El pasado 14 de abril, cientos de comuneros dejaron Nueva Fuerabamba, urbanización en la que viven desde hace cinco años, y se desplazaron 12 kilómetros hasta terrenos del proyecto minero Las Bambas, donde antes tenían sus casas y campos de cultivo.

Para iniciar la construcción del proyecto Las Bambas se tuvo que reubicar a esta comunidad en un terreno de 4.200 hectáreas en el distrito de Challhuahuacho, que se compró a las comunidades de Chila y Choaquere. En esta zona, a la que se denominó Nueva Fuerabamba, se construyeron casas y otros servicios para la población. Sin embargo, en los últimos meses se desató un conflicto entre las comunidades, y la población de Nueva Fuerabamba retornó a lo que consideran sus tierras.

Esta semana, los comuneros instalaron carpas en el sector de Taki Ruta, adyacente a las operaciones de la mina, y trasladaron a sus familias. La ocupación de estas tierras provocó el cese de las actividades de Las Bambas —operada por MMG Las Bambas— desde el 20 de abril, lo que, según indicó la empresa a OjoPúblico vía correo electrónico, conlleva una pérdida diaria de S/ 1,2 millones para la región Apurímac por concepto de regalías.

Los pobladores de Fuerabamba acusan a la empresa MMG Las Bambas de incumplir los convenios firmados hace más de 10 años con ellos y otras comunidades. Esta aparente falta a los acuerdos asumidos por la empresa, habría provocado enfrentamientos entre comunidades. El resultado de las desavenencias fue la ocupación de la zona de Takiruta ubicada en las instalaciones de Las Bambas, señaló a OjoPúblico el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas.

Disputas por la titularidad de terrenos

El 11 de abril, mediante un comunicado, la comunidad de Chila informó que tomaría posesión de las hectáreas que habían sido vendidas a la empresa y donde se construyó Nueva Fuerabamba. Se argumentó que la minera no cumplió con el compromiso de considerar a la comunidad como zona de influencia directa. Además exigieron una renegociación con la minera para obtener un "pago real" de las 123 hectáreas otorgadas.

A este pedido también se sumó la comunidad de Choaquere, que emitió un pronunciamiento el 19 de abril, con un petitorio similar al de Chila. La comunicación señaló que "tras agotar varias mesas de diálogo desarrolladas desde el año 2017 hasta la fecha, sin ningún resultado a favor de la comunidad” tomaron la decisión de “retomar las 150 hectáreas de terreno irregularmente cedido a la empresa minera Xtrata Cooper [anterior dueña de Las Bambas]".

MUDANZA. Los comuneros de Fuerabamba dejaron los terrenos donde vivían para que se iniciará allí la construcción del proyecto minero Las Bambas.

Foto: Andina

Edison Vargas señaló a este medio que la ocupación de los terrenos de Nueva Fuerabamba por parte de sus anteriores dueños inició mucho antes de la publicación de estos pronunciamientos. "Hay problemas en los predios donde fuimos reasentados. Las comunidades están tomando posesión de zonas que estaban destinadas para nuestros proyectos, por eso hemos tomado la decisión de volver".

El dirigente de Fuerabamba indicó que la principal crítica de los vecinos de estas dos comunidades es que no se cumplieron los compromisos asumidos por la empresa. También aseguran  que la venta de los terrenos para Nueva Fuerabamba no fue regular. Aunque, según los comuneros la venta no se encontraba saneada, la empresa Las Bambas confirmó a OjoPúblico que estos terrenos están a su nombre en registros públicos, como se observa en las partidas de registros públicos a las que este medio tuvo acceso.

Quejas sobre compromisos incumplidos

Además de las comunidades de Chila y Choaquere, Fuerabamba también demanda el cumplimiento de compromisos asumidos por la mina hace siete años. El presidente de esta comunidad indicó que de 171 compromisos adquiridos, la empresa solo cumplió 48.

Estos acuerdos incluían la construcción de infraestructura y la asistencia para el desarrollo económico de la comunidad. Además, señaló que se plantearon otros 93 compromisos en actas individuales, que tampoco han sido satisfechos en su totalidad. Dentro de este paquete hay un acuerdo, de 2014,  para la compra de 180 hectáreas de terrenos agrícolas para la comunidad.

A través del área de comunicaciones, la minera señaló a OjoPúblico que no se logró comprar el terreno de compensación porque no se han concretado las fechas de reuniones con la comunidad para definir las características del mismo. La empresa detalló que, entre 2015 y 2018, entregó S/ 215.000 a la comunidad para el alquiler de terrenos agrícolas y, entre  2019 y 2021, abonó S/ 450.000 por este concepto.

La empresa señaló que en setiembre de 2020, se retomaron las conversaciones para dar cumplimiento a la compra. En estas reuniones participaron miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  En enero de 2022, la comunidad nombró a su comisión de tierras. La empresa señala que hay un impasse en el cumplimiento del acuerdo porque la expectativa de la comunidad es la adquisición de los terrenos en valles agrícolas de Cusco o Arequipa, lo cual discrepa del compromiso acordado entre las partes originalmente.

En cuanto al señalamiento de la falta de cumplimiento de compromisos, la versión de la empresa es opuesta a la de la comunidad. Según indicó MMG Las Bambas a este medio, de los 171 acuerdos del compendio, se han cumplido 101 y, de los 93 acuerdos registrados en actas individuales, se han satisfecho 42.

Entre los compromisos que falta cumplir con la comunidad de Fuerabamba están la entrega de las 180 hectáreas agrícolas, la construcción de un camal, el relleno sanitario, el asfaltado de su carretera, entre otros.

CONFLICTO. La comunidad de Choaquere anunció la toma de terrenos vendidos a Las Bambas luego de que los comuneros de Fuerabamba se instalarán cerca de la mina.

Este escenario de dos versiones contrapuestas es difícil de esclarecer, ya que los convenios firmados entre la minera y la comunidad tienen una cláusula de confidencialidad, así lo explicó el economista y experto en temas mineros, José De Echave Cáceres. "Hoy en día tenemos la versión de la comunidad que dice que no cumplieron y la versión de la empresa que dice que sí cumplieron, pero que todavía faltan algunos puntos", señaló. 

De Echave Cáceres explicó que el Estado debe asumir un rol de mediador y sentar a las partes para determinar qué acuerdos se han cumplido. A decir del especialista, este conflicto es consecuencia de la confidencialidad de los acuerdos.

En su opinión, si bien la negociación que se realizó durante los años 2008 y 2009 entre la empresa y la comunidad de Fuerabamba se trata de un contrato privado, debió ser acompañada por el Estado, ya que es poco probable que acuerdos realizados entre partes desiguales no generen problemas a mediano o largo plazo.

"Estamos hablando de comunidades campesinas, de pueblos ancestrales que negocian con una minera transnacional. Es una negociación que no es simétrica, es bien dispareja. Yo creo que ahí el gran problema es pensar que esos acuerdos pueden ser sólidos en el tiempo", dijo.

Esta posición también es compartida por Porfirio Gutiérrez, alcalde distrital  de Challhuahuacho e integrante de la comunidad de Fuerabamba. La autoridad dijo a este medio que "hoy la gente de Fuerabamba llora, se arrepiente de haber entregado sus terrenos. En Fuerabamba teníamos agua, nuestras plantas, nuestras chacras, tres tipos de colores de tierra para sembrar, pajonales, pampas. La gente se emocionó con la idea del desarrollo, de educación, transporte, todo eso se ha implementado a medias, y es por lo que está reclamando ahora".

José de Echave explicó que el Estado debe asumir un rol de mediador y sentar a las partes para determinar qué acuerdos se han cumplido".

El alcalde de Challhuahuacho también tiene una agenda de puntos pendientes en su distrito. Esta semana estuvo en Lima, acompañado de una delegación de representantes de localidades que son parte de la zona de influencia de Las Bambas. La autoridad pide al Ejecutivo que se asigne presupuesto para cumplir compromisos asumidos por el Estado durante una mesa de diálogo celebrada en el 2019, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Entre los proyectos que se encuentran en espera está una represa de S/120 millones y el saneamiento de  los centros poblados de Pararani y Choccoyo, por S/14 millones.

El corredor minero de Las Bambas, que se extiende por más de 300 kilómetros, se ha convertido en una de las zonas de mayor conflictividad en el sur del país. De acuerdo al último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en el mes de marzo se registraron cuatro manifestaciones por el presunto incumplimiento de compromisos y problemas ambientales. 

Ese es el caso, por ejemplo, de la comunidad campesina de Chuicuni, que el 13 de marzo bloqueó vías del sector por el presunto incumplimiento de ofrecimientos y compromisos de parte de MMG Las Bambas. El 23 de marzo también se bloquearon las vías de ingreso al distrito de Coporaque, en la provincia de Espinar, Cusco. Los comuneros indicaron que la empresa minera incumplió con el compromiso de entrega de 20 tractores a las comunidades, y no hizo efectiva la entrega de un aporte económico.

"El Estado no puede simplemente instalar la mesa de diálogo, lograr acuerdos y después pensar que el conflicto se soluciona. Debe haber una capacidad de seguimiento, porque si esos acuerdos luego no se cumplen, se pierde la confianza de las comunidades", advirtió De Echave Cáceres.

Por su parte, el especialista Roger Merino, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que bajo el liderazgo del Viceministerio de Gobernanza Territorial debería crearse una instancia multisectorial que incluya a los actores locales para planificar y articular las inversiones, monitorear su gestión y hacer seguimiento a los resultados. "El Gobierno, sin embargo, está más preocupado en el populismo, el patrimonialismo y las pujas políticas antes que en hacer políticas públicas", aseguró.

Impacto económico

A los incumplimientos en los acuerdos suscritos entre las comunidades campesinas y empresas mineras durante los últimos 10 años de gobierno, se suman las consecuencias económicas de los conflictos sociales, registrados alrededor de las industrias extractivas. A la fecha, según la Defensoría del Pueblo, existen 86 disputas socioambientales vigentes del sector minero. 

En ese contexto, un reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indica que, en noviembre del año pasado, se dejó de producir 68.000 toneladas métricas de contenido fino (TMF) de cobre, por los reiterados bloqueos en el corredor minero del sur. Este hecho, de acuerdo a la publicación, impactó en el Producto Bruto Interno (PBI) del sector de minería metálica del 2021, en un estimado de -1,9 puntos porcentuales. 

En el documento también se menciona que, a raíz de las protestas, se dejaron de producir alrededor de 12.000 TMF de molibdeno y 488 TMF de zinc, cada uno con un impacto de -0,1 puntos porcentuales en el PBI del sector minería metálica. 

Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios Sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, explicó a OjoPúblico que cuando un conflicto social se soluciona, se pueden retomar los niveles de producción, pero nunca se recuperará lo que se dejó de producir. “Vamos a perder divisas en un momento en el que necesitamos tener mayores ingresos para paliar los efectos de la pandemia y los aumento en el costo de vida que vienen como consecuencia de la guerra [entre Rusia y Ucrania]”, refirió.

Respecto a los conflictos que han estallado este año, el caso de Cuajone (Moquegua) ha significado —según estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe)— pérdidas de producción superiores a las 7.000 toneladas de cobre solo en las dos primeras semanas de marzo.

DIÁLOGO. El 19 de abril, el primer ministro Aníbal Torres se reunió con autoridades de Challhuahuacho, pero la medida acatada por los comuneros persiste. 

Foto: PCM

Esta operación minera representa el 17% de toda la producción de cobre de Southern Copper, empresa con matriz en México, que ha calculado que la paralización de las operaciones por el conflicto generará una pérdida diaria al Estado de S/ 8'500.000. 

Mientras que Las Bambas, propiedad del capital chino de MMG Limited, ha tenido —de acuerdo a cálculos de la Snmpe— una afectación diaria para el país de S/9’500.000, cifra registrada en la paralización de diciembre de 2021. La empresa “debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad” también anunció a la bolsa de valores de Hong Kong la paralización de sus actividades a partir del 20 de abril del 2022″. 

Esta operación, según un informe realizado por la consultora Macroconsult a solicitud de la empresa, representa el 1% del PBI de todo el país, el 78% de la región Apurímac y el 9% del PBI minero nacional. Las Bambas es la tercera productora de cobre del Perú en términos de capacidad de producción.  

Gonzalo Delgado señala que, además de la pérdida de ingresos, otro riesgo de no solucionar los conflictos es la pérdida de confianza de los inversionistas, ya que en los próximos años estos van a tener en cuenta la calificación social y ambiental de los países, más allá de las reservas que posea de un mineral. 

“En el país debemos ponernos en marcha para crear políticas de estado que estimulen la resolución de los conflictos. Muchos de ellos son estructurales y tienen que ver con el incumplimiento de convenios de ambas partes, no solo de parte de la empresa, también del Estado”, puntualizó.