La  comunidad campesina de San Miguel de Aquia, ubicada a 3.337 metros sobre el nivel del mar, es un punto estratégico del corredor minero de Antamina, el mayor productor de cobre del Perú. La vía de ingreso al centro de operaciones de la mina y el mineroducto, que transporta cobre y zinc desde su concentradora hasta la costa, cruzan los terrenos de esta comunidad por más de 50 kilómetros. La presencia de Antamina en Aquia tiene por lo menos 20 años, con la construcción de la vía, pero los conflictos con la población se agudizaron este año. 

El pasado 24 de octubre, los pobladores de Aquia iniciaron un paro indefinido contra la minera y bloquearon la carretera, impidiendo el ingreso de vehículos con insumos y personal. Los líderes denuncian la usurpación de terrenos y el incumplimiento de compromisos de parte de la empresa. La manifestación escaló hasta causar la paralización de las actividades de la empresa desde el 31 de octubre. 

Solo se logró levantar esta medida de fuerza con la firma de un compromiso el 3 de noviembre que establecía la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel, integrada por funcionarios de la empresa, dirigentes y representantes del Gobierno. El compromiso fue asumido por el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales Toro, y la ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, quienes viajaron a la zona del conflicto y participaron del establecimiento del grupo de trabajo. 

El viernes 5 de noviembre se instaló la mesa y se iniciaron las conversaciones entre los directivos de la empresa y representantes de la comunidad después de varios intentos fallidos. Pero el descontento no es solo de Aquia, ya que otras comunidades integrantes del corredor que respaldaron el paro de Aquia tiene sus propias listas de demandas. 

Acusaciones mutuas 

Adán Damián Gamarra, presidente de la comunidad campesina de Aquia, señaló a OjoPúblico que a lo largo de este año se cursaron diversas cartas a la empresa para pedir la solución de un pliego de reclamos, que incluye acciones de control ambiental y apoyo a la comunidad. 

Pese a que había comunicación entre ellos y la minera, el diálogo fue interrumpido en diversas oportunidades antes de que se produjera el paro de octubre. Una carta enviada por la comunidad de Aquia al presidente y gerente general de Antamina, Víctor Gobitz Colchado, en agosto de este año, da cuenta de esta situación. 

En la misiva, la comunidad rechaza la ratificación de David Vásquez Castillo como gerente de Gestión Social de la compañía, ya que de acuerdo a su apreciación este funcionario tenía "un desempeño poco profesional y dilatorio" durante las reuniones. Por ello, el 19 de abril, la comunidad suspendió el diálogo iniciado entre ambas partes. 

PROTESTA.La población de Aquia bloqueó el 24 de octubre la vía de acceso a su comunidad, impidiendo así el ingreso de vehículos de Antamina.

Foto: Adán Damián

Otra interrupción del  diálogo ocurrió el 19 de julio, cuando se cursó una carta notarial a Víctor Gobitz, donde se da cuenta que la comunidad declaró personas no gratas a cinco empleados de la empresa, quienes estaban a cargo del establecimiento de las conversaciones. En dicho documento, Damián Gamarra señala que la empresa no cumplió con presentar en la fecha pactada los instrumentos de gestión ambiental de la compañía. Entre los pedidos de la comunidad hacia la minera se encuentra la presentación y difusión de instrumentos de monitoreo ambiental al mineroducto.

Un punto importante de los reclamos de la comunidad hacia Antamina es la denuncia de usurpación de cinco terrenos de la comunidad, que fueron empleados en la construcción de estaciones de monitoreo geotécnico, enlaces de comunicación y puntos topográficos. Cuando se estableció la operación, la comunidad otorgó el terreno correspondiente a 20 metros por 50 kilómetros para la construcción de la carretera y el mineroducto, explicó Damián Gamarra. Sin embargo, la comunidad desconoce la entrega de los cinco terrenos adicionales a la vía de tránsito. 

"Hubo compras de tierras (para la carretera) que fueron dadas por la asamblea general como cesión  de uso (…), adicional a ello, Antamina utiliza otros espacios para puntos de monitoreo geotécnico, puntos de monitoreo de mineroducto y enlaces de comunicación. Han utilizado canteras, botaderos. Esa documentación no está sincerada, no aparece en el acervo documental de la comunidad", dijo el dirigente. 

Las acusaciones por usurpación de terrenos también van en dirección inversa. El 18 de junio y 14 de setiembre la minera, por intermedio de su apoderado Fidel Reyes, acudió a la Fiscalía de Prevención del Delito de Áncash para solicitar la intervención del Ministerio Público ante la amenaza de la comisión de los delitos de usurpación, disturbios y violación de medidas sanitarias, en vista de que la comunidad planeaba iniciar protestas contra la empresa. 

Los líderes de Aquia han denunciado que Antamina ha usurpado cinco terrenos de su comunidad". 

A raíz de estos pedidos, la fiscalía emitió exhortos a Adán Damián Gamarra y otros cuatro dirigentes de la comunidad, para que se abstengan de realizar conductas que puedan ser consideradas delitos. 

Soledad Rodríguez Loli, jefa de la Defensoría del Pueblo de Áncash, explicó que estos exhortos realizados por el Ministerio Público no son denuncias penales, sino advertencias para que no se cometan delitos. Su oficina monitorea desde setiembre el conflicto en Aquia que se caracteriza por la dispersión de los reclamos. "No hay nada claro hasta este momento, se habla de compromisos incumplidos, de usurpación de terrenos, de donaciones fuera del marco legal. Se habla de varios puntos, pero recién la agenda se plasmará con la instalación de la mesa de diálogo", precisó.

El acta de la reunión para la instalación de la mesa de diálogo entre  la comunidad de Aquia y Antamina registra diversos pedidos realizados por el presidente de la comunidad. Entre ellos, el direccionamiento de drenajes de la carretera, socialización de sus estudios geológicos, cierre ambiental de canteras y botaderos, y el sinceramiento de los documentos de los terrenos transferidos de la comunidad. La mesa de diálogo ya se instaló y el 8 de noviembre será su próxima reunión.

Rodríguez Loli advirtió que el conflicto no solo es en Aquia, sino que se ha dispersado hacia otras localidades que son parte del corredor minero como Huarmey, San Marcos, Huari y Chavín. Incluso la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) ha tomado parte. "Aquí confluyen una serie de actores, pero no necesariamente coinciden sus pliegos petitorios. Cada uno tiene una necesidad y realidad diferente. Se necesita organizar y seleccionar lo que se va priorizar en el espacio de diálogo", señaló la representante de la Defensoría del Pueblo en Áncash. 

Reclamos en bloque

El 27 de octubre, mientras el bloqueo se mantenía en Aquia, se realizó una reunión con diversos representantes de pueblos pertenecientes al corredor minero. El acuerdo fue apoyar la protesta y exigir la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel. Ocho organizaciones firmaron un compromiso de respaldo a Aquia.  

Los reclamos se trasladaron a la ciudad portuaria de Huarmey, donde Antamina embarca el mineral trasladado a través del mineroducto, en sus instalaciones de Puerto Punta Lobitos. El 1 de noviembre se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía que causó daños a las instalaciones y el incendio de una cisterna de agua.  

El último jueves, el juez Wilfredo Rueda Zegarra, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey, dictó nueve meses de prisión preventiva para cinco pobladores de esa provincia que participaron de esta protesta, luego de que la fiscal Lidia Barrón Apéstegui los acusara de cometer actos de violencia contra los policías que llegaron a Punta Lobitos para despejar las vías bloqueadas. 

Rusbel Melgarejo, presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (Amucep) Huari, defendió las protestas en Huarmey y aseguró que hay una persecución a los dirigentes de la zona. Como representante de Amucep Huari, Melgarejo firmó el compromiso el 27 de octubre. 

Antamina plantea ampliar su tajo en Yanachancha para incrementar su producción de cobre".

Al igual que Aquia, Amucep envió diversas comunicaciones a la empresa con un pliego de reclamos para la zona que agrupa a 52 centros poblados. Su principal demanda  es obtener el 10 % de las utilidades de la minera para ser distribuidos entre las organizaciones sociales. Rusbel Melgarejo indica que ellos plantearon su petitorio luego de que la empresa solicitó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). 

El registro del Senace muestra que el 29 de octubre del 2019, la empresa minera presentó la solicitud para la MEIA. Este instrumento de gestión ambiental es un requisito obligatorio para iniciar un proyecto minero de gran envergadura, como el caso de Antamina. Este demuestra que la mina cuenta con un plan de acción para manejar los posibles impactos negativos altos sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean. 

Antamina plantea ampliar su tajo, modificar el depósito de relaves y otros cambios para incrementar su producción, que de enero a junio de 2021 fue de 226 755 TMF (Tonelada métrica de contenido fino) de cobre, por ello debe presentar una MEIA. 

Rusbel Melgarejo señala que el planteamiento de las organizaciones es la firma de un convenio marco con la empresa, que se encuentra en el proceso de modificación de su estudio de impacto ambiental, como una forma de gestionar la licencia social necesaria para ampliar el proyecto. 

Luis Durán, coordinador de las comunidades del corredor minero de Antamina, indicó que cada comunidad espera presentar su plataforma de pedidos en la mesa de diálogo instalada con la empresa. 

ACUERDOS.La mesa de diálogo de alto nivel en Aquia tendrá su próxima reunión el lunes 8 de noviembre. Allí se escucharán las demandas de los comuneros.

Foto: Minem

Benner Salvador Solís, presidente de la Federación de Estudiantes de la Unasam, dijo que ellos también forman parte de la alianza establecida para protestar contra la mina. En su caso, se plantea la firma de un acuerdo para permitir que estudiantes realicen sus prácticas preprofesionales en la minera. 

El trámite de la MEIA es una ocasión que los pueblos del corredor han tomado para generar un movimiento de demandas hacia la mina. Sin embargo, el economista José De Echave explica que la celebración de un convenio marco y la aprobación de la MEIA son procesos distintos. Los convenios son negociaciones entre las partes para obtener beneficios sociales o ambientales y no inciden en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. 

El especialista advierte que en la zona se puede generar un efecto dominó, con una seguidilla de protestas no atendidas en las comunidades del corredor. Durante una conversación realizada por OjoPúblico a través de Twitter, De Echave señaló que las mesas de diálogo se han utilizado en los últimos 15 años como medidas para evitar la escalada de un conflicto, pero tuvieron pocos resultados. 

En esa misma línea, la socióloga Lorena de la Puente, indicó que el gran problema de las mesas es que hay hartazgo en su utilización. Se plantean como medidas para incorporar a la población, cuando en la práctica son espacios para comunicar sobre decisiones ya tomadas a las comunidades, aseguró.  

OjoPúblico se comunicó con Antamina, pero la empresa indicó que brindaría declaraciones luego de la instalación de la mesa de diálogo. Al cierre de este informe no hubo respuesta. Sin embargo, durante la instalación de la mesa, llevada a cabo en la plaza de toros de Aquia, el presidente de Antamina, Víctor Gobitz, pidió disculpas a los pobladores de la comunidad campesina, informó  que retirará las denuncias contra ellos, anunció el reinicio gradual de sus operaciones y dijo que buscarán reunirse con el resto de comunidades del corredor.