FAUNA. La principal exportadora de tortugas taricayas del Perú enfrenta una demanda con la que podría perder ocho inmuebles por presunto tráfico de especies.
Actualización: 19 de marzo de 2024 - 4:40 p.m.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, con sede Loreto, emitió un fallo en primera instancia que dispone que ocho propiedades de Milagros Ferreyra Anahuari, —vinculada a las principales exportadoras de tortugas taricayas (Podocnemis unifilis), entre 2014 y 2023 desde el Perú—, deben ser transferidos a favor del Estado. La sentencia ha sido apelada y será una segunda instancia la que definirá el futuro de las propiedades.
La Fiscalía de Loreto, que presentó la demanda, argumentó en su pedido que los inmuebles se adquirieron “con dinero ilícitamente obtenido”. La decisión del juzgado, emitida el 9 de febrero y a la que accedió OjoPúblico, comprende cuatro viviendas, un hotel y tres zoocriaderos, ubicados en las provincias de Maynas y Nauta, y están valorizados, según la Fiscalía, en S/ 3’800.000.
La extinción solicitada, que se encuentra en apelación, se basa en que las propiedades de Ferreyra Anahuari tuvieron como origen dinero proveniente de presuntas actividades ilícitas de lavado de activos, defraudación tributaria y tráfico de recursos naturales.
OjoPúblico se comunicó con el abogado de Milagros Ferreyra, Josué Daniel Chávez Cotrina, quien indicó que el fallo fue apelado el último 26 de febrero y será la Sala Superior Macroregional de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad la que determine la sentencia en última instancia.
El letrado es hermano de Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la fiscalías contra el crimen organizado; según la declaración jurada de interés presentada por el fiscal a la Contraloría General de la República.
Vínculo. El abogado de Milagros Ferreyra Ahuanari, Josué Daniel Chávez Cotrina, es abogado del coordinador nacional de las fiscalías contra el crimen organizado.
Captura: Contraloría General de la República.
Chávez Cotrina agregó que, al no ser una “sentencia consentida”, es “falso” afirmar que los bienes han sido transferidos al Estado. También señaló que el fallo se basaba en procesos donde Ferreyra Ahuanari había sido declarada absuelta. “Es una sentencia que comete abuso de autoridad y usurpación de funciones porque el juez que emite la sentencia estaba de vacaciones”, opinó.
De acuerdo al Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, vigente desde agosto del 2017, el proceso queda confirmado en una segunda instancia y, de ser declarado fundado, los bienes pasan a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
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Ilustración: Jhafet Ruiz / OjoPúblico.
La empresaria —según la sentencia— tuvo un “incremento patrimonial no justificado” debido a que no habían “elementos” que “permitan considerar que provienen de actividades lícitas”. Esto último tuvo el respaldo de indagaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), mencionados en la sentencia.
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP, identificó que en el periodo 2014-2017, las empresas MF Tropical Fish E.I.R.L. y MF Turtles & Tropical E.I.R.L. [de Milagros Ferreyra] declararon haber realizado exportaciones por un valor FOB de USD 6’179.722, sin embargo, recibieron transferencias del exterior por USD 10’305.096, con una diferencia de USD 4’125.374”, se detalla en los documentos.
El fallo también recoge los hallazgos de un informe pericial contable que identificó que la empresaria no tenía ingresos declarados en 2013, pero entre el período 2014 al 2017 recibió transferencias extranjeras por más de USD 2’000.000. Esto ocurrió pese a no registrar exportaciones en la Sunat. “Es una persona con un incremento patrimonial notoriamente superior al que normalmente haya podido percibir en virtud de su actividad económica lícita”, señala el expediente judicial.
En otro punto, el juzgado señala que Milagros Ferreyra Anahuari posee “vínculo con personas investigadas por tráfico de especies”, en relación a su hermana Lita Ferreyra Anuanari, a quien la Fiscalía Ambiental del Callao la investiga por el presunto delito de tráfico ilegal de especies.
El mismo fallo del juzgado recuerda también que Lita Ferreyra Ahuanari se encuentra investigada, desde setiembre último, por la Fiscalía Ambiental de Loreto, luego de que intentara exportar 30 perezosos y seis osos hormigueros a Dubai, como reveló un detallado reportaje de OjoPúblico.
Luego de la sentencia del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, Milagros Ferreyra apareció en un reportaje de Willax difundido el 11 de febrero. En esa entrevista, la empresaria cuestionó que el Estado ahora no le estaba dando “permisos de exportación” de taricayas. “Esto es lo que está buscando el Estado: simplemente que [las comunidades que manejan las tortugas] ya no tengan mercado ni oportunidades”, dijo.
Un reportaje de OjoPúblico, de julio del 2023, identificó que entre las principales exportadoras de fauna peruana figuran compañías pertenecientes a las hermanas Milagros y Lita Ferreyra Ahuanari. Las exportaciones de estas empresas concentran el 53,3% de todas las exportaciones de animales desde Perú, principalmente hacia Hong Kong, China, Taiwán y otros países.
Otros familiares de Ferreyra Ahuanari con investigaciones en curso, según información incluida en el fallo judicial, son su hermano, Juan Magno Ferreyra Ahuanari; y su cuñado, José Alberto Manzur Chumbe. En el primer caso por el presunto delito de comercio y extracción de flora y fauna protegida; y en el segundo por tráfico ilegal de especies.
En su defensa incluida en la sentencia, Milagros Ferreyra Anahuari indicó al Poder Judicial que el hecho que sus familiares se encuentren bajo investigación no la vincula a los mismos, por “ser la responsabilidad penal personalísima”.
Entre el sustento recogido se encuentra la “falta de veracidad” en información comercial de MF Tropical Fish EIRL, una de las empresas fundadas por Milagros Ferreyra Ahuanari.
En documentos de la Dirección de Producción de Loreto (Direpro), según el Poder Judicial, se consignó un “índice de mortandad igual a cero” de las taricayas exportadas por Milagros Ferreyra. Es decir, de todos los animales que salieron del país ninguno falleció en el proceso.
Sin embargo, especialistas que declararon como expertos explicaron que en el sector hay un margen de “10% de mortalidad”. Frente a esta declaración del especialista, Ferreyra Ahuanari dijo que era “imposible” este porcentaje para una especie comercializada porque “ya no sería negocio”.
En el fallo también declaró como testigo Santiago Segundo Álvez Silva, un exempresario que contaba con un zoocriadero de tortugas taricayas. En su intervención, contó que en el grupo de manejo Pacaya Samiria tenían como objetivo aprovechar solo la mitad de animales y el resto debía ser liberado, pero que “la otra mitad también la vendían” en el “mercado negro” a un precio de S/2 por taricaya y que esta operación se realizaba de manera exclusiva a Milagros Ferreyra, quien “los enviaba a varias partes del mundo.”