El actual director forestal de Ucayali, Marcial Pezo Armas, ocupó el mismo cargo cuando los dirigentes de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en la frontera de Perú y Brasil, denunciaron ante esa oficina la presencia de traficantes de madera en su territorio, en la región Ucayali. Como ha revelado un reciente reportaje de OjoPúblico, el 2013 Edwin Chota, llegó hasta aquí para denunciar que la madera extraída ilegalmente de la comunidad había ingresado a un aserradero (el lugar donde se transforma la troncos del árbol), pero los funcionarios del área que dirigía Pezo Armas autorizaron irregularmente el desembarco de ese cargamento.

OjoPúblico indagó en los antecedentes del ingeniero forestal Marcial Pezo y encontró que el actual funcionario tiene cuatro investigaciones fiscales vinculadas al otorgamiento ilegales de autorizaciones para la actividad maderera. Los procesos se desprenden de hechos ocurridos cuando Pezo fue director forestal entre el 2011 y 2014. 

Una de las investigaciones se encuentra en etapa acusatoria y es por el delito de responsabilidad funcional e información falsa. Este ilícito, considerado en el artículo Nº 314 del Código Penal, hace referencia a actividades realizadas por un funcionario público que de manera irregular “autoriza o se pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento o renovación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad”.

La fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para Marcial Pezo.

Este proceso, que ha unido cuatro expedientes fiscales en una sola investigación y se abrió el 2015, también incluye como investigado a Miguel Dávila Henderson, exdirector forestal de Ucayali entre 2010 y 2011. El caso está pendiente de resolver en la Corte de Justicia de Ucayali. Fuentes cercanas al caso dijeron a OjoPúblico que en los próximos dos meses se programará la audiencia en la que se decidirá la sentencia contra las exautoridades. La fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para Marcial Pezo.

Los otros tres expedientes que enfrenta el actual director forestal de Ucayali se encuentran en diligencias preliminares y fueron iniciados entre el 2017 y 2019. Dos de ellos son por presuntos delitos de responsabilidad funcional e información falsa y otro por tráfico ilegal de productos forestales maderables. Todos los procesos están relacionados a la gestión de Pezo como director forestal entre el 2011 y el 2014.

Al funcionario, también lo ha investigado la Contraloría General de la República por entregar permisos de extracción de madera entre el 2012 y el 2013. El año 2016 el órgano instructor de esta entidad halló responsabilidades administrativas contra Pezo Armas, en su condición de director ejecutivo forestal, Roger Toullier Reátegui, como encargado del área de permisos, y Juan José Bedoya ljuma, como personal técnico de campo. Los tres pertenecían a la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali. En esa primera instancia, la resolución directoral halló responsabilidades administrativas graves contra los funcionarios, pues los informes técnicos que autorizaron la tala de árboles contenían información falsa e inexacta.

Los acusados apelaron la resolución y un año después, en marzo del 2017, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, les da la razón y absuelve a Pezo y Toullier, y solo reafirma la sanción de inhabilitación para trabajar en el sector público por cuatro años contra Bedoya ljuma.

Los otros tres expedientes que enfrenta el actual director forestal de Ucayali fueron iniciados entre el 2017 y 2019.

En la investigación de la Contraloría se le halló responsable de consignar información falsa en tres informes técnicos que “viabilizaron autorizaciones para aprovechamiento forestal”. Bedoya también tuvo una conducta irregular ante la denuncia de Chota el 2013: se negó a intervenir el cargamento de madera extraída de la comunidad.

Para el reportaje anterior, se le preguntó a Marcial Pezo sobre las acciones que realizó contra los funcionarios que irregularmente autorizaron el desembarco de madera de origen ilegal y él declaro que solo se le llamó la atención al ingeniero Roy Pinedo López, “al evidenciarse que no estaba cumpliendo con los procedimientos regulares en la verificación de los productos forestales maderables”.

Luego de la publicación de OjoPúblico, sobre irregularidades en el proceso de investigación a la denuncia de tráfico de madera planteada por los dirigentes de Saweto, representantes de la procuraduría de delitos ambientales señalaron que analizan el caso para definir los delitos en los que habrían incurrido los funcionarios regionales.

Marcial Pezo Armas volvió a la dirección forestal el año pasado con el inicio de gestión del gobernador de Ucayali Francisco Pezo Torres. Al cierre de esta nota, OjoPúblico se comunicó con Pezo Armas pero no atendió nuestros llamados ni mensajes enviados. Ucayali es una de las regiones de la Amazonía peruana más deforestadas: ha perdido más de 280 mil hectáreas de bosques entre 2008 y 2018, según cifras oficiales.