El Lote 192, ubicado en Loreto y considerado el yacimiento petrolero más grande del país y, al mismo tiempo, uno de los más impactados por derrames y pasivos ambientales, entrará en operaciones nuevamente. El 28 de febrero, las empresas estatales de derecho privado, Perupetro –que negocia y supervisa los contratos de hidrocarburos– y Petroperú –dedicada al transporte y comercialización– suscribieron un contrato de explotación por 30 años.

La zona de explotación se ubica en las provincias de Datem del Marañón y Loreto, sobre las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, en la zona fronteriza con Ecuador. Esta área es territorio de los pueblos indígenas achuar, quechua y kichwa, y es una de los espacios amazónicos más impactados por la extracción de petróleo desde hace más de 50 años.

Ninguna de las empresas que en este tiempo han extraído el petróleo del subsuelo –Occidental Petroleum Company (Oxy), Pluspetrol Norte y Frontera Energy– han querido asumir sus responsabilidades ni remediar los daños. Y tras varias negociaciones, ahora una empresa estatal asume la operación de este lote.

Según Petroperú, las operaciones se iniciarán dentro de un año, luego de que se evalúe el estado del lote —después de tres años de paralización— y se ejecute la rehabilitación de su infraestructura. Según el contrato, la empresa está facultada de convocar a uno o más socios estratégicos.

Pluspetrol es responsable de más de mil sitios contaminados que afectan a más de 20 comunidades y que no remedió.

Desde que en 1971 la Oxy perforó el primer pozo de petróleo en esta zona, la extracción y los impactos ambientales han sido permanentes. Sin embargo, la vida de las comunidades amazónicas locales no ha mejorado, por el contrario, la zona tiene un largo historial de ecosistemas devastados y más de mil sitios contaminados y abandonados.

Entre los años 2000 y 2015, este lote fue operado por Pluspetrol Norte, un consorcio integrado mayoritariamente por Pluspetrol (cuya matriz ha sido registrada en Holanda a través de la off shore Pluspetrol Resources Corporation B.V.).

La petrolera es responsable de cerca de 1.900 sitios contaminados que afectan a más de 20 comunidades, según la información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Pluspetrol Norte se negó a asumir su responsabilidad y se declaró en liquidación.

Tras la salida de Pluspetrol, Frontera Energy asumió la operación del lote.

INACTIVO. Instalación petrolera abandonada en medio del bosque.

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro

La firma del contrato

En noviembre del 2015, el Congreso aprobó una norma que incorporó una disposición complementaria a la Ley 30130 —que declara de interés nacional la modernización de la Refinería de Talara y adopta medidas para fortalecer la empresa petrolera estatal— para que Petroperú, mediante negociación directa con Perupetro, asuma la operación del Lote 192.

En virtud de ello, Perupetro emitió constancias de calificación (el 2018 y el 2021) a favor de Petroperú para que asuma el cien por ciento de participación en el contrato. Con el vencimiento del contrato de Frontera Energy a inicios del 2021 —aunque sus operaciones se suspendieron un año antes en medio de protestas y la llegada de la pandemia—, el Lote 192 pasó a custodia de Perupetro.

Antes de cerrar el trato con Petroperú, se tenía que realizar la consulta previa a las comunidades indígenas impactadas por las actividades del lote. Este proceso concluyó en agosto de 2021 con 67 acuerdos, varios de los cuales aún no se concretan.

"El gobierno se ha preocupado más por firmar el contrato con Petroperú que por cumplir los acuerdos de la consulta previa", dice líder indígena.

El 25 de julio de 2022 se publicó el decreto supremo 009-2022-EM que autoriza la firma del contrato entre Perupetro y Petroperú. Finalmente, el 28 de febrero último se dio la firma entre ambas empresas estatales.

Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), cuestionó que el gobierno se haya preocupado más por firmar el contrato con Petroperú en lugar de velar que se cumplan los acuerdos de la consulta previa, como que “se agilice la remediación y se limpie el daño causado por las empresas”.

El dirigente alertó además que no se han cumplido con los plazos acordados en la consulta para la instalación de mesas de trabajo de temas como salud y educación. De otro lado, adelantó que sostendrán reuniones con las comunidades a fin de evaluar el cumplimiento del Estado y ver si permiten el ingreso de la nueva empresa.

Las preocupaciones en torno a la capacidad de Petroperú para explotar el lote se basan en la cantidad de procesos y sanciones que tiene por los derrames en el oleoducto norperuano operado por ellos. Solo entre marzo del 2011 y setiembre del 2022, se registraron 144 emergencias ambientales en este ducto.

Según informó Petroperú, ya se encuentra realizando un acercamiento con las comunidades y las organizaciones indígenas de la zona de influencia del lote. Como parte de ello, pronto se iniciarán las reuniones de presentación donde se detallarán las actividades que se llevarán a cabo.

¿Quién remediará los pasivos ambientales?

De acuerdo al contrato firmado en Lima, Petroperú “no será responsable por los pasivos ambientales existentes e identificados en el Área del Contrato antes de la Fecha Efectiva”. Es decir, no asumirá la remediación de los daños ocasionados por las anteriores petroleras.

Aclara además que la remediación de los pasivos que identifique la autoridad competente, “generados por las operaciones anteriores”, serán de responsabilidad de quien determine la autoridad competente de acuerdo a ley.

Y en caso de que Petroperú realice alguna remediación, los términos se consignarán en un documento independiente al contrato y sin que ello signifique “responsabilidad ni costo alguno” para la empresa.

CONTRATO. Empresa estatal no remediará pasivos ambientales de antiguas operadoras.

Foto: Captura del contrato

El año 2000, cuando Pluspetrol Norte asumió la operación del Lote 192 (entonces llamado Lote 1AB), según señala el OEFA, la empresa adquirió los compromisos ambientales de su antecesor (la estadounidense Occidental Petroleum). Es decir, se debía hacer cargo de los pasivos dejados por este.

Pluspetrol Norte ha causado cientos de afectaciones al medio ambiente y a las comunidades indígenas. El 2015, presentó su primer Plan de Abandono donde propuso solo 49 sitios contaminados, y no incluyó otros 92 sitios que el OEFA identificó en un reporte de un año anterior.

Aquello generó que el plan fuera rechazado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La empresa apeló, pero el estado no le dio la razón. Al año siguiente, la empresa presentó una segunda versión prácticamente sin cambios. El documento nuevamente fue rechazado. El mismo año, 2016, el OEFA inició un proceso sancionador por, entre otros motivos, no incorporar un total de 1.199 sitios contaminados en dicho plan de abandono.

En 2019, la empresa presentó una tercera versión de su plan, que también fue desaprobado el 2021. El Minem dijo a OjoPúblico en ese entonces que la empresa reconocía solo 35 sitios contaminados: 3 pozos, 13 rellenos de residuos peligrosos y 19 emplazamientos con residuos enterrados.

En diciembre de 2020, Pluspetrol Norte anunció sorpresivamente su liquidación y con ello que no se haría cargo de los sitios que contaminó. Pluspetrol Norte ha judicializado las sanciones impuestas por el OEFA, por lo que los sitios contaminados no han sido atendidos a la fecha.

Pluspetrol es una empresa con una fuerte presencia en el Perú; a través de sus filiales tiene una importante participación en el Lote 8, ubicado también en Loreto, y en el consorcio del gas de Camisea, que opera los lotes 56 y 88, ubicados en la selva de Cusco.

Luego de la salida de Pluspetrol Norte, la empresa canadiense Frontera Energy asumió el control del lote por negociación directa. Según el OEFA, desde el 2015 hasta mayo de 2020, se registraron más de 90 derrames de petróleo en el Lote 192.

En agosto de 2021, varios meses después de que dejara el lote, la empresa presentó su plan de abandono por la finalización de su contrato temporal, en el cual indicó que no tenía componentes a abandonar.

Otro hecho que preocupa a las comunidades locales es quién asumirá la responsabilidad por los derrames de los últimos dos años, en los que el lote quedó bajó custodia de Perupetro. Aunque el lote no estuvo operando, el estado desastroso de la infraestructura del lote, generó nuevos vertidos, explicó a OjoPúblico la socióloga Aymara León, del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte. “El OEFA no puede fiscalizar o poner sanciones a Perupetro”, remarcó.

Sostuvo además que las federaciones indígenas han preguntado sobre dichos impactos a diversas autoridades como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el MEM y el Ministerio del Ambiente, y no han tenido un pronunciamiento claro.

EN SACO ROTO. Uno de los acuerdos de la consulta previa fue que se agilizara la remediación.

Foto: OjoPúblico / Aramís Castro

Remediación en cero

En el marco de la ejecución del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte alertó que a la fecha el MEM ha aprobado solo 15 planes de rehabilitación —12 del Corrientes, 1 del Pastaza y 2 del Tigre— de los primeros 32 sitios priorizados.

Este fondo se creó el 2015 para remediar las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, y desde el 2020 es administrado por el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe). En diciembre del año pasado, el MEM generó una grave precedente al desaprobar un plan de rehabilitación (para el Pastaza) que antes había contado con su propio visto bueno.

Esta medida fue cuestionada por Aurelio Chino, presidente de Fediquep, quien señala además lo habitual que es que el MEM “haga una propuesta y luego dé marcha atrás perjudicando el proceso”. En los últimos años, se han priorizado 102 nuevos sitios impactados, sin embargo no se cuentan con los recursos para remediar. Según Profonanpe, solo remediar los primeros 32 sitios costará 656 millones de soles, y el fondo hoy solo cuenta con 420 millones.

Una vez que un sitio es priorizado, Profonanpe debe contratar una empresa que elabore un plan de remediación, luego este debe ser aprobado por el MEM para pasar a la siguiente fase que es la ingeniería de detalle que permite conocer las condiciones de la zona a intervenir, y luego de ello se procede con la remediación. Hasta el momento, ningún sitio ha iniciado la ingeniería de detalle.

Como parte de un acuerdo de la consulta previa, Profonanpe hizo un cálculo de lo que constaría remediar el ex Lote 1AB (hoy Lote 192), la cifra asciende a más de 5.500 millones de soles.

OjoPúblico se comunicó con el Ministerio de Energía y Minas para conocer detalles de su actuación en el espacio del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.