Los Comités de Autodefensa (CAD) surgieron en 1984 para luchar contra Sendero Luminoso y en 1990 se les entregó armas para continuar con su labor de apoyo a la pacificación interna. A la fecha, están reconocidos 915 CAD, que tienen registradas 6.400 armas aproximadamente. 

Todos los CAD operan actualmente en los departamentos de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, que forman parte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), informó el Ministerio de Defensa a OjoPúblico. Tras la pacificación, los CAD de las regiones Pasco y Huánuco se desactivaron, mientras que los del Vraem siguieron activos y se dedicaron a proteger a sus comunidades, luchando contra los remanentes terroristas y el narcotráfico, por lo que sus líderes demandaban su incorporación al sistema de seguridad ciudadana y provisión de armas. 

El pasado jueves 16 de junio se publicó la Ley 31494, aprobada por insistencia por el Congreso de la República, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Dicha norma identifica a los CAD como organizaciones de la población que desarrollan actividades de autodefensa de sus comunidades contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana. 

Además, la ley establece que los CAD serán reconocidos como personas jurídicas, que apoyarán a la Policía Nacional en el control interno de la seguridad ciudadana, y podrán proponer proyectos de infraestructura y hacer seguimiento de la gestión municipal. También se precisa que en los territorios declarados en emergencia pueden coadyuvar a las Fuerzas Armadas en la pacificación y se les permitirá el uso de armas —por compra o donación del Estado y privados— en lugares declarados en emergencia.

APOYO. Los comités de autodefensa del Vraem han solicitado por años preparación para defender su territorio del narcotráfico y los remanentes terroristas. 

Foto: Sucamec

Se establece un plazo de 30 días para que los ministerios de Defensa e Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros trabajen en la reglamentación de la norma. Sin embargo, las organizaciones campesinas e indígenas solicitaron la derogatoria de la ley porque “promueve un paramilitarismo financiado por el Estado y el sector privado”, señaló la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) en un pronunciamiento. 

Según Onampiap, se utilizará a los CAD para que “las mafias vinculadas a las actividades ilegales y el extractivismo, que nos despoja y destruye nuestros territorios, organicen sus grupos armados”.

La postura indígena

La Ley 279008 permite a las rondas campesinas organizarse y velar por la seguridad interna de las comunidades, una tarea que han realizado sin usar armas. “Las rondas campesinas cumplen la labor de seguridad ciudadana al patrullar el territorio de las comunidades y retener a los delincuentes que asaltan, violan o agreden a otros para luego ser entregados a la Policía. Realizamos este trabajo sin necesidad de usar armas”, indicó Fernando Chiquillin Ramos, dirigente rondero de Cajamarca.  

Chiquillin Ramos señaló que su organización rechaza la ley que reconoce a los CAD porque puede generar mayor tensión en las comunidades al permitir que un grupo acceda a portar armas y se superpongan funciones que ya cumplían las rondas campesinas. De la misma opinión es Jaime Borda, presidente de la Red Muqui, quien alerta que tener comités de autodefensa con uso de armas pondría en peligro la estructura orgánica de las comunidades porque se producirían enfrentamientos entre sus miembros.

La Ley 31494 puede generar mayor tensión en las comunidades al permitir que un grupo acceda a portar armas.

Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), resalta que la Ley 31494 vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa están a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CAD, aunque en muchos casos no conozcan su territorio, historias y costumbres.

Pérez Aguilera sostiene que en las comunidades amazónicas deben funcionar las guardias indígenas porque estás están sujetas a la comunidad y pueden plantear medidas de seguridad territorial desde sus culturas. Por ejemplo, el pueblo kakataibo —que vive entre la frontera de Huánuco y Ucayali— ha formado sus propias guardias indígenas ante la constante amenaza del narcotráfico. 

Berlín Diques Ríos, presidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), explicó que una amenaza para los pueblos indígenas es que también se reconozca y provea de armas a grupos de colonos que se autodenominan comités de autodefensa, pero que en la actualidad no tienen el reconocimiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. “En Puerto Inca los ilegales se hacen pasar por CAD para tener el apoyo de las autoridades locales, cuando lo único que hacen es amenazar a nuestros hermanos que se oponen a la destrucción de los bosques”, refirió el líder.

REGISTRADAS. Las armas que usan los 915 comités de autodefensa han sido registradas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) .

Foto: Sucamec

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) confirmó a OjoPúblico que en los próximos días emitirán un pronunciamiento en contra de la Ley que reconoce a los CAD porque vulnera los derechos de los pueblos indígenas al permitir el uso de armas en sus territorios.

Por su parte, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) que cuenta con 53 comunidades en el Vraem, de las cuales 49 son reconocidos por el CCFFAA, tiene otra postura sobre la ley que permite entregar armas a los CAD. Debido a la zona donde se ubican, consideran necesario que los miembros de las comunidades tengan armas para uso exclusivo de defensa de su territorio. “En ocasiones, los asháninkas tuvieron que usar las armas de los CAD para intervenir cargas de mercancía que transportaban droga”, indica Irupé Cañari Aragón, asesora legal de la organización indígena.  

La organización solicitaba constantemente al Ejecutivo implementarlos con armas porque las que tienen son escopetas de los años 90. “Vivimos en un territorio donde es necesario tener un grupo organizado de indígenas para defendernos”, dijo Cañari Aragón. No obstante, considera que la estrategia de tener CAD que se dediquen a la lucha contra la criminalidad organizada no es adecuada porque generaría más amenazas contra los indígenas. 

El peligro de una organización armada

La Ley 31494 fue observada en julio del 2021 por el expresidente Francisco Sagasti y retornó al Congreso de la República. Con el cambio de Gobierno, la nueva gestión del Congreso volvió a tratar el tema aprobándose el último 2 de junio con 95 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Renovación Popular y otros votaron en bloque. En Perú Libre votaron a favor seis de sus 16 congresistas. 

El Ministerio del Interior advirtió en su opinión legal de setiembre del 2020 que el entonces proyecto de ley no era viable porque “existe peligro que se constituya una organización armada paralela a la Policía Nacional del Perú e incluso a las Fuerzas Armadas” al darle un carácter nacional y uso de armas, lo que pondría en riesgo el mantenimiento del orden público”. Por su parte, el Ministerio de Defensa llamaba la atención sobre “una superposición de funciones” porque en la actualidad las rondas campesinas realizan el trabajo del mantenimiento del orden interno en zonas rurales. Pese a estas observaciones, el proyecto fue aprobado y promulgado.

ADVERTENCIA. El Ministerio de Defensa considera que brindar armas a los CAD generaría un peligro para la seguridad del Estado.

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OjoPúblico solicitó una entrevista al Ministerio de Defensa para conocer su postura sobre entregar armas e involucrar a los CAD en la lucha contra la ilegalidad, pero esta no se concretó.

El experto en narcotráfico Jaime Antezana advierte que uno de los mayores peligros de armar a los CAD e involucrarlos en la lucha contra la criminalidad organizada es que algunos de estos comités terminen apoyando a los ilegales ya que están conformados por campesinos dedicados a los cultivos de hoja de coca en el Vraem. “No se van a incautar a ellos mismos la hoja de coca. [...] Los congresistas no conocen la historia, ya en los 80 aprendimos que involucrar a la sociedad civil en la lucha contra los subversivos trajo muerte y dolor”, aseveró. 

En la misma línea se pronunció el presidente de Red Muqui, Jaime Borda, quien sostiene que la entrega de armamentos y preparación especial para los CAD podría generar un grupo paramilitar, como sucedió en Colombia. “Esta situación es peligrosa, más aún en un contexto de permanente crisis política, donde hay enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo y constantes mociones de vacancia presidencial”, comenta.

La entrega de armamentos y preparación especial para los CAD podría generar un grupo paramilitar como sucedió en Colombia.

Otro de los peligros es que la adquisición de las armas sea financiada por promotores de actividades ilegales que operan en los territorios alejados. Para Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior y expresidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), de no reglamentarse adecuadamente la compra y donación de armamento se estaría abriendo la posibilidad de que las economías ilegales formen sus propios grupos armados.

A esto se suma el riesgo de que las armas puedan ser usadas para atacar civiles, como sucede en Estados Unidos, donde hay tiroteos en escuelas. “Autorizar el uso de armas sin restricciones claras generará mayores problemas en la inseguridad ciudadana”, advirtió Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Vargas Céspedes explica que el trabajo de los CAD fue fundamental en los años 80 y 90 para combatir al terrorismo y merecen una reivindicación por el trabajo que realizaron hace 40 años con una personería jurídica y avalar los trabajos que realizan de manera fáctica para mantener el orden interno, anotó. Las funciones de los CAD deben reglamentarse, pero solo si se les permite acciones civiles sin uso de armas, como las facultades que se les dio a las rondas campesinas de ser autónomos y vigilar su seguridad interna, puntualizó el especialista.