Actualizado: 04-10-2020

El reciente asesinato del líder indígena Roberto Carlos Pacheco expone una vez más el contexto de inseguridad en el que se encuentran los líderes ambientales. Él y su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, habían recibido amenazas de muerte; pero las autoridades no les ofrecieron garantías para proteger su vida, a pesar de las denuncias que presentaron desde el 2012 y el pedido de protección que hizo la Defensoría del Pueblo en abril del año pasado.   

En los últimos siete años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solo en la Amazonía 12 líderes ambientales fueron asesinados. De esa cifra, la muerte de cuatro de ellos ocurrió durante la pandemia: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios).

Antes de ser asesinados, Meléndez, Pío y Pacheco -este último a través de su padre- pidieron garantías para su vida. Demetrio Pacheco dijo a OjoPúblico que, en 2017, fue personalmente a la prefectura de Puerto Maldonado a tramitar garantías para su vida y la de su hijo; pero que las autoridades se las denegaron.  

En 2017, Demetrio Pacheco solicitó garantías para él y su hijo; pero se las denegaron.  

“Aquella vez adjunté pruebas, di nombres de quiénes me amenazaban, a mí y a mi hijo, porque incluso me dejaron una bala en mi concesión forestal. Llené los formularios que me pedían, volví al siguiente mes, pero no me dieron las garantías”, contó Pacheco, con impotencia. Recién el miércoles 16 de setiembre -cinco días después de la muerte de su hijo- la subprefectura del distrito de Laberinto le otorgó dichas garantías para él, su esposa y sus otros tres hijos; y ordenó que la policía le brinde protección.  

Garantías otorgadas al líder ambiental Demetrio Pacheco by Ojo-publico.com on Scribd

En el caso de Pío -asesinado en mayo de este año- su esposa Maribel Casancho confirmó a OjoPúblico que, en 2016, el líder indígena pidió garantías para su vida ante la prefectura de Satipo; pues lo habían amenazado y, además, lo responsabilizaban de la muerte de un invasor de tierras, en la comunidad indígena Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera de Junín, Ucayali y Pasco. “En la prefectura no le dieron las garantías”, se lamenta la mujer que, después del homicidio, ha dejado su hogar por miedo. 

En abril, Arbildo Meléndez, líder cacataibo de la comunidad indígena Unipacuyacu también fue asesinado. Su esposa, Zulema Guevara, contó a OjoPúblico que en noviembre del año pasado Meléndez pidió garantías en la prefectura de la provincia de Puerto Inca (Huánuco), pero tampoco se las otorgaron. “De allí nos enviaron a Codo de Pozuzo, decían que era nuestra jurisdicción. En ninguno de los dos sitios nos daban importancia”, precisó la mujer. 

DESIDIA. El padre de Roberto Carlos Pacheco lamentó que en 2016 no le otorgaran las garantías que pidió para él y su hijo por las amenazas que recibían. 

Foto: Comité de Gestión de la Reserva Tambopata

Berlín Diques, de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), explicó que Arbildo, además de pedir protección ante la prefectura, realizó denuncias contra invasores y taladores ilegales. “Lamentablemente, nos enfrentamos a la corrupción del Estado, que discrimina a los indígenas. Denunciamos ante la policía, ante la fiscalía, pero no ha avanzado”, dijo el líder indígena. 

Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjus), también confirmó a OjoPúblico que los tres defensores ambientales habían solicitado garantías antes de los homicidios, pero las prefecturas de sus localidades -que dependen del Ministerio del Interior- no se las otorgaron a tiempo.

PRUEBA. En marzo de 2017 Demetrio Pacheco fue hasta la prefectura de Tambopata (Madre de Dios) y solicitó garantías para su vida y la de su hijo Roberto Carlos, asesinado este año. 

Foto: Archivo personal Demetrio Pacheco

Un protocolo con deficiencias

En abril de este año, el Ministerio de Justicia, mediante la resolución ministerial 159-2019-Minjus aprobó el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, entre ellas a los defensores ambientales. Dicho instrumento incluye un procedimiento de alerta temprana y la creación del primer registro de denuncias e incidencias sobre ataques y amenazas a defensores de derechos humanos, o situaciones de riesgo a las que están expuestos. 

Sin embargo, no considera al Ministerio del Interior, al Ministerio Público ni al Poder Judicial como integrantes del equipo que coordina la implementación de dicho protocolo. “Estas instituciones colaboran con nosotros, pero no están obligadas a aplicar el protocolo, y al inicio eran renuentes”, reconoció Edgardo Rodríguez, quien está a cargo de la implementación de dicho instrumento, en una entrevista a OjoPúblico.  

En un año y medio, su despacho ha recibido 15 solicitudes para activar el mecanismo de protección, pero luego de una revisión de los casos, solo aceptaron siete: en cuatro se activó el sistema de alerta temprana y, en los tres restantes, coordinaron medidas urgentes de protección.   

El Ministerio de Justicia ha admitido siete pedidos de protección para defensores de Ucayali, Huánuco, Cusco, Loreto y Lima.

Los casos admitidos corresponden a las regiones de Ucayali, Huánuco, Cusco, Loreto, Piura y Lima (3). Las medidas de protección alcanzan a la familia de los líderes indígenas asesinados Arbildo Meléndez (Huánuco) y Gonzalo Pío (Junín). En ambos casos dichas garantías de vida fueron entregadas por las prefecturas después de la muerte de los apus. La comunidad Nueva Austria del Sira, en Huánuco, también cuenta con medidas de protección, otorgadas después de que las amenazas que recibían sus líderes se hicieran públicas por los medios de comunicación, en 2019.  

Dentro de los otros siete casos evaluados por el Minjus, tres fueron descartados porque no cumplían alguno de los cuatro requisitos contemplados: que fueran defensores de derechos humanos, que otorguen su consentimiento para ser protegidos, que acrediten con pruebas las situaciones de riesgo y que señalen el tipo de protección que necesitaban. “Los casos descartados fueron uno perteneciente a la población LGTBI, un caso que denunció un congresista por invasión de terrenos y otro de una persona que se sintió maltratada por el gobierno peruano y denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Otros cinco están en revisión”, dijo Rodríguez. 

El funcionario explicó que cuando reciben las solicitudes, evalúan los casos y luego coordinan con el Ministerio del Interior la entrega de garantías de vida, si hubiera urgencia. Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, detalló a OjoPúblico que si bien el protocolo es un primer paso en la protección de los líderes, aún es insuficiente. “Se necesita una herramienta aprobada con rango de ley, que comprometa a otros actores, como el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Ahora el protocolo solo es un respaldo político, pero su capacidad operativa es limitada”, señaló. 

El protocolo es un respaldo político, pero su capacidad operativa es limitada”, señaló Mar Pérez. 

Sus limitaciones incluyen una falta de articulación con otros sectores. “El protocolo no es vinculante. No incorpora al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son las instancias llamadas a investigar y sancionar a quienes violentan a los defensores de derechos humanos. Se necesita un mecanismo multisectorial, sobre todo para los defensores indígenas y ambientales, que son los más amenazados por las actividades ilegales”, advirtió  Nelly Aedo, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. 

Al respecto, Rodríguez, del Minjus, aceptó las limitaciones actuales del protocolo, pero adelantó que buscarán la incorporación de todas las instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos mediante la publicación de un decreto supremo.  

Alerta en la Amazonía

La zona de mayor riesgo para los líderes ambientales ahora es la Amazonía, dijo Rodríguez, del Minjus. “Allí hay un vínculo entre la ilegalidad y el ejercicio de los derechos, no solo por las bandas criminales, sino también por la presencia de empresas informales. Esa ilegalidad aumenta el riesgo para ellos”, precisó el funcionario. 

Añadió que tras la muerte de Roberto Carlos Pacheco, en Madre de Dios, el Ministerio de Justicia coordinó con el Ministerio del Interior para que le otorguen garantías a su padre, Demetrio Pacheco, y a su familia. “La verdad que el caso del señor Roberto Carlos no lo tenían mapeado las organizaciones con las que trabajamos. No habíamos previsto que fuera un caso de tanta urgencia”, aceptó Rodríguez. 

JUNÍN. El líder asháninka Gonzalo Pío fue asesinado en mayo de este año. El 2019 también había solicitado garantías ante la prefectura, pero se las denegaron. 

Foto: Archivo personal  

La violencia contra líderes de comunidades indígenas es constante, dijo Nelly Aedo, quien detalló que desde 2013 han recibido nueve reportes de amenazas. Entre ellos, a los líderes de Santa Clara de Uchunya (Ucayali), Nueva Austria de Sira (Huánuco) y Boca Pariamanu (Madre de Dios). Este último es un caso reciente y las amenazas, de personas vinculadas a la minería ilegal, alcanzan a los apus de la comunidad, pero también a algunos de sus habitantes. 

El aumento de la violencia en esta comunidad coincide con los nuevos focos de minería ilegal en la región. En junio de este año, OjoPúblico alertó que esa actividad ilícita había disminuido en la zona de La Pampa, pero había registrado un incremento en los sectores de Pariamanu y Apaylon, ubicados dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. 

Dos semanas después del asesinato de Pío, en junio de este año, el Ministerio del Interior emitió el memorando múltiple 5-2020 a los prefectos de las 25 regiones, en el que les exhortaba a otorgar garantías a los líderes amenazados de forma automática, ante el pedido de alguna institución que vele por los derechos humanos, incluso sin que se identifique al denunciado. 

“Es un gran avance, puesto que antes se pedía que fueran los mismos amenazados quienes debían solicitar personalmente las garantías para su vida. Ahora basta con que alguna organización defensora de los derechos humanos exponga la situación para que se les otorgue la protección”, explicó Rodríguez, del Minjus. 

Las demoras, no obstante, no se limitan al proceso de protección de los líderes en peligro. En el caso de la familia Pacheco, por ejemplo, también se han registrado retrasos en las investigaciones del Ministerio Público. En los últimos cuatro años, Demetrio Pacheco y su hijo presentaron siete denuncias por deforestación y usurpación de tierras ante la fiscalía de Madre de Dios. Sin embargo, en ninguno de los casos se actuó con urgencia. 

LÍDER AMBIENTAL. Arbildo Meléndez, asesinado en abril de este año, impulsaba la defensa del territorio de su comunidad Unipacuyacu, en Huánuco. 

Foto: Aidesep

La protección a la familia Pacheco llegó recién el lunes 14 de setiembre (tres días después del asesinato de Roberto Pacheco). Ese día, recuerda Demetrio, recibió cinco citaciones del Ministerio Público para que declare por casos de 2019 y años anteriores. “Tiene que pasar algo grave para que se muevan. Dos de los casos están en investigación preparatoria y del resto no sé nada. Yo no soy el único caso. Hay varios defensores que han sido golpeados y han denunciado, pero todo ha quedado en una carpeta fiscal que no avanza”, dijo. 

Mar Pérez explicó a OjoPúblico que el Estado debe ir más allá de las garantías y abordar los problemas de fondo, relacionados con la protección real de los territorios indígenas. “Las fiscalías ambientales deben tener una labor más activa y coordinada con la policía, para realizar las interdicciones (operaciones de las fuerzas armadas) en zonas de minería ilegal e intervenciones en territorios indígenas”. 

Otros defensores bajo amenaza

La hija de Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, está preocupada porque considera que la vida de su padre corre grave peligro, más ahora que asesinaron a Roberto Carlos Pacheco. Kerenda Zambrano le contó a OjoPúblico que hace dos semanas personas desconocidas quemaron una de las 40 hectáreas de su área de conservación privada, ubicada a cinco minutos de la ciudad de Puerto Maldonado.  

“Mi padre recibe amenazas desde el 2010 y, ahora, han incendiado parte de nuestra concesión, donde hacemos investigación y turismo vivencial. Dos días antes de que asesinaran a Alfredo Vracko, él vino a ver a mi padre y le dijo que estaba en una lista, y que se cuidara. Nos sentimos desprotegidos y nadie hace nada”, dijo con impotencia. 

Víctor Zambrano -quien recientemente ha sido nominado al premio Tulipán de los Derechos Humanos, otorgado por el Ministerio de Asuntos Externos de los Países Bajos- ha recibido garantías personales, pero considera que el Estado responde con lentitud ante las amenazas a los líderes ambientales. “Ya perdí la cuenta de las amenazas que he recibido. Lo que queremos es que las autoridades protejan los derechos de la población, sobre todo de nuestros hermanos defensores del bosque. Ahora no sabemos a quién recurrir, porque hay mucha colusión con las mafias”, contó. 

Víctor Zambrano ya ha recibido garantías, pero considera que el Estado responde con lentitud.

La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) alertó que los líderes e integrantes de la comunidad Flor de Ucayali, perteneciente al pueblo Shipibo, han sido amenazados. En junio de este año encontraron a taladores ilegales en su territorio y les decomisaron la madera ilícita. A raíz de ese hecho, el presidente del comité de seguridad de la comunidad, Saúl Martínez Guimaraes ha recibido intimidaciones. 

Además, el mes pasado la comunidad colocó linderos en su territorio y advirtió que existen 30 hectáreas deforestadas por personas que siembran hoja de coca. El 9 de setiembre el fiscal ambiental Randol Ventura Tadeo, la policía y representantes del Gobierno Regional de Ucayali constataron la tala ilegal en la zona. 

La comunidad ha solicitado al gobierno nacional que intervenga de manera estratégica para evitar la muerte de sus integrantes. “Los miembros de la comunidad se encuentran en riesgo de ser asesinados por taladores y narcotraficantes, si las autoridades no toman atención”, dijo Martínez Guimaraes. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, el Estado no había respondido a la petición. 

Los líderes e integrantes de la comunidad Flor de Ucayali, perteneciente al pueblo Shipibo, también han sido amenazados.

Mar Pérez remarcó que es urgente proteger la vida de los defensores y que, además, los homicidios se resuelvan con celeridad. “Es gravísimo que en estos casos no haya una sentencia, porque el mensaje que se envía a los perpetradores es que pueden asesinar a los defensores sin que exista ninguna consecuencia para ellos. Es una nueva violación de derechos para las familias. Todo esto favorece al clima de impunidad”, señaló. 

Al respecto, el próximo 6 de octubre las organizaciones indígenas y de la sociedad civil tendrán una audiencia virtual con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expondrán cuatro casos: Gonzalo Pío, Arbildo Meléndez, los asesinatos de Alto Tamaya Saweto y Santa Clara de Uchunya. En dicha cita participará Rodríguez, del Ministerio de Justicia; y las organizaciones indígenas, que expondrán las principales dificultades que enfrentan en su búsqueda de justicia.  

El 24 de setiembre se realizó una mesa técnica sobre líderes ambientales, donde participó Rodríguez, del Ministerio de Justicia; Flor de María Vega, coordinadora nacional de Fiscalías Ambientales; representantes del Ministerio del Ambiente, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Proética; y el congresista Alberto de Belaunde. En esta reunión, los participantes destacaron la urgencia de que el Estado proteja con medidas efectivas y veloces a los líderes ambientales. Coincidieron, además, en que el protocolo del Ministerio de Justicia debe incorporar, mediante un decreto supremo, a otros ministerios relacionados. 

Una semana después el Ministerio de Justicia, mediante una resolución ministerial, creó el registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y aprobó sus lineamientos. Este instrumento busca proteger a los defensores y reportar los ataques y amenazas que sufren en su labor diaria.