La noche del 23 de mayo, mientras el país era testigo del debate de equipos técnicos de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre, en Vizcatán del Ene el teniente del Comité de Autodefensa (CAD), Hugo Torres, escuchó disparos a lo lejos. En la zona no había energía eléctrica y, aunque intentó comunicarse con los dirigentes de los comités de otros pueblos cercanos, la falta de señal telefónica se lo impidió. Tuvo que esperar a que amaneciera para encontrarse con el resto de los miembros del CAD y acercarse a la zona donde funcionaban dos cantinas, cerca al río Chimpinchariato, en la provincia de Satipo, región Junín. 

Al llegar al lugar, vieron humo y charcos de sangre. También, los cadáveres de 16 personas que habían sido acribilladas horas antes; y decidieron llamar al juez de paz Leónidas Marmolejo Casas. Horas más tarde, cuando los medios de comunicación informaron del asesinato a nivel nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional Contra el Terrorismo atribuyeron el crimen a Sendero Luminoso, aunque la facción que opera en la zona, al mando de Víctor Quispe Palomino ‘José’, se separó hace por lo menos una década de la organización subversiva fundada por Abimael Guzmán, y se convirtió en un grupo narcoterrorista. 

Desde entonces, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco. Al ser consultada por el caso, la fiscal Eneida Aguilar Solórzano explicó a OjoPúblico que las indagaciones por el delito de homicidio calificado contra quienes resulten responsables se vienen desarrollando con normalidad. Indicó, asimismo, que la próxima semana se realizarán diligencias y entrevistas a la familia Ochoa Ccahuana, deudos de tres mujeres que trabajaban en los bares y dos menores de edad que también se encontraban en el lugar de la masacre.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco".

Sin embargo, Carlos Leiva Naña, abogado de una de las familias afectadas, considera que las investigaciones se han desarrollado de una forma especialmente lenta y, como no han permitido identificar a los responsables, sostiene que es imposible asentar una denuncia. “El responsable podría ser el Estado, pero nunca nos darán una reparación, no van a ayudar a la madre de las víctimas. Entonces, ¿qué hacemos? No avanzamos en nada”, se lamentó.

El abogado dijo que, aunque algunos alcaldes distritales y entidades sin fines de lucro mostraron solidaridad con los deudos al momento de conocerse la tragedia, esto no se ha traducido en un apoyo legal concreto. 
 

Miedo en Vizcatán del Ene

Poco después de conocerse el asesinato, Alejandra Ccahuana, madre de tres hermanas y abuela de dos menores que murieron en el atentado, solicitó ayuda en diferentes medios de comunicación para trasladar los cuerpos de sus familiares desde la morgue de Pichari hasta la provincia de Huancayo. Días después, con el apoyo de algunas autoridades y vecinos consiguió sepultar a sus familiares en el cementerio de Huicho Cruz. 

MIEDO. Los deudos prefieren callar ante el temor de represalias.

Foto: Pavel Espinoza

Sin embargo, a un mes de estos hechos, la mujer ha evitado dar declaraciones sobre el avance del caso. “Los deudos tienen temor de las represalias que puedan tomar las personas que cometieron el crimen”, explicó el abogado Leiva Naña. 

OjoPúblico también se contactó con Gustavo Flores Mendoza, padre de uno de los menores asesinados, quien contó que logró viajar desde su natal Tapo, en la provincia de Tarma en Junín, gracias al apoyo económico de familiares y comuneros de su localidad. Gracias a ellos, explicó, pudo trasladar el cuerpo del segundo de sus cinco hijos hasta su tierra. 

Hasta la fecha, Flores Mendoza desconoce cómo ha avanzado la investigación y no ha recibido apoyo legal. La única novedad que ha tenido sobre las indagaciones, explicó, es una citación de la Dirección contra el Terrorismo para declarar en Huancayo, con presencia del Ministerio Público. Sin embargo, contó a OjoPúblico que no cuenta con los recursos para costear el viaje hasta esta provincia y, mucho menos, para contratar los servicios de un abogado, como lo requiere el documento.

Algunos pobladores abandonaron el distrito por temor a un nuevo atentado".

Leónidas Casas Marmolejo, juez de Paz de San Miguel del Ene que denunció la matanza en la comisaría de Natividad junto a Hugo Torres, cuenta que teme por los pobladores que viven en otros 15 centros poblados más alejados de la zona urbana. “Nosotros ya dimos las declaraciones que solicitó la policía, y todo ha quedado en manos de ellos”, dijo de manera escueta a OjoPúblico. El teniente del Comité de Autodefensa, por su parte, se negó a brindar precisiones sobre el avance de las pesquisas. “Nosotros ya no podemos dar ninguna información”, dijo a este medio. 

La reticencia entre los deudos y testigos de un crimen como este es algo habitual, en opinión  del experto en terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga. “Si están en el lugar [del atentado] es imposible que denuncien. Si están en otro sitio a lo mejor sí, pero igual corren el riesgo”, explicó. 

En San Miguel del Ene, el temor a un nuevo atentado se ha extendido a toda la comunidad, y ha hecho que algunos pobladores se resguarden en provincias lejanas. Ese fue el caso, por ejemplo, de dos técnicos en enfermería, una obstetra y un laboratorista que renunciaron a sus puestos de trabajo en la posta del centro poblado, de acuerdo a información proporcionada por la red de salud de Satipo. La convocatoria para cubrir estas plazas está abierta, pero no hay nuevos postulantes.

Respuestas cuestionadas

Tras el atentado, el Ejecutivo anunció la instalación de una base contraterrorista en San Miguel del Ene. Este último martes la ministra de Defensa, Nuria Esparch, llegó a Vizcatán del Ene junto a los ministros de Educación, Desarrollo e Inclusión Social y Justicia, y altos mandos de las Fuerzas Armadas, para inaugurar el espacio. 

El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas confirmó a OjoPúblico la instalación de la Base Militar Contraterrorista que tendrá un campo de control en tres centros poblados: San Miguel, Pakichari y Chimpichariato, lugar donde fue perpetrado el crimen, el pasado 23 de mayo. 

ABANDONO. Los deudos no reciben protección policial ante posibles amenazas.

Foto: Yoselin Alfaro

No obstante, en opinión de Yaranga, dicha base no tendrá un aporte significativo para contrarrestar el avance del narcotráfico, pues no se encuentra en un punto estratégico ni cuenta con una disponibilidad de personal suficiente para erradicar el narcotráfico o controlar el territorio.

Por su parte, Miguel Jugo Viera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que las víctimas necesitan acompañamiento psicológico y protección por las amenazas que podrían surgir. “No basta con la instalación de una base contraterrorista, si la presencia del Estado es estacionaria”, cuestionó.

Jugo Viera también lamentó que la tragedia haya provocado una indignación tan efímera y no se tomen acciones a largo plazo. “Se deben tomar medidas integrales para demostrarle a esas poblaciones, que conviven con la violencia, que hay un Estado presente velando por ellas, y dejarle en claro a los grupos dedicados a actividades ilícitas que hay un rechazo nacional”, puntualizó