de Chemilton Flores Crispin, un hombre que se unió a las manifestaciones para sumarse a las demandas de mejor calidad de vida para su comunidad. Ambos se dedicaban a la pesca. “Vendíamos en el puerto de Bretaña, pero ahora me he quedado sola con dos hijos”, dice la mujer que reclama justicia. A su lado, Jhoyse DoSantos Ochavano, relata que su esposo, Elix Ruiz Ortiz, de 35 años, falleció esperando servicios básicos para su localidad Áncash, ubicada a dos horas por río desde Bretaña. 

Ruiz deja huérfanos a cuatro pequeños que lo único que saben es que su padre ya no está y no volverá, como hasta hace poco, cuando lo veían regresar con pescado del río. El abogado Jorge Tacuri -asesor de las tres viudas y sus familias- dijo a OjoPúblico que la información recabada le permite asegurar que los indígenas no portaban armas de fuego el día del enfrentamiento, algo que contradice la versión del Ministerio del Interior.  

Tacuri ha solicitado que se identifique a los policías que participaron en el incidente. “Nos parece extraño que el Ministerio Público no tenga la relación de los policías, ni de la cadena de mando. Así como cita a la empresa y a los dirigentes indígenas, debería hacer lo mismo con el comando operativo policial”, precisó. También dijo que es importante que el caso sea conocido por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. 

ESPERAN JUSTICIA. Las viudas de los tres kukamas fallecidos en el enfrentamiento pidieron que se sancione a los responsables y que sus muertes no queden impunes.

Foto: Jorge Carrillo/ OjoPúblico

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) solicitó al Estado apoyar a las familias de las víctimas. “Son viudas con hijos menores, que no tienen dinero para solventar su vida diaria. El Estado debe hacerse cargo de ellos hasta que cumplan la mayoría de edad, no puede desampararlos”, dijo. 

Respecto a las investigaciones, Mar Pérez considera que debe incluirse a los altos mandos policiales. “En la mayoría de estos casos se genera impunidad, pues se busca identificar a los policías que dispararon y eso muchas veces es muy difícil o casi imposible. Pero sí se puede reconocer a los mandos, los que dirigen y planean las operaciones”, precisó.

Jorge Pérez Rubio, presidente de Orpio solicitó al Estado apoyar a las familias de las víctimas.

La abogada lamentó que el sistema de justicia persiga a los líderes indígenas que, en realidad, son los afectados durante las protestas sociales. “Eso demuestra que hay un doble estándar: cuando la Policía mata a los manifestantes, la justicia mira para otro lado”. 

Las brechas sociales

James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap), que reúne a más de dos mil kukamas, explicó a OjoPúblico que las demandas de las comunidades son el servicio de energía eléctrica las 24 horas, un hospital rural intercultural y la entrega de un fondo económico que proceda del 10% de la producción fiscalizada de petróleo, para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, agua y saneamiento. 

El lote 95 se ubica en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, donde hay cuatro centros de salud rurales de primer nivel, con instalaciones inadecuadas, según un estudio de brechas en salud del Ministerio de Salud, publicado este año.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Loreto solo el 45% de la población consume agua potable de la red pública. De ese porcentaje, solo la mitad tiene acceso a este recurso todos los días y apenas el 8% tiene agua las 24 horas . El documento señala, además, que solo el 42% de la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado. 

Las demandas de las comunidades son energía eléctrica 24 horas, un hospital intercultural y un fondo para ejecutar proyectos. 

Sobre las carencias en las comunidades, José Fachín, asesor de las comunidades indígenas del Bajo Puinahua, dijo que es necesario que una comisión del Ejecutivo vuelva a la zona para atender las demandas. Como se recuerda, después del enfrentamiento en Bretaña una comisión del gobierno, encabezada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, llegó al lugar y se comprometió a gestionar los reclamos de la población. 

Por su parte, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), dijo a OjoPúblico que, como la máxima organización indígena en el Perú, han solicitado una exhaustiva investigación para conocer a los responsables de las tres muertes en Loreto. Asimismo, precisó que el Estado debe cumplir sus compromisos de cerrar las brechas sociales en las comunidades del Bajo Puinahua.  

“Es necesaria una atención integral a las demandas ya conocidas, como energía eléctrica, agua potable, hospitales y escuelas interculturales. No necesitamos que se firmen actas para calmar las protestas durante un tiempo. Lo urgente es atender los reclamos de nuestros hermanos”, pidió Cauper. 

En Villa Gran Tierra, Kattia Manihuari se sigue preguntando cómo le explicará a su hijo de seis años que su padre tampoco regresará a casa. “Hasta ahora no encuentro manera de decírselo, ni consuelo. Los dirigentes me han dicho que buscarán justicia. Solo quiero eso: justicia, ellos no son perros para dejarlos morir así”, añade mientras observa a su hijo correr por el bosque, ese ecosistema que ella y el resto de la comunidad defienden con su vida.