Hace dos meses y medio el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, retomó sus funciones luego de superar un cuadro crítico de Covid-19, que lo mantuvo internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima. Sin embargo, ayer fue detenido en medio de una investigación que enfrenta por el delito de colusión agravada, al haber favorecido presuntamente a varias empresas durante la emergencia sanitaria. 

El juez Derby Mirko Quezada Blanco, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash, ordenó la detención preliminar de Morillo por siete días. El mandatario regional, segundo vicepresidente del partido Somos Perú, es acusado del delito de colusión agravada, al haber concertado presuntamente con sus funcionarios y haber favorecido a varias empresas que ganaron la buena pro para la construcción e implementación de un ambiente para pacientes con Covid-19 en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, del distrito de Nuevo Chimbote. Dicha obra estaba valorizada en S/ 10 millones.

Morillo fue detenido cuando se encontraba en la Fiscalía Anticorrupción de Áncash, cuya sede se localiza en Huaraz. Había llegado hasta allí para entregarle su pasaporte al fiscal Alexander Rojas Ascón, como señal de que no eludiría la justicia. Ignoraba que el juzgado ya había aceptado el pedido de detención preliminar realizado por el Ministerio Público. 

Morillo fue detenido en la Fiscalía Anticorrupción de Áncash, cuya sede se localiza en Huaraz".

Hasta el cierre de este artículo, Morillo permanecía internado en la clínica San Pablo de Huaraz, tras sufrir una descompensación cuando era evaluado por el médico legista. Según su abogado, Carlos Fernández, los médicos recomendaron que fuera internado en un nosocomio ubicado a menos de 500 metros sobre el nivel del mar, ya que debido a las secuelas que le dejó la Covid-19 tiene dañado el 30% de sus pulmones y presenta dificultades para respirar en zonas altas como Huaraz.

“Corresponde al fiscal decidir. Es su facultad determinar el traslado o, si quiere correr el riesgo, y ordena que sea internado aquí (en Huaraz). Cualquier cosa que pueda suceder es su responsabilidad”, explicó el abogado a OjoPúblico.

Morillo Ulloa es el quinto gobernador de Áncash arrestado por la justicia, debido a  presuntos actos de corrupción durante su gestión. Los casos más emblemáticos son el de César Álvarez Aguilar, quien está condenado y en prisión, en el penal de Challapalca (Tacna); y el de Waldo Ríos Salcedo, quien cumple una condena de cinco años de cárcel en el penal de Huaraz.

El caso y las imputaciones 

El 23 de marzo de este año, el entonces director del hospital regional de Áncash, Federico Martínez Taipe, solicitó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) que equipe dicho nosocomio. Cuatro días después, el gobierno regional registró en el sistema Invierte.pe un proyecto de remodelación de ambiente complementario y adquisición de equipos para el hospital regional, por un costo total de S/ 7’800.746. De esa cifra,  S/ 320.000 serían destinados a infraestructura y S/ 7’480.746 para equipamiento. Sin embargo, el 31 de marzo, cuando se elaboró el expediente técnico, el costo del proyecto aumentó a S/ 10’061.072,61: la infraestructura pasó a costar S/ 624.627.41, mientras que el equipamiento fue valorizado en S/ 9’436.445,20.

La fiscalía advirtió que el incremento de precio carecía de sustento, y agregó que ese sería uno de los indicios de una presunta colusión para favorecer a las empresas contratadas, entre estas Quimera SAC, la cual carecía de experiencia en la ejecución de infraestructura de salud. 

El 3 de abril, Quimera SAC, representada por Ninel Romero Bartusiak, presentó su propuesta económica. Sin embargo, recién cuatro días después, la Subgerencia de Abastecimiento del gobierno regional, mediante un correo electrónico, le solicitó su cotización a esa compañía. 

La fiscalía advirtió que el incremento de precio de la obra carecía de sustento técnico".

Al día siguiente, el gobierno regional informó a Quimera SAC que su oferta fue aceptada y ese mismo día suscribieron el acta de inicio de los trabajos. “Es evidente que la contratista sabía con anticipación que le iban a entregar la obra, puesto que sus profesionales estuvieron presentes ese mismo día para el inicio y entrega de terreno”, se lee en el requerimiento de detención preliminar contra Morillo.

Un informe pericial contable, presentado por la fiscalía el 27 de octubre, indicaba que existían 27 observaciones en la elaboración del expediente técnico y el proceso de contratación de dicha obra. Asimismo, otro informe pericial del 18 de noviembre advertía que, solo en el componente infraestructura, el costo se incrementó en 29% sin mayor sustento. 

La fiscalía pidió la detención preliminar de Morillo argumentando que existía peligro de fuga, riesgo de obstaculización de la justicia y que la autoridad regional no tenía arraigo familiar. Sobre ese último punto la fiscalía señaló que, desde el 17 de agosto, el gobernador no despachaba en la sede del gobierno regional, en Huaraz, y que tampoco se le había encontrado en su domicilio de Chimbote.

La detención preliminar de Morillo se sustentó en el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia". 

El gobernador regional de Áncash es acusado de  haber causado perjuicio económico y financiero al gobierno regional. La fiscalía sostiene que Morillo estaba interesado en dicho proyecto, ya que en reiteradas ocasiones le solicitó al Consejo Regional de Áncash que apruebe las contrataciones directas. 

Antes de su detención, el mandatario regional dijo que la solicitud del fiscal carecía de argumentos, ya que sus acciones fueron en cumplimiento de sus funciones y que las compras directas estaban  permitidas durante  la emergencia sanitaria.

Anoche su abogado Carlos Fernández indicó que la detención de su patrocinado es desproporcionada, y por ese motivo presentará una apelación. “No había actos urgentes que justifiquen la detención. Han allanado [su casa]y no han encontrado nada. Tampoco hay peligro de fuga porque él siempre ha contribuido con las investigaciones”, explicó.

Además de Morillo, también fueron detenidas otras siete personas: los funcionarios Jiordano Alva Pinedo, Juan Mendo Sánchez, Percy Rojas Vereau, Renzo Cerna Shuan, Pedro Vélezmoro Sáenz, Ángel Velásquez Abanto y el exgerente regional Jhonny Muñante Quispe. Mientras que Ninel Romero Bartusiak, propietaria de Quimera SAC, la empresa que ganó la buena pro, y el funcionario Kan Pérez están prófugos y con orden de detención preliminar. 

Una autoridad con 45 denuncias

El caso por el que Morillo fue detenido ayer comenzó en mayo de este año, cuando el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, denunció ante la Fiscalía de esta jurisdicción al gobernador regional, por presuntos actos de corrupción en la contratación para el ambiente Covid-19 del hospital regional. 

Asmat Urcia había advertido que la construcción de dicho ambiente vulneraba el decreto de urgencia N° 026-2020, que permite que las autoridades regionales inviertan en la construcción de nuevos ambientes solo si es que sus hospitales no cuentan con infraestructura para dicho fin. No era el caso del hospital regional, pues según el Oficio N° 746-2020, el director de ese nosocomio, Federico Martínez Tapide, dijo que sí se contaba con el segundo piso de Medicina General B para atender a los pacientes con el virus. Precisó que solo se necesitaba equipamiento.

El gobernador Morillo enfrenta, además, otras 45 investigaciones fiscales, la mayoría por presuntos delitos de corrupción; así como un pedido de vacancia y cinco de suspensión del cargo. Una de las indagaciones se refiere al supuesto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, al no haber declarado dos condenas en su contra en su hoja de vida presentada en el 2018 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La otra es por, presuntamente, haberse coludido con el exgobernador César Álvarez Aguilar -hoy preso- para que su empresa, junto a otras constructoras, ganaran la obra de construcción del canal Santa-San Bartolo, en la provincia del Santa. Este proyecto costaba al inicio S/ 17 millones, pero se incrementó a más de S/ 36 millones.

CUESTIONADO. Juan Carlos Morillo enfrenta otras 45 investigaciones fiscales, la mayoría por presuntos delitos de corrupción.  

Foto: Gobierno Regional de Áncash 

Por este último caso, además, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado al Ministerio Público que presente una acusación fiscal ante el Poder Judicial contra Morillo Ulloa y los demás implicados; y solicite una orden de prisión preventiva.

Asimismo, esta mañana el Consejo Regional de Áncash debatirá un pedido de vacancia y cinco de suspensión contra Morillo. El primero tiene como sustento no haber convocado a las sesiones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana; mientras que los pedidos de suspensión se basan en que, desde que fue dado de alta, el gobernador no despacha en el gobierno regional y se ha ausentado de la región. 

Otros gobernadores bajo sospecha

En Piura, la fiscal Doliveth Infante, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, investiga desde abril de este año al gobernador regional Servando García Correa, del movimiento Fuerza Regional, por el presunto delito de peculado doloso. El caso, que se encuentra en investigación preliminar, se refiere a que el gobernante habría mandado a elaborar 100 mil mascarillas por situación de emergencia sanitaria, pero con los colores [rojo y blanco] de su agrupación política.  

La carpeta fiscal, a la que accedió OjoPúblico, señala además que las mascarillas fueron adquiridas bajo la modalidad de contratación directa y fueron entregadas a personal de las Fuerzas Armadas y a la población en general. Un examen físico forense del Ministerio Público determinará si cumplían o no con los criterios sanitarios estipulados para proteger contra la Covid-19. 

Otros de los funcionarios investigados son Juan Carlos Zurita Guerrero, jefe del programa de apoyo social del Gobierno Regional de Piura; Juan Mejía Seminario, gerente de Desarrollo Social; y el proveedor José García Guaylupo, de la empresa Texnor, que vendió las mascarillas al precio unitario de S/ 2.60. En total, la entidad regional canceló S/ 260.000 por los tapabocas.  

PIURA. El gobernador regional Servando García es acusado de mandar a fabricar mascarillas con los colores de su partido político. 

Foto: OjoPúblico/ Ralph Zapata

En el sur, en la región Apurímac, el gobernador regional Baltazar Lantarón Núñez es investigado desde abril de este año por presuntamente direccionar la licitación de compra de diez ambulancias, valorizadas en S/ 3.6 millones, para favorecer a la empresa Conversiones San José Perú S.A.C. En este caso también han sido incluidos otros 11 funcionarios del gobierno regional, el representante de la empresa y dos familiares del gobernador (su hermana y su sobrino). Estos últimos serían -según la tesis fiscal- los nexos con los proveedores. 

La convocatoria pública se realizó en noviembre del 2019 y se adjudicó en febrero de este año a Conversiones San José Perú. Luego, en abril -en plena pandemia- dos consejeros regionales alertaron sobre posibles actos de corrupción. Ese mismo mes, además, el gobierno regional presentó públicamente tres ambulancias para enfrentar la emergencia sanitaria. Sin embargo, dichos vehículos fueron recibidos, presuntamente, a cambio de sobornos a dos funcionarios del gobierno regional, y sin que existiera todavía algún contrato firmado con la empresa. 

Por ese motivo, la fiscalía retuvo los vehículos; mientras que el gobierno regional aseguró que no pagó por esos bienes y se vio obligado a anular el proceso. Por tanto, las ambulancias fueron devueltas al proveedor.

En Arequipa, el Ministerio Público investiga en tres procesos al gobernador regional Elmer Cáceres Llica, por contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria. En mayo de este año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió dos investigaciones por colusión: una por la adquisición, a presuntos precios sobrevalorados, de 35 bombas de infusión de dos canales y 22 aspiradores de secreciones rodables, cuyo costo total fue de S/ 746.350. La segunda pesquisa se refiere a la compra directa de materiales de protección personal por S/ 436.980, realizada a la empresa Aruni Fernanda E.I.R.L., que se dedica al rubro de construcción.  

La tercera investigación se sustenta en el presunto delito de negociación incompatible durante la adquisición de insumos y bienes para implementar el laboratorio Covid-19 del gobierno regional. En este caso la fiscalía ha advertido que la empresa contratada, Serproacon S.A.C., no había contratado antes con el Estado. Dicha compañía registra como dueño a Joe Soto Tejada, primo del congresista Edgar Alarcón Tejada. “Durante el proceso ofreció el mismo monto que estaba en las bases de la convocatoria y aseguró entregar los insumos y bienes en un día”, alertó la fiscalía. 

Juan Alvarado Cornelio, gobernador regional de Huánuco, es otro de los investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se le acusa del delito de colusión agravada, al adquirir, en junio de este año, una planta de oxígeno medicinal a la empresa portuguesa Ultra-Controlo Projectos Industriais, Lda. El monto de la contratación directa fue de S/1’751.120. 

Juan Alvarado Cornelio, gobernador regional de Huánuco, es otro de los investigados".

Según el sustento de la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco, el gobierno regional habría favorecido a dicha compañía, pese a que existían otras propuestas viables y de menor tiempo y costo. Los equipos de la planta de oxígeno llegaron a Huánuco a fines de setiembre, cuando los contagios de Covid-19 ya habían disminuido. De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción abrió otros 35 procesos de investigación contra funcionarios del gobierno regional por los delitos de favorecimiento ilícito, cohecho y colusión cometidos en las contrataciones durante la emergencia sanitaria.

En setiembre de este año, Proética solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que le informe cuántas investigaciones había iniciado en el marco de la pandemia. La entidad respondió que del 16 de marzo al 20 de agosto había abierto 1.497 investigaciones contra funcionarios públicos. La mayor cantidad de casos de presunta corrupción se localizan en Huánuco y Ayacucho.  

“Este dato te dice que la estrategia de acompañamiento [control concurrente] quedó corta o tal vez llegó tarde”, dijo a OjoPúblico Samuel Rotta Castilla, de Proética. Sin embargo, consideró que, quizá por la gran cantidad de casos, no fue posible hacerle seguimiento a todos. Rotta precisó que en las contrataciones directas las oportunidades para cometer actos de corrupción aumentan, ya que se trata de compras más rápidas, “entonces se puede adquirir a dedo y con menos transparencia”, aseveró.