La tarde del miércoles 29 de noviembre, un grupo de encapuchados asesinó de tres disparos a Quinto Inuma Alvarado (50), defensor ambiental y jefe de la comunidad indígena kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, provincia y región San Martín. 

Desde hace tiempo las amenazas contra el apu se habían intensificado por sus persistentes denuncias contra el tráfico de madera en su territorio. A pesar de estar registrado en el mecanismo de protección del Ministerio de Justicia (Minjus), Quinto Inuma se convirtió, en el lapso de la última década, en la víctima número 27 de los grupos criminales que operan en la Amazonía.   

Los hechos ocurrieron dentro del territorio de la misma comunidad, explicó su hijo Kevin Inuma, quien llegó la noche del mismo día del crimen hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tarapoto, para exigir a las autoridades policiales que procedan con el levantamiento del cuerpo. 

Según Manuel Inuma Alvarado, hermano del líder ambiental asesinado y expresidente de la comunidad, los autores del crimen serían traficantes de madera que, desde hace meses, los venían amenazando.

Quinto Inuma regresaba de un encuentro de defensores ambientales que se realizó en Pucallpa, Ucayali, entre el 23 y 26 de noviembre. La ruta desde Tarapoto hasta su comunidad implica movilizarse por río y carretera por varias horas. El líder había tomado un bote que lo trasladaría a su comunidad, pero en el camino, en el río Yanayacu, un grupo de hombres armados lo interceptó y disparó.

Junto a él viajaban su esposa, uno de sus hijos, de 21 años, un hermano de Quinto, un primo, el viceapu de Santa Rosillo de Yanayacu Meister Inuma Pérez, y Axeldina Barbarán Tapullima, también familiar del defensor ambiental. 

Ellos viajaban en una embarcación que fue bloqueada por un tronco, a modo de trampa, para que los encapuchados pudieran intervenir y asesinar al líder indígena. Según las versiones que se tienen hasta el momento, fueron tres los desconocidos a los que se les vieron dos armas. Una de estas era una escopeta. 

PÉRDIDA. Con Quinto Inuma Alvarado son 27 los líderes indígenas y defensores ambientales que pierden la vida por defender la Amazonía. 

Foto: Fepikecha

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Quinto Inuma Alvarado recibió disparos en el brazo, espalda y cabeza, según señaló su hermano Manuel a este medio. Durante el ataque, también fue herida en la costilla Axeldina Barbarán, por impacto de perdigones. Luego de recibir atención médica, su estado de salud es estable.

El presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), Wilfredo Tsamash, dijo a OjoPúblico que, desde hace varios años, Inuma Alvarado venía denunciando públicamente la presencia de madereros ilegales, de traficantes de tierras y el cultivo de hoja de coca en territorio ancestral.

Los dirigentes de Santa Rosillo de Yanayacu han denunciado ante diversas autoridades nacionales lo que ocurre en su comunidad, a fin de pedir acciones. Su caso también lo han llevado a espacios internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y eventos de Naciones Unidas.  

El defensor ambiental solicitaba a las autoridades —entre otras cosas— que se declare el estado de emergencia en los distritos de Huimbayoc, Chipurana y Papaplaya. Quinto Inuma Alvarado ya había sido amenazado en otras ocasiones. 

Del 2018 al 2022, en la región San Martín los cultivos de hoja de coca se han triplicado: de 831 hectáreas a 2.524, según el informe Monitoreo de cultivos de coca 2022 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

El mismo estudio señala, para el caso del distrito de Huimbayoc, un incremento del 31% en un año. De 476 hectáreas, en 2021, pasó a 624, en 2022. 

DEFENSOR. Quinto Inuma Alvarado en un árbol gigante. Tenía experiencia como guardaparque, sabía del valor de los bosques ante la crisis climática.

Foto: Archivo de Quinto Inuma

En 2021, Quinto Inuma, que por entonces era vicepresidente de la comunidad, fue golpeado en represalia por denunciar la presencia de cultivos de hoja de coca en territorio ancestral. Él y su hermano Manuel fueron trasladados a Tarapoto y puestos con resguardo policial.

Al poco tiempo, retornaron a su comunidad: no tenían forma de sostenerse económicamente en la ciudad. Además, los delitos ambientales se seguían cometiendo en el territorio ancestral que se vieron obligados a dejar. 

Quinto Inuma pedía que se declare el estado de emergencia en los distritos de Huimbayoc, Chipurana y Papaplaya.

Un hecho que lo expuso muy cerca de la muerte tuvo lugar el 3 de abril de este año, cuando el defensor ambiental, junto con sus dos hijas, esposa y sobrino regresaban de Tarapoto a su comunidad. Ese día, 15 minutos después de partir en peque-peque de la zona de Chimpurana, dos personas con armas de fuego llegaron al lugar y preguntaron por él. 

Por aquel entonces, según consigna un informe de la organización Fondo Socioambiental del Perú, Inuma Alvarado señaló a los hermanos Diego y Dedicación Vega Pardo como las personas detrás del intento de ataque en su contra. 

Diego y Dedicación Vega Pardo serían los presuntos responsables de la deforestación del mes de agosto de 2022 en su comunidad y de las pintas amenazantes, con figuras de revólveres, que se hicieron en algunos árboles. 

Protección en el papel

En febrero de 2021, el Minjus activó un procedimiento de alerta temprana a favor del dirigente y de su hermano Manuel Inuma Alvarado, quien por entonces era jefe de la comunidad. Quinto Inuma Alvarado era el vicepresidente. 

La resolución del gobierno que aprobó la medida reconoce que la situación de riesgo “se encuentra asociada a la falta de seguridad jurídica del territorio de la comunidad [...], así como a la lejanía de las dependencias policiales (...) y las actividades ilegales relacionadas con la tala ilegal de recursos maderables”.

“Son siete años [en los] que se venía escuchando los rumores [de posibles ataques contra mi padre], las denuncias y nunca se ha hecho nada”, lamentó Kevin Inuma en declaraciones a la televisión regional VÍA Televisión. Las amenazas contra los dirigentes de la comunidad empezaron en setiembre de 2017, señala un informe de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha).

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, en un pronunciamiento que pide justicia por lo ocurrido, advierte del nulo resultado que ha tenido la instalación de una mesa técnica de titulación. 

A la fecha, Santa Rosillo de Yanayacu no cuenta con seguridad jurídica sobre su territorio: no tiene título de propiedad colectiva. La comunidad se encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y solicita que se le titule un aproximado de 23.000 hectáreas. 

La Codepisam pide, además, que se declare el estado de emergencia en los distritos de Huimbayoc, Chipurana y Papaplaya ante la presencia de la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico. 

Bianca Centeno Calderón, miembro del consejo directivo de la organización Fondo Socioambiental, contó a OjoPúblico que Quinto Inuma Alvarado estaba muy interesado en impulsar el ecoturismo en la comunidad, pero que el avance de actividades ilegales como el narcotráfico lo frenaron.

La citada organización venía apoyando, desde 2021, a la ronda comunal de vigilancia ambiental que se había conformado, donde participaban hombres y mujeres de Santa Rosillo. En videos y fotos compartidos con este medio se aprecia al dirigente patrullando el territorio de la comunidad junto a su equipo, todos vestidos de camuflaje. 

Lo que se necesita es erradicar las prácticas ilícitas de los territorios de los pueblos indígenas", dice Marisol García de Fepikecha.

Quinto Inuma tenía experiencia como guardaparque. De 2006 a 2014, había trabajado para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) en el Parque Nacional Cordillera Azul.  

“Cómo es posible que deforesten árboles de bosques primarios y no lo podamos detener (...). Esta es la realidad que venimos a constatar para la fiscalía de primera instancia, el juzgado de primera instancia, para que vean y tomen cartas en el asunto”, se le escucha decir al defensor ambiental, padre de cuatro hijos, en uno de los tantos videos que hizo llegar a las autoridades.  

El apoyo a la patrulla de vigilancia se daba en forma de equipos, como GPS, cámaras fotográficas, binoculares de visión nocturna, botas, carpas y otros implementos. De esta forma, la comunidad podía recabar imágenes que, luego, eran presentadas a la Fiscalía como prueba de los delitos cometidos en su territorio.

Sin embargo, pese a ello, “la Fiscalía y la Policía no se hacían presentes en la comunidad”, señaló Centeno Calderón. Explicó que, en una ocasión, la organización tuvo que pagar el traslado de un grupo de policías a Santa Rosillo porque supuestamente la entidad no contaba con recursos.

Marisol García Apagueño, presidenta de la Fepikecha, quien acompañó a la familia del líder indígena desde que se conoció el crimen, cuestionó que las medidas de protección dictadas a favor del defensor ambiental no hayan dado resultados concretos. 

“Quinto tenía activado sus medidas de protección como defensor, pero la comisaría que le debería de brindar esas medidas se encuentra a 12 horas de Santa Rosillo, en el distrito de Chazuta (...) Y no se necesitan medidas de protección, lo que se necesita es erradicar las prácticas ilícitas de los territorios de los pueblos indígenas”, dijo la líder a OjoPúblico. 

PATRULLAJE. Vestidos de camuflaje, los miembros de la ronda comunal reunían pruebas de los delitos ambientales para presentárselas a la policía y la fiscalía. 

Foto: Archivo de Quinto Inuma

En el taller de defensores ambientales en Pucallpa, el mismo Quinto Inuma lamentaba que, pese a contar con medidas de protección a su favor por parte del Mecanismo intersectorial de protección de defensores de derechos humanos, que coordina el Minjus, estas no se materializaban y se quedaban solo en el papel.  

“Hacemos mucha incidencia con las fiscalías y los policías, pero no se ve ningún resultado”, señalaba por entonces, ante un auditorio de varios defensores y defensoras como él, a los que invocaba a seguir defendiendo el territorio.

Para Herlin Odicio, del pueblo kakataibo, la responsabilidad de lo ocurrido es del propio Gobierno. “No encontramos protección para los que defendemos la Amazonía de las grandes mafias que allí operan”, reclamó. 

Debido a las amenazas en contra del defensor ambiental kichwa, en 2020 se solicitó la activación del Procedimiento de alerta temprana del Minjus, pero este recién se aprobó en febrero de 2021.

Por entonces no existía el Mecanismo de defensores como tal, este se crearía en abril conformado por ocho ministerios —Minjus, Ministerio del Interior (Mininter), del Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego— y más adelante, también, por Devida.

Con su creación, indicaron desde el Minjus, el Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos absorbió los casos anteriores. Al mes siguiente de su creación, el Ministerio del Interior debió aprobar sus lineamientos de actuación para proteger la vida e integridad de los defensores. Sin embargo, a la fecha dichas directrices no se aprueban.

Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Mininter a fin de conocer las razones, sin embargo, al cierre de este informe no se tuvo respuesta.

Amazonía: 27 defensores asesinados

El levantamiento del cuerpo de Quinto Inuma Alvarado ocurrió al día siguiente del crimen. El mismo día fue trasladado a la morgue que se encuentra en el distrito de Morales. Su cuerpo descansa en el cementerio Paraíso Eterno de Tarapoto. Su caso se encuentra en investigación y no hay ninguna persona detenida.

“Mientras no se haga justicia, no estaremos tranquilos”, dijo Kevin Inuma a este medio. El joven de 28 años dijo, además, que su familia tiene miedo de regresar a la comunidad y que, por el momento, se quedarán en la ciudad mientras duren las investigaciones.

Hasta Tarapoto llegaron agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía de Lima y el propio ministro del Interior, Víctor Torres, quien dijo que los autores del crimen “tienen las horas contadas”.

Para Carlos Quispe, abogado de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el anuncio del titular del Mininter resulta irónico cuando “no se tiene una política que abarque más allá de los sectores que están involucrados en el mecanismo de protección de defensores”.

"Hablamos de crimen organizado detrás de estas muertes y eso es algo que va más allá", explicó. “Si el Ministerio [del Interior] quiere hacer algo, que empiece por aprobar sus lineamientos de atención para defensores”, agregó. 

Al día siguiente del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, Devida difundió en sus redes sociales una reunión, en Lima, entre su presidente ejecutivo, Carlos Figueroa, y dirigentes de la Codepisam, con el fin de “retomar acciones que alejen el tráfico ilícito de drogas de sus hogares”.

Desde mayo de 2013 hasta noviembre de este año, han perdido la vida 27 líderes indígenas y defensores de la Amazonía, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh). Las regiones que presentan más casos son Ucayali (7), Junín (6) y Loreto (5). Le siguen Madre de Dios (3), Pasco (2), Huánuco (2) y San Martín (2).

De acuerdo a la Cnddhh, que agrupa a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, las actividades asociadas a estas muertes son narcotráfico (10), tala ilegal (5), minería ilegal (5), tráfico de tierras (4) y petróleo (3).