El jueves 25 de febrero, el cacataibo Herasmo García Grau se despidió de su hermana Hibone con la promesa de traer un sajino para el almuerzo. Salió de su vivienda, ubicada en la comunidad Sinchi Roca I, distrito de Irazola, provincia de Padre Abad (Ucayali), para internarse en el bosque de San Alejandro. Debía regresar unas horas más tarde; pero nunca lo hizo. Al día siguiente su cuerpo fue hallado sin vida, con impactos de bala y golpes, en la comunidad vecina de Puerto Nuevo. 

La madrugada del viernes, temiendo que algo malo le hubiera sucedido a García, un grupo de indígenas salió a  buscarlo. Cerca de las 8 de la mañana lo encontraron muerto, a tres horas de su comunidad.García era agricultor y trabajaba en la empresa forestal de su comunidad, ubicada  en una zona de riesgo por la presencia del narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras entre las fronteras de Huánuco y Ucayali.

Mediante un comunicado, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunció que la muerte del indígena se produjo porque han sido “abandonados por las autoridades de Perú, y [estamos] a merced de narcotraficantes, invasores de tierras y madereros ilegales”. Herasmo García, de tan solo 28 años, es la séptima víctima de la violencia del narcotráfico y la tala ilegal en la región Ucayali, donde en esta pandemia han sido asesinados también Yenes Río Bonsano y Santiago Vega Chota, y donde el 2014, también acribillaron y desaparecieron a Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.

VÍCTIMA. Herasmo García (28) apareció muerto el último viernes en la selva de San Alejandro. Las organizaciones indígenas exigen justicia para él. 

Foto: Fenacoca

OjoPúblico accedió a las actas del levantamiento del cuerpo del cacataibo  que realizaron policías de la Comisaría de San Alejandro, provincia de Padre Abad, y la Fiscalía Mixta de Von Humboldt. Los documentos señalan que Herasmo García fue encontrado boca arriba, con heridas al lado del ojo izquierdo y un orificio en el pecho ocasionado por proyectil de arma de fuego (PAF). 

La Fiscalía también confirmó a este medio que el indígena cacataibo falleció por traumatismo torácico cerrado por proyectil de arma de fuego como causa base. Herasmo García murió desangrado por un disparo de escopeta. La Fiscalía Mixta de Von Humboldt investiga el caso por homicidio calificado.

Según la fiscalía, García no tiene DNI, pero fue reconocido por el líder de la comunidad Sinchi Roca I, Germán Guerra García, quien, además, es su primo. En tanto, su hermano Alejandro García Grau declaró al  fiscal Víctor León Julca que la víctima  no tenía enemigos en la comunidad Pueblo Nuevo, donde fue hallado muerto.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la policía y a la fiscalía celeridad en la investigación, para hallar pronto a los responsables".

“Este caso es por el territorio, hay trabajos ilícitos [en la comunidad]. Suponemos que él había encontrado o visto algo y, para que no avise a la comunidad, lo asesinaron. Él no tenía problemas, pero la comunidad recibió amenazas. Hay invasores que realizan crímenes”, dijo a OjoPublico Germán Guerra, líder de la comunidad Sinchi Roca I.

La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte del indígena cacataibo y solicitó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público celeridad en la investigación que realizan, para hallar pronto a los responsables.

“Considero importante que el Estado genere un sistema permanente de atención y monitoreo a los derechos de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, y no solo reaccione ante las emergencia. Las comunidades indígenas son sumamente vulnerables ante actividades ilegales que amenazan constantemente sus territorios”, dijo  Nelly Aedo, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Dolor en pandemia 

El asesinato de Herasmo García no es el único ocurrido este año. Los líderes indígenas de Ucayali informaron que hace dos semanas el indígena cacataibo Yenes Río Bonsano, de la comunidad de Pueblo Nuevo, provincia de Padre Abad, también fue asesinado. Ellos creen que en ese caso también pueden estar comprometidos narcotraficantes. En esos días las autoridades no acudieron al llamado ni intervinieron porque argumentaron que era muy lejos.

Yenes fue hallado el 14 de febrero con un disparo en la cabeza y signos de tortura, en la selva de su misma comunidad Pueblo Nuevo. “El cuerpo ya estaba en descomposición, la policía no llegaba y se tenía que enterrar inmediatamente”, contó Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de comunidades Cacataibos (Fenacoca).

En abril del año pasado, el líder cacataibo Arbildo Meléndez Grandez, de la comunidad Unipacuyacu, fue asesinado con un disparo en la selva de Codo del Pozuzo, en la región Huánuco. Fue el primer indígena asesinado en pandemia. 

En abril del año pasado, el líder cacataibo Arbildo Meléndez fue asesinado con un disparo en la selva de Huánuco".

Meléndez solicitaba la titulación de su comunidad ante la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, cuyo proceso comenzó en 1995 luego de su reconocimiento. Pero, hasta ahora, no se concreta. No obstante, en 2008 la Municipalidad Provincial de Puerto Inca creó dos centros poblados (Nueva Libertad y San Francisco de Valle Hermoso) dentro de territorio cacataibo y vulneró sus derechos indígenas.

Otro asesinato en la etnia cacataibo se produjo el 22 de julio del año pasado. Santiago Vega Chota, también de la comunidad Sinchi Roca I, fue encontrado en la selva de San Alejandro, con un disparo en el corazón y las manos cortadas. “En menos de un año hemos perdido a cuatro hermanos, y ninguno ha obtenido justicia. Las amenazas continúan y los cacataibos somos pocos. El estado está esperando que estemos a punto de extinguirnos para actuar”, cuestionó el líder Herlin Odicio.

“El narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras han invadido Ucayali y Puerto Inca [Huánuco]. Los líderes que reclaman están muriendo. Los apus de Purús, Coronel Portillo, Padre Abad y Puerto Inca son amenazados para evitar que hablen o actúen contra ellos”, dijo Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

DESPROTEGIDOS. La Organización Regional Aidesep Ucayali denunció que los indígenas están a merced de narcotraficantes, taladores ilegales y traficantes de tierras.

Foto: Fenacoca

Estos tres crímenes de líderes indígenas en Ucayali se suman a los ocurridos en 2014 en Saweto, cuando los apus Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron cruelmente asesinados en la frontera de la Amazonía de Perú y Brasil. Las víctimas habían denunciado tráfico de madera en su comunidad Alto Tamaya Saweto. El caso recién se encuentra en juicio oral en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, pese a que ya han transcurrido siete años desde sus muertes.

En total, desde 2013 hasta diciembre del año pasado doce defensores ambientales fueron asesinados, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. De esos crímenes, cuatro ocurrieron  durante la pandemia: las muertes de los indígenas Arbildo Melendez (Huánuco) y Gonzalo Pío Flores (Junín), el guardabosques Lorenzo Wampagkit Yampik (Amazonas) y el ambientalista Roberto Carlos Pacheco Villanueva (Madre de Dios).

Territorios sin protección legal

La comunidad indígena Sinchi Roca I, ubicada entre los distritos de Irazola, provincia de Padre Abad, región Ucayali, y Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, región Huánuco, cuenta con un título de propiedad otorgado en 1976 por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Sin embargo, desde  2017 solicita ante la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali la georeferenciación de su territorio y la actualización de su título; pero hasta hoy ese pedido no se concreta. 

Para llegar a Sinchi Roca I -que alberga alrededor de 1.000 indígenas cacataibos- hay que viajar por vía terrestre durante una hora, desde la capital San Alejandro, en el distrito de Irazola. El viaje continúa por el río durante otras tres horas. El Ministerio de Cultura estima la población de los cacataibos en 3.715 personas, asentadas en  13 comunidades en Perú, según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios.

Harold Salcedo, gerente de Pueblos Indígenas de Ucayali, explicó a OjoPúblico que la georeferenciación del territorio de los cacataibos se realizó en el 2018 con la intervención de la Dirección Regional de Agricultura. Sin embargo, no se actualizaron las fronteras del territorio en Registros Públicos porque el “Gobierno Regional de Huánuco no cumplió con su parte del trabajo, ya que el 40% del territorio de la comunidad está en la región huanuqueña”, dijo el funcionario.

Desde  2017 la comunidad de Sinchi Roca solicita la georeferenciación de su territorio y la actualización de su título". 

El líder de la comunidad Sinchi Roca, Germán Guerra, denunció que los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali permitieron  que se creen  asociaciones de pobladores en el territorio de los cacataibos, pese a que la comunidad cuenta con un título de propiedad.

“Hay invasores dentro de la comunidad, que realizan actividades ilícitas, principalmente sembrío de hoja de coca. [...] De las 27 mil hectáreas que tenemos, el 40% están ocupadas por ellos”, dijo el apu Guerra.

Pero ese no es el único territorio invadido. La Federación Nativa de Comunidades Cacataibos (Fenacoca) informó que las comunidades Sinchi Roca I, Sinchi Roca II, Puerto Nuevo, Unipacuyacu y Yamito, ubicadas entre Huánuco y Ucayali, son las más afectadas por traficantes de madera, tierras y el narcotráfico.

“Es un problema complejo, hace años venimos solicitando apoyo de las autoridades para retirar a los invasores, pero el gobierno los protege dándoles títulos. El pueblo cacataibo está olvidado. A todos los que hablamos nos amenazan o matan”, dijo el presidente de Fenacoca, Herlin Odicio.

Mar Pérez cuestionó que los gobiernos regionales y Devida prioricen la titulación individual sobre la de comunidades indígenas".

La falta de titulación en los territorios indígenas es preocupación también de Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ella cuestionó que los gobiernos regionales y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) prioricen la titulación individual por encima de los pueblos indígenas, y citó los ejemplos de las comunidades Unipacuyacu y Nueva Austria del Siria, ambas en Huánuco; y de Sinchi Roca I y II (Ucayali). 

“El gobierno regional no realiza la georeferenciación, pese al pedido de la comunidad. Esto permite el avance del narcotráfico en la zona. Devida da plata a los gobiernos regionales para titular predios individuales y favorece el narcotráfico”, señaló Pérez. 

Además, recomendó que la Contraloría General de la República intervenga en los gobiernos regionales de la Amazonía para identificar si los títulos que otorgan se realizan con todos los procedimientos correctos. “En muchas oportunidades se han detectado predios privados dentro de comunidades indígenas reconocidas. Devida necesita un control más riguroso de los financiamientos que entrega”, dijo. 

En respuesta, mediante una nota de prensa, Devida señaló que "en el marco del programa de desarrollo alternativo no financia intervenciones destinadas a implementar acciones de titulación de tierras, desde hace ya más de tres años". Asimismo, precisó que, de haberse financiado con anterioridad a los últimos tres años, la ejecución de dicha actividad es de entera responsabilidad de las autoridades locales que solicitaron el financiamiento.

Conflictos por el territorio

La comunidad Sinchi Roca I tiene permiso de aprovechamiento de productos forestales con fines comerciales desde octubre del 2017. La vigencia de dicho documento es hasta octubre del 2031 y abarca 8.831 hectáreas del bosque de la comunidad. Sin embargo, no han podido utilizarlo adecuadamente a favor de los indígenas, porque son amenazados constantemente por los invasores, que los presionan para que abandonen sus  territorios.

“Tenemos todos los documentos, pero las empresas forestales no quieren venir [a comprar los productos] porque conocen el peligro que existe. Solo trabajamos durante un periodo, porque las amenazas nos impiden continuar”, indicó el líder Guerra García.

En agosto del año pasado cinco cacataibos intervinieron a un grupo de foráneos que llevaba armamento de guerra y pasta básica de cocaína. Los retuvieron, les quitaron sus pertenencias y los entregaron a la policía. Sin embargo, ya en la dependencia policial de San Alejandro, provincia de Padre Abad, en vez de intervenir a los narcotraficantes, los agentes detuvieron por cinco días a los indígenas.

“¿Dónde está la justicia? Siempre que denunciamos nos terminan culpando. El pueblo cacataibo está cansado, vamos a reunirnos para definir qué acciones tomaremos. Si aplicamos nuestra autodefensa territorial habrá enfrentamientos, que serán responsabilidad del gobierno por no actuar contra el narcotráfico”, señaló el líder Guerra.

Fenacoca ha convocado a sus líderes a una reunión de urgencia para este martes 2 de marzo, con el fin de adoptar medidas contra las actividades ilícitas, luego de la muerte de los defensores cacataibos.  

Por su parte, ORAU ha solicitado al Ejecutivo que declare a Ucayali y a la provincia de Puerto Inca (Huánuco) en Estado de Emergencia, por el aumento de las actividades ilícitas, que en siete años han cobrado la vida de siete indígenas en esta región de la selva peruana.