El 3 de noviembre, un día después de que se conociera la multa de S/129 millones impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a Tamshi SAC, la Corte de Justicia de Lima Este declaró improcedente el pedido de la empresa para suspender el proceso sancionador, iniciado hace tres años en el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 

La compañía, investigada por deforestación en Loreto, anunció, en un primer comunicado publicado en medios impresos, que iba a apelar la resolución del OEFA que ordenó, entre otras medidas correctivas, detener sus operaciones de forma inmediata y definitiva, por no contar con autorización ambiental para realizar sus actividades en la localidad de Tamshiyacu.

En otro pronunciamiento, la compañía informó que habían iniciado una etapa de "trato directo" previo a una demanda al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)  por "haber adoptado medidas administrativas que violan el Tratado de Libre Comercio (TLC) y que han ocasionado pérdidas millonarias y daños importantes a la compañía".

OjoPúblico conoció que la empresa presentó su apelación y, ahora, la decisión quedará en manos del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, última instancia administrativa donde se determinará en las próximas semanas si se confirma o no la sanción de S/ 129 millones contra Tamshi SAC. 

Antes de apelar la multa, y en medio de la crisis política del país, el apoderado de la compañía, Alonso Rey Bustamante, envió una carta al entonces presidente Manuel Merino de Lama para que "tomen atención al caso" e incluyó, entre los anexos, la resolución de sanción del OEFA. 

La comunicación, que tuvo como asunto "Atentado contra Tamshi SAC empresa de cacao de fino aroma en Loreto", también fue derivada a seis comisiones del Congreso, a la Presidencia del Consejo de Ministros -entonces con Antero Flores Aráoz a la cabeza- y a la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León. 

Mientras esto ocurre, el Minagri impulsa un proyecto que pretende modificar el reglamento de gestión ambiental y que, de ser publicado, permitirá a empresas investigadas por deforestación, como Tamshi SAC, tener dos años para adecuar sus certificaciones ambientales sin detener sus actividades comerciales. En este contexto, la gestión de Federico Tenorio, nuevo ministro del sector agrario, deberá evaluar el tema. 

OjoPúblico accedió a las resoluciones del OEFA y el Poder Judicial y conoció los pormenores de la millonaria multa contra esta firma, que ha seguido operando en la Amazonía aunque no cuenta con certificación ambiental; e intenta dejar sin efecto la sanción más alta impuesta contra una empresa del sector cacao.

Hallazgos y defensa corporativa
 

La reciente resolución del OEFA contra Tamshi SAC se originó en la Dirección de Gestión Ambiental del Minagri, hace tres años. En una primera visita de supervisión, en marzo de 2017, se detectó que en el fundo Tamshiyacu la compañía “habría incurrido en presuntas infracciones a la normativa ambiental”. 

Un año más tarde, en noviembre de 2018, otra constatación en campo del Minagri encontró posibles faltas de Tamshi SAC. Sin embargo, las indagaciones se detuvieron por el traslado de funciones del Minagri a la OEFA, cuando el 2019 la entidad ambiental heredó  9.000 expedientes de supervisión, fiscalización y sanción iniciados en el Ministerio de Agricultura y Riego, entre ellos el de Tamshi SAC. Dichas investigaciones se retomaron recién a principios de 2020.

Este año, con el avance de la pandemia en el país, el proceso tuvo retrasos. Pero, a finales de setiembre, la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos del OEFA emitió un informe final, que incluyó la propuesta de cálculo de multa para el proceso. Esa información llegó a Tamshi SAC a mediados de octubre y, semanas antes de que fuera oficial, la empresa cuestionó la eventual sanción de S/ 129 millones que hoy enfrenta, en distintos medios periodísticos. 

¿En qué se basó la entidad fiscalizadora para aplicar la sanción? En la resolución del OEFA se recordó que Tamshi SAC carecía de un instrumento aprobado que garantice que sus actividades de “agricultura intensiva” se realicen con un “manejo y medidas ambientalmente adecuadas a fin de eliminar o mitigar los impactos ambientales que podría ocasionar su actividad”. 

El análisis de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, incluido en la resolución de la multa, consideró imágenes satelitales que le permitieron confirmar tres detalles importantes: el inicio de las actividades en Tamshiyacu, la falta de un certificado ambiental previo al desarrollo de sus operaciones y, por último, identificar que, entre 2013 y 2016, existió un desbosque acumulado de más de 2 mil hectáreas. 

ANÁLISIS. El OEFA utilizó imágenes satelitales para corroborar las infracciones de Tamshi SAC. 

Captura: Resolución Directoral de la Dirección y Aplicación de Incentivos del OEFA. 

Asimismo, a partir del análisis de las imágenes satelitales, OEFA concluyó que las actividades de cacao en el fundo Tamshiyacu empezaron en 2013, y no representaron una “continuación de actividades agrícolas realizadas por los anteriores titulares de los predios”, como sostenía la empresa.  

“Se ha podido evidenciar que la conducta antijurídica del administrado de desarrollar actividades de cultivo intensivo de cacao sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado es de naturaleza continuada, habiendo iniciado dichas actividades en 2013 y manteniéndose en operación hasta la actualidad”, indica la resolución que consideró, asimismo, los informes elaborados por el Minagri en la etapa inicial de la investigación. 

En el documento del OEFA también se menciona que, por el tamaño de las operaciones de Tamshi SAC, el instrumento idóneo para certificar las actividades de la empresa sería un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd). La observación se basa en la ley vigente, donde se indica que este tipo de certificaciones son “necesarias en aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente”. 

En sus descargos, la empresa consideró que el OEFA “se excede en sus competencias al determinar el tipo de instrumento de gestión ambiental idóneo para sus actividades”. Sin embargo, la entidad fiscalizadora señaló que su análisis, basado en las normas actuales, solo tenía como finalidad identificar el tipo de certificación que Tamshi SAC debió tener previo al inicio de sus actividades.  

Ante la inminente sanción en primera instancia, la compañía pidió al Poder Judicial -a fines de octubre- que suspenda el proceso del OEFA, al considerar que la entidad quería “matar a la empresa” y “al proyecto de vida de los pobladores de Tamshiyacu”. Sostuvo, además, que tenía en curso un proceso judicial contra el Minagri y contaba con una medida cautelar a su favor. 

Sin embargo, la Corte de Lima desestimó la solicitud de la empresa y señaló que el OEFA no formaba parte del proceso judicial referido por Tamshi SAC. “Vemos que la Empresa Tamshi SAC viene cuestionando actos administrativos que guardan relación con un procedimiento administrativo sancionador iniciado por un organismo estatal, que no forma parte del proceso contencioso administrativo que nos ocupa”, señala la resolución del Poder Judicial a la que tuvo acceso OjoPúblico.  

RESOLUCIÓN. El OEFA sancionó en primera instancia a Tamshi SAC por más de 30 mil Unidades Impositivas Tributarias. Hoy, el proceso se encuentra en apelación. 

Captura: Resolución Directoral de la Dirección y Aplicación de Incentivos del OEFA. 

El último 9 de noviembre, en un comunicado publicado en dos importantes diarios impresos, Tamshi SAC cuestionó la resolución del OEFA y anunció que apelará la decisión, por considerarla “arbitraria, confiscatoria, ilegal e injusta”. La empresa sostiene que sus actividades “no generan daño ambiental que justifique la imposición de medidas desproporcionadas que aniquilarán la única fuente de trabajo formal en la zona”. 

Tamshi SAC también informó en su pronunciamiento que, con el fin de garantizar la protección de sus operaciones, han iniciado “el procedimiento correspondiente ante instancias arbitrales internacionales”. Finalmente, la compañía señaló que habían suspendido a casi todos sus trabajadores y lamentaban el “grave impacto social ocasionado en la localidad de Tamshiyacu”.

Además del proceso que enfrenta en el OEFA, la empresa está involucrada en la primera sentencia contra un empresario por el delito de tráfico ilegal de madera en el Perú: Rubén Antonio Espinoza, fundador y gerente general de Cacao del Perú Norte (anterior denominación de Tamshi SAC). En dicho fallo, de agosto de 2019, Espinoza fue condenado a ocho años de cárcel efectiva y se ordenó que la compañía pague una reparación civil mayor a los S/ 15 millones, monto que se encuentra en apelación. 

En las siguientes semanas, la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Loreto decidirá si confirma o anula la sentencia y, en ese caso, si exime a la firma del pago de la reparación civil. Junto a este expediente, que tiene una nueva audiencia el día de hoy, la fiscalía de Loreto lleva otras dos investigaciones que vinculan a Tamshi SAC con el delito de deforestación y el otorgamiento ilegal de derechos (para la administración de recursos naturales). 

DESBOSQUE. Un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) analizó la deforestación registrada, durante los últimos 35 años, en la zona donde Tamshi SAC tiene sus operaciones. 

Captura: MAAP.
 

Para Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, la resolución del OEFA y el monto de la multa contra Tamshi SAC marcan un “precedente histórico” para la fiscalización en el sector forestal. “[La sanción del OEFA] es un desincentivador para actividades que han quedado impunes. Lo ideal sería que hayan desincentivos antes de la deforestación, pero tiene que haber algo que les indique a otros empresarios: ‘hay este antecedente que te puede caer’”, señaló.

Luego de conocerse la multa contra Tamshi SAC, investigadores especializados en la deforestación de la amazonía peruana examinaron el avance de la tala en el fundo Tamshiyacu. Una reciente publicación del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP, por sus siglas en inglés) de Conservación Amazónica - ACCA y Amazon Conservation, con el apoyo de USAID en el marco de Proyecto Prevenir, identificó -al igual que el OEFA- que en la zona donde hoy se ubican las operaciones de Tamshi SAC se deforestaron más de 2 mil hectáreas de bosque primario. 

Las imágenes satelitales usadas para este análisis recogieron información desde 1985, donde se aprecia que la zona no presentaba indicios de tala significativa o actividades agrícolas. En el reporte también se detalla que hasta un 98% de la superficie de cultivo de cacao, en Tamshiyacu, tenía bosques primarios como ecosistema predominante. El último registro data de noviembre de este año, fecha en la que ya estaban establecidas las plantaciones de la compañía.  

COMPARACIÓN. De acuerdo al MAAP, los actuales cultivos de cacao de Tamshi (derecha) se encuentran en áreas que, hace siete años, tenían bosques primarios (izquierda).

Captura: MAAP.
 

Cierre y remediación 

Además de asumir la multa de S/ 129 millones, si se confirma la sanción en última instancia del OEFA, Tamshi SAC deberá cumplir con una serie de medidas correctivas. Dentro de ellas, se encuentra la paralización de todo el proceso de producción de la compañía: desde el cultivo hasta la comercialización del cacao. 

“Considerando el nivel de afectación y degradación ambiental causado por la actividad desarrollada por el administrado, resulta oportuno ordenar al administrado, la paralización de actividades, la rehabilitación y la restauración de la zona afectada”, indica el documento de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA. 

Si se confirma la resolución, la empresa también tendrá que retirar sus equipos, maquinarias y unidades móviles del fundo Tamshiyacu; y deberá clausurar sus almacenes, campamentos propios y áreas de beneficios. 

En la lista de medidas correctivas se contempla, además, la contratación de una consultora para elaborar un proyecto de restauración de las áreas degradadas con un cronograma de actividades -que no supere los dos años de ejecución-, y un detalle  de las acciones y estrategias de remediación que implementarán. De incumplir alguna de estas indicaciones, la empresa podrá recibir multas hasta por S/ 430 mil, que tendrán que ser canceladas en un plazo máximo de siete días hábiles.

Por último, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA indicó que Tamshi realizaba un control deficiente de los residuos que generaba su actividad, al ubicar los restos peligrosos en el suelo. Por esa infracción, la compañía ha recibido una sanción adicional, por poco más de S/22 mil (5.3 Unidades Impositivas Tributarias).

OjoPúblico intentó comunicarse con el OEFA para conocer más detalles sobre el proceso. Sin embargo, el área de prensa del organismo indicó que, por el momento, no brindará declaraciones sobre el caso porque se encuentra en etapa de apelación.