Un silencio perturbador interrumpe la llamada telefónica. Zulema Guevara Sandoval calla, respira y rompe en llanto. La viuda del líder indígena kakataibo Arbildo Meléndez Grández –asesinado durante la cuarentena por la pandemia de la Covid-19–  trata de pronunciar correctamente las palabras, pero el dolor la ahoga. A su lado se escuchan las voces de sus pequeños hijos que también sollozan. “Mamá”, dicen tratando de consolarla. 

El domingo 12 de abril, Guevara Sandoval vio por última vez a su esposo con vida. El asesino confeso, Redy Rabel Ibarra Córdova, lo mató ese mismo día, en circunstancias que no han sido esclarecidas por las autoridades. Solo se sabe que Ibarra Córdova dijo haberlo confundido con un animal del bosque y, cinco días después del hecho, fue liberado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca, en Huánuco, porque -a su juicio- no existía peligro de fuga. Desde entonces, sin embargo, las amenazas de muerte hacia Guevara Sandoval y otros miembros de la comunidad Unipacuyacu no se han detenido.

Aunque Guevara Sandoval cuenta con garantías personales, se siente desprotegida. Por ese motivo, abandonó su vivienda y campos de cultivo de plátanos, en la selva del distrito de Codo del Pozuzo. En abril de este año, días después del asesinato de su esposo, migró con sus cuatro hijos menores a la región de Ucayali, desde donde solicita que se acelere la investigación fiscal y se sancione a los autores materiales e intelectuales de la muerte del apu.

Con la muerte del apu Meléndez, en total 12 líderes ambientales fueron asesinados desde el 2013 en la Amazonía peruana".

“A él lo asesinó una mafia de narcotráfico que opera en Puerto Inca, porque se oponía a que sigan invadiendo las tierras de Unipacuyacu. Además, pedía que titulen nuestra comunidad para tener seguridad jurídica”, explica la mujer a OjoPúblico. Con la muerte del apu Meléndez, en total 12 líderes ambientales fueron asesinados desde el 2013 solo en la Amazonía peruana, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La muerte de cuatro de ellos ocurrió durante la pandemia.  

Veinticinco años de lucha

En la lengua de los kakataibos la palabra uni –como también se le llama a este pueblo– significa “verdaderos hombres”. Esta etnia, según el Ministerio de Cultura (Mincul), está compuesta por una población de 3.715 personas que viven en las regiones Huánuco y Ucayali, en las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu.

Según la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Mincul, existen 13 comunidades kakataibo en el Perú. De ellas, seis han sido tituladas por las direcciones regionales de Agricultura; mientras que las otras siete no han iniciado el procedimiento. 

La comunidad Unipacuyacu, asentada en el río Sungaroyacu, tiene una población de 86 familias kakataibo, que ocupan 23 mil hectáreas de selva en el distrito de Codo del Pozuzo. Fue reconocida por la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco en 1995. “Desde esa fecha hasta la actualidad venimos solicitando el título de propiedad de la comunidad, pero cada vez que avanzamos asesinan a un indígena para intimidarnos”, dice Jesús Cahuasa, el nuevo apu de Unipacuyacu.

CRIMEN SIN RESOLVER. En abril de este año el apu Arbildo Meléndez fue asesinado en el bosque, pero hasta la fecha la investigación por su muerte no avanza. 

Foto: Aidesep

Cahuasa asumió el liderazgo de la comunidad en junio de este año, luego de la muerte por Covid-19 de Robert Pereyra Mera, quien había sucedido en el cargo a Arbildo Meléndez, tras su asesinato. Cahuasa recuerda que el apu Pereyra viajó a Pucallpa para solicitar apoyo a la Organización Regional Aidesep de Ucayali, debido a que las amenazas contra la comunidad se intensificaron luego de la liberación de Ibarra Córdova. En el trayecto se contagió con el nuevo coronavirus y murió semanas después.

Además del caso de Arbildo Meléndez, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también registró los asesinatos del teniente gobernador Segundo Reátegui Oyo y su hijo Neymut, de 4 años, en mayo de 2010. Y, meses después, del indígena Manuel Tapullima, el único testigo del doble crimen.

“Los asesinaron para atemorizarnos, para evitar que los retiremos de nuestras tierras. Eran los primeros años de la invasión de los colonos”, cuenta Jesús Cahuasa a OjoPúblico. El apu recuerda que, antes de la invasión de su territorio, vivían en armonía. Pero en 2007, dice, comenzaron los conflictos con los foráneos.

Además del caso de Arbildo Meléndez se han registrado otros cuatro asesinatos de miembros de la comunidad". 

Diez años después, en julio de 2017, Justo Gonzáles Sangama -abuelo político de Arbildo Meléndez y líder de la comunidad en ese momento- fue asesinado. “En esa ocasión la fiscalía se negó a realizar el levantamiento del cadáver diciendo que era peligroso. Fue mi esposo [Meléndez] quien recogió el cuerpo de su abuelo, que permaneció botado en el monte durante ocho días. Jamás se investigó quiénes fueron los culpables, no hubo justicia para nosotros”, recuerda la esposa de Arbildo.

La invasión de su territorio

Al año siguiente, Arbildo Meléndez asumió el liderazgo de Unipacuyacu. Participaba en las jornadas de representación de la comunidad y denunciaba a los invasores de tierras ante organismos internacionales. En 2018, también denunció tala ilegal en su territorio ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Ucayali, pero hasta la fecha no hay resultados sobre la investigación.

Cansados de no poder retirar legalmente a los invasores, en junio de 2019, los líderes indígenas de Puerto Inca -agrupados en la Unión de Nacionalidades Asháninka y Yanesha (UNAI)- viajaron a la ciudad de Huánuco para solicitar al gobierno regional que inicie el proceso de titulación de las comunidades ashéninkas de Puerto Nuevo y Nueva Alianza y Unipacuyacu (kakataibo). 

En esa reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura (Minagri), también solicitaron que Nueva Austria recupere la categoría de comunidad indígena, cuyo reconocimiento fue anulado un año antes, mediante un proceso judicial a cargo del Juzgado Mixto, Liquidador y Unipersonal de la Provincia de Puerto Inca.

LÍDER. Desde el 2018, el apu Arbildo Meléndez se dedicó a la defensa de su territorio y a la lucha para conseguir el título comunal de Unipacuyacu.

Foto: Aidesep 

Entonces, los funcionarios del Minagri se comprometieron a incluirlos en el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespar), a través de un convenio con el Gobierno Regional de Huánuco.

Así comenzó el proceso para obtener su título comunal. En diciembre de 2019, un equipo del ministerio ingresó a Codo del Pozuzo. Sin embargo, el personal del Minagri fue atacado por un grupo de colonos que había invadido la zona. Los líderes indígenas que acompañaban a la comitiva, entre ellos Arbildo Meléndez, huyeron para salvar sus vidas.

Rogelio Gonzales, representante del área de comunidades campesinas y nativas de la DRA de Huánuco, informó a OjoPúblico que la Digespar contrató a la Empresa Ingenieros Constructores SIGT S.A.  para realizar el diagnóstico de 15 comunidades de la región, entre ellas Unipacuyacu. “A finales de noviembre [de este año] deben entregarnos los documentos para continuar con la titulación, la georeferenciación del terreno y la inscripción en registros públicos”, dijo.

El 80% del territorio de Unipacuyacu está invadido por colonos que tramitan sus títulos de manera individual".

Cahuasa, no obstante, cree que el proceso no será tan simple, pues de las 23 mil hectáreas que corresponden a su comunidad, el 80% está invadido por colonos que tramitan sus títulos de manera individual. En 2008, además, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca creó dos centros poblados: Nueva Libertad y San Francisco de Valle Hermoso.

Nueva Libertad ocupa un área de 11 mil hectáreas y Valle Hermoso una de 8 mil. Ambas están localizadas en el territorio de Unipacuyacu, que desde entonces solo cuenta con 4 mil hectáreas. “Es irregular crear centros poblados dentro de la jurisdicción de comunidades indígenas. No conocemos cómo se desarrolló ese proceso porque no existen documentos de esa época”, lamentó Gonzales.

Sin embargo, han detectado que, desde noviembre de 2019, el teniente gobernador del centro poblado de Nueva Libertad, Miguel Ángel Quispe García, ha ingresado documentos a la DRA de Huánuco solicitando detener el proceso de titulación de Unipacuyacu. Alega que existen centros poblados dentro del territorio, cuyos miembros se dedican a la agricultura y ganadería.

En 2008, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca creó dos centros poblados dentro de la jurisdicción de Unipacuyacu".

“Obtienen sus títulos diciendo que producirán café, cacao y plátanos, pero en realidad hay cultivos de coca, tienen laboratorios [de cocaína] y sacan sus productos por pistas clandestinas”, alertó el líder de la Federación de Comunidades Nativas kakataibo (Fenacoka), Herlín Odicio, quien en agosto de 2019 acompañó a Arbildo Meléndez a denunciar las amenazas de muerte que habían recibido ante la prefectura. En esa oportunidad, recuerda, no fueron recibidos por los funcionarios.

Mediante un pedido de acceso a la información, OjoPúblico solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco los documentos sobre los anteriores procesos de titulación de la comunidad Unipacuyacu, pero la entidad respondió que “no existen registros anteriores al 2019”.

El 8 de noviembre de este año se realizó una operación policial-militar contra el tráfico de drogas en los distritos de Codo del Pozuzo y Yuyapichis, en la región Huánuco. Como resultado,  se destruyeron cuatro pistas de aterrizaje clandestinas, una de las cuales se localizaba en la comunidad Unipacuyacu. Al día siguiente, personas armadas ingresaron a esta localidad buscando al apu Jesús Cahuasa. No lo encontraron, pero amenazaron a los indígenas diciéndoles que los asesinarían si osaban enfrentarlos. 

“Me buscaban para matarme, porque creen que estoy coordinando con la policía para destruir sus pistas y expulsarlos de la comunidad”, cuenta Cahuasa a OjoPúblico. El apu kakataibo también tuvo que huir de la comunidad, tras las recientes amenazas. 

En busca de justicia

Tres días antes del asesinato de Arbildo Meléndez, su esposa se levantó de madrugada, intranquila, intuyendo que algo malo le sucedería. El líder kakataibo, al verla preocupada, la abrazó. Esa noche la señora Guevara apenas pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Meléndez le contó que había soñado que predicaba al lado del profeta Jonás, de la biblia. “Si muero, debes continuar. Con mi sangre conseguiremos el título de la comunidad”, le dijo presagiando la muerte.

El 14 de abril, dos días después del asesinato del apu, Redy Rabel Ibarra Córdova confesó a la policía que él le había disparado. El asesino confeso vive en la comunidad de Santa Martha, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca y, ante la policía, dijo que confundió [a Arbildo] con un sajino. Sin embargo, su versión contradice los resultados de la necropsia, que señalan que el disparo fue realizado “a menos de 100 metros” de distancia.

Ibarra Córdova permaneció detenido hasta el 17 de abril, cuando el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca le dictó comparecencia restringida, debido a que -a su juicio- no existía peligro de fuga. Dicha medida no fue apelada por la fiscal Verónica Julca Castro, a cargo de la investigación.

PRUEBA. En su declaración ante la fiscalía, Redy Ibarra (asesino confeso del apu Arbildo) dijo que le disparó creyendo que era un sajino. 

Foto: Captura de acta fiscal

“Seis meses y el asesino sigue libre. No se ha avanzado en la investigación porque los jueces y fiscales están comprados por la mafia en Puerto Inca. El asesinato de mi esposo lo quieren hacer pasar como un accidente, pero su muerte fue planificada”, dice indignada Guevara Sandoval. 

OjoPúblico llamó a la fiscal Julca Castro para consultarle por qué no apeló la comparecencia restringida. La funcionaria dijo que “no se han presentado nuevas pruebas en el caso”; y agregó que, en setiembre, estuvo de vacaciones, por lo que recién está revisando los documentos.

Entre las nuevas pruebas, que aún no se han considerado en la investigación, sobresale el certificado de servicio militar de Rabel Ibarra. Este documento acredita que el asesino confeso estuvo en el Ejército Peruano de 2004 a 2005, alcanzó el grado de sargento primero, y sabía usar armas de fuego. 

El asesino confeso estuvo en el Ejército de 2004 a 2005 y alcanzó el grado de sargento primero". 

Otra prueba que refuerza la tesis del asesinato es la declaración de un testigo protegido que narra haber visto, a fines de febrero, a Ibarra Córdova recibiendo dinero de una persona que no es de la zona, en un bar de una comunidad vecina. Allí mismo, asegura dicho testigo, Ibarra Córdova presumió que asesinaría al líder kakataibo. 

“Las pruebas señalan que Ibarra sabía manejar armas y tenía intención de asesinar a Arbildo [Meléndez]. Pero, a pesar de esto, no se apeló la prisión preventiva ni se le investiga por sicariato”, cuestionó la abogada Sandra Oliveira, asesora legal de la Organización Regional de Aidesep de Ucayali (ORAU).

Mientras tanto, la viuda de Arbildo Meléndez presentó una queja ante el órgano de Control Interno del Ministerio Público de Ucayali contra la fiscal Verónica Julca, por vulnerar el principio de reserva. Asegura que otros fiscales también conocen el caso y están solicitando información, aunque son ajenos a la investigación. En respuesta, el Órgano de Control Interno inició una investigación preliminar contra la funcionaria y el fiscal Teodomiro Mallqui Pozo por no guardar discreción del proceso.

DECISIÓN. El órgano de Control Interno del Ministerio Público de Ucayali abrió investigación contra los fiscales Verónica Julca Castro y Teodomiro Mallqui Pozo. 

Foto: Captura acta fiscal

“Las amenazas contra la viuda de Arbildo no han cesado. Constantemente recibe mensajes de texto y llamadas. Pero lo más indignante es que el proceso no avanza porque no hay interés de los fiscales de Puerto Inca de investigar qué sucedió”, dice preocupado Berlín Diques, presidente de ORAU.

Un mes antes de ser asesinado, Arbildo Meléndez y su familia fueron víctimas de una embestida en el río. Habían salido de su comunidad y viajaban en una canoa por el río Sungaruyacu, cuando una embarcación los chocó. El apu reconoció a Oriol Echaís Hidalgo, quien dirigió el bote contra la canoa donde viajaba Arbildo y su familia. Su esposa resultó malherida. 

“Fuimos a denunciar, pero no nos hicieron caso. Nos tuvieron de un lado a otro, sin ningún resultado. Ese día nos dijeron [Echaís y otras personas] que no íbamos a durar ni cinco meses y, luego de un mes, asesinaron a mi esposo”, recuerda Zulema Guevara Sandoval. 

Desde el asesinato del líder kakataibo, ella ha priorizado su seguridad y la de sus hijos. A pesar de los recaudos que ha tomado, hace un mes recibió otra amenaza por teléfono. Le decían: “vas a morir igual que Arbildo, sabemos dónde estás”. La mujer colgó el teléfono y abrazó a sus hijos. “Si mi esposo estuviera vivo, pensé en ese momento, no tendría tanto miedo”, confiesa.