* Con apoyo de Alexander Lavilla (en Lima) y la Red Investigativa Regional Alicia Tovar (Lambayeque), Yoselin Alfaro (Junín), Daniel Carbajal (Loreto), Karin Chacón (Puno) y Magali Estrada (Áncash).

Los 25 gobernadores regionales que fueron elegidos el 2018 enfrentan investigaciones pendientes por diversos delitos en el Ministerio Público, el 84% de ellos (21) registra procesos activos por delitos de corrupción, de acuerdo a información del Ministerio Público citada por Centro Liber.

Del total de autoridades electas en el 2018, ocho no han logrado terminar sus procesos por diversos procesos de investigación.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra que Vladimir Cerrón Rojas (Junín) y Walter Aduviri Calisaya (Puno) fueron suspendidos en sus cargos por sentencias condenatorias; mientras que Juan Alvarado Cornelio (Huánuco) y Wilmer Dios Benites (Tumbes) se encuentran prófugos. Además, con mandato de prisión preventiva figuran Juan Carlos Morillo Ulloa (Áncash), Elmer Cáceres Llica (Arequipa), Clever Mercado Mendoza (Junín), Luis Hidalgo Okimura (Madre de Dios), Agustín Luque Chayña (Puno) y Francisco Pezo Torres (Ucayali).

Uno de los primeros gobernadores apartado del cargo fue Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido político Perú Libre. Si no hubiera sido sentenciado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible, este año culminaría su gestión al frente del Gobierno Regional de Junín. Fue hallado culpable de aprovechar su cargo como gobernador para favorecer la entrega de la obra de saneamiento de La Oroya al consorcio Altiplano, durante el periodo de gestión 2011-2014.

Otro autoridad regional que tampoco culminó su mandato fue Walter Aduviri Calisaya, electo por Puno. En agosto del 2019 fue sentenciado a seis años de pena efectiva por el delito de disturbios por su participación como líder del Aymarazo en el 2011.

En diciembre del 2020, la Corte Suprema ordenó que la exautoridad cumpliera el resto de su condena de cuatro años como pena suspendida, por lo que dejó la cárcel. Aunque no se reincorporó al gobierno regional, inició la creación de un movimiento político denominado Perú Soberano. 

EXGOBERNADOR. Vladimir Cerrón y Walter Aduviri se encuentran en libertad y con una vida política activa, tras la variación de sus sentencias efectivas a suspendidas.

Foto: Andina.

A Elmer Cáceres Llica, exgobernador de Arequipa, la fiscalía lo acusó de conformar una presunta red criminal para la corrupción. Fue detenido en octubre del 2021 por la fiscalía, acusado de ser parte de la organización criminal Los Hijos del Cóndor, junto con un grupo de consejeros regionales y funcionarios de confianza. Actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 36 meses. 

En la pandemia se registraron casos de corrupción en diferentes niveles de gobierno. Una de las autoridades regionales investigadas por irregularidades en la emergencia sanitaria fue el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien en noviembre del 2020 fue detenido como parte de la investigación que realizaba el Ministerio Público por el presunto favorecimiento en la buena pro para la construcción de un ambiente especializado para pacientes con covid-19 en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

Mientras cumplía un periodo de prisión preventiva por este caso, fue sentenciado en setiembre del 2021 por el delito de falsedad genérica, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, al no declarar dos condenas en su hoja de vida, durante las elecciones del 2018. 

El Ministerio Público ha solicitado tres veces prisión preventiva para Morillo Ulloa por casos distintos. El último pedido de nueve meses, por el presunto delito de colusión en la buena pro de la construcción de ambientes para pacientes covid-19 del hospital La Caleta de Chimbote, fue aprobado el último viernes 9 de setiembre por el juez Rubén Yauri Ramírez. 

Elmer Cáceres Llica, exgobernador de Arequipa, fue detenido en octubre del 2021 por la fiscalía de crimen organizado.

En setiembre del 2020, la detención de diversas personas puso al descubierto a la presunta organización criminal  Los Hostiles de la Amazonía dedicada al tráfico y lavado de madera en Madre de Dios. Se detuvo a empresarios madereros, exfuncionarios regionales, fiscales y policías. En febrero de este año se dictó prisión preventiva por 36 meses contra el entonces gobernador regional Luis Hidalgo Okimura, acusado de ser uno de los líderes de dicha organización.  

Wilmer Dios Benites fue sentenciado en el 2011 a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada al detectarse irregularidades en una obra durante su primera gestión como gobernador regional de Tumbes (2006-2010), sin embargo, en el 2012 fue absuelto, por lo que postuló en el 2014 y 2018 al mismo cargo. En el 2018 resultó elegido, pero en octubre del 2021, el Poder Judicial confirmó su sentencia y desde entonces su paradero es desconocido. En marzo pasado, fue incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Actualmente continúa prófugo.

Al inicio de su gestión como gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres, designó a funcionarios de confianza con el fin de favorecer con licitaciones a empresarios que respaldaron su campaña electoral, según la investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali.

En enero de este año, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali ordenó 36 meses de prisión preventiva para Pezo Torres, investigado como el líder de la presunta organización criminal Los Panchos Villa, que operaba al interior del gobierno regional. 

Estas autoridades no son las únicas cuestionadas por la comisión de delitos. Según información del Centro Liber, todos los actuales gobernadores tienen o han tenido alguna investigación fiscal. El 70% de las carpetas fiscales están referidas a delitos de corrupción de funcionarios.

Este listado no incluye a los exgobernadores electos Juan Carlos Morillo Ulloa (Áncash), Elmer Cáceres Llica (Arequipa), Juan Alvarado Cornelio (Huánuco), Vladimir Cerrón Rojas (Junín), Luis Hidalgo Okimura (Madre de Dios), Walter Aduviri Calisaya (Puno) y Wilmer Dios Benites (Tumbes) que fueron vacados de sus cargos, así como los exgobernadores encargados Clever Mercado Mendoza (Junín), Agustín Luque Chayña (Puno) y Ángel Gutiérrez Rodríguez (Ucayali). 

La Procuraduría Anticorrupción también investiga a las autoridades regionales por diversos delitos. A través de un pedido de acceso a la información pública, esta institución indicó a OjoPúblico que hasta octubre del 2021 se tenían en trámite 196 investigaciones contra autoridades regionales por la comisión de delitos de corrupción en los que esta institución es parte como actor civil. Las regiones con más casos en la Procuraduría son Junín (44), Áncash (19) y Pasco (13).

La mayoría de las investigaciones (61,73%) se encuentra en etapa preliminar y el 2,55% en etapa de juzgamiento. Con el 38% de los casos, la colusión es el tipo de delito de corrupción más investigado por la Procuraduría en las diversas regiones.

Autoridades con denuncias en curso

La lista de gobernadores con más investigaciones en el Ministerio Público, de acuerdo a información del Centro Liber, es encabezada por Pedro Ubaldo Polinar, autoridad de Pasco, quien tiene 62 casos en el Ministerio Público. Registra una acusación por el delito de concusión en el distrito fiscal de Selva Central y tres casos con denuncia pendiente relacionadas a los delitos de concusión, otorgamiento ilegal de derechos y abuso de autoridad.

Uno de ellos es el presunto direccionamiento en la entrega de la buena pro del hospital Román Egoavil Pando, del distrito de Costa Rica, provincia de Oxapampa. Ubaldo Polinar y cinco de sus funcionarios son investigados por anular el proceso de licitación de la empresa ganadora y convocar a un nuevo proceso, el cual fue ganado por el Consorcio San Cristóbal sin presentar cartas de compromiso y presuntamente con información falsa sobre la experiencia del personal que ejecutaría dicha obra. 

El gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, ocupa el segundo lugar, con 60 casos abiertos. En marzo pasado, el Ministerio Público planteó el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses, para él y otros 11 investigados. La tesis fiscal señala que durante el estado de emergencia a causa de la pandemia, se habrían realizado pagos fantasmas a proveedores de alojamientos. El Poder Judicial resolvió que la autoridad siga siendo investigada en libertad.

Además, Ochoa Sosa es investigado como parte de un hecho de corrupción que involucra a su exasesor Rony Vela Vásquez y al exdirector regional de Transportes de Loreto, Juan Carlos Díaz Quintanilla. El hecho ocurrió en el 2019, cuando apenas iniciaba su periodo como gobernador. Medios locales difundieron un video donde se mostraba a Díaz Quintanilla entregando S/50.000 a Vela Vásquez para ser nombrado en su cargo. Aunque el gobernador destituyó a ambos, lo cierto es que sí se nombró a Díaz Quintanilla.

En diciembre del 2021, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Lima allanó la vivienda del gobernador como parte de las diligencias por la investigación a la presunta organización criminal Los Gestores, que estaría integrada por funcionarios de los ministerios de Vivienda y Economía que cobraban el 5% del costo de la obra a cambio de entregar autorizaciones para ejecuciones de proyectos. Elisbán Ochoa sería uno de los gobernadores que utilizó esta red. OjoPúblico intentó contactar al gobernador, pero no contestó las llamadas. 

El tercer lugar de la lista de gobernadores con más investigaciones es ocupado por Baltazar Lantarón Núñez de Apurímac, quien es implicado en 35 casos. Entre ellos se incluye la investigación que lleva a cabo el Segundo despacho de la Fiscalía Especializada de Delitos de corrupción de Apurímac contra la autoridad regional y cinco funcionarios de su confianza por el presunto direccionamiento del proceso de selección a una empresa para la compra de 10 ambulancias valorizadas en más de S/ 3'000.000. En enero del 2021 dictaron comparecencia con restricciones para el gobernador por este caso. 

Denuncias de Elisban Ochoa Sosa - Gobernador de Loreto by OjoPúblico Periodismo de Investigación on Scribd

El gobernador de Piura, Servando García Correa de Piura, tiene 34 investigaciones. Entre ellas se incluye el nombramiento ilegal de funcionarios que no cumplían con los requisitos para asumir el cargo en el 2019, siendo esta uno de los primeros casos abiertos a la autoridad.

El prófugo gobernador de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio, tiene 32 investigaciones fiscales. Existe una orden de captura en su contra para que cumpla con el mandato de prisión suspendida por 18 meses, mientras dura la investigación por la presunta compra irregular de laptops para el gobierno regional. Al igual que su par de Tumbes, se encuentra en la lista de los más buscados.

Suspendidos y reincorporados 

Cuando Anselmo Lozano Centurión, actual gobernador de Lambayeque, era alcalde distrital de La Victoria fue investigado por El Imperio del Mal, una presunta organización criminal instalada en dicha municipalidad entre el 2015 y 2018 y que entregaba obras a cambio de sobornos. En febrero del 2021, ya como autoridad regional, el Poder Judicial ordenó mandato de prisión preventiva por 24 meses en su contra, por lo que fue suspendido del cargo. 

Aunque el Poder Judicial ordenó mandato de prisión, Lozano Centurión nunca ingresó al penal, ya que se reportó enfermo y permaneció internado en la clínica Juan Pablo II hasta que ordenaron cambiar la medida a arresto domiciliario. El 25 de julio del 2022 se varió nuevamente su situación por comparecencia con restricciones, lo que le permitió retornar a su cargo como gobernador el pasado 2 de setiembre.

Anselmo Lozano Centurión, gobernador de Lambayeque, fue suspendido de su cargo cuando se ordenó su prisión preventiva.

Mientras la autoridad estuvo recluida, el vicepresidente Luis Díaz Bravo ocupó el cargo. También se encuentra comprendido en la investigación como parte de El Imperio del Mal. El Ministerio Público presentó la acusación por este caso y pide 21 años de prisión para Lozano Centurión y siete años para Díaz Bravo por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El pasado miércoles 7 de setiembre debió iniciar la audiencia de control de acusación, sin embargo esta ha sido prorrogada.

ANTECEDENTES. Muchos de los gobernadores que están en prisión o con investigaciones tenían estos antecedentes cuando fueron candidatos en el 2018.

Foto: ANGR. 

Otro gobernador que tuvo un período apartado del cargo es Fernando Orihuela Rojas, quien reemplazó a Vladimir Cerrón en Junín. Pidió licencia para participar como candidato de Perú Libre al gobierno regional en estas elecciones, sin embargo renunció a sus intenciones y pidió retornar al gobierno regional. Tiene 30 investigaciones iniciadas en el Ministerio Público. En una de ellas es coinvestigado con Vladimir Cerrón Rojas, por negociación incompatible, a raíz del presunto pago irregular a policías designados como resguardo de la gobernación, quienes brindaron seguridad a Cerrón Rojas luego de que este dejó el cargo.

Orihuela Rojas es investigado por ser parte de la presunta organización criminal La Gran Familia. Investigaciones del  Segundo Despacho Anticorrupción de Junín señalan que durante su periodo como gobernador y vicegobernador, el gobierno regional contrató servicios de salud a empresas de una misma familia. También es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, a cargo de Richard Rojas Gómez, en el caso de los Dinámicos del Centro. 

Mientras Fernando Orihuela Rojas estuvo apartado del cargo se nombró como gobernador encargado a Clever Mercado Méndez, quien fue enviado a prisión preventiva por cinco meses, tras ser acusado de intento de soborno. El pasado 8 de agosto, la fiscalía detuvo al entonces gerente de Infraestructura de Junín, Gerardo Portocarrero, cuando entregaba dinero al consejero de oposición, José Villanaza, para que votara en contra de la reincorporación de Orihuela Rojas como gobernador, según la denuncia realizada por el mismo consejero. Al día siguiente se detuvo a Mercado Méndez.

 Gobernadores encargados investigados

Además del caso del exgobernador encargado, Clever Mercado Méndez, los reemplazos de otros gobernadores también son investigados por corrupción o se encuentran en la cárcel. Tal es el caso de Agustín Luque Chayña, en Puno, quien tiene por lo menos 42 investigaciones abiertas, según información a la que accedió OjoPúblico. Tras la salida de Aduviri Calisaya, estuvo en el cargo dos años y medio, luego fue detenido y enviado a prisión preventiva por el presunto delito de colusión.

RECORD. Pedro Ubaldo, gobernador de Pasco, lidera el ranking de autoridades regionales con investigaciones fiscales. Tiene 62 casos en el Ministerio Público.

Foto: Andina.

En Arequipa, la gobernadora encargada Kimmerlee Gutiérrez Canahuire tiene dos investigaciones abiertas en el Ministerio Público por retardo ilegal de acto a su cargo y omisión ilegal seguida de muerte. Durante su gestión se contrató a familiares y allegados, además el consejo regional investiga la contratación de trabajadores fantasmas en una obra en Camaná.

Herlens Gonzales Enoki, gobernador encargado de Madre de Dios desde febrero, tiene tres investigaciones abiertas en el Ministerio Público, entre ellas peculado, usurpación de funciones y omisión de acto funcional.

La última denuncia pública contra un gobernador se conoció la semana pasada. Óscar Altamirano Quispe, de Amazonas, fue denunciado por la violación de una menor de edad en el año 2019, utilizando un arma de fuego. La autoridad reconoció ser investigado por el tema. 

Candidatos con antecedentes

Muchos de los gobernadores que ahora están en prisión o con investigaciones, tenían antecedentes cuando fueron candidatos en el 2018. Tal es el caso de Elmer Cáceres Llica, de Arequipa, quien tenía en trámite tres investigaciones por violación sexual, además contaba con un pasivo de 60 carpetas activas, que investigaban delitos de corrupción de funcionarios cuando fue alcalde provincial de Caylloma y otros delitos de desobediencia a la autoridad. Por su parte, Alvarado Cornelio, de Huánuco, registraba investigaciones por abuso de autoridad y falsificación.

OjoPúblico identificó que por lo menos 14 candidatos a gobernador regional en estas elecciones tienen investigaciones en las fiscalías de Amazonas, Apurímac, Áncash, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Cusco, Lima, Loreto, La Libertad, Arequipa, Junín, Callao y Piura.

Percy Medina Masías, Jefe de Misión en Perú de Idea Internacional, indicó a OjoPúblico que es preocupante que las investigaciones en autoridades salientes como postulantes se concentren en casos de corrupción y asuntos de familia. "Es una señal de que la política no está convocando a las personas que quieren servir, sino que buscan ganar poder", afirmó.

Aunque la norma electoral establece que los candidatos a algún cargo político deben transparentar las sentencias judiciales en su haber, Medina Masías explica que es necesario regular la norma, para que también se rinda cuentas de las investigaciones. Esta elección registra 44 candidatos a gobernador con antecedentes.

Elmer Cáceres Llica, de Arequipa y Alvarado Cornelio, de Huánuco, registraban investigaciones cuando eran candidatos.

Según el representante de Idea Internacional, si bien la presunción de inocencia es importante, sobre esta debe primar el derecho de la ciudadanía a estar enterado. "Hay que ser claro, un investigado no necesariamente es un culpable, pero es importante saber por lo menos si alguien tiene investigaciones, sobre todo si son más de una", refirió.

Además del peligro de no escoger a alguien idóneo como autoridad regional, puede ocurrir que un investigado sea sentenciado durante su periodo y deje el cargo vacante. Otro riesgo es que la autoridad desvíe la atención a los diversos procesos que lleva en curso.

Medina Masías también advierte que muchos políticos buscan acceder a cargos de poder para conseguir mejores condiciones de impunidad. "Buscan el cargo para relacionarse con los actores judiciales y policiales y de alguna manera reducir el riesgo de un resultado judicial adverso en su investigación o juicio", señaló.

Este año se cumplen dos décadas del inicio del proceso de regionalización con diversas denuncias de corrupción contra las principales autoridades en los gobiernos regionales, lo que ha repercutido en la desconfianza de la ciudadanía. Según la quinta edición del Mapa de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, hay 15 gobiernos regionales que son señalados por sus ciudadanos como la entidad en la que no tienen nada de confianza.