Los recuerdos de hace cuatro años, cuando el río Piura alcanzó un caudal de 3.400 metros cúbicos por segundo (m3/s) y se desbordó, volvieron este mes de marzo con las recientes lluvias que, aunque no son propias de un fenómeno El Niño que fue descartado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), sí golpean el norte y causan daños debido a la falta de infraestructura de prevención.

Los vecinos de las ciudades de Piura y Castilla han levantado muros de ladrillo en el frontis de sus viviendas; mientras en Catacaos los damnificados de El Niño costero siguen esperando las defensas ribereñas, que los protegerán de futuras inundaciones. Es marzo, cuatro años después de la peor inundación en el país, y las precipitaciones que se reportan en el norte han activado quebradas, aislado a varios pueblos y el río Piura ha comenzado a desbordarse en la sierra.    

Julio Domínguez, teniente gobernador de Tamborreal, en la provincia del Santa, región Áncash, recuerda que en marzo de 2017, el río Shisho arrasó con las plantaciones de arroz y otros cultivos de 100 familias de la zona. “El río no tenía su cauce limpio, estaba lleno de plantas y malezas, entonces se desbordó y se llevó los cultivos”, señala el agricultor. Cuatro años después, la situación ha cambiado poco. “Otra vez seguimos expuestos al mismo peligro”, advierte. 

Desde el año pasado, la Red Regional de OjoPúblico investiga el avance del proceso de reconstrucción en diversos sectores, como Educación y Salud. En esta tercera entrega, al cumplirse cuatro años del Niño costero, que coincide con el inicio de la temporada de lluvias fuertes, abordamos la problemática relacionada con las obras de prevención frente a inundaciones en las ciudades de la costa peruana. Los estragos en las ciudades son evidentes, debido a la falta de drenajes pluviales y un buen manejo de los ríos, que impida que se desborden.   

Desde el año pasado, OjoPúblico investiga el avance del proceso de reconstrucción en diversos sectores". 

El Informe elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señala que, el Niño costero de 2017 dejó una destrucción que no se comprende con la fría estadística: 138 personas fallecidas, 459 heridos y 18 desaparecidos, además de 63.802 viviendas inhabitables en todo el país, 2.870 colegios y 943 puestos de salud afectados. Pero en Piura, por ejemplo, cada habitante guarda una historia particular. Sergia Chera, de 77 años, perdió su casa en Pedregal Chico, Catacaos. El río arrasó con las paredes y, ahora, ella vive en un módulo de tripley que le regaló la iglesia católica. 

Luego del desastre, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) planteó dos tipos de intervenciones: obras de prevención, para evitar nuevas inundaciones; y la reconstrucción de toda la infraestructura afectada. En el primer rubro figuran 29 proyectos para el control de inundaciones de 17 ríos, cinco quebradas y drenajes pluviales en siete ciudades de la costa peruana. El costo total de estas obras supera los S/ 20 mil millones. Mientras que la segunda categoría comprende 1.742 intervenciones en infraestructura agrícola por un valor total de S/ 1.600 millones, que presenta un avance físico de 35%. 

Carlos Balarezo Mesones, exjefe de Indeci en Lambayeque, considera que estas obras son indispensables para reducir la vulnerabilidad de las regiones ante eventuales lluvias -como las que este mes soportan las regiones del norte- y proteger a la población de inundaciones. “No queremos repetir la historia del 2017, donde hubo terribles pérdidas humanas y económicas. Aún estamos en condición de alta vulnerabilidad; no se han intervenido las cuencas ni se han construido los drenajes para las ciudades”, señaló. 

AISLADOS. Las intensas lluvias han activado las quebradas en la sierra de Piura, y se ha restringido el paso en varias zonas. 

Foto: Chulucanas Noticias. 

Desde la primera semana de marzo, en la sierra de Piura varios distritos de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, e incluso zonas cerca a la capital, como Chulucanas, están quedando aislados por la crecida de las quebradas. y el río Piura se ha desbordado en varios puntos de la sierra. En Lambayeque los distritos de Íllimo y Túcume soportan intensas lluvias y los ciudadanos temen que se desborde el río La Leche, como ocurrió  cuatro años atrás. Mientras tanto, en La Libertad, también hay preocupación por la activación de varias quebradas.   

Las esperadas obras de prevención 

Las obras de prevención se ejecutan en dos fases. La primera sirve para realizar los estudios de preinversión que determinen su viabilidad; y, en la segunda, se elabora el expediente técnico y se ejecuta la obra. La ARCC explicó además que, en cada uno de los 17 ríos, se ejecutarán tres componentes: defensas ribereñas, construcción de reservorios y reforestación. 

Las defensas ribereñas son estructuras construidas en los ríos, para evitar que estos se desborden cuando las lluvias hacen crecer su cauce. En diciembre del año pasado se firmaron los contratos para elaborar los expedientes técnicos y ejecutar las obras en tres ríos: Matagente, en Ica; y Motupe y La Leche, ambos ubicados en Lambayeque. En otros 12 ríos, localizados en Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash y Lima ya se concluyeron los estudios de preinversión y se espera la licitación de las obras de defensa ribereña. Mientras que los dos restantes, de Piura y Chancay, siguen en fase de estudios de preinversión. 

Los reservorios, que se construirán para almacenar el agua excedente en las temporadas de lluvia -como la actual-, aún están en estudios de preinversión; así como las obras de reforestación. Estas incluyen plantación de árboles, trabajos de estabilización de los suelos y la instalación de sistemas de alerta temprana ante posibles desborde de los ríos. 

Todos los proyectos en 17 ríos, cinco quebradas y siete drenajes aún están en la fase de estudios".

En cuanto a las intervenciones sobre cinco quebradas, la Dirección de Soluciones Integrales de la ARCC informó a OjoPúblico que tres de ellas (San Idelfonso, El León y San Carlos, ubicadas en La Libertad) ya cuentan con estudios de viabilidad concluidos y pronto se lanzará  el proceso de selección para la elaboración de expediente técnico y la ejecución de la obra. Para las dos restantes, se espera que la quebrada de Cansas (Ica) tenga estudios de viabilidad concluidos este mes y la de Huaycoloro (Lima) en junio de este año.

No obstante, las obras más esperadas son los drenajes pluviales para las siete ciudades más vulnerables de la costa peruana. ¿Cuánto se ha avanzado? Tumbes, Paita, Chiclayo y Trujillo ya tienen su plan maestro aprobado, y ARCC estima que los estudios de preinversión concluirán entre mayo y agosto de este año. En el caso de Talara, Sullana y Piura, los estudios iniciaron recién en diciembre pasado y se prevé que estén listos entre julio y agosto de este año. 

En conclusión, todos los proyectos en 17 ríos, cinco quebradas y siete drenajes aún están en la fase de estudios. Joan Manuel Cáceres Dávila, director de Soluciones Integrales de la ARCC, estimó que, cuando se tengan los estudios concluidos, las intervenciones en las quebradas se ejecutarán en dos años; los drenajes de las ciudades, en tres ó cuatro años; y los ríos con sus tres componentes tardarían hasta cinco años, porque los trabajos incluyen represas y reforestación. 

Demoras y responsables

Los estudios de las 29 obras de prevención están a cargo de algunos gobiernos regionales y otras unidades ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pero una vez que sean declarados viables, todos pasarán a la ARCC, para que sean ejecutadas en el marco del convenio Gobierno a Gobierno con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.                                                                            

Uno de esos proyectos es la solución integral para el río Lacramarca, que nace en la sierra de Áncash y desemboca en el mar, entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. En  2017 su cauce se desbordó e inundó decenas de viviendas de los asentamientos humanos Villa María y Primero de Mayo, en el distrito de Nuevo Chimbote. 

Wenceslao Risco Zúñiga, secretario general del asentamiento humano Primero de Mayo, lamentó que el proyecto no haya pasado aún la etapa de estudios. “Queremos que se agilice el proceso, para evitar futuras inundaciones y proteger la propiedad privada y pública, porque en estos pueblos hay dos colegios”, indicó el dirigente.

La ARCC ha tenido, hasta el momento, tres directores: Pablo de La Flor, Nelson Chui y Amalia Moreno".

Hace cuatro años, durante el Niño costero, un total de 1.800 hectáreas de cultivos de mango, palta y espárrago, destinados a la exportación, también fueron arrasadas por el desborde del río Casma, en la provincia ancashina del mismo nombre. Los agricultores perdieron todas sus plantaciones. Ahora han vuelto a sembrar sus tierras, pero el riesgo es inminente con la temporada de lluvias. Mientras tanto, la obra de solución integral para el río Casma aún no se ejecuta. Tiene el estudio del componente defensa ribereña viable, pero todavía falta elaborar el expediente técnico e iniciar los trabajos.

El presidente de la Junta de Riego de Casma, Pedro Villanueva Guerrero, dijo a OjoPúblico que nada justifica la lentitud en el inicio de las obras. Aunque Rafael Barrio de Mendoza, investigador del grupo Propuesta Ciudadana, señaló que dos factores influyeron en el retraso de estos proyectos: los constantes cambios de autoridades en la ARCC y la demora de los gobiernos regionales. 

La ARCC ha tenido, hasta el momento, tres directores: Pablo de la Flor (2018), luego fue designado Nelson Chui Mejía (2019) y, desde el año pasado, la encargada es Amalia Moreno. “El proceso de reconstrucción ha sido de experimentación, desde el punto de vista de la gestión pública. Han pasado cinco años, tres de los cuales  [2018, 2019 y 2020] se dedicaron a la fase de estudios. En el mejor de los casos, en 2022 recién comenzarán los trabajos físicos”, explicó Barrio de Mendoza a OjoPúblico. 

El resultado es que, a cuatro años de El Niño costero, ninguna obra de prevención está lista".

El segundo aspecto que mencionó el investigador es la demora de los proyectos en los periodos que estuvieron a cargo de los gobiernos regionales. Como ejemplo, Barrios de Mendoza citó el caso de la solución integral de la quebrada San Ildefonso, en La Libertad. Fue proyectada, inicialmente, por el gobierno regional para ejecutarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Pero, tras observaciones del Colegio de Arquitectos de esa región, se prolongó el diseño del perfil técnico, y recién el mes pasado fue entregado a ARCC, la actual unidad ejecutora. 

El caso más representativo, sin embargo, es el del río Piura. En setiembre del año pasado el Gobierno Regional rescindió el contrato que había firmado con el Consorcio Inundaciones Piura [de origen español] por la suma de S/ 17,5 millones. El motivo: cambio de unidad ejecutora. Ahora está a cargo del convenio Gobierno a Gobierno. Bajo esta nueva modalidad, a fines de 2020 se eligió a una empresa alemana para que termine los estudios de solución integral del río y el plan maestro para el drenaje pluvial. 

El resultado es que, a cuatro años de El Niño costero, ninguna obra de prevención está lista y las ciudades del norte siguen expuestas a inundaciones. Al respecto, el director de Soluciones Integrales de la ARCC aceptó que “hay un retraso”, y dijo que recuperarán el tiempo perdido, acelerando las obras. 

PROPUESTA. Los trabajos de prevención en el río Piura pretenden reforestar las partes altas, construir reservorios y darle salida al mar. 

Foto: ARCC

Sin embargo, la principal preocupación de las autoridades es el presupuesto que se necesita para ejecutar los proyectos. Cáceres Dávila informó que, para este año, han garantizado entre S/ 1.600 y S/ 1.800 millones, el 9% del total. Precisó, además, que al inicio de las obras se gasta poco y luego, entre 2022 y 2024, estiman un repunte en la ejecución del gasto, hasta alcanzar los S/ 20 mil millones. 

En contraparte, el exdecano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Ciro Salazar Montaño, aseguró que hay riesgo de que el presupuesto para la ejecución de algunos proyectos, como el drenaje pluvial de Chiclayo, no esté asegurado. “El drenaje pluvial es inviable, tiene un presupuesto de S/ 2.240 millones. ¿Se va a poder invertir ese dinero con una economía tan golpeada por la pandemia? Ese plan maestro va a quedar encarpetado. No hay dinero para hacerlo”, advirtió a OjoPúblico. 

Otra de las observaciones que hizo Salazar fue que ARCC no invirtió previamente en el cambio de redes de agua y alcantarillado, y en obras de pavimentación. “El Ministerio de Vivienda tiene el proyecto de alcantarillado, pero recién va a elaborar el perfil técnico. La ARCC se creó para rehabilitar o reconstruir lo que el Niño Costero afectó y, en Chiclayo, fue el sistema de alcantarillado. Pero [con el drenaje pluvial], la ARCC está dejando un problema”, explicó el decano. 

La cuestionada descolmatación de los ríos

Como las obras de prevención estarán listas a largo plazo, la ARCC planificó ejecutar 1.742 intervenciones en infraestructura afectada del sector agrícola, con un presupuesto estimado de S/ 1.600 millones. Sin embargo, a diciembre del año pasado, el avance físico de estos proyectos era solo de 35%. Las reparaciones incluyen canales de riego, bocatomas y pequeñas presas; así como la descolmatación de los ríos. 

Estas últimas actividades contemplan el retiro de la tierra, piedras y lodo que dejaron los huaicos sobre la infraestructura de riego y los ríos. OjoPúblico solicitó, a través de los canales de acceso a la información pública, la relación de las intervenciones realizadas y concluyó que, entre 2017 y 2020, el Estado peruano ejecutó 436 proyectos de descolmatación en nueve regiones del país, incluida Lima, con un monto de inversión de más de S/ 187 millones. Piura fue la región donde se realizaron más trabajos de este tipo: 319, que representan más de S/ 46 millones.

Rafael Barrio de Mendoza, de Propuesta Ciudadana, advirtió que estos trabajos se fragmentaron y generaron el pago de un paquete de obras para un mismo río. “Por ejemplo, el río Piura se dividió en tramos y cada uno en franjas, margen derecha, margen izquierda -explicó el investigador-.Eso es un indicador de gestión, pero es difícil la trazabilidad de los metros cúbicos descolmatados y allí pudieron ocurrir malas prácticas”, señaló. 

Efectivamente, la Contraloría General de la República advirtió, en varios informes de control de 2018, riesgos en los trabajos ejecutados en el río Piura y Chira, que impidieron el avance de las obras. Incluso, el Midagri adjudicó la descolmatación de unos tramos del río Piura a la empresa Servicios Generales Viviana EIRL, investigada en Fiscalía Anticorrupción de Piura por los trabajos de descolmatación realizados entre 2015 y 2016. 

Estos trabajos no son los únicos en los que la Contraloría General detectó presuntas irregularidades. En setiembre de 2018, por ejemplo, la entidad concluyó que el Consorcio del Norte -a cargo de la obra de descolmatación del río Lacramarca, en el tramo Compuerta de Palos-Chachapoyas Alto, en la provincia del Santa- no había utilizado la totalidad del personal profesional y técnico ofertado, ni cumplió con usar toda la maquinaria indicada en los términos de referencia del contrato.

Las observaciones, contenidas en el Informe de Control Recurrente N° 253-2018, fueron el sustento para que Agrorural, la entidad ejecutora del proyecto, le aplique a la empresa una penalidad de S/ 439 mil, que Consorcio del Norte pagó el 8 de febrero de 2018. 

Entre 2017 y 2020, el Estado peruano ejecutó 436 proyectos de descolmatación en nueve regiones del país".

Otra de las empresas sancionadas fue el consorcio Universo, multado con más de S/ 1.5 millones, por demoras e incumplimientos en la descolmatación del río Casma, en Áncash. La obra tenía como unidad ejecutora al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y, según el Informe de Control Concurrente N° 730-2017, la empresa tuvo un retraso de 17 días en el plazo de presentación de la ficha definitiva, no trabajó con toda la maquinaria que ofertó y se retrasó en un 17%  respecto al cronograma de obra, en la ejecución del servicio contratado. 

La Contraloría también detectó que el PSI, entidad adscrita al Midagri, había pagado S/ 7,6 millones a la empresa American Contratistas Generales por trabajos no ejecutados y sin sustento técnico, en la obra de descolmatación del cauce del río La Leche, tramo I, en Lambayeque. El proyecto total estaba valorizado en S/ 21 millones. 

Estos hallazgos se encuentran en el Informe de Control Concurrente N° 2171-2019, donde se detalla la presunta responsabilidad penal de seis funcionarios del PSI, entre ellos, Jorge Leonidas Lizárraga Medina, titular de la Dirección de Infraestructura y Riego. Dicho informe sirvió de insumo para que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abriera, en 2018, una investigación por el delito de colusión agravada.