Cusco. A más de cuatro mil metros de altura, comunidades quechua de Espinar han expresado su rechazo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de ampliación Coroccohuayco, operado por la minera suiza Glencore. Son dos los cuestionamientos de parte de las comunidades indígenas: primero, que el estudio debió someterse la consulta previa, y segundo, que este debió incorporar a más comunidades dentro del área de influencia.

OjoPúblico tuvo acceso a documentos que revelan cómo el Ministerio de Energía y Minas ha impulsado el diálogo solo con 13 comunidades identificadas dentro del área de influencia por la minera, a pesar de que desde junio del 2019 ya habían recibido el pedido de otras ocho para ser incorporadas en el proceso de consulta.

El 25 de junio del 2019, los dirigentes de las comunidades de Chillque Molloccahua, Kanamarca, Mamanocca, Canlletera, Huacroyuta Marquiri, Antacama, Huarcapata y Chorrillos solicitaron a la entonces ministra Ulla Homquist Pachas, ser consideradas en el proceso de consulta, pues se consideran "pueblos originarios asentados en la cuenca del río Salado, en el entorno del yacimiento minero Ccorccohuayco (operado por Glencore), dentro del área de influencia e impacto". La carta nunca fue respondida por esa gestión.

Retrasos y cartas sin responder

En julio las comunidades vuelven a enviar una carta, y esta vez el mismo 5 de julio, la dirección de derechos de los pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, envía un oficio al director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM), José Luis Carbajal Briceño, en el que se le informa que existe un pedido de consulta previa de parte de las ocho comunidades mencionadas. Le solicitan una respuesta, pero esta no llega.

Dos meses después, ante el silencio del MEM, la misma dirección de Cultura, reitera a Carbajal Briceño, el pedido realizado por las comunidades. Sin embargo, la respuesta no ha llegado hasta el día de hoy. OjoPúblico preguntó al Ministerio de Energía y Minas por qué no había respondido a las comunidades, pero no atendieron la consulta, solo informaron que estaban planificando el proceso de consulta previa solo con las 13 comunidades consideradas por Glencore en su EIA.

El pasado 16 de diciembre del 2019, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la modificación del estudio que permite a la compañía de capitales suizos construir un nuevo tajo abierto sobre territorios considerados indígenas. 

IGNORADAS. En junio del 2019, un grupo de comunidades de Espinar pidió ser consideradas en el proceso de consulta previa pero a la fecha su solicitud no ha tenido mayor avance. 

Captura: Ministerio de Cultura. 

El Senace aprobó el EIA y no realizó la consulta previa para discutir los alcances de este proyecto, a pesar de que la Defensoría del Pueblo recomendó meses antes, a través de dos amplios informes, la realización de este proceso de diálogo antes de la aprobación del instrumento ambiental.

El Ministerio de Energía y Minas, a pesar de estas observaciones, señaló que la consulta solo se realizaría cuando la compañía solicitara autorización para el inicio de sus actividades.

"Exigimos a las autoridades competentes que declare la nulidad de la resolución directoral (del Senace)", se lee en un comunicado firmado por los dirigentes de las comunidades.

ZONA MINERA. En el Estudio de Impacto Ambiental de Antapaccay se consideraron a 13 comunidades dentro del área social de influencia directa del proyecto de expansión Coroccohuayco. 

Mapa: Informe 010117-2019 Senace.

En el documento del Senace, rechazado por el grupo de comunidades que participó del paro y al que accedió OjoPúblico, se indica que la medida aprobada “no autoriza el inicio de actividades”, ni “crea” o “extingue derechos sobre los terrenos superficiales ubicados en el área del proyecto”. Por su parte el sustento técnico, explicado en 1.100 páginas, cuenta con más de 200 observaciones absueltas por la compañía e incluye mapas donde se ubican las zonas de las operaciones e impacto socioambiental.

Desde la oficina de comunicaciones del Senace dijeron a OjoPúblico que la institución no dará declaraciones ni publicará algún tipo de pronunciamiento sobre el caso.  

OjoPúblico también envió a las oficinas de Glencore en Lima una serie de preguntas sobre el proyecto de ampliación de Antapaccay, pero al cierre de esta publicación no respondieron. 

Oficio Comunidades by Ojo-publico.com on Scribd

OFICIO. En setiembre del 2019, el Ministerio de Cultura reiteró al Minem el pedido de revisión de consulta previa realizado por ocho comunidades de Espinar pero a la fecha no ha habido respuesta de este sector.   
 

Consulta previa para los EIA

La Defensoría del Pueblo sostiene que el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto minero sí debería pasar por un proceso de consulta. En su informe del 2019, señala que "en esta instancia se conoce en detalle y con certeza las posibles afectaciones que el futuro proyecto acarrearía sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas consultados". 

Como sustento, el programa de pueblos indígenas de esta entidad menciona las experiencias de Bolivia, Chile y Colombia, donde la consulta se realiza antes de la aprobación de instrumentos ambientales como los EIA.

Roger Merino, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, coincide con la Defensoría y considera además en que la ley de consulta previa debe ser revisada. “El problema de fondo es que no se está anticipando mecanismos que permitan a las comunidades dar su visión de desarrollo de manera directa”, dijo a OjoPúblico.

Por su parte, Maritza Paredes, socióloga e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la consulta previa tiene varios problemas porque no es homogénea para todos los sectores. “¿Cuál es la lógica que en hidrocarburos se haga antes de que haya cualquier información sobre el EIA? ¿Y por qué en minería se hace cuando ya se aprobaron todos los estudios?", cuestiona la especialista.

La investigadora también señala que "los derechos comunales se ven vulnerados por el reglamento de la consulta porque no necesariamente protege que esta se haga en el momento más adecuado, sino cuando el sector lo crea más conveniente". 

Como parte de un análisis realizado a la modificación del EIA para el proyecto Coroccohuayco, Leonidas Wiener Ramos, especialista legal de Cooperacción, alerta que dentro de este documento existen vacíos sobre la adquisición de terrenos comunales: "El titular del proyecto minero (...) no ha incluido como parte de esta propuesta (...) una evaluación de los impactos a los derechos colectivos que se producirían en estas comunidades”, agrega. 

Representantes del Ministerio de Cultura explicaron a OjoPúblico que están evaluando las propuestas de Plan de Consulta Previa, una presentada por el Ministerio de Energía y Minas y la otra por las 13 comunidades que participarán del proceso. A partir de este consenso se tendrá un cronograma para las siguiente etapas. Mientras, el Ministerio de Energía y Minas siguen sin responder al pedido de las ocho comunidades que también quieren ser consultadas.