Esta tarde, el Pleno del Congreso aprobó dos cuestiones previas para que la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y la comisión Agraria analicen un cambio planteado a la Ley Forestal que, según han advertido diferentes organizaciones, ministerios y especialistas del sector, permitirá el aumento de la deforestación en la Amazonía peruana. 

De aprobarse la norma, no sería necesario una autorización del gobierno regional para que personas que manejan constancias de posesión de tierras cambien el uso de suelo en sus terrenos agrícolas. Es decir, no sería necesario un proceso de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (Ctcum).

En las votaciones en contra de que la norma se debata en las comisiones, apenas cuatro congresistas se opusieron en ambas cuestiones previas. Se trata de Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular), Elizabeth Medina Hermosilla Alex Paredes Gonzales y Francis Paredes Castro del Bloque Magisterial.

De los 46 votos en contra de la cuestión previa para que la iniciativa vaya a la comisión del Ambiente, hubo presencia de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País. Por su parte, en los 18 votos en contra de que el proyecto vaya a la comisión Agraria hubo representantes del Bloque Magisterial, Perú Libre y Acción Popular.

La iniciativa legislativa que inicialmente tenía el apoyo de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, tuvo un rechazo en bloque de la mayoría de bancadas, salvo la del Bloque Magisterial, que sí votó de manera fragmentada.

Esta iniciativa, que ahora deberá discutirse previamente en dos comisiones legislativas, pretendía ser aprobada por insistencia luego de que el presidente Pedro Castillo la observara. El Ejecutivo advirtió en su sustento que “podría generar una mayor afectación sobre los bosques de la Amazonía”. 

La observación del mandatario se sustentó en el rechazo de los ministerios de Ambiente (Minam), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), _Cultura y la Defensoría del Pueblo. Las organizaciones indígenas amazónicas, representadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), también rechazaron la propuesta porque, además, no fue consultada debidamente con ellos.

Los cuestionamientos contra el proyecto del Congreso llegaron también de las embajadas que tienen importantes fondos de cooperación en temas de crisis climática y conservación de bosques. Las embajadas de Reino Unido y Noruega expresaron en sus redes sociales su preocupación por la medida. 

La iniciativa contra los bosques pretendía ser aprobada por insistencia luego de que el presidente Pedro Castillo la observara.

“Esperamos que el Congreso del Perú respete los importantes compromisos internacionales del país para luchar contra el cambio climático y conservar la selva amazónica, así como proteger el patrimonio nacional y los derechos de los pueblos de la Amazonía”, se lee en el tuit de la embajada británica. 

Estas alertas internacionales se dan a menos de una año de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) donde el Perú y más de 100 países suscribieron la Declaración de Glasgow, un pacto internacional cuyo objetivo es frenar la deforestación sobre los bosques y la degradación de la tierra.

La iniciativa del Congreso tiene su origen en dos proyectos de ley presentados en 2021, que incluían disposiciones sobre zonificación forestal y bosques de producción permanente. Uno de ellos, propuesto por Elizabeth Medina Hermosilla del Bloque Magisterial, fue apoyado en su momento por el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. 

La otra propuesta fue ingresada en diciembre del año pasado por la actual presidenta del Legislativo, Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), junto a Eduardo Salhuana Cavides, los hermanos María Grimaneza y Segundo Acuña Peralta, entre otros congresistas de su bancada. 

Ambos proyectos se unieron en un dictamen aprobado en mayo de este año. Sin embargo, la disposición complementaria —que ha alertado a las organizaciones indígenas y diferentes sectores del Poder Ejecutivo— se añadió a fines de junio a pedido de la legisladora Silvia Monteza Facho, de Acción Popular. 

El mencionado ajuste indica suspender por dos años la obligatoriedad de “exigir la zonificación forestal como requisito para títulos habilitantes”. 
 

De aprobarse la norma, no sería necesario una autorización para que personas que manejan constancias de posesión de tierras cambien el uso de suelo. 

Este cambio, según la sustentación presentada por Monteza Facho, respondía a la “preocupación” de ocho organizaciones locales, entre las que destacan productores de palma aceitera de Ucayali. En los últimos años, esta región ha enfrentado la deforestación precisamente por el otorgamiento de constancias de posesión a personas que luego las vendían a empresas del sector palmicultor.

La coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Iris Olivera Gómez, sostiene que la medida del Congreso no cuenta con un sustento técnico y representa un “incentivo perverso para fomentar la deforestación sin consideración ambiental”. 

Olivera Gómez también dijo a OjoPúblico que no se debe eliminar la autorización del Estado para el cambio de uso de suelos pues permitiría “otras prácticas de ocupación de la tierra”.  

Por su parte, Patricia Torres Muñoz, asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), coincide en que la iniciativa impacta en el cuidado de los bosques y considera que debió recoger las consultas de los líderes indígenas, como ocurrió en el desarrollo de la Ley Forestal, vigente desde 2015. “Con este proyecto [de aprobarse] no se van a aplicar las normas de cambio de uso de suelo, y se va a asumir que todo tiene fin agrario”, dijo a este medio.

A esta iniciativa se suman una serie de proyectos de ley que también amenazan los bosques de la Amazonía. En un informe de mayo de este año, OjoPúblico identificó cinco propuestas —presentadas por representantes de Acción Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú— que plantean declarar “de interés nacional” la construcción de carreteras en regiones amazónicas afectadas por la deforestación. 

En los últimos años, otra medida que ha afectado los bosques ha sido la entrega de constancias de posesión en la Amazonía, como ha informado OjoPúblico en diferentes reportajes. Esta práctica ha desencadenado el inicio de investigaciones contra exautoridades regionales porque, según la hipótesis fiscal, ha permitido que se instalen esquemas para el tráfico de tierras en zonas donde, en el 2020, se registraron pérdidas históricas de bosques.