Loreto. Decenas de personas provenientes de la localidad de Tamshiyacu, ubicado en el distrito Fernando Lores, llegaron el último miércoles hasta el frontis del Ministerio Público de Iquitos para protestar contra uno de los fiscales que impulsa la lucha contra el tráfico de madera y la deforestación en la Amazonía: Alberto Caraza Atoche. Los manifestantes buscan presionar a la autoridad en las investigaciones penales que lleva contra el empresario checo-estadounidense Dennis Melka, fundador de empresas que operan precisamente en esa zona.

La protesta fue impulsada a pocos días de que el Poder Judicial de Loreto decida la apelación de una sentencia contra Rubén Antonio Espinoza, directivo de una compañía fundada por Melka y condenado en agosto del 2019 a ocho años de prisión efectiva por el delito de tráfico ilegal de especies forestales. Los manifestantes llevaban banderolas atacando al fiscal Caraza y a la ONG Kené - Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, organización que ha acompañado dos expedientes por el delito de deforestación vinculados a la empresa Tamshi SAC, que también tiene a cargo Caraza. 

En diálogo con OjoPúblico, el fiscal Caraza mencionó que le parecía “un poco extraño el número de asistentes al plantón, debido a los recursos que implica trasladarse desde el distrito de Fernando Lores a Iquitos". Llegar de un punto a otro toma cerca de una hora en bote. “Se ha armado esta portátil al ser una piedra en el zapato para las autoridades”, dijo el fiscal. 

Por su parte, Segundo Tuanama, agente municipal de la comunidad Terrabona, ubicada también en Fernando Lores, señaló que la movilización -en la que él también participó- reunió a personas de 16 comunidades de la localidad de Tamshiyacu y tenía como objetivo mostrar su rechazo contra Caraza Atoche por las investigaciones que realiza contra la empresa Tamshi SAC por deforestar la Amazonía. Los líderes de la protesta argumentaban que estas investigaciones los dejarían sin trabajo, si es que la empresa se retira del lugar.

Investigaciones en marcha 

El fiscal Caraza Atoche tiene a cargo cuatro investigaciones que comprometen a compañías y autoridades políticas de la región Loreto. El primero de ellos resulta emblemático porque culminó con la primera sentencia contra un empresario por el delito de tráfico ilegal de especies forestales. El 8 de agosto del 2019, el Poder Judicial ratificó la condena de ocho años de prisión contra Rubén Antonio Espinoza, gerente general de una de las empresas del grupo Melka, por el delito de tráfico ilegal de madera. En la audiencia también se confirmó el pago de una reparación civil a favor del Estado peruano de S/ 15,7 millones por parte de Cacao del Perú Norte SAC, fundada por el empresario checo-estadounidense Dennis Melka. 

A partir de las indagaciones de esta carpeta fiscal, Caraza Atoche inició la investigación denominada ‘Cacao del Norte 2’, que incluye al empresario Dennis Melka entre los involucrados. Este caso se encuentra en etapa de investigación preliminar.

AFECTADA. Imagen satelital de la zona deforestada por Cacao Perú Norte, vinculada a Dennis Melka, en la región Loreto.

Imagen: Ojo-publico.com 

En una tercera carpeta de la fiscalía ambiental de Loreto -también desprendida de la investigación realizada para ‘Cacao del Norte 1’- se ha iniciado un proceso penal contra Fernando Meléndez Celis, congresista electo por Alianza para el Progreso y exgobernador de Loreto. La investigación se encuentra en etapa preparatoria.

El caso más reciente tiene como protagonista al alcalde de Fernado Lores, Clever José Ruiz, bajo sospecha por el delito de contaminación ambiental. Precisamente, los miembros de las comunidades que participaron del plantón pertenecen a este distrito. 

El fiscal Caraza también tiene a su cargo una treintena de expedientes vinculados al caso ‘Yacukallpa’, que tuvo como origen la incautación de madera ilegal más grande de una embarcación en la historia peruana y que pretendía dirigirse -en diciembre del 2015- a Estados Unidos y México con 1.312 metros cúbicos de madera valorizados en más de S/1.6 millones. El 96% de su madera tenía origen ilegal. El proceso se ha estancado en la etapa acusatoria y, debido a la complejidad del caso, el inicio de la audiencia de control sigue pendiente de programación en la Corte de Loreto.

Tamshi SAC indicó a OjoPúblico que tomaron conocimiento del plantón por la prensa y consideraban que era un pedido de la población para defender su trabajo.