Aunque el pasado 30 de junio la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sugirió la posibilidad de realizar consultas previas virtuales para proyectos mineros, esta semana, la titular de Energía y Minas, Susana Vilca, ha descartado dicha propuesta y ha señalado que estos procesos serán presenciales. El anuncio fue hecho luego de que diversas organizaciones indígenas rechazaran drásticamente la medida virtual. 

La mayoría de las comunidades no tienen acceso a Internet y han cuestionado la respuesta del Estado en la pandemia hacia los pueblos indígenas. 

Desde que se implementó el reglamento de Consulta Previa en el Perú, en abril del 2012, se han concluido 40 procesos de consulta: 19 en la Amazonía peruana, 16 en los Andes y 5 en la costa. Asimismo, están en proceso otros 19: diez en la selva y otros nueve en la sierra. Seis corresponden a proyectos mineros, siete a hidrocarburos, cuatro a áreas de conservación y dos a propuestas de declaratoria de paisaje cultural. Es decir, 13 están vinculados a proyectos extractivos.

Entre los procesos de consulta previa en ejecución figura el proyecto de explotación minera San Gabriel, en Moquegua, que motivó a que la ministra Alva anunciara las consultas virtuales. Dicho proyecto, ubicado en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, contempla la explotación subterránea de oro y plata por parte de la minera Buenaventura. Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado desde marzo del 2017.

El proyecto de exploración minera Tumipampa - Sur, ubicado en la región Apurímac, a cargo de la minera canadiense Dynacor Gold Mine también está sometido a consulta previa; al igual que el proyecto integración Coroccohuayco (ampliación de la mina Antapaccay), de la suiza Glencore, que invertirá US$ 590 millones para extraer cobre en la provincia de Espinar, en el Cusco. Sin embargo, las comunidades de la zona de influencia se oponen.

La región Loreto tiene cinco procesos de consulta previa en marcha. Cuatro de ellos están referidos a proyectos de hidrocarburos en los lotes 165; 197; 198 y 192. Este último se localiza en el distrito de Andoas, en la provincia del Datem del Marañón y puede llegar a producir hasta 12 mil barriles de crudo de petróleo al día, y es operado por la compañía Frontera Energy del Perú. Este lote ha sido escenario de conflicto debido a constantes derrames de petróleo que causaron estragos en las comunidades indígenas cercanas al proyecto. 

Para César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, la propuesta de una consulta virtual era bastante irreal y no tomaba en cuenta la situación actual de las comunidades indígenas. “Es contradictorio que el gobierno haya atendido en último lugar a las comunidades indígenas por el Covid-19 y ahora quiera acelerar en esta misma población procesos de inversión. No se trata solo de enviar información y decir "respóndeme", más aún cuando las comunidades ni siquiera tienen Internet. Creo que se planteaba una situación irreal en el país, que no se hubiera ajustado a los estándares de exigencia de un diálogo abierto y claro como manda la ley”, dijo.

Pedidos de auxilio

En el Perú existen 55 pueblos indígenas: 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. Según el Ministerio de Cultura, hay una población indígena total de 2’014.534 personas, agrupada en uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos: menos de la mitad (el 48%) tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad y el 75,4% no tiene acceso a servicios de salud. 

Desde el inicio de la pandemia los pueblos indígenas se aislaron para evitar que el virus ingrese a sus territorios. Sin embargo, pese a sus esfuerzos el Covid-19 entró y avanza más rápido que el Estado. En Loreto, según la Dirección Regional de Salud, hay más de 2.500 indígenas con las enfermedad, que viven en las provincias de Loreto, Maynas y Requena. Mientras tanto, en Ucayali la Dirección Regional de Salud reporta que hasta la fecha hay 1.315 indígenas con Covid-19, mayoritariamente de los pueblos shipibo-conibo, cacataibo, yine y asháninka. 

En el Perú existen 55 pueblos indígenas: 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. Su población total supera los 2’014.534 personas

Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) dijo que los pueblos indígenas están de luto por las muertes a causa del Covid-19. “Venimos exigiendo el derecho a la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía y de los Andes. Pedimos auxilio por salvar las vidas de nuestros hermanos”, reiteró el líder esta semana, en una conferencia virtual en la que participaron representantes de seis organizaciones indígenas de pueblos indígenas amazónicos y de los Andes. 

Añadió que la Amazonía vive un desastre a causa de la pandemia, y es lamentable que a casi 4 meses del inicio del Estado de Emergencia aún no reciban la atención adecuada. “No nos prioricen para hacer consultas virtuales, sino para salvar nuestras vidas. Priorícennos garantizando nuestros derechos, la consulta previa no es un trámite, es un derecho de lograr consentimiento libre, informado, sin presiones”, comentó. 

Para Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), es necesario que el gobierno escuche directamente las voces de los pueblos amazónicos y de los Andes. “El país atraviesa una situación difícil, nuestros hermanos indígenas siguen muriendo. Necesitamos que nos atiendan con urgencia”, dijo. 

RECLAMO JUSTO. Las comunidades indígenas han solicitado atención urgente para evitar más muertes por el Covid-19.

Foto: Ralph Zapata/ OjoPúblico

Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, dijo que la pandemia las ha golpeado duramente. “Somos más de 3 millones de mujeres indígenas, medio millón somos analfabetas. Durante estos 4 meses hemos pedido apoyo económico al gobierno y nos nos han atendido, ni en salud ni en educación para  que nuestros hijos no suban al cerro a escuchar el ‘Aprendo en casa’. Nosotras las mujeres hemos seguido trabajando en cuarentena”, dijo. 

A su turno, Hugo Jilaja, presidente de Unión Nacional de Comunidades Aymaras, dijo: “Hasta cuándo nos van a utilizar como solución económica para el Estado, nos ven como elementos de ingreso, pero no de egreso. Somos población sin acceso a los medios de comunicación ni a Internet. Estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, por la alimentación de la población de zonas alejadas, azotados por las bajas temperaturas y el friaje”. 

Los líderes indígenas coincidieron en que en este momento es urgente que el gobierno envíe medicinas, médicos y oxígeno a las comunidades indígenas, pues muchas personas están muriendo a causa del Covid-19. Lizardo Cauper dijo que esperan reunirse con el presidente Martín Vizcarra y las ministras de Economía, de Energía y Minas y el primer ministro, a fin de reiterarles la situación de abandono que afrontan los territorios indígenas.

Además, Cauper explicó que otra de sus preocupaciones es que las actividades extractivas no han paralizado en sus territorios. Como ejemplo citó que la empresa de capitales chilenos Geopark ha sido denunciada por las naciones Wampis y Achuar por haber ingresado a las comunidades de Loreto en plena cuarentena. Añadió que en Ucayali también han solicitado que se detengan las operaciones de palma aceitera para no agravar la situación de las comunidades. 

Por su parte, el presidente de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Julio Cusurichi, dijo que una empresa forestal ingresó maquinaria a una zona que es parte de la Reserva Territorial Madre de Dios, que alberga a indígenas Mashco Piro en aislamiento voluntario.

Por su parte, Wilder Sánchez, presidente de la Confederación Campesina del Perú, dijo que esta pandemia ha expuesto las grandes brechas en el país. “Vivimos una situación difícil, sobre todo en las comunidades campesinas y pueblos indígenas que han sido olvidados históricamente”, lamentó. 

Este año se cumplen 25 años de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Perú, que estipula la consulta previa a los pueblos indígenas.