La trazabilidad de la madera  —saber de dónde se extrae exactamente y hacia dónde va— está lejos de ser garantizada en el Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) aún no logra poner en marcha dos importantes instrumentos que contribuyen a rastrear el origen legal de este recurso natural: el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-SNIFFS) y el libro de operaciones de los aserraderos.

El Módulo de Control del SNIFFS es una plataforma digital que debe centralizar y gestionar información sobre todos los procesos de la madera, desde que se asigna un título habilitante —permiso que da el Estado para hacer aprovechamiento del recurso forestal en una concesión, comunidad o bosque local—, hasta que se comercializa ya transformada.

A una década del anuncio de su creación, esta plataforma no cuenta con una versión definitiva y, pese al apoyo de cooperantes internacionales, su contenido no es actualizado por las oficinas forestales de las regiones, ni tiene un uso generalizado. 

Evaluaciones internas a las que accedió OjoPúblico, realizadas en los años 2019, 2020 y 2023, evidencian continuas fallas en su desarrollo informático y profesionales poco capacitados detrás de su diseño y construcción.

Evaluaciones internas evidencian fallas en su desarrollo informático y profesionales poco capacitados detrás de su construcción".

Otra importante herramienta para el seguimiento de la madera son los libros de operaciones de los Centros de Transformación Primaria (CTP) o aserraderos. Estos documentos ―similares a los libros contables― sirven para registrar toda la madera que entra y sale de sus instalaciones, así como los volúmenes que han sido aprovechados. 

Esto contribuye a la trazabilidad en los aserraderos, conocidos por ser un punto crítico para el lavado de la madera de origen ilegal. Sin embargo, en este caso también hay trabas en la implementación. 

OjoPúblico ha identificado que, entre 2017 y 2023, Serfor ha actualizado los formatos de los libros de operaciones, al menos, cuatro veces y otras nueve ha ampliado los plazos para su aplicación. Esto, en la práctica, ha evitado que su uso sea obligatorio y que se sancione a los dueños de los aserraderos que no transparentan la información.

Tras la aprobación de un nuevo formato, en enero de este año, se tenía prevista la puesta en marcha de este instrumento de control para el 3 de julio. Sin embargo, días antes, la autoridad forestal aprobó una nueva prórroga para que el uso obligatorio rija, recién, a partir del 15 de enero de 2024.

MATERIA PRIMA. Antes de llegar hasta un centro de transformación primaria, la madera puede recorrer cientos de kilómetros por río o carretera. 

Foto: OjoPúblico

 

A estas idas y vueltas, se suma las deficientes acciones de control o inspecciones por parte de regiones amazónicas, como Loreto y Ucayali, para verificar la implementación de los libros de operaciones entre marzo de 2021 e inicios del 2023, periodo en el que este registro fue obligatorio. 

Las modificaciones de esta herramienta también han formado parte de las agendas de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, espacio de coordinación del gobierno con el sector privado. Entre los asistentes a dichas reuniones figuran representantes de uno de los principales grupos exportadores de madera del país. 

 

Desafío de la autoridad forestal 

Uno de los desafíos más grandes del sector forestal es verificar el origen legal de los recursos maderables que se extraen de los bosques amazónicos. En ese afán, desde hace varios años, el Serfor publicita el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-SNIFFS). 

Esta herramienta digital debe centralizar datos provenientes de toda la cadena de aprovechamiento de la madera, como las solicitudes de títulos habilitantes, los planes de manejo y operativos, los libros de operaciones y las guías de transporte forestal. 

En paralelo, tiene que interactuar con otros módulos del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestres y con diversas instituciones, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). ¿El objetivo? Hacer un seguimiento de los insumos en tiempo real.

Toda esta información es centralizada y gestionada por el Serfor en un sitio web. Además, hay otros tres aplicativos móviles que complementan la plataforma: uno para el libro de operaciones de títulos habilitantes, otro para el libro de operaciones de centro de transformación primaria y, por último, otro de emisión y registro de guías de transporte.

Estos aplicativos permiten hacer el seguimiento y control de la madera, desde que sale del título habilitante hasta la fase en que es transportada, y tiene que atravesar los puestos de control ubicados en ríos y carreteras. Su uso se oficializó en enero de este año, a través de una resolución del Serfor, y su implementación se viene desarrollando con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). 

 

AÑO 2017. Una presentación del módulo de control del SNIFFS ante diversos actores, entre ellos algunos empresarios. 

Foto: Facebook del Serfor

 

En la Amazonía peruana las regiones donde más se extrae madera para ser comercializada son Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Las trozas ―partes de un árbol ya cortado― pueden recorrer cientos de kilómetros hasta llegar al Centro de Transformación Primaria (CTP) o aserradero. En ese contexto, el dominio de la información en todo el recorrido es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los productos.

“Si en un puesto de control ves que se está retirando un volumen de madera que sobrepasa lo que alguien habitualmente tiene autorizado, eso ya te va alertando y vas tomando medidas”, explicó Gastón Chucos Lazo, director de la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor.

En una presentación virtual de 2021 se anunció que, para abril del siguiente año, el módulo de control culminaría su fase de desarrollo y entraría en una etapa de “implementación controlada”. Sin embargo, a 15 meses de ese tope, la plataforma aún no entra en funcionamiento pleno. A eso se añaden deficiencias en su desarrollo, según evaluaciones internas a las que tuvo acceso OjoPúblico.

De otro lado, todavía no se hace obligatorio el uso de uno de sus componentes: el libro de operaciones de centros de transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables, también denominado libro de industria o de aserraderos, el cual contribuye a conocer el origen de la madera antes de su primera transformación. 

La plataforma debía entrar en una implementación controlada en abril de 2022. A 15 meses de ese tope, aún no está en funcionamiento pleno."

 

Largos años de espera

El origen del módulo de control se remonta a hace más de una década, cuando aún existía la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, la cual fue reemplazada por el Serfor, en 2014. 

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por su sigla en inglés), recuerda que, incluso desde algunos años antes, la trazabilidad de la madera ya aparecía como una preocupación teniendo en cuenta los compromisos que el país asumió con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se firmó en 2006 y entró en vigencia en 2009. 

“El tema de la trazabilidad debió entrar en vigencia a comienzos del 2010. Esto no se consigue y se comienza a postergar. Luego, se puso como fecha [para su implementación] el 2014”, cuenta Urrunaga, quien participó, como representante de la sociedad civil, en las primeras reuniones que tuvo la autoridad forestal nacional con su similar de Estados Unidos.

OjoPúblico tuvo acceso a documentación de 2019, 2020 y 2023 en la que se advierte una serie de deficiencias y traspiés en el desarrollo digital de la plataforma. Se trata de evaluaciones encargadas por el propio Serfor y por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financista de la implementación del módulo.

De acuerdo a las evaluaciones, desde el 2019 se han registrado fallas informáticas a nivel de visualización de datos, el registro, actualización y emisión de guías. Otro aspecto grave, según los documentos de ese año, es que no existía interoperabilidad con los sistemas digitalizados del Osinfor, entidad supervisora y fiscalizadora del sector forestal. 

Más adelante, en febrero de 2023, Serfor encargó una nueva evaluación. Entonces, se detectaron fallas a nivel de la arquitectura digital de la plataforma, la cual fue encargada a la empresa de tecnología Valtx.

  

DEFICIENCIAS. Conclusiones de la evaluación de los avances en el desarrollo de la plataforma. Informe fue presentado en abril de 2023.

Imagen: Captura de informe interno para el Serfor

 

Entre estas, la revisión destaca problemas para visualizar información sobre inventarios, el contenido de mapas y datos de potencial maderable, y señala que no se “han cumplido con los hitos de entrega a la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre”.

Por último, en otro informe, el evaluador advierte problemas con los responsables del desarrollo de la plataforma. “[El equipo] no cuenta con todas las capacidades requeridas para un proyecto de esta naturaleza”. Además, resalta, no tiene experiencia en el sector público ni conocimiento del sector forestal. 

[El equipo] no cuenta con todas las capacidades requeridas para un proyecto de esta naturaleza”, advierte una de las evaluaciones.

Este medio se comunicó con la compañía Valtx para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

A todos estos problemas se añaden otros, vinculados al uso de la plataforma. Los gobiernos regionales, por ejemplo, no están implementado este mecanismo de control de forma homogénea. Según la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre de Loreto, uno de los principales retos está relacionado con la conectividad.

Por este motivo, sostienen, hasta el momento solo han podido cargar información referida a las guías de transporte de cuatro provincias —Maynas, Requena, Ucayali y Alto Amazonas— de las ocho totales.

Este medio también solicitó información sobre los registros en el módulo de control a las regiones de Ucayali y Madre de Dios, pero no hubo respuesta.

De acuerdo a Chucos Lazo, Madre de Dios es la región que ha logrado subir más información de títulos habilitantes al sistema. En Ucayali, mientras tanto, hay 15 usuarios del aplicativo del libro de operaciones de títulos habilitantes, aproximadamente el 10% de los potenciales usuarios. De ese total, según el funcionario del Serfor, siete son comunidades indígenas. 

En este último sector también se han reportado problemas por falta de información sobre la utilidad del módulo de control, según George Cuñachí, responsable de la agenda forestal de la organización indígena nacional Aidesep. Por el contrario ―sostiene―, las comunidades son multadas por el Osinfor por la extracción de madera que, en muchos casos, no realizan ellos, sino terceros con más recursos y medios. 

Las postergaciones del libro de operaciones

La madera en trozas extraída de los bosques de la Amazonía peruana tiene como primera parada en la industria a los aserraderos o Centros de Transformación Primaria (CTP). Ahí se convierte en madera aserrada ―tablas o tablones para las carpinterías― que, luego, seguirá su ruta hasta llegar a su comercialización en el mercado.

Sin embargo, los aserraderos también son puntos críticos en el lavado de madera de origen ilegal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los recursos forestales de procedencia legal terminan mezclándose con aquellos extraídos de bosques prohibidos y, después, son camuflados en falsos reportes de rendimiento o productividad. 

En un informe de 2018, la Agencia de Investigación Ambiental ya hacía referencia a que el 70% de madera que ingresaba a estos locales “provenía de fuentes que violan la ley”. 

ASERRADEROS. Las trozas ingresan a las industrias primarias para convertirse en tablones, lo cual muchas veces ha sido aprovechado para el lavado de madera.

Foto: Facebook de Gerfor Loreto

 

“Junto con los espacios de corrupción en los gobiernos regionales, donde han dado autorizaciones ilegales o no se hace correcto trabajo de vigilancia, diría que [los aserraderos] son el segundo punto de alta peligrosidad en el tráfico de madera ilegal”, dijo Julio Guzmán, procurador público del Minam, a OjoPúblico.

Por eso, existe otro instrumento que debe sumarse al rastreo del origen de la madera y ser uno de los insumos en el Módulo de Control del SNIFFS: el libro de operaciones de los aserraderos, un registro que debería permitir asociar cada lote de madera aserrada con un determinado lote de trozas e identificar el área del bosque de donde se aprovechó la madera.

Desde hace décadas ya se ordenaba la revisión de los productos que entran a las plantas de transformación, lo cual, incluso, figura en un reglamento de 1977. No obstante, tras la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Serfor aprobó, en noviembre de 2015, un nuevo formato del libro de operaciones de Centros de Transformación Primaria, así como las instrucciones para su uso y registro de información. Su implementación debía ser obligatoria. 

Apenas unos días después, se desarrolló la operación Amazonas, la más grande incautación de madera ilegal del Perú. El 24 de noviembre de ese año, la Fiscalía Ambiental de Iquitos, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Osinfor inmovilizaron el equivalente a 60 camiones de carga pesada de madera ilegal que iba a ser trasladada a México y Estados Unidos en la embarcación Yacu Kallpa.

Rolando Navarro, entonces presidente ejecutivo de Osinfor, sostiene que esa operación demostró que se podía hacer seguimiento y rastreo de la madera. Sin embargo, justamente, a partir de este hito ―señala― empezaron a suspenderse o modificarse mecanismos de verificación que ya existían. 

En efecto, desde 2017 se han dado una serie de actualizaciones y prórrogas que han entrampado la implementación del libro de operaciones. Estas medidas, en la práctica, han suspendido su obligatoriedad y evitado la sanción para los dueños de los aserraderos que no cuentan con el nuevo documento o no registran información en él.

En los últimos seis años, Serfor ha actualizado este formato, al menos, cuatro veces y otras nueve ha ampliado los plazos que hacían exigible el registro. Así, la obligatoriedad solo llegó a regir entre marzo de 2021 y enero de 2023.

Los aserraderos son el segundo punto de alta peligrosidad en el tráfico de madera ilegal”, dice el procurador del Minam, Julio Guzmán.

Sin embargo, en ese periodo, tampoco se registraron acciones de control en Loreto. Lo mismo ocurrió en Ucayali, según información de las gerencias forestales de ambas regiones a las que accedió OjoPúblico.

FORMATO. Una de las páginas del libro de operaciones de aserraderos, donde los dueños deben registrar los ingresos del material que reciben.

Imagen: Serfor

 

La misma información fue requerida por este medio al Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de pedidos de acceso a la información pública. No obstante, este no respondió, pese al vencimiento del plazo establecido en la ley.

El pasado 3 de julio debía entrar en vigencia la obligatoriedad del libro de operaciones aprobado en enero de este año. Pero, de nuevo, se aprobó una prórroga. Esta vez hasta el 15 de enero de 2024.

Para Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental, detrás de estas actualizaciones y postergaciones existe una fuerte presión de un sector de la industria para que no haya trazabilidad. 

“Formalmente no pueden decir: ‘No quiero la trazabilidad’. No lo van a hacer porque eso es inaceptable. Entonces, están en ese proceso en que ‘hay que actualizar’, ‘mejorar’, ‘hay que dar tiempo para que la gente aprenda a usarlo’”, comenta. 

 

Las idas y vueltas

Las resoluciones de dirección ejecutiva muestran un patrón en las ampliaciones otorgadas entre 2017 y 2023: Serfor aprueba la actualización de los formatos de libros de operaciones y establece un periodo para su adecuación de, al menos, 30 días.

Luego, amplía ese plazo ―en algunos casos más de una vez― presentando, como justificación, la necesidad de recoger aportes y comentarios, de capacitar a los responsables y autoridades regionales, o aclarar dudas de los dueños de los aserraderos. Después, cuando se acerca la fecha de la obligatoriedad, aprueba otro formato o establece una nueva prórroga. 

Este ciclo se ha repetido en los últimos seis años y ha terminado dilatando la obligatoriedad de la herramienta. En ese proceso, además de Serfor, han intervenido actores como los gobiernos regionales, y otras instituciones del sector público y privado. 

RASTREO. Los libros de operaciones deberían permitir asociar la madera aserrada con el lote de trozas e identificar el área del bosque. 

Foto: Ministerio Público

 

En noviembre de 2015, con la nueva Ley Forestal, el Serfor —en ese momento a cargo de Fabiola Muñoz, quien más adelante sería ministra de Ambiente y, luego, de Agricultura— aprobó el formato del libro de operaciones y dio un plazo de 30 días para su adecuación. En ese periodo, en tanto, se podía usar los documentos anteriores.

Dos años después, en octubre de 2017, el director ejecutivo encargado del Serfor, John Leigh Vetter, aprobó otro formato y dio 60 días de adecuación. En ese último periodo, los libros de operaciones formaron parte de la agenda en común de actores del sector público y privado. 

Para conocer más detalles sobre el tema, OjoPúblico solicitó, a través de la Ley de Transparencia, los temas en agenda de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal —espacio de coordinación entre el gobierno y el sector privado— y la lista de asistentes a las sesiones de este grupo de trabajo. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió lo primero, pero en el caso de los participantes solo remitió los datos de las reuniones “relevantes” con las que cuenta su equipo, entre las que no figuran las de noviembre y diciembre de 2017. 

Los detalles de varias sesiones no son de alcance público, ya que, según el MEF, este espacio no requiere suscribir actas dada su “operatividad”. Un exfuncionario del sector forestal que participó en las mesas, antes presididas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), precisó que, a veces, la agenda enviada a los participantes no se cumplía o se incluían otros temas.

La Mesa Forestal es un grupo de trabajo, hoy encabezado por el MEF, que tiene entre sus 20 integrantes a otras carteras ministeriales, gobiernos regionales, Adex, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), así como la Confederación Nacional Forestal del Perú (Conafor) y la Cámara Nacional Forestal.

George Cuñachi, responsable en la agenda forestal de la organización indígena nacional amazónica Aidesep, señaló que esta no forma parte de las mesas forestales que se desarrollan en Lima, pese a que han pedido integrarla. Solo tienen participación en la mesa regional de Ucayali, a través de su federación ORAU. En Loreto, mientras tanto, tienen participación apenas como invitados. 

“¿Cómo al dueño de la tierra no lo van a convocar y solo lo llaman como invitado? El Serfor sabe eso y no toma medidas”, indicó a este medio.

Una serie de actualizaciones y prórrogas registradas desde el 2017 han entrampado el uso del libro de operaciones".

Aunque la información entregada por el MEF es incompleta, brinda algunos alcances sobre las agendas de las sesiones desarrolladas el 10 de noviembre y el 7 de diciembre de 2017, al igual que en fechas posteriores. 

MESA FORESTAL. Betsabeth Cortegano (Conafor), Erik Fischer (Adex) y Alfredo Biasevich (SNI) aparecen junto a la extitular del MEF Claudia Cooper.

Foto: Twitter del MEF

 

De acuerdo a los documentos revisados por este medio, en esos días se tenía previsto una presentación sobre los formatos de los libros de operaciones, así como el seguimiento al informe de una reunión de validación y los siguientes pasos en torno a este documento.

Poco después, el 18 de enero de 2018, Serfor amplió hasta el 30 de abril el plazo de adecuación del formato de libro de operaciones. Esta fue la primera prórroga del periodo analizado.

El 2 de mayo, cuando ya no regía la suspensión del uso del libro de operaciones, se llevó a cabo una megaoperación en el distrito de Manantay, en la provincia ucayalina de Coronel Portillo, a fin de verificar el origen legal de la madera. En coordinación con Osinfor, Sunat, Aduanas y la Fiscalía, la Policía intervino 1'613.133 pies tablares, equivalentes a 146 camiones de madera aserrada en, al menos, tres aserraderos. 

Entre ellos estaban la Maderera Chino Mori SRL, propiedad de Guillermo Chino Mori, fallecido exalcalde de ese distrito. A esta compañía se sumaba Industrias y Servicios Forestales Vásquez SAC, donde el excandidato a gobernador regional de Ucayali, Edwin Vásquez López, figuraba como gerente, de acuerdo a su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones.

Según medios locales, uno de los principales objetivos de ese operativo fue la ubicación y revisión de los libros de operaciones para, así, fiscalizar la procedencia de la madera. No obstante, dos días después de la intervención, Serfor volvió a ampliar el plazo para su implementación. Esta vez, hasta el 31 de mayo de 2018.

En esa norma, la autoridad forestal nacional subrayó que, durante el periodo de adaptación, no se consideraba un incumplimiento el carecer del libro de operaciones. Añadió que los dueños debían acreditar la procedencia legal de sus productos.

El 5 de junio de 2018, se dio una nueva postergación. Y, luego, el 18 de julio de 2018 se aprobó otro formato, que debía ser exigible desde el 1 de febrero de 2019. 

En ese periodo se desarrollaron otros encuentros de la mesa forestal. El 21 de diciembre de 2018 y el 11 de enero de 2019, en la sede de Adex, uno de los temas de la agenda fueron las propuestas de ampliación del plazo para la obligatoriedad del libro de operaciones.

Días después, el 1 de febrero de 2019, el formato ya debía ser exigible. Sin embargo, la nueva gestión a cargo de Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, actual titular de Serfor, amplió por cuarta vez el periodo de adecuación hasta el 31 de mayo de 2019.

MILENARIO. El shihuahuaco (Dipteryx) es un árbol amazónico en estado vulnerable y en peligro crítico.

Foto: OjoPúblico / Leslie Moreno

 

Luego, el 3 y 17 de mayo, la mesa forestal incluyó en su agenda la posible postergación de sanciones (marcha blanca) y, en la siguiente fecha, la revisión de la norma que haría efectiva estos castigos.

El 29 de ese mes, a dos días de que entre en vigencia el formato, Gonzales-Zúñiga, oficializó una quinta prórroga para que los documentos sean exigibles, ahora, desde el 1 de enero de 2020.

Poco antes de que culmine ese plazo, en la mesa forestal se había programado discutir los avances de las hojas de ruta vinculados a los libros de operaciones, los aplicativos y la implementación de Internet. Esta vez en un encuentro desarrollado en la sede del Minagri, el 13 de diciembre de 2019.

Entre los asistentes al encuentro figuran el Minagri, Serfor, las gerencias regionales de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, Conafor, así como Adex, representada por su entonces presidente Erik Fischer Llanos, hoy titular del Comité de madera e industrias de la madera, y la gerenta de servicios Lucía Rodríguez Zunino. A ellos se sumó la SNI, con Alfredo Biasevich Barreto, actual presidente del Comité de la Industria Madera y derivados.

En ese momento, era público el vínculo de Fischer Llanos con la Maderera Bozovich, una de las mayores empresas exportadoras de madera extraída de la Amazonía. En 2012, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) afirmó en un informe que, entre 2008 y 2010, una parte de lo exportado por dicha maderera tuvo un origen ilegal.

Biasevich Barreto, en tanto, ha sido apoderado de Forestal Otorongo, del grupo Bozovich, a partir del 2012, según figura en la Sunat. Este abogado, desde su cargo en la SNI, ha mostrado su rechazo ante una posible inclusión del shihuahuaco en la lista de flora silvestre amenazada de Serfor. En 2016 pidió, incluso, que se lo retire de la nómina, como informó OjoPúblico en un reportaje anterior.

Para Julia Urrunaga, estos equipos de trabajo, antes de ser un espacio de discusión entre el sector público y privado, resultan más bien un encuentro entre la industria y el gobierno, donde no hay espacio para la sociedad civil, ni para comunidades indígenas, que son directamente afectadas por actividades extractivas ilegales.

“Mi impresión es que las mesas forestales han sido un éxito para la industria. Nosotros hemos intentado participar y no nos han permitido. Sabemos que otras organizaciones de sociedad civil lo han intentado (...). Lo que sabemos, por referencia, es que se trata de bloquear cualquier iniciativa vinculada a la trazabilidad”, señaló.

Según Danny Peñaloza, director encargado de Política y Regulación del Serfor, en las mesas se reciben aportes técnicos de mejoras para temas forestales, incluidos los libros de operaciones. No obstante ―añade― las decisiones vinculadas a estos documentos recaen, sobre todo, en un grupo técnico que trabaja desde 2019 y que tiene entre sus integrantes a representantes de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, así como de Osinfor y del MEF.

En tanto, las prórrogas han continuado hasta que, finalmente, el 31 de marzo de 2021, empezó a ser una obligación el registro en los libros de operaciones, bajo el nuevo modelo. Así, se abrió una ventana de supervisión en los aserraderos para el seguimiento de la madera que era transformada.

 

De forma paralela, las mesas forestales siguieron sus sesiones e incluyeron en sus agendas el libro de operaciones. El 28 de noviembre de 2022, se tenía previsto tratar la aprobación de formatos actualizados de estos documentos.

Entre los asistentes a esta reunión virtual, de acuerdo a la lista oficial, figuran Serfor, los gobiernos regionales de Ucayali y Loreto, Conafor, Usaid Probosques, MEF, SNI (Alfredo Biasevich), dos representantes de Adex (Carlos Llerena y Lucía Rodríguez), así como Ivo Bozovich, de la Maderera Bozovich, y Vittorio de Dea Peña, de Forestal Otorongo, también del grupo Bozovich. 

Un mes y medio después, el 19 de enero de 2023, la actual gestión de Gonzales- Zúñiga aprobó otros formatos actualizados para que sean exigibles desde el 3 de julio de 2023. No obstante, este plazo se ha ampliado por novena vez hasta el 15 de enero de 2024. 

Según Danny Peñaloza Macha, director encargado de Política y Regulación, la medida obedece, principalmente, a que no se ha tenido “espacio suficiente” para actualizar documentos técnicos y realizar capacitaciones. “No opera necesariamente una acción sancionatoria porque estamos en un proceso de adaptación”, indicó a OjoPúblico.

Peñaloza Macha señaló que cuentan con una hoja de ruta para implementar el formato. Hasta esa fecha, los aserraderos deberán cumplir con exigencias, como registrar su libro de operaciones ante la autoridad forestal y realizar un inventario físico, según dicta la resolución aprobada el viernes 30 de junio.

Para Rolando Navarro Gómez, expresidente de Osinfor, quien fue destituido tras participar en la Operación Amazonas, la dilatación en el uso de estos nuevos formatos también está vinculada a una inacción de parte del Estado. “Está dando ventaja para poder seguir lavando madera. Lo que se ha hecho es debilitar el sistema que transparenta su origen”, dijo.

 

Balance en las regiones amazónicas

Entre marzo de 2021 y enero de 2023, como se mencionó previamente, el uso del libro de operaciones de aserraderos era obligatorio. Sin embargo, en Loreto, ninguno de los establecimientos visitados por la actual gestión cuenta con sellos de control o reportes de esos años.

Tampoco han identificado acciones de control hasta fines de 2022, según refirió la Gerencia Regional Forestal (Gerfor), entidad que demanda con urgencia las capacitaciones y el acompañamiento de Serfor.

INSPECCIONES. Las gerencias forestales señalan que los cambios de los formatos y la falta de capacitación de Serfor dificulta su labor con los aserraderos.

Foto: Gerfor Loreto

 

La especialista en libro de operaciones de la Gerfor de Loreto, Dina Paredes, señaló a OjoPúblico que, durante las visitas, detectaron que los aserraderos contaban con los formatos de la norma vigente hasta enero de 2023, pero el 80% de usuarios no realizaba un correcto llenado y registro de datos. 

“[Los titulares] manifiestan que no tuvieron el debido acompañamiento de la autoridad regional forestal, y que las constantes modificaciones de los formatos genera demasiadas dudas que no son resueltas por la autoridad [Serfor], generando el incompleto llenado de las diferentes secciones, apartados, saldos”.

En paralelo, la Gerfor de Ucayali informó a OjoPúblico que, desde 2015 hasta 2018, no registra libros de operaciones de aserraderos presentados ante la autoridad regional. No obstante, de 2019 a 2020 suman 45; mientras que entre 2021 y 2023 (periodo de obligatoriedad) son 145 documentos. Este año, con la norma suspendida, se han reportado 15 libros.

El decreto supremo que aprueba el reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal, aprobado en 2021, califica como una falta grave no contar con el libro de operaciones o no registrar la información en este documento. La sanción va desde 3 UIT (equivalente a S/14.850) hasta 10 UIT (S/49.500). La medida es subsanable, si el responsable cuenta con documentación que acredite la procedencia legal del recurso.

Pese a ello, Ucayali no reporta aserraderos sancionados por no acreditar el libro de operaciones entre 2021 y 2023, periodo en el que eran exigibles. Lo que sí hay, según la Gerfor, son tres expedientes de inicio de procesos administrativos sancionadores.

A estas irregularidades se añade un reciente monitoreo de Proética y la Red Anticorrupción Forestal realizado en 2022 a los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Según sus conclusiones, las dos primeras gerencias forestales no realizan los controles o inspecciones que deben hacer en los aserraderos para verificar la implementación y el adecuado registro de información en el libro de operaciones. La Gerfor de Madre de Dios, en tanto, no entregó información.

OjoPúblico también intentó comunicarse con la Gerencia Forestal de Madre de Dios, así como con los presidentes de la industria de la madera de Adex y SNI, y representantes de la Maderera Bozovich. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.