A menos de un mes de la oficialización de cambios a un grupo de artículos de la Ley Forestal, que —según especialistas— impactará en la pérdida de bosques de la Amazonía, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa para modificar otro punto de la citada norma. Esta nueva propuesta pone en riesgo el cuidado de especies amenazadas, como el cedro, la caoba, o el shihuahuaco; la última una de las más exportadas desde Perú.   

El proyecto de ley, ingresado el 20 de febrero y asignado a la Comisión Agraria dos días más tarde, plantea cambiar el artículo N°46 de la Ley Forestal, vinculado a las supervisiones oculares —en campo— de árboles incluidos en el Apéndice II del listado del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Actualmente, la aprobación y supervisión de planes de manejo —documento que autoriza la extracción comercial de árboles— con especies Cites requiere una supervisión de la totalidad de especies en situación vulnerable. 

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo plantea reemplazar esta verificación por una nueva metodología que deberá implementar el Servicio Nacional Forestal (Serfor). En otras palabras, de ser promulgada la iniciativa, no habrá obligatoriedad para una revisión al 100% de lo declarado.

“En el caso del shihuahuaco y tahuari se podría optar por realizar un muestreo, en la medida que presenta una mayor abundancia. Dicha medida posibilitará que las verificaciones se realicen en un menor tiempo y con una mayor eficiencia en el gasto por parte de las entidades encargadas de realizarlas”, se lee en la exposición de motivos del proyecto de ley. 

La propuesta tiene como contexto la inclusión del shihuahuaco y el tahuari en la lista de especies vulnerables, en noviembre de 2022. En su debate, y a pedido de la delegación peruana, se optó para que el proceso de inclusión no fuera inmediato, sino a través de una adecuación de dos años, que termina en noviembre de este año. 

Las autoridades nacionales —que en su momento ignoraron la evidencia científica sobre los peligros en la sobreexplotación del shihuahuaco— no han detallado o brindado un respaldo claro sobre el objetivo y las consecuencias en la aplicación de una norma que busca reducir la supervisión de especies vulnerables. 

Para Julia Urrunaga Pasco Font, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el proyecto de reforma implica un “debilitamiento” de la norma forestal para “promover el comercio”. Y su eventual aprobación puede tener impactos negativos en acuerdos vigentes, como el Tratado de Libre Comercio que Perú suscribió con Estados Unidos. 

De aprobarse el proyecto del Ejecutivo puede tener impactos negativos en acuerdos vigentes"

“No se puede reducir la protección [de especies Cites] para afectar o promover el comercio. Por el contrario, se debería buscar ampliar el presupuesto [para supervisiones] o el apoyo internacional”, explicó. 

El documento, enviado con “carácter de urgente”, lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el saliente presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda, así como el sello de visto bueno del viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Víctor Hugo Parra Puente, y del director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal (Serfor), Luis Alberto Gonzáles Zúñiga Guzmán. 

La propuesta tiene como origen un plan de acción, aprobado por el Serfor en febrero del año pasado, para la inclusión del shihuahuaco y tahuari en la lista Cites. En este documento se proyecta una serie de actividades, entre las que se encuentra la denominada “Mejoras normativas”, donde se especifica el cambio propuesto ahora para las supervisiones de especies amenazadas. 

Ante los eventuales impactos de la iniciativa, OjoPúblico consultó al Serfor y al Ministerio del Ambiente, autoridad administrativa y científica del Cites, respectivamente; su postura sobre el proyecto. 

Este medio también analizó la exposición de motivos presentada al Congreso y solicitó —vía la Ley de Transparencia— el análisis técnico legal para conocer a los responsables que participaron en la elaboración de la norma. En medio de respuestas superficiales y silencios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una nueva propuesta de cambio a la Ley Forestal —que debilita el cuidado de la Amazonía— estará bajo debate del Congreso. 

Soporte legislativo

El proyecto presentado por el Ejecutivo contiene una exposición de motivos donde se destaca la relevancia de su aprobación. Para sostener la necesidad de cambiar las supervisiones en planes de manejo donde se declaran especies Cites, el documento señala que, en la actualidad, esto es viable por la cantidad que representa la caoba y el cedro, incluidas en la lista de árboles vulnerables antes que el shihuahuaco y el tahuari. 

De acuerdo a información recogida para la iniciativa, entre 2019 y 2022, se supervisaron 7.550 árboles de caoba y cedro, pero en el sustento de la modificación se indica que esta cifra puede incrementar “considerablemente” debido a que el shihuahuaco y el tahuari tienen “una mayor abundancia en el bosque”.

Para respaldar su afirmación, el Ejecutivo tomó como ejemplo a la empresa Consolidado Maderacre —con operaciones en la región Madre de Dios—, que dispone de 2.609 árboles de shihuahuaco y 183 de tahuari en 11.321 hectáreas, lo que equivale a una densidad de 0,25 árboles por cada hectárea para dichas especies. 

Con ese dato, en el proyecto se estima que hay más de 92.000 “árboles que verificar al año”, una cifra que es 12 veces “la cantidad de árboles verificados” para caoba y cedro en los últimos cuatro años”. Este trabajo de supervisión, según el soporte de la propuesta, “afectaría los plazos para la aprobación de los planes de manejo”, que deben realizarse en 30 días hábiles. 

En la exposición de motivos también se indica que en Ucayali —una de las regiones más afectadas por la pérdida de bosques del país— la carga laboral del personal técnico dificulta que los planes se aprueben en los 30 días hábiles que indica la norma y que, de no cambiarse la ley e incluir al shihuahuaco y el tahuari en las supervisiones completas, las instituciones tendrían que contar con “recursos económicos y logísticos suficientes que en este momento carecen”. 

Por el contrario, sin proporcionar cifras o estimados detallados, en el sustento se indica que la modificación de la norma generaría un “ahorro considerable en el presupuesto público”, así como disponer de un “menor plazo [para] la atención de los procedimientos a cargo de las entidades”. 

Asimismo, en el análisis de la propuesta se indica que, de mantenerse el esquema actual de supervisión, habrá una afectación para aprobar planes de manejo forestal. En el documento se explica que una mayor cantidad de árboles representa un mayor tiempo e “impactos negativos para los administrados y la paralización de las actividades económicas y las exportaciones de los productos forestales.”

El Ejecutivo plantea reemplazar la verificación [al 100% a especies Cites] por una nueva metodología que deberá implementar el Serfor.
 

En la iniciativa, no hay ninguna mención ni participación detallada del Ministerio del Ambiente (Minam), aunque este es la autoridad científica de Cites en Perú. OjoPúblico consultó al sector si habían recibido la propuesta. La cartera señaló que el Serfor les consultó sobre el cambio y que en la metodología que se desarrolle se debe asegurar “un nivel adecuado de confianza para brindar seguridad sobre la decisión de autorizar, modificar o rechazar el plan de manejo con especies Cites”. 

En su respuesta, el Minam precisó, asimismo, que considera que el nuevo método “no reduce la supervisión de las especies Cites”, sino que incorporará al shihuahuaco, una especie “importante para el ecosistema amazónico”. También recordó que, hasta implementarse la nueva metodología, “el Serfor deberá hacer la evaluación de las especies Cites al 100%.” 

En conversación con este medio, el director de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal del Serfor, Williams Arellano Olano, afirmó que el sector ambiental “estaba muy informado desde el inicio” sobre la propuesta de cambio en la supervisiones, y que no podía precisar los motivos por los que no figuraba el sello del Minam en la propuesta. “No se han opuesto. Ellos no han objetado, sino han anunciado la viabilidad de la propuesta”, agregó. 

Asimismo, Arellano Olano dijo que la iniciativa se discutió con un equipo técnico integrado por miembros de los gobiernos regionales de la Amazonía, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación de Exportadores (Adex) y algunas empresas del sector. 

El funcionario sostuvo que el tema se trató en la Mesa Forestal, un espacio liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde donde recogieron discusiones “que han enriquecido” y “permiten tener una metodología más consensuada”, proceso que —en paralelo a su debate legislativo— hoy se encuentra en etapa de “validación” y a la espera del cambio legislativo. 

“No es que reduzcamos las supervisiones, sino que estamos migrando a un proceso más estadístico y representativo, que tiene una finalidad: no estancar la comercialización [de madera], no retroceder ni permitir que esto se convierta en una actividad de insumos ilegales. La rigurosidad de la fiscalización se mantiene”, dijo Arellano Olano. 

OjoPúblico, a través de un pedido de información ingresado el 5 de marzo pasado, también solicitó a la PCM el análisis técnico legal para el desarrollo de la propuesta. En su respuesta, la institución señaló que no contaban con la información requerida y sugirió que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego debía responder la solicitud. 
 

Postura sectorial

En su exposición de motivos, el proyecto explica que el Serfor consultó —el 5 de abril pasado— a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM si la propuesta de modificación podía ser “exonerada” del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), para “continuar con el trámite para su aprobación”. 

Este proceso, implementado en el sector público en 2021, se basa en la evidencia para “identificar, evaluar y medir los probables resultados” de una regulación planteada. 

Poco después, el 18 de abril, —fuera de los dos días hábiles de plazo máximo indicados para el AIR Ex Ante—, la PCM indicó que era “improcedente” realizar el proceso. En su respuesta, la institución se basó en una excepción del reglamento donde se especifica que están “fuera del alcance” de esta norma, “otras materias o proyectos regulatorios” con una evaluación previa y “fundamentada” de una comisión especializada. 

En tanto, el director de Política y Regulación del Serfor, Danny Oswald Peñaloza Macha, señaló que sustentaron el pedido para exonerar la iniciativa del AIR Ex Ante y luego de su evaluación, la PCM comprobó que no había un impacto en los usuarios. “Dada esa situación es que no hay una necesidad de elaborar todo un análisis”, agregó el funcionario. 

En la iniciativa, no hay ninguna mención ni participación detallada del Minam, aunque este es la autoridad científica de Cites en Perú.

Este medio consultó a la PCM sobre el respaldo que proporcionó el Serfor en su pedido y los motivos para atender el requerimiento de la autoridad forestal fuera de los plazos señalados en el reglamento. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no atendieron las consultas. 

OjoPúblico también identificó que la propuesta para cambiar la supervisión de especies Cites se mencionó en otra iniciativa, debatida el año pasado. En setiembre último, como advirtió este medio, un grupo de trabajo, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una propuesta para cambiar 12 artículos de la Ley Forestal. 

Entre las modificaciones, la autoridad consideró al artículo N°46 y planteó que las inspecciones oculares, donde se declare el aprovechamiento de especies Cites, se realicen “de acuerdo a la metodología aprobada por el Serfor”. Sin embargo, en esa versión se especificó que, para el caso de las listadas en el “Apéndice II” —como el shihuahuaco o el tahuari—, la verificación se realice “al ciento por ciento”. 

Al consultar por este cambio en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, Williams Arellano, del Serfor, señaló que respondía a una “maduración” en la propuesta y que, en ese proceso, todavía plantean que se tenga una supervisión al 100% de especies como la caoba y el cedro. 

“Estas especies [shihuahuaco y tahuari] están en la franja amazónica y es una zona donde no se puede trabajar de enero a diciembre. Imagínate que yo me tome a hacer inspecciones a todo esto, voy a estancar todo el proceso de comercialización. Entonces, lo que decimos es no restarle competitividad, pero eso no quiere decir disminuir calidad de trabajo”, aseguró.