Luis Tapia Mesa, líder asháninka y presidente de las rondas indígenas de la comunidad Alto Lorencillo II (Pasco), desapareció hace un año. Su hijo mayor, que lleva su mismo nombre, lo vio por última vez el 22 de setiembre del 2021. Según la versión de su familia, el apu fue secuestrado por presuntos cocaleros que lo habían amenazado por oponerse a los cultivos ilegales de hoja de coca.

El caso de Tapia Mesa es uno de los siete asesinatos de líderes y activistas ambientales peruanos registrados en el reciente informe Una década de resistencia, de Global Witness. El Perú es uno de los países con más casos después de México (54), Colombia (33), Brasil (26), Filipinas (19), Nicaragua (15), India (14), República Dominicana del Congo (8) y Honduras (8). El año pasado se registraron 200 líderes asesinados en todo el mundo por su trabajo en la protección del ambiente.

Un total de 200 líderes y activistas fueron asesinados en el 2021 en todo el mundo.

Todos los casos registrados en el 2021 en el Perú corresponden a indígenas amazónicos que denunciaron el incremento de los cultivos ilegales de hoja de coca, el avance de los mineros y taladores ilegales en sus territorios.

La cifra de crímenes contra estos líderes y activistas se ha incrementado en el Perú. En el 2020 se registró el asesinato de cuatro indígenas, un guardabosque y un protector cultural. 

Los dos primeros asesinatos del 2021 fueron los de Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, ambos indígenas del pueblo kakataibo que se enfrentaban a la expansión de los cultivos de hoja de coca en las comunidades Sinchi Roca I y Puerto Nuevo, en la región Ucayali. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) señala que Yenes Ríos no tenía documento de identidad y que por este motivo sus hijos hasta ahora no pueden recibir la pensión por orfandad asignada para estos casos.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) reportó los casos el 28 de febrero del año pasado. Desde el 2020, los kakataibos han sufrido amenazas por defender sus territorios y denunciar el avance de actividades ilícitas. Ese año fueron asesinados los líderes Arbildo Meléndez y Santiago Vega.

La muerte de la indígena Estela Casanto Mauricio, fundadora de la comunidad indígena Shankivironi, ubicada en el valle del Perené, en la región Junín, fue reportada el 31 de marzo. La Central de Comunidades de la Selva Central (Cencosec) señala que el asesinato tuvo como móvil el tráfico de tierras. 

Mario Marco López Huanca fue el cuarto líder asesinado en Perú el año pasado. El indígena asháninka fue asesinado el 28 de junio de un disparo en la cabeza cuando caminaba por la cabecera del río Anacayali, en el distrito de Puerto Bermúdez, la parte amazónica de Pasco. Tras días de agonía falleció el 1 de julio del 2021. Era secretario de EcoSira, organización que coadministra la Reserva Comunal El Sira y que presume que el móvil del asesinato fue el tráfico de tierras, actividad a la que se oponía el líder.

Mario Marco López Huanca fue el cuarto líder indígena asesinado en Perú el 2021.

Los siguientes casos reportados fueron los de Luis Tapia Meza y Santiago Meléndez Dávila, quienes fueron registrados inicialmente como desapariciones forzadas el 6 de octubre por la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), que representa a más de 12.000 indígenas en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución en la región Pasco. Según los criterios de Global Witness, si la víctima no aparece en los próximos seis meses de su desaparición es considerado en la lista de asesinados, como ha ocurrido con Tapia Meza y Meléndez Dávila.

Finalmente, la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU) reportó el 5 de diciembre del 2021 el asesinato Lucio Pascual Yumanga, líder en la comunidad nativa La Paz de Pucharini en Puerto Bermúdez (Pasco). Todos estos asesinatos son investigados en la Fiscalía especializada, interculturalidad y delitos de terrorismo. Hasta el momento en ninguno se ha identificado a los responsables.

Los últimos cuatro casos se han registrado en el distrito de Puerto Bermúdez, en Pasco, donde los cultivos de hoja de coca han incrementado en un 55,5% respecto al 2020, pasando de 333 a 600 hectáreas, según el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Este forma parte de la cuenca Pichis-–Palcazu—Pachitea.  

La hoja de coca en territorios indígenas

Según el reciente informe del monitoreo de cultivos de hoja de coca 2021 de Devida el Perú pasó de 61.777 hectáreas (ha.) a 80.681 ha. Esta cifra representa un incremento del 25,2% en comparación con el 2020. Además, se han identificado cinco nuevas zonas cocaleras: Amazonas, Bajo Huallaga (Loreto), Bajo Ucayali (Ucayali), Camanti (Cusco) y Madre de Dios.

En cinco de los siete casos de líderes amazónicos asesinados en el 2021 en Perú, la fiscalía atribuye el crimen a presuntos narcotraficantes locales. Los otros dos lo relacionan al tráfico de tierras.

Nuevas zonas cocaleras: Amazonas, Bajo Huallaga (Loreto), Bajo Ucayali (Ucayali), Camanti (Cusco) y Madre de Dios.

Para el analista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana Rivera, la cifra sería mayor si Devida hubiera considerado los arbustos menores a un año. Sin embargo, dijo que “es un acercamiento a la realidad, en especial luego de los constantes reportes de los indígenas” que advierten del incremento de cultivos ilícitos en los dos últimos años de pandemia, donde las acciones de reducción de cultivos se detuvieron por la emergencia sanitaria.

En todo el país son 169 distritos, pertenecientes a 45 provincias y 13 regiones, que tienen cultivos ilegales de hoja de coca, principalmente en el territorio amazónico. Las principales zonas cocaleras son el Vraem, que registra 32.106 hectáreas, le sigue Inambari–Tambopata con 9.730 ha. y en tercer lugar está Bajo Amazonas que tiene 6.472 ha. En tanto, Madre de Dios registra la menor cantidad con 247 ha.

Las regiones de Ayacucho (18.590), Cusco (13.642), Loreto (10.348), Puno (10.670) y Ucayali (10.151) concentran la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en el Perú. La Organización Regional Aidesep Ucayali, que agrupa a 12 organizaciones indígenas en Huánuco, Ucayali y Pasco, advirtió desde el inicio de la pandemia que los cultivos ilegales se incrementaron en el territorio de los pueblos shipibo-konibo, kakataibos, asháninkas y ashéninkas. 

El 2021 se registró 62,3% más cultivos de coca en Ucayali que el 2020. En este territorio están las cuencas cocaleras de Aguaytía (con los distritos de Campoverde, Nueva Requena, Padre Abad, Irazola, Curimaná, Neshuya, Alexander Von Humboldt, Huipoca y Boquerón), Pichis–Palcazu–Pachitea (Iparía), Bajo Ucayali (Tahuania, Iparía, Raimondi, Masisea y Sepahua) y Callería (Masisea y Callería). 

El informe de Devida señala que en Ucayali se registran 10.151 hectáreas de hoja de coca en el 2021.

Otro de los territorios con incremento de hoja de coca es San Martín con 2.046 hectáreas. Devida ha identificado una nueva zona de cultivo en esta región: el Bajo Huallaga, que comprende los distritos de Papaplaya, Huimbayoc, El Porvenir, Chipurana, Caynarachi y Barranquita; y en Loreto, Yurimaguas, Santa Cruz y Teniente César López Rojas.

Las comunidades kichwas de la provincia de Lamas y San Martín también han reportado durante el 2020 y 2021 ataques de cocaleros a sus líderes.

PROTESTA. Una monja solicita justicia para el indígena kakatibo Herasmo García Grau, quien habría sido asesinado por presuntos narcotraficantes.

Foto: Global Witness

Factores que incrementan la desprotección

El líder kakataibo Germán Guerra Odicio dice no tener miedo para enfrentarse a cocaleros. Como apu de la comunidad Sinchi Roca —ubicado en la frontera entre Huánuco y Ucayali—  hace un mes reportó al Ministerio de Defensa el ingreso de personas extrañas a su territorio, quienes están talando los árboles de cumala y tornillo para sembrar hoja de coca. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no intervienen en la zona.

El informe de Devida identifica 380 hectáreas de cultivo ilegal en el distrito de Irazola (Ucayali), donde viven los indígenas kakataibos y asháninkas. Esto significa un incremento del 31% respecto al 2020. En el mismo distrito, el Proyecto especial control y reducción del cultivo de la coca en el Alto Huallaga (Corah) erradicó 141 hectáreas el año pasado. Sin embargo, esta estrategia no es efectiva para el líder Guerra Odicio porque según él “solo ha generado mayores represalias contra las comunidades indígenas”.

Devida identifica 380 hectáreas de cultivo ilegal en Irazola (Ucayali), donde viven kakataibos y asháninkas.

Mar Pérez Velazco, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explicó que el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos implementado en abril del 2021 tiene deficiencias porque “en la práctica no se da una protección real”.

“Vemos que no hay voluntad del Estado para mejorar sus intervenciones en campo cuando los defensores requieren ser protegidos para salvar su vida”, comentó a OjoPúblico. La experta indicó que el Gobierno destinó solo S/40.000 para que el Ministerio de Justicia realice el monitoreo del mecanismo durante este año, un presupuesto insuficiente que solo puede ser aplicado para consultorías y gastos operativos. 

Pérez Velazco detalla también que han identificado que los gobiernos regionales en Huánuco y Ucayali no tramitan de manera eficaz la titulación de las comunidades indígenas. Cuando se trata de un título individual sobrepuesto al territorio indígena el trámite puede concretarse hasta en dos años, mientras que la titulación de las comunidades queda postergado, como es el caso de la comunidad Unipacuyacu en el distrito de Constitución, Huánuco, que lleva 27 años exigiendo su título de propiedad.