A las 7:50 p.m. del martes 22 de marzo, el Frente Policial Puerto Inca, ubicado en Huánuco, recibió una llamada telefónica que informaba de la muerte de tres indígenas en la carretera de acceso al caserío Nueva Esperanza. La policía llegó dos horas después para confirmar los asesinatos por impactos de bala de Gemerson Pizango Narvaes (45), de la comunidad yanesha Santa Teresa, y de los esposos Jesús Berti Antayhua Quispe (42) y Nusat Parisada Benavides de la Cruz (42), de la comunidad asháninka Cleyton, quienes dejan en la orfandad a dos niños de 12 y 7 años. La indígena tenía cuatro meses de embarazo cuando falleció.

“Los tres eran agricultores de papaya, no tenían problemas con nadie, no eran líderes ni se metían con los ilegales, pero murieron a causa de la violencia que generan las organizaciones criminales en Puerto Inca”, dijo a OjoPúblico el líder de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca (Feconapia), Francisco Carpio. El caso es investigado por la fiscal Grecia Ramos López, adjunta de la Fiscalía Provincial de Puerto Inca.

El apu, que representa a 13 comunidades en Puerto Inca, contó que un día antes de estos asesinatos la policía estuvo en el caserío Nueva Esperanza buscando a una persona secuestrada por presuntos mineros ilegales. Desde la pandemia las actividades ilegales y la delincuencia se incrementaron en la zona. “Tenemos miedo porque diariamente desaparecen y asesinan a personas. Ahora también se están metiendo [los ilegales] con los indígenas que nada tenemos que ver con ellos”, señaló.

La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpi - SC) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que agrupan a más de 400 comunidades de Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali y Loreto, se pronunciaron en contra de “la ola de violencia que viven las comunidades indígenas causada por el avance de las actividades ilegales, potenciado por los proyectos de infraestructura sin sustento y la corrupción estatal”. 

Además, cuestionan que el Congreso de la República no ratifique el Acuerdo de Escazú, por lo que no se tienen mecanismos efectivos de protección y defensa del territorio indígena, y alertan que adoptarán medidas de defensa según sus tradiciones y costumbres. Es decir, implementarán guardias indígenas que cuidarán el territorio de la deforestación.

DESTRUCCIÓN. La minería ilegal opera en la provincia de Puerto Inca desde hace diez años invadiendo y deforestando el territorio indígena.

Foto: Andina

El Área de comunidades indígenas y campesinas de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco informó que la comunidad Santa Teresa cuenta con el título de propiedad de 2.901 hectáreas en el distrito de Puerto Inca desde 1984 y, en el mismo año, la comunidad Cleyton tituló 3.976 hectáreas. Ambas comunidades se encuentran cerca a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, que es acechada por la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y tráfico de tierras. Estas actividades ilegales han incrementado los bares, la prostitución y el sicariato en Puerto Inca.

El centro poblado de Puerto Súngaro es considerado la capital económica de la provincia de Puerto Inca. Tiene 5.200 habitantes y por mes se registran allí entre tres a cinco secuestros y asesinatos, informó el alcalde Hipólito Caycho a OjoPúblico. “Los ilegales operan desde hace 10 años en Puerto Inca, pero con la pandemia se han fortalecido mientras la policía no estaba. Actualmente, solo en Puerto Súngaro hay 74 bares que no son multados ni supervisados por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca”, comentó la autoridad. Puerto Súngaro cuenta con siete serenos para monitorear el territorio y no tienen vehículos ni cámaras de videovigilancia. 

Defensores ambientales en peligro

La provincia de Puerto Inca tiene cuatro de los diez distritos más afectados por la deforestación entre los años 2001 al 2019: Yuyapichis, Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Tournavista, que en conjunto acumularon más de 228.000 hectáreas de bosques perdidos. El gobierno declaró en estado de emergencia estos distritos; así como los de la región Pasco: Constitución, Palcazú y Puerto Bermúdez y en Ucayali, los distritos de Raimondi, Sepahua y Tahuanía a fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

El territorio cuenta con un Frente Policial debido a la alta incidencia de criminalidad organizada, pero los esfuerzos no han sido suficientes. Solo en los dos años de pandemia, cuatro defensores indígenas kakataibos fueron asesinados por oponerse a la deforestación de sus bosques: Arbildo Meléndez, Santiago Vega Chota, Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano. ORAU informó que los ataques y amenazas contra los indígenas son constantes en el territorio.

La provincia de Puerto Inca concentra a cuatro de los diez distritos con mayor deforestación del 2001 al 2019".

Estos cuatro líderes han sido considerados defensores ambientales por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por cumplir la función de proteger los recursos naturales, la biodiversidad y los pueblos indígenas de la depredación, ya sea por actividades ilegales o legales extractivas. Hasta el momento son diez las víctimas contabilizadas por esta institución y el caso del concesionario forestal Juan Julio Fernández Hanco, asesinado el último domingo 20 de marzo en Madre de Dios, cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, está en investigación antes de ser considerado en la lista. 

Si bien los tres indígenas asesinados en Puerto Inca no son defensores ambientales, estos crímenes demuestra la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en contextos violentos. Carlos Quispe Dávila, abogado de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales señaló que el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia no es efectivo en sus funciones de prevenir, intervenir y dar acceso a la justicia.

“Para prevenir nuevos ataques se necesita implementar a la Fiscalía Ambiental con personal y recursos económicos y tratar los delitos como crimen organizado”, refirió Quispe Dávila. Ninguno de los crímenes contra defensores ambientales en Huánuco ha llegado a la etapa de acusación hasta el momento, indicó.