Pelagatos es una de las tres lagunas más grandes del Perú. Se ubica en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, región Áncash, y tiene una extensión que llega a los 1,8 kilómetros. Es el hábitat de truchas, garzas y anfibios, además de ser una de las principales fuentes de agua para caseríos cercanos, ya que es aportante del río Pampas. 

En los últimos 50 años, este río ha sido afectado por los pasivos ambientales de la unidad minera Pushaquilca, ubicada a 200 metros de su cauce y a menos de un kilómetro de la laguna Pelagatos. Esta mina polimetálica, que está en etapa de cierre, es uno de los principales puntos de contaminación de la zona.

En junio del 2019 se produjo un derrame de relaves de Pushaquilca que afectó al río y la laguna. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a Activos Mineros S.A.C (Amsac), empresa a cargo del proceso de cierre, tomar medidas inmediatas para evitar más afectaciones. Tres años después la contaminación continúa. 

RESTOS. Por más de 50 años se extrajo oro, plata y otros metales de mina Pushaquilca. Sus relaves han contaminado el río Pampas y la laguna Pelagatos.

Foto: Activos Mineros

Ascario Díaz, presidente de la comunidad campesina de Pampas Pallasca, dijo a OjoPúblico que las labores de remediación en la mina Pushaquilca están paralizadas desde hace un mes. Activos Mineros les indicó a los comuneros que la contratista encargada de estas tareas no estaba cumpliendo su contrato, por lo que realizarían un nuevo proceso de selección. "Vinieron e hicieron trabajos por un mes, luego se retiraron", señaló Ascario Díaz.

El dirigente de la comunidad campesina refirió que hace unas semanas mineros ilegales ingresaron al yacimiento, aprovechando que se encuentra abandonado, y están moviendo el desmonte de la mina, contaminando el río. 

OjoPúblico se contactó con Paúl Meneses, representante del Consorcio Pushaquilca (integrado por Constructora Meneses y NKMS), que ganó la licitación para realizar la remediación en Pushaquilca el pasado mes de junio, para conocer sus descargos. El empresario indicó que enviaría su respuesta por escrito, pero al cierre de este informe no hubo comunicación.

Según la comunidad campesina de Pampas Pallasca, las labores de remediación en la mina Pushaquilca están paralizadas.

Activos Mineros, una empresa de derecho privado dedicada por encargo del Estado a la remediación de pasivos ambientales, tampoco dio su versión sobre el abandono de actividades denunciado por la comunidad de Pampas Pallasca y las afectaciones que ha causado en otras operaciones. 

Remediadora que contamina

El derrame de relave del 2019 en Pushaquilca fue sancionado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA en noviembre del 2021. Activos Mineros fue multado con 1.030 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/4'535.445 por incumplir trabajos de remediación en la zona, lo que causó la emergencia ambiental. No ha cumplido con pagar la multa impuesta hace un año.

CERCANÍA. La laguna Pelagatos y río Pampas están próximos a pasivos ambientales que afectan el hábitat de truchas, garzas y anfibios, así como la provisión de agua a caseríos cercanos.

Foto: Activos Mineros

No es la única oportunidad en la que Activos Mineros fue multada por incumplir normas ambientales. Contradictoriamente, esta empresa constituida para remediar pasivos es la compañía que más debe al OEFA por concepto de multas impuestas en el sector minero.

A través de una solicitud de acceso a la información, OjoPúblico obtuvo el reporte de las empresas mineras que no cancelaron multas al OEFA entre los años 2019 y 2022. Al 25 de octubre del 2022, Amsac mantenía una deuda de 4.025 UIT, equivalente a más de S/17 millones por incumplir la normativa ambiental.

Activos Mineros tiene una cartera de remediación y mantenimiento post cierre de 1.088 pasivos ambientales encargados por el Ministerio de Energía y Minas desde el 2006. Estos pasivos se encuentran agrupados en más de 30 unidades mineras distribuidas en 11 regiones. Sus labores no están exentas de sanciones por incumplir normativas ambientales.

Del 2019 al 2022 se han iniciado 24 procesos administrativos sancionadores a Amsac, en seis de ellos se anuló la sanción impuesta y en 18 se ratificó. La empresa solo canceló una de las 18 sanciones impuestas en los últimos cuatro años.

En mayo del 2022, Activos Mineros fue multada con 1.022 UIT (S/4'703.628). Esta sanción proviene de una inspección realizada en el 2018 a las labores de remediación de la mina Michiquillay, ubicada en Cajamarca. OEFA ordenó a Amsac recolectar y tratar el efluente de los pasivos ambientales y remediar el suelo impactado, pero en el 2019 se visitó la zona nuevamente y se determinó que Activos Mineros incumplió estas medidas de remediación.

OEFA ordenó a Amsac recolectar y tratar el efluente de los pasivos ambientales y remediar el suelo impactado de la mina Michiquillay.

Otras sanciones similares se impusieron a la empresa por verter flujos de aguas residuales a quebradas y no disponer de forma adecuada los residuos sólidos peligrosos de la unidad minera de Goyllarisquizga, ubicada en la provincia Daniel Alcides Carrión, a 37 kilómetros de Cerro de Pasco. Esta mina de carbón fue una de las más importantes del país desde 1907 y su operación continuó hasta 1993, luego de agotarse las reservas. La explotación afectó el entorno donde operaba, por lo que se encargó la remediación de los pasivos a Activos Mineros. 

El Dorado es un conjunto de depósitos de relaves generados por las operaciones del Ex-Banco Minero del Perú, ubicados en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca. Activos Mineros fue encargada de la remediación de la zona en el 2007. En 2021, el OEFA le impuso una multa ascendente a 185 UIT por no acreditar el retiro y limpieza de los relaves derramados en el río Hualgayoc en el 2009. 

En la misma provincia de Hualgayoc se encuentra la exunidad minera La Pastora. Por ese caso, Activos Mineros fue sancionada por no ejecutar las actividades de cierre que forman parte de los 82 pasivos ambientales de la referida unidad minera. Además, fue sancionada por incumplir compromisos sociales con comunidades de las zonas de influencia de tres minas que están bajo su administración.

LABORES. Las comunidades cercanas a la exunidad minera La Pastora, en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, requiere que los suelos sean remediados.

Foto: Activos Mineros 

Respecto a Activos Mineros, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, indicó a OjoPúblico que es necesario evaluar si la gestión de esta compañía es realizada por personas que conocen el tema de remediación ambiental.  

Esta empresa fue creada en el 2006 y se encuentra bajo la administración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Desde el 2018, Karl Georg Maslo Luna es el presidente del directorio.

Este medio contactó a Activos Mineros para solicitar su descargo, pero nuestro requerimiento no fue atendido; mientras que el Ministerio de Energía y Minas, parte del directorio de Fonafe, indicó por escrito que se tendría que conversar con el resto de integrantes del directorio "para estructurar una posición que permita enfocar la problemática". 

Otro punto a tener en cuenta es la capacidad que tiene la empresa, ya que la ejecución y supervisión de las actividades de remediación no son asumidas por esta, sino licitadas a otros contratistas.

Multas acumuladas

Luego de Activos Mineros, la Compañía Minera Lincuna es la segunda empresa que más debe al OEFA por concepto de multas, siendo en total 3.758 UIT equivalentes a S/16'539.448. Sus yacimientos se ubican en la provincia de Aija, región Áncash, El principal es Huancapetí, de donde se extrae plata, plomo y zinc. Del total de 19 multas sin cancelar, 12 están relacionadas con esta unidad minera.

El 3 de marzo del 2018, se registró un derrame de 50.000 metros cúbicos de relaves en Huancapetí, que afectaron los cultivos y pastizales de las comunidades de Manco Cápac y Pampacancha. Pese a que se dictaron diversas medidas para remediar la contaminación, en el plazo más corto posible, no todas fueron cumplidas por la empresa. 

En julio del 2020, OEFA sancionó a la empresa con 180 UIT por no adoptar medidas de prevención y control para evitar el colapso del dique de contención que generó la disposición de de relaves mineros en el ambiente.

DESASTRE. El 3 de marzo del 2018 se produjo un derrame de relaves en Huancapetí (Áncash) que afectaron los cultivos y pastizales de las comunidades cercanas.

Foto: OEFA 

Gold Fields La Cima S.A. es la tercera minera que tiene una mayor deuda que no ha sido cancelada. A diferencia de Activos Mineros y Lincuna, que tienen varias sanciones, esta empresa solo tiene una, pero por un monto de 2.500 UIT (S/11 millones). 

Esta multa es por un derrame de relave registrado en diciembre del 2018 en la unidad minera de Cerro Corona. No se adoptaron “las medidas de prevención y control a fin de evitar o impedir el contacto del relave con el agua remanente del manantial Las Tomas, lo que ocasionó la descarga de relave hacia el suelo llegando hasta la quebrada Las Hierbas y posteriormente al río Tingo Maygasbamba", según la resolución.

De acuerdo al estado financiero de la empresa en el 2021, del total de la multa solo ha entregado un monto provisionado [a cuenta] de USD 4.340. OjoPúblico pidió su versión a Lincuna y Gold Fields, pero no obtuvo respuesta a las solicitudes.  

En total, son 56 las empresas mineras que mantienen deudas. Entre ellas también figuran la minera Buenaventura, que tiene una deuda cercana a los S/7 millones por incumplir la normativa ambiental en sus operaciones en minas en Ayacucho y Arequipa. Nexa Resources El Porvenir tiene una multa sin cancelar superior a los S/4 millones a causa de sanciones impuestas por sus operaciones en la región Pasco.

Este medio solicitó los descargos de Compañía Minera Lincuna y Gold Fields La Cima S.A, por correo electrónico y llamadas a las compañías, pero estos pedidos no fueron atendidos. 

Círculo vicioso

Del 2016 al 2022 el tribunal del OEFA ratificó 245 sanciones pecuniarias a empresas del sector minero por incumplir normas ambientales. Sin embargo, se ha cancelado menos de la mitad (41,22%). El mayor porcentaje de multas (42,45%) no han sido pagadas y la menor cantidad (16,33%) son sanciones pagadas de forma parcial. La deuda no cancelada supera los S/96 millones. 

El abogado César Ipenza Peralta señala que la institución debería ir más allá de su labor sancionadora y asumir un enfoque preventivo para evitar que estos desastres ambientales ocurran y generen pasivos. Según el especialista, la entidad tiene dificultades para realizar labores de fiscalización. "Si yo sé que hay una empresa que está incumpliendo sus obligaciones, debería generar mecanismos para fiscalizar más veces y plantear recomendaciones", indicó.  

La deuda no cancelada por multas a empresas del sector minero por incumplir normas ambientales supera los S/96 millones. 

Las empresas que desarrollan actividades en el sector energía y minas pagan un tributo correspondiente al 1% del valor de su facturación anual, denominado Aporte por Regulación (APR), que está destinado al financiamiento de actividades de fiscalización de los organismos reguladores. Según Ipenza Peralta, pese a que OEFA tiene más de 10 años de existencia, no ha logrado que este recurso se use de manera eficaz para realizar una fiscalización enfocada en la prevención.

Además de deficiencias en la prevención, el marco normativo nacional permite que las empresas sancionadas eviten pagar estas multas por varios años, ya que tras un fallo administrativo negativo, las mineras tienen la posibilidad de recurrir al Poder Judicial. Una alternativa para asegurar el resarcimiento es la ejecución de cobranzas coactivas, indica Ipenza Peralta.

Ashley Mamani Dávila, abogada especialista en materia ambiental, indicó a OjoPúblico que los procesos en la vía judicial pueden demorar entre seis a siete años porque los jueces  no son especialistas en estos temas. 

"En ese lapso de tiempo, las empresas inician un proceso de disolución que acaba mucho antes que el juicio, es una forma que  han encontrado para eludir responsabilidades, lamentablemente es una mala praxis que han adquirido algunas empresas", indica la especialista. Un ejemplo emblemático es el de la minera Doe Run, que adeuda al OEFA más de S/ 7 millones en multas.  

Para la especialista se ha generado un círculo vicioso que impide que las multas sean empleadas para que se remedien los pasivos. "OEFA sanciona a las mineros, pero si incumplen con las medidas, se les vuelve a multar y no se garantiza la remediación  y  compensación de daños a la salud de las personas afectadas", finalizó.