Con información de Elizabeth Salazar, Karin Chacón, Clarys  Cárdenas y Vidal Merma.

El reciente anuncio del Presidente de la República, Martín Vizcarra, para promover una nueva Ley General de Minería, fue un pedido expreso de los gobernadores de la Macro Región Sur que se reunieron con él la semana pasada para encontrar una salida a los conflictos sociales en sus regiones. Aunque se desconocen los cambios que el Ejecutivo planteará en su proyecto de ley, la iniciativa reformará una ley que tiene 27 años de vigencia.

El Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería fue aprobado durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, a través del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, pero su marco legal data de 1981. La norma actual se promulgó como parte de la política de promoción de inversiones y sirvió para consolidar beneficios fiscales a favor de las grandes compañías mineras, a través de los acuerdos de estabilidad jurídica y tributaria.

Epifanio Baca, economista y coordinador ejecutivo de la ONG Propuesta Ciudadana, considera que la nueva ley debe incluir una reforma normativa en el ámbito social, ambiental y tributario, con el fin de reducir los conflictos en torno a la actividad minera. Hasta junio de este año, la Defensoría del Pueblo tenía identificados 117 conflictos socioambientales en todo el país, el 62% de los cuales (73) está relacionado a la minería. 

“Entre los puntos más controversiales de la actual Ley General de Minería está la entrega automática de concesiones mineras y de contratos para que las empresas obtengan beneficios tributarios. Nadie niega que esta actividad es importante para el país, pero si queremos que se haga de modo responsable se deben revisar estos aspectos, al igual que los decretos aprobados el 2014 para reducir las multas a las mineras que contaminan”, señaló Baca a Ojo-Publico.com.

REGIONES. La nueva Ley General de Minería fue un pedido de los siete gobernadores del sur que se reunieron con el presidente Vizcarra para analizar la solución a los conflictos mineros.

Foto: El Búho.

El economista José de Echave, exviceministro de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam) y miembro de la ONG Cooperacción, coincide en que la norma creó un clima favorable para atraer las inversiones, pero no les dio la misma importancia a los derechos económicos y ambientales de las comunidades donde se desarrollarán los proyectos extractivos.

Además, la ley centralizó los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). "En 1990 se aprobó el Código del Medio Ambiente para que los derechos, políticas e instrumentos de gestión ambiental se resuelvan con un carácter transversal, pero la Ley General de Minería quebró el espíritu de la norma y sectorizó los EIA con el objetivo de que sea el Ministerio de Energía y Minas el que decida sobre este tema, y así ha funcionado hasta hace muy poco", agregó Echave.

Fuentes de Ojo-Publico.com confirmaron que esta semana la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) convocará a una reunión de directorio para analizar este y otros puntos del mensaje presidencial de 28 de julio. “Ninguna ley está escrita sobre piedra, pero no es el momento adecuado. Se está respondiendo a la presión por los gobiernos regionales del sur”, dijo el último domingo María Isabel León, presidenta del gremio que reúne a las principales empresas del país.

Conflictos se reactivaron este mes

El gobierno plantea una nueva Ley General de Minería en un contexto de conflictos sociales registrados en varias regiones del sur del país.

El primero de ellos comenzó en Puno. El 22 de julio los habitantes de las localidades Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri, ubicadas en las provincias de Melgar y Lampa, iniciaron un paro indefinido pidiendo el cierre de la mina Arasi, propiedad de la compañía peruana Aruntani SAC y a la que responsabilizan por la contaminación del río Llallimayo.

PUNO. Los afectados por la contaminación del río Llallimayo bloquearon el acceso a la ciudad. Ellos han dado una tregua de 15 días al Gobierno para que se asegure el cierre de la mina Arasi.

Foto: Primitiva Coarite / Ojo-Publico.com

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó en mayo del 2018 la anulación de dos operaciones de la minera: el tajo y el botadero “Jessica”, pues encontró la actividad estaba filtrando metales pesados en la zona.

A pesar de la sanción, el 19 de julio de este año, los inspectores del OEFA visitaron la mina y encontraron que esta seguía procesando oro con cianuro, mercurio y zinc, aprovechando un vacío legal en la medida cautelar de cierre. Este hecho alteró los ánimos de los pobladores e iniciaron una protesta bloqueando el transporte público en Puno.

El presidente Vizcarra también se pronunció sobre este caso en su mensaje a la Nación. “Esta semana se terminó el cierre de la unidad minera Arasi en Puno. No podrá seguir operando, vamos a garantizar el respeto por las personas y el medio ambiente”, dijo.

El mandatario se refiere a la reunión que sostuvieron el viernes 26 de julio los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; de Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic; y de Vivienda, Miguel Estrada Mendoza; con el gobernador puneño Walter Aduviri y con las autoridades locales de Melgar. Al término del encuentro se difundió en la prensa el levantamiento de la medida de protesta, pero lo que en realidad se ha acordado es una tregua de 15 días.

TREGUA. El viernes 26 de julio, dos días antes del mensaje presidencial, los ministros de Ambiente, Transporte y Energía y Minas suscribieron un acta con los dirigentes de Puno.

Foto: Rigoberto Ccama

El mismo 26 de julio el Estado firmó la Resolución Directoral 01110-2019-OEFA/DFAI para asegurar el cierre de la mina. El documento, al que tuvimos acceso, amplía los alcances de la primera sanción para que sea efectiva, pero le da un plazo de 180 días a la empresa y la opción de presentar un recurso de reconsideración y apelación.

En el acta de la reunión firmada por los asistentes se señala que la tregua es para emitir una nueva resolución que asegure la paralización inmediata de Arasi. Además, el alcalde de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa, pidió que se evalúe el retiro de las minas Santo Domingo, Huacoto y Águilas que también se ubican en la cabecera de cuenca.

Por su parte, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, solicitó que se descontamine la zona y se indemnice a las familias. “Ni el gobierno regional ni los municipios han contaminado a Llallimayo, la responsabilidad es de la minera y esta debe hacerse cargo”, añadió.

En Arequipa, Moquegua y Cusco

Los afectados en Llallimayo fueron uno de los grupos que marcharon en la región sur en solidaridad con el Valle de Tambo, en Arequipa, donde hoy se cumplen 15 días de paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María, propiedad de la compañía Southern, del Grupo México. 

En diálogo con Ojo-Publico.com, el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, lamentó que el presidente Vizcarra no haya mencionado el conflicto en Tía María en su mensaje por Fiestas Patrias. “Sería una buena opción que la nueva Ley General de Minería apueste por el desarrollo de los pueblos, que no se abran tajos sin control y se sinceren los precios por la extracción de nuestros recursos minerales. Pero esto es muy aparte de las protestas por Tía María. Acá el pueblo pide que se anule su licencia", agregó.

AREQUIPA. Las protestas contra el proyecto Tía María, propiedad de la empresa Southern Copper, continúan en Arequipa. Van 16 días de paro indefinido.

Foto: El Búho.​

También durante las últimas semanas, en Moquegua, la federación de agricultores y la junta de usuarios de agua lideraron protestas contra la minera Anglo American y su proyecto Quellaveco, que está en fase de construcción. Desde la quincena de julio, los manifestantes -que también expresaron su respaldo a los agricultores de Tía María- han salido a las calles para exigir que la empresa cumpla el compromiso de comprar productos a empresas locales y contratar a trabajadores de la región.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (Fedip), Emilio Callata, indicó que la construcción de la mina está contaminando el agua y los pastizales. La minera Quellaveco respondió a través de un comunicado donde asegura haber empleado a 4.946 moqueguanos en el proyecto, y que ha comprado bienes y servicios a negocios locales por un valor de S/12 millones mensuales.

De otro lado, en Cusco, se registraron otros dos conflictos mineros que involucran diferentes demandas. El primero es promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera Hudbay (Sutramicoh), quienes el pasado 23 y 24 de julio paralizaron sus actividades exigiendo el pago de un bono compensatorio por las utilidades que reciben en la explotación del proyecto Constancia, ubicada en la provincia de Chumbivilcas.

CUSCO. Los habitantes de la comunidad Tintaya Marquiri piden que Antapaccay cumpla los acuerdos laborales y de desarrollo social ofrecidos hace seis años.

Foto: Vidal Merma / Ojo-Publico.com

Según el secretario del sindicato, Edgard Galarreta Muñoz, la empresa canadiense Hudbay les pagó una parte de las utilidades que les correspondía por el periodo 2018, año en que la producción de cobre, plata y molibdeno se incrementó. Los 312 agremiados han acordado acatar el paro convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú para el próximo 10 de setiembre.

El segundo conflicto cusqueño estalló en diferentes distritos de Espinar, provincia que convive con la minería desde hace 36 años. Aquí los habitantes de las 12 comunidades del área de influencia del proyecto Coroccohuayco, que impulsa la suiza Glencore como una extensión de su mina Antapaccay, exigen que se realice la consulta previa a esta ampliación minera. En tanto, la comunidad campesina de Tintaya Marquiri pide a la misma empresa que cumpla los acuerdos laborales y de desarrollo social ofrecidos hace seis años.

“Tenemos múltiples mesas de diálogo, pero en estos años no hemos visto desarrollo para Espinar. Antapaccay ha incumplido los compromisos referidos a prestación de servicios de empresas comunales, cupos laborales, entre otros”, dice el presidente de dicha comunidad, Javier Alccamari, quien encabezó una marcha contra la minera el pasado 18 de julio.

INASISTENCIA. Las autoridades y dirigentes comunales de Espinar cancelaron la última reunión ante la inasistencia del ministro de Energía y Minas y los gerentes de las mineras.

Foto: Captura Ojo-Publico.com

En mayo, a través de la Resolución Ministerial N° 165-2019, el Ejecutivo creó una mesa de diálogo con las autoridades locales para solucionar las demandas que tienen sus comunidades respecto a la actividad minera de las empresas Glencore-Antapaccay, Hudbay, MMG-Las Bambas y Brexia Gold Plata.

Los reclamos contra los proyectos mineros Coroccohuayco y Antapaccay debieron ser debatidos el 19 de julio en uno de los cuatro subgrupos de trabajo de la mencionada mesa de diálogo, el cual se denomina “Consulta previa y corredor minero”. Sin embargo, según el acta de asamblea firmado aquel día, no se contó con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ni con los cuatro gerentes o representantes de las compañías mineras, tal y como se había acordado en la reunión previa del 5 de julio.

El alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas Armendáriz, y los dirigentes de los frentes de defensa y de las comunidades han reprogramado el encuentro para el próximo 6 de agosto.