Junín. Horas antes de que el Poder Judicial dicte la condena de prisión efectiva contra el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas; y el alcalde provincial de Huancayo, Henry López Cantorín, ambas autoridades presentaron sus respectivas licencias, sin goce de haber, con el fin de ausentarse de sus cargos. Hoy los dos se encuentran prófugos.

Sobre Cerrón Rojas y López Cantorín -ambos de la agrupación política Perú Libre- pesan órdenes de ubicación y captura. La noche del último lunes, el Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín los sentenció a cuatro años y ocho meses de cárcel por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La sentencia establece que las dos autoridades favorecieron a una constructora con el pago irregular de S/800 mil cuando ejercían cargos en el Gobierno de Regional de Junín, el 2011.

Minutos antes de que se conociera esta sentencia, al mediodía de ayer, el alcalde Henry López envió la carta 053-2019-MPH/A al secretario general de la Municipalidad de Huancayo, José Alvino Arge, indicando que necesitaba salir de licencia del 6 al 21 de agosto "por motivos personales".

Alegando los mismos motivos, el gobernador Vladimir Cerrón envió otra carta al presidente del Consejo Regional de Junín, Saúl Arcos, en la que pide también permiso para ausentarse del cargo. El hecho fue confirmado por Arcos, consejero oficialista por la provincia de Chupaca, en Junín.

LICENCIA. El alcalde de Huancayo, Henry López, pidió permiso para ausentarse del consejo al mediodía de ayer. En la noche fue la lectura de sentencia en su contra.

FOTO: Captura Ojo-Publico.com

Para que tengan validez, ambos documentos debían ser debatidos en una sesión de concejo municipal y el consejo regional.

“Nosotros vamos a pedir la suspensión de sus labores porque ya existe una sentencia. Los regidores oficialistas pretenden que se debata el documento de la licencia, es inadmisible”, indicó Paúl Beltrán, regidor municipal de Huancayo por la agrupación Caminemos Juntos.

El jefe de la VI Macro Región Policial, el general PNP Alejandro Oviedo Echevarría, dispuso hoy el despliegue de agentes policiales para capturar las autoridades que asumieron sus cargos el 1 de enero de este año.

Personal de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) acudió a los domicilios y centros de labores de los sentenciados a fin de cumplir la orden, pero no los encontraron. El abogado de Cerrón, Hover Gutiérrez, se limitó a indicar que apelarán la sentencia en los próximos cinco días, pero no se conoce qué decisión tomará la defensa del alcalde López.

Reemplazos y respaldo

El consejero regional Saúl Arcos convocó a sus pares oficialistas para que se defina fecha de la sesión extraordinaria donde deberán analizar el pedido de licencia o suspender de sus funciones a Vladimir Cerrón y formalizar el nombramiento del vicegobernador Fernando Orihuela Rojas en su reemplazo.

“Mientras los abogados apelen la arbitraria medida judicial, el vicegobernador debe continuar con las labores. Tenemos que estar preparados para todo porque esto es una persecución política”, declaró el consejero oficialista a Ojo-Publico.com.

En la Municipalidad Provincial de Huancayo, quien asumiría el cargo es el primer regidor Juan Carlos Quispe Ledesma. “No he asumido el cargo formalmente, pero sí estuve en la mañana visitando las obras y realizando las labores que ejercía el alcalde  López. Tengo que esperar la decisión del concejo municipal”, preciso a este medio.

Los simpatizantes de Perú Libre, los consejeros regionales y el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, aliado político de Vladimir Cerrón y quien también estuvo preso investigado por corrupción, participaron hoy de una marcha en respaldo de ambas autoridades.

HUANCAYO. En la tarde simpatizantes marcharon para expresar su rechazo a la sentencia. Entre ellos estuvo el exgobernador de Cajamarca investigado por corrupción, Gregorio Santos.

Foto: Junior Meza / Ojo-Publico.com

El exdecano del Colegio de Abogados de Junín, Elías Vilcahuamán, dijo que una apelación podría suspender la sentencia. "Siendo la primera instancia, ellos tienen 15 días para apelar esa la sentencia. Si se la conceden será con efecto suspensivo, es decir, no va a ir a la cárcel hasta que se resuelva en segunda instancia. Tampoco se puede pedir la vacancia o retiro del cargo porque una apelación suspende todo tipo de acciones hasta que se resuelva”, agregó. 

La sentencia contra ambas autoridades también las inhabilita a ejercer cargos públicos durante un año. En su resolución, la magistrada Susan Carrera señala que Henry López Cantorín, quien ocupaba el cargo de gerente general; y Vladimir Cerrón Rojas, entonces presidente regional, autorizaron al procurador conciliar con el consorcio Altiplano y pagarle la suma de S/ 850 mil por una obra de saneamiento en La Oroya que quedó inconclusa.