Actualizado el 03/11/2020

La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura ha elaborado una propuesta de modificación al Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agricultura y Riego, que de aprobarse permitiría a empresas investigadas por deforestación obtener certificados ambientales. OjoPúblico accedió al proyecto que plantea abrir un periodo de dos años para que empresas con operaciones en la Amazonía -algunas procesadas por tala ilegal- puedan adecuar sus certificaciones ambientales sin detener sus actividades comerciales. 

Ese es el caso de las compañías Ocho Sur U SAC, Ocho Sur P SAC y Tamshi SAC (vinculadas y fundadas por el empresario Dennis Melka), a las que el Ministerio de Agricultura les ha negado la certificación ambiental y las tres son investigadas por deforestación en Loreto y Ucayali. 

Según el Minagri, Tamshi SAC presentó documentación que no acreditaba el inicio de sus actividades con fecha anterior al 2013 por lo que no calificaba para acceder a un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), dirigido a titulares cuyas operaciones iniciaron antes del 14 de noviembre del 2012, fecha del reglamento vigente de gestión ambiental en el sector agrario. 

Pese a las pesquisas en su contra, no contar a la fecha con una certificación ambiental aprobada y un proceso administrativo sancionador en curso por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Tamshi SAC ha continuado con sus actividades. OjoPúblico reveló que esta firma comercializa cacao de Loreto a Lima sin ningún impedimento gracias a un recurso que presentó ante el Poder Judicial contra el rechazo del Minagri a su Programa de Manejo Ambiental.   

OjoPúblico también señaló que en febrero de este año la Contraloría informó sobre una serie de irregularidades en el trabajo de cinco exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, que permitieron el levantamiento de una orden judicial que paralizó las operaciones de Tamshi SAC. Por estos hechos, la fiscalía ambiental de Lima abrió una investigación contra los extrabajadores del Minagri por el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. 

De aprobarse la propuesta del Minagri, Tamshi -y otras compañías- tendrán una nueva oportunidad para solicitar certificaciones ambientales al Estado peruano.
 

Cambios bajo sospecha
 

Entre las modificaciones en el Reglamento de Gestión Ambiental del Minagri, anunciado por esta cartera desde fines de agosto, se ha considerado la adecuación de dos años para dos grupos: el primero, titulares con operaciones previas al 15 de noviembre del 2012 por el Minagri y otro con los que hayan iniciado sus actividades posteriores al día mencionado.

En la propuesta revisada por este medio también se incluye que durante el período para adecuarse, las empresas “no incurren en incumplimiento de la obligación de contar con instrumento de gestión ambiental durante el plazo previsto en dicha disposición”. Es decir, las compañías no podrán ser sancionadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) mientras dure el proceso de adecuación.

Para el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jean Pierre Araujo, la eventual norma podría ser usada como parte de la defensa de empresas con procesos judiciales y administrativos en curso. Araujo también alertó que, de aprobarse esta medida, Tamshi SAC y otras empresas estarían en la capacidad de iniciar nuevos procedimientos para adecuar sus certificaciones ambientales.  

“Es probable que muchos casos queden validados por esta norma. Así se tenga un día de vigencia va a ser válida. Te abre una luz de legitimación de actos ilícitos. Generar un artículo podría abrir un efecto dominó en una serie de situaciones”, indicó Araujo.

La propuesta del Minagri se da en un contexto donde a inicios de octubre iniciaron las audiencias de apelación contra la primera sentencia de un empresario por el delito de tráfico ilegal de madera. 
 

HALLAZGOS. La Contraloría detectó irregularidades en el trabajo de cinco exfuncionarios del Minagri, que permitieron el levantamiento de una orden judicial.
 

Captura: Informe de auditoría de la Contraloría. 
 

En las próximas semanas, la Corte Superior de Justicia de Loreto decidirá si confirma o declara nulo el fallo que ordenó la prisión de ocho años contra Rubén Antonio Espinoza, exfundador y gerente general de Cacao del Perú Norte (antigua denominación de Tamshi SAC) así como el pago de una reparación civil que asciende a más de S/ 15 millones. 

César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental, también se pronunció en contra de la posible publicación de esta norma cuya eventual aprobación calificó de “lamentable” por abrir la posibilidad de “situaciones de impunidad”. Ipenza también cuestionó la falta de un rol protector del Estado en estas medidas que afectarían, entre otros puntos, el rol sancionador del OEFA. 

“Se está generando el incentivo de que ‘tú trabaja lo que quieres y más adelante vemos cómo resolvemos’. Tendríamos una serie de situaciones donde se ha deforestado sin cumplir con obligaciones del Estado, dejando una situación de impunidad”, explicó.  
 

Hechos y silencios 
 

En medio del proceso judicial contra Tamshi SAC, el presidente Martín Vizcarra visitó la localidad de Tamshiyacu -donde la compañía investigada por deforestación tiene sus operaciones- para participar el último 20 de octubre en el inicio de un programa social que impulsa la agricultura tradicional en esta zona de la Amazonía. En sus declaraciones a los presentes, el mandatario no se refirió sobre el proceso de Tamshi SAC ni de sus actividades en el sector cacao. 

Ese mismo día, la Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, envió una comunicación al viceministro de Agricultura, Carlos Ynga La Plata, para sugerir que se adopten acciones respecto al plazo de adecuación de dos años para evitar que empresas como “Tamshi SAC, Ocho Sur P SAC y Ocho Sur U SAC, continúen generando impactos negativos significativos en el ambiente”. Este medio conoció que a la fecha no ha habido respuesta al oficio remitido por Abanto.  

 


ACTIVIDADES.Tamshi SAC transporta y comercializa cacao desde el fundo Tamshiyacu en Loreto hacia Lima. 

Imagen tomada el 6 de agosto del 2019.

Tres días después de la visita del presidente Vizcarra a Tamshiyacu y de la comunicación de la Defensoría al Minagri, el 23 de octubre, Jorge Meléndez Celis, exiministro de Desarrollo e Inclusión Social, fue designado asesor de la Alta Dirección del Minagri.  En 2019, OjoPúblico reveló que Meléndez Celis fue mencionado en audios del cabecilla de la organización 'Los Cumaleros del Oriente'. Luego de que se hiciera pública esta información, el hoy funcionario del Minagri renunció al cargo que ocupó por tres semanas. 

Asimismo, el hermano de Meléndez Celis y hoy parlamentario de Alianza para el Progreso por Loreto, Fernando Meléndez Celis, tiene una investigación por el delito de responsabilidad de funcionario público, en el otorgamiento ilegal de derechos a favor de Cacao del Perú (hoy Tamshi SAC). Las indagaciones fiscales corresponden a hechos ocurridos cuando Fernando Meléndez se desempeñaba como gobernador de Loreto en el período 2015 - 2018. 

 

DESIGNACIÓN. El último 23 de octubre el exministro de Desarrollo e Inclusión Social y vinculado al caso 'Los Cumaleros del Oriente, Jorge Meléndez Celis, fue nombrado asesor de la Alta Dirección del Minagri. 

Foto: Midis.
 

En 2018, una propuesta como la de ahora se hizo pública a través de una resolución ministerial del Minagri. En ella se planteaba una adecuación de doce meses para empresas que acrediten sus actividades antes del 14 de noviembre del 2012. Sin embargo, la mencionada medida no fue aprobada y recién casi dos años después se conoce sobre una nueva propuesta para actualizar el reglamento de gestión ambiental del Minagri. 

A inicios de setiembre, este medio también pidió -vía la ley de transparencia- el expediente generado para el proyecto de reglamento de gestión ambiental del Minagri pero el ministerio señaló en su respuesta que no podían proporcionar “documento alguno” debido a que  estaba “en trámite”. 

Luego de que este medio hiciera público los cambios propuestos en el sector agrario, la Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali abrió el último 2 de noviembre una investigación preventiva contra tres funcionarios del Minagri vinculados al proyecto. Se trata de Juan Carlos Castro Vargas, director general de Asuntos Ambientales Agrarios; José María Mariño Tupia, director de Evaluación de Recursos Naturales; y Jorge Alexander Vásquez Acuña, director de Gestión Ambiental Agraria. 

Como parte del recojo de pesquisas, la fiscalía ambiental de Ucayali ha pedido al Minagri que entregue la copia completa del expediente de proyecto de reglamento así como "los aportes, observaciones y recomendaciones que realizó la ciudadanía" al documento. Este despacho fiscal también ha solicitado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) que envíe un informe sobre las acciones realizadas -dentro de sus competencias- frente a la propuesta del Minagri.  

"[El reglamento] podría favorecer a empresas comprendidas en investigaciones penales por presuntamente depredar agresivamente bosques primarios en la región de Ucayali, entre ellos Ocho Sur P y Ocho Sur U", señala la disposición fiscal donde también se anuncia que la fiscalía ambiental tendrá 60 días para desarrollar sus diligencias. 

OjoPúblico también se comunicó con la oficina de prensa del Minagri para conocer si el proyecto de 2018 había tenido comentarios o una propuesta posterior, pero al cierre de esta publicación no tuvo respuesta. En el Minam tampoco hubo declaraciones al ser consultados sobre la propuesta a la que accedió este medio.