Apurímac. Al grito de “si no hay libertad, no hay solución” y flanqueados por seis jinetes de la comunidad campesina, cerca de 200 miembros de Fuerabamba se reunieron la tarde del martes en una explanada del fundo Yavi Yavi, ubicado en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, para exigir la liberación de su presidente y asesores legales como requisito previo al diálogo con el Gobierno, en el marco de las protestas contra la minera Las Bambas, operada por la transnacional china MMG Limited.

Un equipo de Ojo-Publico.com llegó ayer a la zona y recorrió la denominada “ruta de los encapsulados”, en referencia a la maquinaria de la minera Las Bambas, que atraviesa 13 kilómetros del fundo Yavi Yavi y que hoy es clave para las protestas del corredor minero del sur. A cuatro horas del proyecto minero, este sector está flanqueado sobre todo por cultivos de papa, rebaños de ovejas y cerca de 20 efectivos de la Policía que resguardan las protestas de Fuerabamba.

ASAMBLEA. Los miembros de Fuerabamba recibieron a los congresistas de la bancada de Nuevo Perú en su territorio ubicado en el fundo Yavi Yavi, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Foto: Ojo-Publico.com

Los comuneros del fundo Yavi Yavi -donde resalta el contraste entre un centenar de casas construidas principalmente con paja y el uso de camionetas pick up para el traslado de miembros de Fuerabambas- mantienen bloqueada la carretera desde el 4 de febrero. Hoy la medida de protesta solo es efectiva contra los vehículos que transportan el cobre desde las Bambas en Apurímac.

La tarde del martes, en presencia de dos congresistas de la bancada de Nuevo Perú y a pesar de una intensa granizada, la comunidad de Fuerabamba solicitó la liberación de su presidente, Gregorio Rojas Paniura (34), y sus asesores legales, Jorge (47) y Frank Chávez Sotelo (37) y Carlos Vargas Arizabal (37), quienes son sindicados por la Fiscalía de cometer los delitos de crimen organizado y extorsión en el marco de las protestas contra la minera Las Bambas.

“No queremos diálogo: exigimos primero la liberación inmediata de nuestro presidente y asesores”, explicó el vicepresidente de la organización de jóvenes de la comunidad, Edison Vargas Huillca, presente en la asamblea a la que asistieron los representantes parlamentarios por Cusco y Apurímac, Edgar Ochoa Pezo y Richard Arce Cáceres, respectivamente.

REPRESENTANTES. Los congresistas de Cusco y Apurímac, Edgar Ochoa Pezo y Richard Arce Cáceres, reclamaron que el Ejecutivo realice las reuniones de diálogo en el fundo Yavi Yavi. 

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En declaraciones a Ojo-Publico.com, el legislador Ochoa aseguró que “estamos convencidos de que aquí ha habido una arbitrariedad” en la captura de los dirigentes; mientras que el congresista Arce explicó que estas detenciones “enervan más a la población” y que la liberación de Rojas Paniura es una de las “alternativas de solución” para retomar el diálogo.

El pasado 19 de marzo, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 15 días de Rojas Paniura, Vargas Arizabal y los hermanos Chávez Sotelo. Estos últimos, según el documento judicial, son parte de la presunta organización criminal ‘Los Chavelos’, dedicada a utilizar a los representantes de las comunidades campesinas de Pumamarca, Choqueca, Quehuire y Fuerabamba para exigir indemnizaciones millonarias a la minera Las Bambas.

Las pesquisas, que hoy están a cargo de la fiscal especializada en crimen organizado Jafet Velasquez Delgado, detallan que ‘Los Chavelos’ organizaron las movilizaciones y reclamos en Fuerabamba para exigir US$155 millones a la minera. Rojas Paniura, siempre según la hipótesis fiscal, utilizó su cargo de presidente para transmitir las órdenes de los hermanos Chávez Sotelo.

“[La organización 'Los Chavelos'] vendría generando expectativas en la población del lugar y organizando movilizaciones y reclamos con el fin de exigir a la empresa minera Las bambas la suma de US$155 millones, de los cuales exigen el 40% como sus honorarios de éxito como abogados”, detallan los documentos judiciales revisados por Ojo-Publico.com

El requerimiento fiscal de detención preliminar incluyó además la declaración de tres testigos protegidos con claves 001-2017, 002-2017 y 003-2017, quienes afirmaron que los hermanos Chávez Sotelo “utilizan a la población para el bloqueo de las vías, quienes lo hacen por temor de ser expulsados de la comunidad”.

INTERCEPTACIÓN. Un equipo conjunto de la Fiscalía y la Policía interceptó las comunicaciones telefónicas del presidente y asesores de Fuerabama, hoy detenidos. 

Documento: Ojo-Publico.com

A estos elementos de convicción se suma la interceptación de las comunicaciones telefónicas del presidente y asesores de Fuerabambas desde diciembre del año pasado, por la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco) y la Dirección Nacional de Inteligencia (Digimin) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada.

Los audios detallan las coordinaciones entre los hermanos Chávez Sotelo, Rojas Paniura y otros representantes de la comunidad Fuerabambas. “Pero, doctor, 50 estamos quedando, 150 usted y 150 yo, doctor, pero que estar claro con esa parte”, afirma Rafael Valdivia Bolívar a Jorge Chávez Sotelo en uno de los audios.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas también dispuso la detención preliminar del asesor legal de la comunidad, Rafael Valdivia Bolívar; el vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga; y la secretaria de la comunidad campesina, Noemi Portilla Vargas. Los dos últimos aún permanecen en libertad, al cierre de esta nota.

DENUNCIA. El asesor legal de Fuerabambas, Frank Chávez Sotelo, denunció un presunto seguimiento de la Policía ante el Departamento de Investigación Criminal de Abancay. 

Documento: Ojo-Publico.com

“El gobierno junto con la empresa minera nos hacen seguimiento, nos denuncian, nos llaman extorsionadores y delincuentes”, afirmó Vargas Huillca consultado para esta publicación. Ojo-Publico.com además confirmó que, cuatro días antes de su captura, Frank Chávez Sotelo denunció un reglaje por parte de dos personas a quien identificó como “integrantes del servicio de inteligencia” de la Policía.

“Desde el 12 de febrero de 2019 vengo sufriendo un seguimiento (...) a pie y en el vehículo de placa de rodaje Nº Y1N-303 (...) filmado y fotografiado, siendo amenazado para que no siga prestando mis servicios profesionales de asesoría legal a las comunidades campesinas”, precisa Chávez Sotelo en su denuncia presentada ante el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Abancay.

Movilizaciones por los ‘encapsulados’

Los alcaldes y consejeros de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, viajan desde las 4 de la mañana de este miércoles con motivo de una reunión convocada en el distrito apurimeño de Challhuahuacho. La movilización, según explicaron los dirigentes de Fuerabamba, será acompañada por más de 50 comunidades de este distrito.

“Si quieren imponerse con el Ejército para liberar la vía en Yavi Yavi, que vengan pues lo estamos esperando. Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida y a luchar por nuestros derechos. Con esa sangre Cotabambina es que se bañará el presidente Martín Vizcarra”, mencionó el vicepresidente de la organización de jóvenes de la comunidad, Edison Vargas Huillca.

CONVOCATORIA. Diferentes comunidades de Challhuahuacho en Apurímac se sumarán a la protesta de Fuerabamba, cuyos miembros bloquean el acceso a la entrada de la mina Las Bambas. 

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La comunidad de Fuerabamba, ubicada en la región Apurímac, reclama por la reclasificación de la ruta CU-135 como vía nacional, que es utilizada por Las Bambas para trasladar sus minerales hacia el Puerto de Matarani en Arequipa y que atraviesa los territorios de esta comunidad en la zona de Yavi Yavi, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

En mayo del 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la jerarquización a vía nacional del tramo que cruza Yavi Yavi, tras una solicitud presentada por la gestión del exgobernador regional de Cusco, Edwin Licona Licona, y la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en 2014.

Antes de su detención, Gregorio Rojas Paniura señaló a Ojo-Publico.com que el Gobierno Regional de Cusco y el MTC no han remitido información sobre los reportes técnicos que sustentaron esta reclasificación. “Pedimos expedientes pero nadie tiene información. No hubo consulta ni modificatoria del proyecto, ¿quién supervisó entonces?”, cuestionó Rojas Paniura.

SOLICITUD. Listado de preguntas remitidas por la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la recategorización de la ruta CU-135.

Documento: Ojo-Publico.com

En comunicación con Ojo-Publico.com, los voceros del MTC precisaron que los expedientes solicitados por Fuerabamba “deben ser parte del legajo del Gobierno Regional de Cusco (...) lo que exige la norma es que la entidad que solicita la reclasificación informe al MTC sobre el estado en que entrega [la carretera], y justifique si cumple los criterios para que sea una ruta nacional”.

Consultada sobre el tema, la representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, señaló que el MTC no ha brindado respuesta al oficio enviado por su entidad para esclarecer si se respetó el derecho a la propiedad en la denominación como vía nacional al tramo de 12 kilómetros en Yavi Yavi, de propiedad de Fuerabamba. Ojo-Publico.com confirmó que el primer pedido de la Defensoría del Pueblo fue realizado en agoto del 2018 y reiterado en diciembre.

“Pasan por acá entre 500 a 600 encapsulados por dia, levantando mucho polvo. Acá mueren animales a raíz de esto (...) No queremos que pase ni un carro. Si la empresa quiere llevar su mineral, que lo lleve por otro lado pero por aquí, no”, explicó Vargas Huillca.

El bloqueo ha generado pérdidas diarias US$6 millones para la compañía administrada por el consorcio de capitales chinos conformado por MMG Limited, Guoxin International Investment y CITIC Metal.