La Convención Minera Perumin reanudó esta semana su formato presencial en la ciudad de Arequipa luego de tres años de suspensión a causa de la pandemia. A diferencia del 2019, cuando las condiciones eran más auspiciosas en inversión para el sector, la atmósfera entre los asistentes de este año fue de cautela en torno al futuro de los grandes proyectos mineros.

Como preludio a Perumin 35, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió la resolución directoral que autorizó el inicio de operaciones del proyecto Quellaveco. Se trata de uno de los cinco yacimientos de cobre más grandes en el mundo, con una vida útil de producción por 30 años. Según el Boletín Estadístico Minero del mes de julio, la inversión global de este proyecto es de USD 5.300 millones. Su primer embarque de 35.400 toneladas de concentrado de cobre está próximo a salir desde el nuevo terminal portuario Engie en Ilo, con destino a China y Japón.

Walter Sánchez, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, indicó a OjoPúblico que el inicio de la operación comercial de Quellaveco impulsará el crecimiento del sector minero en el último trimestre del 2022. Sin embargo, la inversión estimada para este año, correspondiente a USD 5.300 millones, no superará los USD 5.908 millones invertidos en el 2019 y será ligeramente mayor a la inversión de USD 5.200 millones del 2021, refirió.   

La inversión global de Quellaveco es de USD 5.300 millones, lo que no superará lo invertido en el 2019.

La inversión minera en el país podría sufrir un revés en el 2023, ya que después de Quellaveco no existe una inversión de similar o de mayor magnitud como se muestra en la cartera de proyectos en construcción del Minem, que comprende la ejecución de 43 inversiones por USD 53.168 millones hasta el 2025 o fechas posteriores.

Este compendio detalla que la inversión de los proyectos que tienen programado empezar a operar en el 2023 o se encuentran en construcción llega a los USD 2.444 millones, casi la mitad de la inversión del 2022. En construcción se encuentra la ampliación Santa María de la compañía minera Poderosa, ubicada en La Libertad; la ampliación de Toromocho en Junín, la ampliación de Shouxin en Ica y los proyectos San Gabriel, ubicado en Moquegua, y Ariana, en Junín. Mientras que aquellas inversiones con factibilidad y que podrían iniciar operaciones el 2023 son dos: la ampliación de Las Bambas en Apurímac y la optimización de Inmaculada, de la minera Ares, en Ayacucho.

El Minem espera alcanzar una inversión de USD 4.000 millones para el siguiente año, por lo que Walter Sánchez indicó a OjoPúblico que se conversa con la empresa Newmont para que reevalúe su decisión de posponer el inicio del proyecto de Sulfuros en Yanacocha hasta la segunda mitad del 2024, y sea ejecutado en el 2023. Esta inversión en Cajamarca representaría un adicional de USD 2.250 millones.  

El futuro del cobre

El estado actual y futuro de la inversión minera en el país fue uno de los principales temas de discusión en la Cumbre Minera realizada durante Perumin 35. Una de las oportunidades para el sector es el desarrollo de las energías renovables y la electro movilidad.

Según el estudio "Cambios en la demanda de minerales", elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), debido al desarrollo y uso de energías limpias, la demanda mundial de cobre se incrementará de 26,9 a 33,5 millones de toneladas entre 2020 y 2030. China representará el 44% del mercado.

PROYECCIONES. Walter Sánchez espera que el 2023 la cartera de inversiones mineras supere los USD 4.000 millones.

Foto: Ojo Público / Fiorella Montaño

La fabricación de vehículos eléctricos impulsará el consumo de este mineral, ya que el cobre es un elemento importante en su construcción. El estudio de Cepal señala que a partir de 2030 se espera que los vehículos eléctricos representen alrededor del 10% de la demanda total de cobre a nivel mundial. Además, este metal será utilizado en la construcción de parques eólicos y módulos de paneles solares. Por todo ello, en el futuro se podría generar el déficit de este mineral. 

A partir de 2030 se espera que los vehículos eléctricos representen el 10% de la demanda mundial de cobre.

Cepal estima que las minas existentes solo podrán producir 18,4 millones de toneladas en 2030, cuando la demanda llegue a 33,5 millones de toneladas, por lo que es necesaria la ejecución de nuevos proyectos.

Augusto Cauti, exviceministro de minas, señaló a OjoPúblico que el 35% de la producción actual de cobre en el mundo es generada entre Chile y Perú. Ante el anunciado boom de este mineral, es necesario promover los proyectos de cobre que ya se encuentran en cartera pero están paralizados, además de promover la exploración. 

"En los últimos años se anunció la construcción de Michiquillay (Cajamarca), Magistral (Áncash), Zafranal (Arequipa), la ampliación de Las Bambas, pero no avanzan debido a la conflictividad e incertidumbre política en el país", indicó el especialista.

Si solo se habla de cobre, la cartera de construcción tiene 23 proyectos con una inversión de USD 36.507 millones, de los cuales nueve tienen fecha de inicio de operaciones hasta el 2025. La mayoría (14) tienen fecha de inicio por determinar debido a conflictos sociales o decisiones empresariales, entre ellos se encuentran Tía María en Arequipa y Río Blanco en Piura. En cuanto a la localización, la mayor parte de proyectos cupríferos se ubican en Apurímac (6), Cajamarca (3) y Arequipa (3).

Conflictividad afectó producción

Según el Banco Central de Reservas del Perú, hasta junio del 2022, el 30,8% del valor de exportaciones de productos metálicos correspondía al cobre, siendo este el material con mayor participación en el rubro. Sin embargo, el aplicativo Proyecta Minem muestra que la producción de cobre de enero a julio del presente año fue menor que la del año pasado en 0,1%. Entre los principales motivos de esta reducción se encuentra la paralización de actividades de Las Bambas en Apurímac y Cuajone en Moquegua a causa de conflictos socioambientales. 

Eduardo Orderique, gerente general de operaciones en minera Las Bambas, señaló durante Perumin 35 que, a causa de las manifestaciones de comuneros de Fuerabamba y Chalcobamba, las actividades de la mina se paralizaron por 57 días en el 2022. Desde el 2016, año en que iniciaron operaciones comerciales, la mina ha sufrido bloqueos que obstaculizaron sus operaciones de transporte logístico por 528 días.

En el 2021, la mina de cobre produjo 290 toneladas y en lo que va del 2022 se encuentran en una producción de 240 toneladas.  

COSTO. Eduardo Orderique señaló que conflictos sociales han causado la paralización de Las Bambas por 528 días desde el 2016.

Foto: Fiorella Montaño/Ojo Público. 

Las comunidades del corredor minero del sur reclaman la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por la empresa, además de la contaminación generada por el traslado de materiales. Para poner fin al conflicto, el Gobierno instaló seis mesas de diálogo con diversas comunidades.

Según refirió Eduardo Orderique, cuatro de ellas se encuentran a punto de concluir y se mantienen las mesas con las comunidades de Fuerabamba y Huancuire. Esta última comunidad vendió a la mina el terreno donde se planea construir el tajo de Chalcobamba, sin embargo reclaman que Las Bambas no cumplió con los compromisos asumidos en la transacción.

El último reporte de Conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 209 conflictos a nivel nacional hasta agosto, de los cuales el 42,6% está vinculado a la actividad minera. Se trata del periodo con mayor conflictividad en los últimos siete años. 

Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, señaló durante su presentación en Perumin 35 que si la frecuencia de protestas registrada en los primeros ocho meses del año persistiera, se llegaría a cerrar el año con 3.139 protestas.

En cuanto a los conflictos asociados a la minería, de los 68 activos el 70% se encuentra en fase de diálogo, sin embargo en 21 de ellos las mesas técnicas se instalaron después de hechos de violencia, lo que según Rolando Luque Mogrovejo revela la falta de prevención de la conflictividad.

Sobre las razones detrás de los conflictos sociales en la actividad minera, el funcionario de la Defensoría del Pueblo restó importancia a una teoría ampliamente mencionada por asistentes a Perumin 35, que señala que grupos ideologizados y actores sociales forman una red nacional dedicada a este fin. Muestra de ello es que solo el 10% de los conflictos son de oposición, es decir que la población está en contra de la minería. El 90% de los actuales conflictos se refieren a circunstancias problemáticas que surgen en la operación de la mina. "Los dirigentes tienen carácter más pragmático (…) la discusión termina siendo más económica que ideológica", señaló Luque Mogrovejo.

Otros factores que influyen en la conflictividad son la brecha social generada por la pobreza, que afecta en mayor medida a la población de la sierra, donde se ubican algunos de los principales proyectos mineros. 

El 10% de los conflictos sociales están relacionados a la oposición de la población a la minería". 

La falta de institucionalidad también es un factor que afecta la resolución de conflictos, en los últimos cinco años desde que se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial han habido 10 viceministros y desde que se creó la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, esta ha contado con 14 titulares.

Uso de recursos provenientes de la minería

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentó durante Perumin 35 el avance de un estudio sobre el uso del canon y las regalías mineras para el cierre de brechas. Raúl Molina, exviceministro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que este recurso planteado para hacer llegar la riqueza a las municipalidades que son parte de la zona de influencia de los proyectos tiene deficiencias, ya que concentra cantidades enormes de recursos en pocos municipios, y muchas veces se emplea en obras que no contribuyen al desarrollo de la localidad. 

El canon y las regalías mineras concentran cantidades enormes de recursos en pocos municipios.

Del 2008 al 2021 el 46% de las municipalidades recibieron S/ 5 millones o menos y solo el 7% recibió más de S/ 100 millones. En cuanto al uso del canon y regalías, el 21% fue usado en funciones de transporte, el 18% en planeamiento y gestión, el 11% en educación, 11% en saneamiento, 9% en agropecuaria, 5% en cultura y deporte, 5% en ambiente, 4% en salud, 4% en orden público y seguridad, 3% en deuda pública y el 8% en otras funciones. Lo que muestra que este recurso no es usado mayoritariamente para satisfacer necesidades sociales de salud, saneamiento o seguridad. 

El estudio revela también que la situación de distritos con más ingresos por canon y regalías no es muy distinta a la de sus vecinos que no tienen estos recursos. La dotación de servicios públicos como agua, desagüe y electricidad es similar.  Estas localidades no tienen más centros de salud que las demás o mayor presencia del sistema financiero, pero si mayor proporción de personas con educación superior.

PROPUESTA. Claudia Cooper, presidenta de Perumin 35, planteó modificar la forma de gasto del canon minero, un recurso volátil que no permite una programación del gasto.

Foto: Ojo Público / Fiorella Montaño

Una de las modificaciones planteadas al canon es la creación de un fondo de estabilización. Claudia Cooper, presidenta de Perumin 35, explicó que el canon es un recurso muy volátil, que cambia de año en año. Esta condición no permite desarrollar una programación de gasto del recurso a largo plazo, sino que genera una carrera para ejecutarlo en un año, muchas veces en obras sin proyección.

Armando Gallegos, presidente del directorio de la Escuela de Postgrado Gerens, indicó que se ha dejado de trabajar en iniciativas para hacer más eficaz el uso del canon. Explicó a OjoPúblico que el desarrollo territorial debe ser el primer paso para impulsar un portafolio de proyectos que potencie y ayude a cerrar las brechas de cada territorio.

 "A mayor desarrollo territorial, menor conflictividad porque mucho del descontento de las tensiones que se generan surge de no atender las necesidades del territorio", indicó. Aunque no se trate de una solución rápida a los conflictos es la más sostenible en el tiempo para eliminar este problema que afecta a las inversiones, sostuvo el experto. 

No solo los actuales proyectos en construcción están amenazados por la conflictividad y la falta de institucionalidad, sino la cartera de exploraciones. Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas, señaló durante su ponencia en Perumin 35 que la tendencia en proyectos de exploración en el país va a la baja de manera marcada y no recuperamos niveles del 2010 y 2011, cuando la cartera era superior a los 100 proyectos en exploración. La cartera del 2022 tiene 63 proyectos por una inversión de USD 586.0.

El desarrollo territorial debe ser el primer paso para impulsar proyectos que cierren brechas.

Frente al retroceso en la actividad extractiva, el ministro Burneo Farfán planteó mejorar el tema de la regulación, dotando de recursos a las oficinas encargadas de dar informes previos a autorizaciones de exploración para evitar entrampamientos de proyectos en oficinas. Además, anunció que no se realizarán cambios en la normativa tributaria del sector. Otra medida planteada será potenciar la ley de obras por impuestos para que las mineras puedan participar de proyectos de cierre de brechas en comunidades donde operan. Con estos cambios se espera mejorar las condiciones para incrementar las inversiones mineras el próximo año.