En medio de la emergencia debido al Covid-19, el 26 de marzo el presidente Martín Vizcarra anunció la transferencia de S/200 millones a 1,874 municipios distritales y provinciales del país para que adquieran canastas de alimentos y las distribuyan entre las familias más vulnerables. El desembolso se realizó de manera paulatina y recién esta semana las municipalidades empezaron la entrega, mientras la Contraloría General informó que ha desplegado a un equipo de auditores a nivel nacional para asegurar que las comunas cumplan dicha misión con transparencia y sin incurrir en actos de corrupción. 

Sin embargo, los casos de irregularidades en la adquisición y entrega de las canastas no demoraron en aparecer. En Piura la Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa del distrito de Salitral, en Morropón, y al gerente municipal Alan Marcelo por presunta sobrevaloración en la adquisición de las canastas. En tanto, en el distrito de Paimas, en Ayabaca, la misma entidad fiscal, pero de Sullana inició investigación por la supuesta sobrevaloración de las canastas entregadas en dicha localidad. 

En Huánuco, la Fiscalía Anticorrupción allanó el último martes la Municipalidad Distrital de Amarilis tras la advertencia de la Contraloría General. Esta entidad detectó que las bolsas de víveres repartidas a las familias vulnerables estaban incompletas. De igual forma, en Lambayeque, en el distrito de Pítipo, los pobladores denunciaron que recibieron las canastas con propaganda del alcalde de dicha localidad. 

DENUNCIA Los pobladores del distrito de Pítipo, en Ferreñafe (Lambayeque) informaron que recibieron canastas de alimentos con propaganda del alcalde de dicha localidad.

Foto: Facebook del Municipio de Pítipo.

En Áncash, el alcalde del distrito de Pallasca separó a tres trabajadores de su institución que cobraron el bono de S/ 380 soles destinado a las familias más vulnerables. El Ministerio Público también investiga una situación similar en la municipalidad distrital de Acochaca, en la provincia ancashina de Asunción. Al sur del Perú, en Andahuaylas, la Fiscalía Anticorrupción indaga en el municipio distrital de Talavera la entrega irregular de dicho bono a empleados municipales. 

La Contraloría informó que ha desplegado equipos a nivel nacional para asegurar que las comunas cumplan su misión con transparencia 

Precisamente, Samuel Rotta, director de Proética, dijo esta semana en OjoPúblico que “durante las emergencias generadas por desastres naturales o sociales (desplazamientos masivos por guerras, por ejemplo), los controles sobre la gestión de los recursos se relajan y se genera un ambiente favorable para el aprovechamiento corrupto de los cuantiosos fondos destinados a atenderlas”. Hoy los indicios de este tipo de actos ya se encuentran bajo investigación del Ministerio Público y la Contraloría.

Ejecución de fondos para enfrentar a la pandemia

La Red Investigativa Regional de OjoPúblico confirmó que el problema se agrava al establecerse el nivel de ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales.

Al revisar el 11 de abril el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el rubro de fondos exclusivos para enfrentar a la pandemia, hallamos lo siguiente: el Gobierno Regional de Lambayeque (la segunda región con más casos Covid-19 en el Perú) solo ha gastado el 4,7 de S/ 16,9 millones; mientras que Arequipa apenas ha ejecutado el 1,6% de su presupuesto de S/ 6,9 millones; Piura 4,2% de S/ 16,5 millones, y Madre de Dios reportaba 0% de ejecución.

En resumen, la mitad de los gobiernos regionales del Perú ha ejecutado menos del 10% del presupuesto otorgado por el gobierno central para enfrentar a la pandemia.

ESCASO AVANCE. La mitad de los gobiernos regionales del Perú ha ejecutado menos del 10% del presupuesto otorgado por el gobierno central para enfrentar a la pandemia.

Captura: Ministerio de Economía y Finanzas.

En su defensa, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dijo a través de un comunicado que los recursos económicos para Covid-19 fueron transferidos recién a fines de marzo. Asimismo, informó que se solidarizaba con los gobernadores de Lambayeque, Arequipa y Loreto que fueron excluidos de presidir los Comando de Operaciones Regionales Covid-19, que ahora son encabezados por oficiales del Ejército Peruano en dichas regiones. 

En el mismo sentido, la Mancomunidad de la Macro Región Sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Puno) también pidió al gobierno central “evitar declaraciones que parecen imposiciones”, en clara referencia a lo dicho en Arequipa por Pilar Mazzetti, encargada del Comando Covid-19: “este no es momento de quejarnos”, llegó a decir la exministra.  

El problema de los crematorios

Las palabras de Mazzetti llegan cuando el Perú empieza a subir la curva de aumento de muertes y casos por Covid-19. Debido a que solo en 11 regiones, fuera de Lima y Callao, existen crematorios para las víctimas de esta enfermedad, las autoridades recurren a la exhumación. Sin embargo, esta práctica se realiza en medio de violencia y rechazo de la población en algunas localidades por temor a la enfermedad.

AREQUIPA. Solo en 11 regiones, fuera de Lima y Callao, existen crematorios para los fallecidos con Covid-19.

Foto: Gustavo Callapiña.

Según la Defensoría del Pueblo, los crematorios autorizados por el Minsa se encuentran ubicados en Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash en el norte; Huánuco y Junín en la zona central; Loreto y San Martín en la Amazonía; y Cusco, Tacna y Arequipa en el sur. En casi todas las regiones antes citadas estos establecimientos son privados, salvo en Junín donde el local es público. 

Sin embargo, esta no es la única falencia durante la emergencia sanitaria. Las comunidades indígenas de la Amazonía y los Andes han dicho que se sienten desprotegidas y abandonadas por el Estado. Frente a esta situación, ellos mismos han asumido la vigilancia de sus territorios frente al posible ingreso del coronavirus a través de personas foráneas. Por ejemplo, el último jueves interceptaron en Madre de Dios una embarcación con bidones de combustible, insumo utilizado para la minería ilegal, una actividad que no se ha detenido pese a la pandemia. 

El presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, Walter Quertehuari, dijo a OjoPúblico que hace unos días un grupo de indígenas de San José de Karene cerraron un puente por donde transitaban madereros y mineros ilegales, a fin de evitar que ingresen a sus territorios. “El temor es bastante grande porque nosotros estamos desprotegidos, no tenemos puestos de salud implementados, y si llega el coronavirus será una tragedia para nuestros pueblos”, comentó.

El dirigente indígena pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas (en especial de la Marina de Guerra) para ayudar a vigilar los territorios comunales. “Nuestros hermanos están desprotegidos y las actividades ilícitas no han parado ni siquiera por el coronavirus. Imagínate qué pasaría si fuera un narco y les hubiera disparado a nuestros hermanos. En nuestras comunidades hemos cerrado los accesos, pero necesitamos la ayuda de las Fuerzas Armadas”, dijo Quertehuari.

Los invitamos a seguir la cobertura regional del coronavirus en estos hilos diarios en Twitter de la Red Investigativa Regional de OjoPúblico.